Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.789-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 224/2018 (AD GDEH), dictada por el Jefe de la División Aduana de General Deheza en el expediente SIGEA N° 15.623-81-2013/1.
2Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-94750985-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 27 de Agosto de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), para resolver en los autos caratulados: "Mastrangelo, Juan Pablo c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación", Expte.
N° 39.789-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. A fs. 4/9, el señor Juan Pablo Mastrangelo, en su carácter de interesado y con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 224/2018 (AD GDEH), dictada por el Jefe de la División Aduana de General Deheza en el expediente SIGEA N° 15.623-81-2013/1, mediante la cual se le impuso una multa de $81.226,09, con fundamento en la presunta infracción al artículo 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero.
II. En sustento de su impugnación, el recurrente expone, en lo sustancial, los siguientes agravios: 1) Que el procedimiento de verificación de las muestras no habría cumplido con las formas sustanciales previstas por la Resolución General N° 1.582/2003 (modificada por la RG N° 3.891/2016), ya que -según aduce- no fue citado al acto de verificación, afectándose así los principios de representatividad y trazabilidad, lo cual, a su entender, vicia el procedimiento del acto administrativo; 2) Que la clasificación arancelaria declarada es exacta, pues conforme a la aplicación de la Regla 3 (derivada de la Regla 2.b) debería prevalecer el carácter esencial de la mezcla por sobre sus cantidades relativas, afectándose así el elemento motivación;
3. Que la invalidez de la muestra torna falsa o inexistente la base fáctica del acto impugnado, afectando el elemento causa; y 4) Que, subsidiariamente, solicita la aplicación del principio in dubio pro reo (artículo 898 del Código Aduanero), así como la revocación de la responsabilidad solidaria e indistinta por la deuda tributaria aduanera. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación total del acto impugnado, con costas.
III. Por su parte, en oportunidad de contestar el traslado, la representación fiscal -obrante a fs. 16/19- peticiona el rechazo del recurso. En su argumentación, destaca que el sistema aduanero se sustenta en la veracidad y exactitud de las declaraciones relativas a la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías sometidas a destino aduanero, así como respecto de los demás datos relevantes para su procesamiento. Afirma que la diferencia verificada resulta suficiente para configurar la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, en tanto se generó una disminución inmediata e injustificada en la renta fiscal. Por lo tanto, solicita la confirmación del acto recurrido, con costas, y también formula reserva del caso federal.
IV. De las actuaciones administrativas -contenidas en el expediente SIGEA N° 15.623-81-2013/1- surge que el procedimiento se inició con el Informe N° 255/14 SEC P (AD GDEH), mediante el cual se recomendó formular denuncia por infracción al artículo 954, inciso a) de la Ley 22.145, sobre la base de los resultados del Protocolo de Análisis LAB: 94323; el cual concluyó que la mercadería no resultaba asimilable a la partida 23.09 declarada por el exportador. A fs. 5 se documenta la determinación del perjuicio fiscal, mientras que a fs. 16 consta el acta de extracción de las muestras, y a fs. 23 se instruye el correspondiente sumario.
Conforme se desprende de fs. 25, el Sr. Horacio Julio Héctor De la Mota -en carácter de exportador y mediante apoderado- formuló descargo alegando la nulidad del procedimiento por vicios en la extracción de muestras, aduciendo que se incumplió con lo prescripto en el punto 3.6 del Anexo II de la Resolución General N° 1.582 (t.o. RG 3.891/2016), ya que sólo se habría tomado un único juego de muestra. No obstante ello, conforme surge del Informe N° 135/18 SEC EX ANTR-AD GDEH (fs. 51/52), la composición de la mezcla consignada por el exportador (95% soja, 4% maíz y 1% cloruro de sodio) no coincide con la resultante del Protocolo de Análisis LAB: 94323 (97% harina de soja desgrasada y 3% maíz molido).
En virtud de ello, a fs. 54/55 fue dictada la Resolución N° 224/2018 (AD GDEH), que impuso la multa objeto de recurso.
V. Sentado lo anterior, corresponde analizar si el acto administrativo recurrido se ajusta a derecho a la luz del artículo 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero, que reprime la declaración inexacta que dé lugar a un pago menor al que corresponda por la importación o exportación de mercadería.
VI. Desde esta perspectiva, es menester destacar que la veracidad de la declaración aduanera constituye un deber esencial del operador de comercio exterior, en tanto el régimen se basa en la confianza legítima que el Estado deposita en el declarante. La norma citada no requiere la acreditación del dolo, bastando la verificación objetiva de la inexactitud, sin que sea exigible acreditar la causa de dicha discrepancia.
VII. En tal sentido, debe recordarse que el derecho administrativo sancionador en materia aduanera se funda en un régimen de responsabilidad objetiva. La existencia de un error -aun involuntario- en la declaración no excluye la responsabilidad del declarante, quien es el único obligado a suministrar información completa, veraz y comprobable.
VIII. Asimismo, el régimen de declaraciones juradas implica una inversión de la carga probatoria en favor del Estado, justificada en la desigualdad estructural de acceso a la información. Por tanto, cualquier inexactitud sustancial compromete la fiabilidad del sistema y resulta sancionable aun sin perjuicio fiscal comprobado.
IX. De conformidad con la documentación obrante en autos, surge con claridad que la declaración presentada por la exportadora, a través de su despachante, resultó inexacta, al consignar una composición porcentual de la mercadería que no coincide con la efectivamente determinada mediante el análisis de laboratorio. Tal omisión o error constituye, en sí mismo, un incumplimiento objetivo del deber de información que impone el régimen aduanero, sin que se requiera -para su configuración- acreditar intencionalidad alguna.
Por su parte, el argumento defensivo relativo a la supuesta nulidad del procedimiento, fundado en una presunta infracción a la Resolución General N° 1.582/2003 (texto según Resolución General N° 3.891/2016), carece de sustento suficiente para invalidar el acto impugnado. En efecto, el planteo se centra en la alegada falta de cumplimiento de las formas sustanciales del procedimiento de toma de muestras, alegando que no se habría citado al exportador al acto de verificación, lo que habría vulnerado los principios de representatividad y trazabilidad.
Sin embargo, dicha impugnación resulta manifiestamente improcedente. Ello así, por cuanto de las constancias de autos surge acreditado que el procedimiento se desarrolló conforme a lo previsto en la normativa aplicable. En particular, el acta de extracción de muestras -suscripta por el propio recurrente- da cuenta de la entrega efectiva del sobre identificado como N° 2, conteniendo el juego correspondiente, en los términos exigidos por el acápite 3.6 del Anexo II de la Resolución General N° 1.582.
X. En este sentido, corresponde aclarar que el análisis técnico efectuado por el laboratorio oficial no constituye un “acto de verificación” en los términos del artículo 940 del Código Aduanero, por lo que no era exigible la presencia del interesado en esa etapa técnica del procedimiento. En consecuencia, no se advierte vulneración alguna al debido proceso ni al derecho de defensa, máxime cuando la actuación fue debidamente notificada y el apelante no ha demostrado la existencia de un perjuicio concreto derivado del desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, el planteo de nulidad carece de respaldo normativo y fáctico, debiendo ser rechazado.
Del mismo modo, la alegación referida a la imposibilidad de efectuar un análisis válido sobre una muestra representativa de la mercadería carece de relevancia jurídica para eximirse de responsabilidad, en tanto incumbe al declarante garantizar la exactitud, completitud y veracidad de los datos consignados ante el servicio aduanero.
XI. Asimismo, la interpretación normativa ensayada por la actora, tendiente a excluir la incidencia de las proporciones materiales de los componentes de la mercadería en la determinación de su correcta clasificación arancelaria, tampoco resulta atendible.
En efecto, pretender que la clasificación debe regirse exclusivamente por el “carácter esencial” -en aplicación de la Regla 3, derivada de la 2.b del Sistema Armonizado- sin considerar la composición efectiva del producto, desnaturaliza los principios rectores del sistema de nomenclatura y desconoce el valor probatorio del análisis de laboratorio debidamente instrumentado en autos.
XII. Sin perjuicio, de lo argumentado corresponde tratar la cuestión planteada por la recurrente con respecto a la responsabilidad solidaria e indistinta prevista por el artículo 907 del Código Aduanero. Y, en particular, si se han acreditado circunstancias de excepción que permitan eximir al declarante de su aplicación XIII. En primer lugar, corresponde señalar que en las presentes actuaciones se atribuye responsabilidad al despachante de aduana por la inexactitud de la declaración relativa a la composición de la mercadería, divergencia que fue verificada mediante análisis de laboratorio realizado con posterioridad a la oficialización de la destinación aduanera.
Ahora bien, sentado lo anterior, resulta imperioso recordar que, en el ámbito del derecho sancionador administrativo, la responsabilidad no necesariamente exige la existencia de dolo o culpa, sino que puede fundarse en la mera infracción de un deber objetivo. Sin embargo, la validez constitucional de este esquema requiere que las obligaciones impuestas sean razonables, posibles de cumplir y compatibles con el principio de legalidad. En consecuencia, cuando el cumplimiento de ese deber resulta material o jurídicamente imposible, debe reconocerse la existencia de una causal eximente de responsabilidad. En tal sentido, cabe destacar que la responsabilidad objetiva prevista en el artículo 954 del Código Aduanero, si bien prescinde de la necesidad de verificar la culpabilidad subjetiva, no puede operar de modo automático o mecánico, sino que exige una valoración sobre si el sujeto podía razonablemente evitar la inexactitud.
Indudablemente, por la naturaleza de la exigencia no sólo este despachante sino ningún otro hubiera podido tomar nota de que composición de la mercadería se trataba; ya que, en efecto, la discrepancia detectada en la composición del producto no era accesible mediante medios ordinarios de control, sino exclusivamente a través de análisis de laboratorio, herramienta claramente ajena a las funciones propias del despachante de aduana.
Así las cosas, va de suyo que no puede atribuirse responsabilidad a dicho profesional un incumplimiento que no estaba en condiciones objetivas de prevenir, ya que su intervención se limita al encuadre técnicojurídico de la operación en base a la documentación provista por el comitente.
De alguna manera, bien podría señalarse que su rol mutatis mutandi es comparable al del escribano, en cuanto consigna lo que otro declara, sin asumir la veracidad sustancial del contenido; claro esta salvo que tenga elementos para dudar de su licitud o veracidad.
En esta línea argumental, debe tenerse presente que la autoría en el derecho administrativo sancionador no se determina por el control fáctico del evento, sino por la infracción de un deber legal derivado del rol o estatus del sujeto. Sin embargo, cuando ese deber resulta de cumplimiento imposible o irrazonable –como ocurre cuando se exige al despachante verificar científicamente la composición química de la mercadería– la infracción pierde sustancia como fundamento de sanción. En otras palabras, no puede sancionarse por un deber cuyo cumplimiento escapa completamente a las capacidades del sujeto obligado.
XIV. Asimismo, corresponde advertir que la extensión de la responsabilidad mediante la figura de la solidaridad pasiva, común en el ámbito sancionador administrativo, no puede aplicarse de manera desproporcionada ni automática. Su aplicación exige, para ser constitucionalmente válida, que la obligación atribuida sea real, objetiva y cumplible. Lo contrario implicaría configurar un régimen de responsabilidad por todo evento, incompatible con los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad y culpabilidad mínima.
En efecto, la finalidad del sistema sancionador no es la retribución moral ni la búsqueda de un culpable en términos personales, sino la protección del interés público mediante la distribución racional y razonable de cargas y deberes normativos. Por ello, cuando se verifica que el sujeto actuó conforme a derecho y dentro del marco razonable de sus funciones, debe excluirse la aplicación de sanción alguna, so riesgo de incurrir en arbitrariedad.
XV. En virtud de lo expuesto, y considerando que el despachante de aduana actuó conforme a la documentación presentada por el exportador, sin que mediara elemento alguno que le permitiera sospechar una inexactitud en la composición de la mercadería, ni estuviera en condiciones materiales de detectarla, cabe reconocer la configuración de una causal eximente de responsabilidad, fundada en la imposibilidad razonable de cumplimiento del deber exigido.
XVI. Por las razones expuestas, aunque queda acreditado que el acto administrativo recurrido constituye una decisión razonable del derecho vigente con arreglo comprobado en las causas, y la pretensión de exclusión de responsabilidad cuenta con sustento jurídico.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 224/2018 (AD GDEH), dictada por el Jefe de la División Aduana de General Deheza en el expediente SIGEA N° 15.623-81-2013/1.
2. Con costas.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al Voto del Dr. Licht.
En atención al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 224/2018 (AD GDEH), dictada por el Jefe de la División Aduana de General Deheza en el expediente SIGEA N° 15.623-81-2013/1.
2. Con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros archívese.
Suscriben la presente los Dres. Miguel N. Licht y Horacio J. Segura, por encontrarse en uso de licencia la Dra. Claudia B. Sarquis (Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.08.27 12:32:44 ART Date: 2025.08.27 13:49:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.27 13:50:37 -03:00
Fin de la sentencia