Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 6218
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada. Costas de Alzada a la demandada-reconviniente vencida (art. 68 del CPCC) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria)
Expte. n°: JU-6218-2017 MASTRANGELO NELIDA C/ ESPINDOLA PATRICIA ELIZABETH Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 217 Libro de Sentencia nº: 60 En la ciudad de Junín, a los 22 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-6218-2017 caratulada:
"MASTRANGELO NELIDA C/ ESPINDOLA PATRICIA ELIZABETH Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES",
a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Volta y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I. En la sentencia dictada a fs. 252/8 la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por Nélida Mastrangelo contra Patricia Elizabeth Espindola, Silvano Alexis y Carlos Mario Suarez, condenando a éstos al pago de la suma de $220.000, en concepto de saldo del precio adeudado del contrato de transferencia de fondo de comercio que vinculara a las partes, más los intereses calculados a la tasa pasiva mas alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la mora de cada una de las cuotas adeudadas y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la parte demandada. Asimismo, rechazó la reconvención por resolución de contrato, deducida por Patricia Elizabeth Espindola, con costas.
Para resolver de tal modo, la Dra. Laura J. Panizza señaló que si bien en el contrato bajo discusión sólo se hace referencia a la compraventa de cosas muebles, la prueba rendida permite concluir que en realidad se trató de una transferencia de un fondo de comercio, en particular, destacó:
* El valor de tasación de los muebles inventariados en el contrato, que no guarda relación con el precio pactado.
* La declaración del testigo Manzone, contador de la Sra. Mastrángelo y redactor del contrato, quien afirmó que siendo los ancianos la clientela, otorgarlo bajo la modalidad de transferencia de fondo de comercio no era la adecuada.
* La continuación de la explotación del asilo de ancianos, por parte de los demandados, en el mismo inmueble en donde se encuentran los muebles adquiridos.
Delimitada de esa forma la naturaleza jurídica del contrato, se avocó al estudio de los incumplimientos alegados por la parte demandada (las irregularidades impositivas y de habilitación municipal, la participación dolosa de la accionante en la renovación del contrato de locación y desocupación del inmueble, los malos tratos a los que se habrían sometidos los ancianos) no encontrando acreditados ninguno de ellos.
También desestimo el planteo de simulación, explicando que las partes sólo pueden plantearla cuando ningún rédito obtendrían de la ineficacia del acto, por lo que la simulación no puede ser invocada por la Sra. Espíndola.
II. Contra este pronunciamiento interpuso apelación la parte codemandada y reconviniente Patricia Elizabeth Espíndola, recurso que concedido libremente, motivó la elevación de las actuaciones. Radicado el expediente ante esta instancia, la apelante presentó la expresión de agravios a fs. 274/285.
Allí, comenzó por destacar que estamos en presencia de un acto simulado, puesto que no se trató de una simple compraventa de muebles sino de la transferencia del fondo de comercio.
Sostuvo que dicha transferencia comprendía la habilitación municipal, que la actora dio de baja, de mala fe, el día previo a la firma del contrato, sabiendo la onerosidad y demora que conlleva, a diferencia de una transferencia, obtener una nueva habilitación. Agregó que tampoco la fue informado el inminente vencimiento del contrato de locación, a menos de tres meses desde la firma del contrato; ni tampoco que, los constantes problemas derivados del maltrato a los ancianos, que contribuyeron a la negativa a renovar el vínculo locativo. En base a esos elementos, sostuvo que debió declararse la culpa de la vendedora y rechazarse su pretensión de cobro del saldo del precio.
Además, recordó que ante el incumplimiento, se hizo uso de la opción de rescisión pactada, circunstancia que fue comunicada a la actora mediante la CD de fecha 6/11/17.
Por otra parte, dijo que la cuestión puede encuadrarse en el art. 1190 del C.C.C dado que la adquirente vio frustrada la finalidad del contrato, al adquirir un fondo de comercio que no pudo explotar. También encontró configurada una simulación, dado que las cláusulas del contrato que hacen mención a un contrato de compraventa de muebles no son verdaderas, simulación que teniendo como única finalidad de evitar oposiciones de acreedores de la actora, debe reputarse ilícita, no teniendo las partes acciones entre sí derivadas del acto simulado.
Finalmente, y en subsidio, explicó los lineamientos del instituto de la lesión, y destacando, en este caso, el precio excesivo pagado en relación al valor de los muebles, la experiencia que en el rubro tenía la accionante, y la explotación de la inferioridad que cabe presumir por la notable desproporción de las prestaciones.
Corrido el traslado de la reseñada fundamentación, recibió réplica de la parte contraria mediante la presentación electrónica de fecha 21/8/19, postulando la deserción del recurso, por insuficiencia en la fundamentación, y en subsidio, su rechazo; luego de lo cual, a fs. 290 se dictó el llamado de autos para sentencia, cuya firmeza dejó los presentes en condición de ser resueltos (art. 263 del C.P.C.C.).
III. En esta tarea, liminarmente cabe señalar que no encuentro configurado el déficit en la fundamentación del recurso en grado tal que viabilice decretar su deserción, mas allá de la suerte que corresponda asignar a la propuesta recursiva (art. 260 del C.P.C.C.).
Dicho esto y recordando que la CSJN ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.) y que tampoco tiene el deber de ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (Fallos 274:113; 280:3201; 144:611), paso a ocuparme de las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto, inclinándome por los medios probatorios que produzcan mayor convicción. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama "jurídicamente relevantes" (su obra "Proceso y derecho procesal", Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomina Calamandrei ("La génesis lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", ps. 369 y ss.).
No existe en el derecho argentino una definición legal del fondo de comercio. La ley 11867 de transferencia de fondo de comercio -cuyo procedimiento es de aplicación optativa para las partes , al no ser de orden público (Fernando Games "Transferencia de fondo de comercio en Graziabile Derecho Procesal Comercial To. III Abeldo Perrot p. 2847; Zunino Osvaldo "Fondo de Comercio" Astrea p. 50; Gutierrez Zaldivar, Alfonso, "Algunos problemas que plantean las transferencias de fondos de comercio". La Ley, 2001-B, 1271)- en su art. 1 sólo hace una numeración meramente enunciativa de los elementos que lo integran (Rabadan, Agustín "Aplicación de la ley 11.867 ante la locación del fondo de comercio" La Ley 2008-E, 1290).
Si bien todo establecimiento mercantil requiere un lugar físico para el desarrollo de la actividad, razón por la cual el derecho al local salvo convención en contrario se encuentra incluido, en el caso de locación no es un accesorio que puede transmitirse sin consentimiento del locador , tercero ajeno a la transferencia ( Vítolo Daniel "Transferencia de fondos de comercio" Ad-Hoc p. 93/94; Nuñez Eduardo J- Franzone Maria Elena " Transferencias de fondos de Comercio" Errepar 2a. ed. p. 34) "No hay una razón jurídica que vincule a ambos contratos ni tampoco de índole económica, porque se puede haber transferido el fondo y no la locación, o tener una titularidad distinta" (Ricardo Luis Lorenzetti "Tratado de los Contratos " Rubinzal-Ciulzoni To. I p. 390)
En el caso que nos ocupa , la demandada al introducir la cuestión de la transferencia del fondo de comercio no se ocupó de producir prueba tendiente a acreditar los términos de locación del inmueble (agregando copia del contrato respectivo, ofreciendo la declaración de la locadora que ni siquiera individualiza, etc) Pero lo cierto es que, como ella misma reconoce y lo corroboran las testigos, permaneció ocupándolo al menos algún tiempo; desconociéndose las razones por las que el vínculo se extinguió (de los testigos, Espíndola dijo que creía que porque no pagaba el alquiler; López porque creía que se vendía la casa) e incluso las circunstancias en que se vió obligada a trasladar el hogar de ancianos (si bien algunos manifestaron que fue en forma intempestiva Contreras declaró que fue avisada por Patricia con tiempo).
La imprecisión en cuanto a los alcances del negocio en cuyo marco y como complemento se formalizó la venta de cosas muebles cuyo saldo de precio se reclama (arts. 958/961, 1015,12019 CCC), que la Sra. Espíndola no intentó siquiera despejar (art. 375 del CPCC), impide también conocer si estaba incluida entre las obligaciones contractuales de la actora la transferencia de la habilitación municipal para el funcionamiento del establecimiento. El que Mastrangelo la haya dado de baja - lo que revela la aptitud hasta ese momento del mismorazonablemente puede obedecer a que el cambio de titularidad no apareje la traslación de obligaciones dimanante de no haberse recurrido al procedimiento legal del enajenación.
La demandada reconviniente entre otras insatisfacciones de la carga probatoria de los hechos fundantes de sus postulados tampoco ha demostrado que ese proceder no le hubiese sido advertido ni que se encontrase impedida de lograr la habilitación a su nombre, por alguna circunstancia ajena a su voluntad. Cabe aquí también puntualizar que la demandada no ha obtenido la habilitación del geriátrico que ocupa de la calle Siria 394 (ver fs. 202). Respecto al elemento clientela, estando acreditado que al momento de hacerse cargo del asilo en el mismo se alojaban alrededor de quince ancianos según dichos de las testigos, muchos de los cuales fueron trasladados al otro inmueble de la demandada o decidieron por circunstancias sobrevinientes no continuar con el servicio de asistencia que Espíndola brindaba, los hechos anteriores a la transferencia que se invocaron no tienen relevancia para la decisión del asunto, sin perjuicio de no haberse probado que en oportunidad de que aquella se efectivizara hubiese existido un desvío de los internados o disminución en el número preexistente.
En consecuencia y tal como señalara la sentenciante de la instancia anterior, no se advierte ningún incumplimiento contractual por parte de la actora que justifique la resolución que se pretende, máxime cuando en el intercambio epistolar previo no se invocó ninguna de las causales de las que judicialmente intentó valerse, tal como también se señaló en el fallo.
Queda descartada también la nulidad relativa por simulación, en tanto se ha analizado la realidad negocial subyacente o complementaria de la compraventa de cosas muebles celebrada, sin que la consignación de un precio superior al que correspondía de acuerdo al mercado a las cosas enajenadas (art. 333 CCC) de lugar a aquella sanción en tanto encuentra su explicación en el entramado de prestaciones del contrato de transferencia mencionado (arts. 282 "el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera", 1073/1075 del mismo ordenamiento), aun cuando las mismas no se hubiesen consignado expresamente y en detalle lo que hubiese permitido quizás una valoración distinta. Ahora bien esta circunstancia tampoco autoriza a hablar de una acción u omisión dolosa de la actora como vicio de la voluntad invalidante del acto (arts. 271 y 272 CCC), cuando ninguna prueba se rindió sobre las tratativas precontractuales. Y si hubiese sido un error de hecho de parte de la demandada el mismo no sería excusable (art. 266 del código citado) teniendo en cuenta la actividad previa de la Sra. Espíndola en el ramo (ver fs. 191). Obviamente en función de la realidad negocial que la demandada introdujo defensivamente el elemento objetivo de la lesión por la sola desproporción del precio queda desvirtuado, amén de no visualizarse la situación de inferioridad de su parte cuyo aprovechamiento habilita la figura (art. 332 del CCC)
En base a lo hasta aquí dicho doy mi voto POR LA AFIRMATIVA.- Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada a la demandada-reconviniente vencida (art. 68 del CPCC) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria)
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 22 de Octubre de 2019.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se
CONFIRMAR la sentencia apelada. Costas de Alzada a la demandada-reconviniente vencida (art. 68 del CPCC) Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria)
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, GASTON MARIO VOLTA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).
Fin de la sentencia