Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.827-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco respecto de la resolución DE PRLA nº 678/15, dictada en la actuación SIGEA nº 13681-19-2011/5, en cuanto resuelve archivar las actuaciones por no reunir los extremos previstos en el art.1068 y ss. del Código Aduanero.
2Costas a la recurrente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-147317056-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 11 de Diciembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “MASTER TRIM DE ARGENTINA S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 35.827-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 11/24 se presenta la firma MASTER TRIM DE ARGENTINA SRL e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA nº 678/15, dictada en la actuación SIGEA nº 13681-19-2011/5, en cuanto resuelve archivar las actuaciones por no reunir los extremos previstos en el art.1068 y ss. del Código Aduanero. Afirma que la resolución apelada es nula por adolecer de un vicio de causa, ya que debido al momento en que desistió del recurso de impugnación, la cuestión planteada en dicho procedimiento, no había sido objeto de revisión, por lo que no concurre en el caso, la limitación prevista en el art. 1069 del C.A. Agrega que el procedimiento de impugnación concluyó por el desistimiento del proceso efectuado por ella, lo que necesariamente implica que no ha habido resolución sobre la cuestión de fondo ni revisión del cargo impugnado. Refiere a los arts. 40 y 44 del decreto 1759/72 reglamentario de la ley 19.549. A continuación, plantea sus agravios relacionados con el fondo del asunto. Subsidiariamente, opone la inaplicabilidad de los coeficientes del ajuste practicado. Efectúa reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada y se haga lugar a la devolución solicitada.
II. Que a fs. 37/42 se presenta el Fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de los hechos. Opone excepción de cosa juzgada, con fundamento en que la contraria re-inserta una cuestión que ya fue planteada en un procedimiento de impugnación, que se sustanció en sede aduanera y respecto del cual se dictó resolución definitiva que fue consentida por la firma importadora. Sostiene que el procedimiento de impugnación finalizó por su propia voluntad, por lo que la contraria vuelve sobre sus propios actos, lo que resulta violatorio de lo establecido por el art. 1069, inc b), del Código Aduanero. Agrega que la actora desiste bien adentrado el procedimiento de impugnación, lo que excluye el examen del cargo en el procedimiento de repetición, ya que en caso contrario, se atentaría contra la seguridad jurídica y ocasionaría un serio perjuicio económico al Estado, toda vez que se reiniciarían actuaciones administrativas finalizadas y archivadas. Alude a la exposición de motivos del Código Aduanero. Manifiesta que la contraria tuvo oportunidad de objetar el cargo, siendo que para ello, ha ofrecido prueba que fue producida en el procedimiento de impugnación, por lo que el mismo se ha sustanciado, pudiendo ejercer su derecho de defensa. Agrega que la actora consintió el cargo y desistió del proceso, no pudiendo ahora retomarse un tema debatido en su oportunidad. Cita doctrina. Afirma que además, al pretender que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo, se estaría sacando de dicho procedimiento a su juez natural, que es la Aduana. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 43 se abre la causa a prueba, la que fue producida a fs. 64/65, 78/79 y 103/110 vta. A fs. 116 se certifica la conclusión del período probatorio. A continuación se elevan los autos a la Sala “F” y pasan para alegar, obrando el alegato de la actora a fs. 136/149 y el del Fisco a fs. 152/153. Posteriormente, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA nº 13681-19-2011/5 se inician a fs. 1/12 con la solicitud de repetición efectuada por la firma MASTER TRIM ARGENTINA SRL en relación al cargo 1625/12. A fs. 14/34 obran copias relevantes de lo actuado en la impugnación del cargo referido. A fs. 36/36 vta. se dicta la resolución DE PRLA n° 678/15, por la cual se archivan las actuaciones en los términos del art. 1068 y ss. del C.A., apelada en autos. Por separado obra la actuación SIGEA 13681-19/2011/2 por la que tramitó el recurso de impugnación. En lo que aquí interesa, a fs. 1/28 obra el estudio de valor efectuado por el servicio aduanero. A fs. 33/48 luce la impugnación del cargo 1625/12 formulado. A fs. 49 se agrega sobre con documentación acompañada por la firma importadora. A fs. 53 se provee la prueba ofrecida. A fs. 108 luce presentación de la firma por la cual solicita reliquidación del cargo formulado, lo que se produce a fs. 110/117. A fs. 118 la actora solicita liquidación de los intereses correspondientes a los efectos de pagar el cargo formulado, lo que se cumple a fs. 120/121. A fs. 122/123 la firma importadora acredita el pago del cargo formulado, el que resulta afectado a fs. 125/126. Finalmente, a fs. 129/130 se dicta la resolución DE PRLA n° 5370/14 por la que se tiene por desistida a la firma MASTER TRIM ARGENTINA SRL respecto de la impugnación interpuesta contra el cargo 1625/12. Asimismo, por separado, obra Anexo con documentación.
V. Que, en primer lugar, corresponde que me expida sobre la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco, cuyo fundamento radica en que la contraria re-inserta una cuestión que ya fue planteada en un procedimiento de impugnación, que se sustanció en sede aduanera y respecto del cual se dictó resolución definitiva que fue consentida por la firma importadora. Agrega que el procedimiento de impugnación finalizó por su propia voluntad, por lo que vuelve sobre sus propios actos, resultando ello violatorio de lo establecido por el art. 1069, inc b), del Código Aduanero. Por su parte, la actora sostiene en el recurso de apelación sobre este punto que la resolución apelada es nula por adolecer de un vicio de causa, ya que debido al momento en que desistió del recurso de impugnación, la cuestión planteada en dicho procedimiento, no había sido objeto de revisión, por lo que no concurre en el caso, la limitación prevista en el art. 1069 del C.A. Agrega que el procedimiento de impugnación concluyó por el desistimiento del proceso efectuado por ella, lo que necesariamente implica que no ha habido resolución sobre la cuestión de fondo ni revisión del cargo impugnado. Que el art. 1069 del C.A. establece que: “Sólo son susceptibles de repetición: a) los pagos efectuados en forma espontánea; b) los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero, siempre que la respectiva liquidación: 1) no hubiere sido objeto de revisión en el procedimiento de impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones…”.
Que según resulta de las actuaciones administrativas por las que tramitó la impugnación del cargo 1625/12, la actora interpuso recurso de impugnación contra dicho cargo, se proveyó la prueba ofrecida y el período probatorio se encontraba en pleno trámite, cuando la recurrente solicitó se liquide el cargo formulado teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema en el fallo “Volkswagen”, para -a continuación- solicitar la liquidación de los intereses correspondientes, a los efectos de proceder al pago de dicho cargo. Al momento de acreditar el pago, la actora desiste del proceso iniciado (haciendo reserva de que ello no implica un desistimiento ni de la acción ni del derecho), solicitando la inmediata afectación de los fondos y el archivo de las actuaciones. Realizados lo pasos pertinentes, la Aduana la tiene por desistida de la impugnación por ella interpuesta respecto del cargo 1625/12.
Que el caso en cuestión encuadra en el inciso b) del art. 1069, ya que la actora repitió un pago efectuado a requerimiento del servicio aduanero.
Que si bien de la actora, en un primer momento, solicitó la liquidación de los importes debidos a los efectos de proceder a su pago, al momento de acreditar el mismo, desistió del proceso iniciado, dejando reserva que ello no implicaba un desistimiento de la acción ni del derecho y, asimismo, solicitó el archivo de las actuaciones. Como consecuencia de ello, el servicio aduanero dictó la resolución DE PRLA n° 5370/14 por la que tuvo por desistida a la firma MASTER TRIM ARGENTINA SRL respecto de la impugnación interpuesta contra el cargo 1625/12, resolución que no fue objetada por la actora, por lo que quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada.
Que según resulta de la exposición de motivos del Código Aduanero, la limitación contenida en el art. 1069 del C.A. radica en que, en esos casos, el contribuyente ya ha discutido la procedencia del requerimiento del Fisco en el curso del procedimiento de impugnación, donde puedo ejercer su derecho de defensa, de modo que la decisión que finalmente recayó en aquel no puede volver a revisarse en otro procedimiento sin mengua de la estabilidad que necesariamente deben tener los actos firmes de contenido jurisdiccional.
Que en el caso, tal como se ha dicho, la resolución DE PRLA n° 5370/14 que tuvo por desistida a la firma MASTER TRIM ARGENTINA SRL respecto de la impugnación interpuesta contra el cargo 1625/12, ha pasado en autoridad de cosa juzgada, siendo que la actora pudo ejercer su derecho a impugnar el cargo formulado, no obstante lo cual optó voluntariamente –al desistir del proceso- finalizar el mismo, pagando el referido cargo. Por ende, no procede la repetición de lo pagado, en los términos del art. 1068 Y ss. del C.A., ya que ello implicaría volver a juzgar la procedencia sustancial de la liquidación tributaria.
Que no obsta a la conclusión a la que se arriba, el hecho de que la actora hiciese reserva de que su desistimiento no implicaba el del derecho, atento a que impugnó –voluntariamente- la liquidación tributaria, sustanció el procedimiento y –también- voluntariamente decidió –en determinado momento- no proseguir con el trámite del mismo, lo que impide la posibilidad de iniciar posteriormente la repetición de lo pagado, en los términos del art. 1068 y ss. del C.A.. Que, por su parte, la CACAF ha sostenido, en un caso análogo al presente que: “…cabe hacer notar que la condición negativa que prevé el art. 1069, apartado b, inciso 1° del Código Aduanero, no excluye el supuesto en que ese procedimiento hubiese finalizado de modo anormal y la resolución definitiva no se hubiera expedido sobre el fondo de la cuestión, por lo que, reconocerle a la norma el alcance pretendido por la recurrente, obligaría a realizar distingos no previstos en forma expresa por el legislador…”.
Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco, con costas a la recurrente (art. 1163 del C.A.).
Que en igual sentido se ha expedido la Sala “G”, que integro como Vocal titular, en el expediente N° 35.828-A, de igual carátula que la presente, en la cual he adherido al voto del Dr. Segura.
VI. Que por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas.
Por ello voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco respecto de la resolución DE PRLA nº 678/15, dictada en la actuación SIGEA nº 13681-19-2011/5, en cuanto resuelve archivar las actuaciones por no reunir los extremos previstos en el art.1068 y ss. del Código Aduanero.
2. Costas a la recurrente.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que me remito brevitatis causae al relato y descripción de los hechos del caso que resultan de los Considerandos I a IV del voto de la Vocal preopinante.
II. Que sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
Asimismo, la interpretación judicial siempre debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
III. Que el art. 1069 del C.A. establece que: “Sólo son susceptibles de repetición: a) los pagos efectuados en forma espontánea; b) los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero, siempre que la respectiva liquidación: 1) no hubiere sido objeto de revisión en el procedimiento de impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones…”.
IV. Que ante tal paradigma normativo, el caso bajo análisis presenta ciertamente características singulares, al menos en cuanto al tratamiento jurisprudencial que en materia aduanera realiza tanto este Tribunal Fiscal como la Cámara Nacional de Apelación es en lo Contencioso Administrativo Federal, ante supuestos sustancialmente análogos.
Y es propia de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial.
Se trata, pues, de la valoración comparativa de intereses jurídicamente protegidos, con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos, dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico.
Por ende, la cuestión medular radica en valorar y justipreciar los derechos de las partes en las especiales circunstancias de la causa aduanera, como así también en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico.
V. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente ha afirmado que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (Fallos: 312:2078); y cuando aquella emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).
En el caso, resulta palmario que de la propia norma en crisis surge que “la respectiva liquidación: 1) no hubiere sido objeto de revisión en el procedimiento de impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones”; siendo que, en el caso bajo examen, tales supuestos no han sido verificados, toda vez que la propia peticionante solicitó la reliquidación del Cargo Nro. 1625/12 (confr. fs. 30 ref. de la actuación administrativa Nro. 13681-19-2011/5 que tengo a la vista) y con fecha 14 de agosto de 2014 el servicio aduanero dictó la Resolución DE PRLA n° 5370/14 por la que tuvo por desistida a la firma MASTER TRIM ARGENTINA SRL respecto de la impugnación interpuesta contra el referido Cargo, decisión que no fue objetada por la firma actora, por lo que la misma quedó firme y ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Por lo tanto, cuando la norma no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 311:1042; 324:2885), máxime cuando, como ocurre en el sub lite, la prescripción legal es clara, no exige un esfuerzo de integración con otras disposiciones de igual jerarquía que integran el ordenamiento jurídico ni plantea conflicto alguno con principios constitucionales.
Bajo tales premisas, y toda vez que la petición formulada por la recurrente a fs. 14 ref./29 ref. de los antecedentes administrativos objeto de autos no ha sido objeto de pronunciamiento definitivo en el correspondiente procedimiento de impugnación, cabe concluir, siempre contemplando las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos (confr. voto del suscripto in re “BUNGE ARGENTINA S.A. c/DGA s/ apelación”, Expediente N° 36.695-A, sentencia del 3 de febrero de 2022), que la empresa actora posee un indudable y pleno derecho a repetir las sumas oportunamente abonadas.
VI. Que, en efecto, la interpretación de la ley debe evitar asignar a las normas un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización del ordenamiento jurídico como un sistema; por tal motivo debe indagarse el verdadero alcance de las normas mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos, y atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción. (confr CSJN in re “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA Y OTRO c/ EN-M CULTURA Y EDUCACION s/AMPARO LEY 16.986”, del 6 de septiembre de 2023, disidencia del juez Rosatti)
Por lo demás, es sabido que no compete al Poder Judicial -ni tampoco a este organismo jurisdiccional con funciones sustancialmente judiciales- el revisar el acierto o el error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas por el legislador (Fallos: 246:340; 249:425, entre muchos otros), sino únicamente su adecuación a los principios y garantías legales y constitucionales.
Por ende, no corresponde sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (confr. Fallos: 300:700).
VII. Que, asimismo, no debe olvidarse que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos, t. 255, p. 360; t. 258, p. 75; t. 281, p. 146; causa "Mary Quant Cosmetics Limited c. Roberto L. Salvarezza" del 31 de julio de 1980).
Ello así, porque no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia en el sistema en que está engarzada la norma (Fallos, t. 234, p. 482).
Máxime cuando la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (confr. doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros)
VIII. Que, por lo demás, resulta insoslayable puntualizar que ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
Y si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.
Al respecto, la referida Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces, de ninguna naturaleza, en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas...”, por lo que cabe colegir que todos los tribunales de justicia de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica –condición que indudablemente ostenta este Tribunal Fiscal- deben “agotar” su capacidad recursiva al momento de resolver, sin limitaciones normativas ni teleológicas, debiendo interpretarse todas las dudas que puede plantear el alcance del accionar de sus jueces en la forma menos limitativa de la amplia jurisdicción de este Tribunal para impartir justicia (confr. voto del Dr. Pablo Garbarino in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. – EX-2020-24711043-, del 22 de diciembre de 2021).
En tal orden de ideas, no puede prescindirse, a los fines de resolver la litis, que el Sistema Interamericano de Derechos ha trazado un estrecho vínculo entre los alcances de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. De esta manera, se ha establecido que los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado en numerosas oportunidades que "los recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal" (Cfr. Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencias de 26 de junio de 1987, párrafos 90, 90 y 92, respectivamente; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC- 9/87 de 6 de octubre de 1987, párrafo 24), por lo que al analizarse el derecho de acceder a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales corresponde establecer en la faz interpretativa un claro y amplio criterio de admisibilidad sobre el debido proceso legal en sede jurisdiccional-judicial, cuando la propia garantía de estos derechos se encuentra en juego.
Por lo tanto, no corresponde cercenar por vía interpretativa la posibilidad amplia y efectiva de la administrada de acceder de modo pleno a una Magistratura jurisdiccionalmente apta –siendo este Tribunal el UNICO del país con competencia aduanera exclusiva, y su jurisdicción en asuntos aduaneros jamás puede ser “limitada”- para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011).
En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional respecto de la Resolución DEPRLA nro. 678/15, dictada en la Actuación SIGEA nro. 13681-19-2011/5, con fecha 23 de febrero de 2015. ASI LO VOTO.-
IX. Que en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que este Tribunal ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión debatida en el presente proceso recursivo, resulta ajustado a derecho distribuir las costas del pleito en el orden causado (confr. art. 1163, segunda parte, del Código Aduanero, y art. 68, segunda parte, del C.C.C.C.N.). ASI TAMBIÉN LO VOTO.-
X. Que, por último, habida cuenta lo decidido por mayoría en la presente litis, deviene inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas por las partes. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco respecto de la resolución DE PRLA nº 678/15, dictada en la actuación SIGEA nº 13681-19-2011/5, en cuanto resuelve archivar las actuaciones por no reunir los extremos previstos en el art.1068 y ss. del Código Aduanero.
2. Costas a la recurrente.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante Vocalía 18a Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.12.11 15:55:18 -03:00 Date: 2023.12.11 17:01:10 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.11 17:01:59 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.11 17:02:00 -03:00
Fin de la sentencia