Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-104621577-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $554.700 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos), equivalente a 26,93 (veintiséis con 93/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $1.386.749 (pesos un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve), equivalente a 67,33 ( sesenta y siete con 33/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-115731270-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Septiembre de 2023 S.A - VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en EX-2021-104621577- -APN-SGAI#TFN caratulado “MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A. s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante IF-2021-104621525-APN-DTD#JGM Matadero y Frigorífico Federal S.A.interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 233/2021 (DV SRR1), de fecha 05 de octubre de 2021 dictada por la Jefa Interina de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se determinó de oficio la materia imponible y una obligación impositiva frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 02/2016 a 02/2017, con más intereses resarcitorios dejando en suspenso la aplicación de sanción en los términos del art. 20 de la ley 24.769 (actual art. 20 del Régimen Penal Tributario).
Relata que es una sociedad que se encuentra ubicada en el segmento de la elaboración y procesamiento de alimentos de origen cárnico. Se dedica a la faena del ganado bovino, su posterior procesamiento y venta de la carne. Explica cómo es el proceso de la venta de hacienda, y puntualiza que en general practica el tipo de compra mediante consignatario y/o al productor directo donde existe un intermediario que conecta al productor agropecuario con el frigorífico.
Alega que la incorporación de los proveedores a las bases Apoc del organismo fue hecha con posterioridad a la fecha de las operaciones realizadas, por lo que desconocía las irregularidades que éstos podían tener. Enumera que son tres (3) los sujetos cuestionados: AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A., AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. y MICER S.A.. Agrega que se encuentran inscriptos debidamente ante la AFIP y relacionados con actividades comerciales.
Describe que la certificación denominada "Documento para el Tránsito de Animales (D.T.A. o DTe) o Guía de Traslado de los Animales”, que ampara el traslado de animales, es de gran importancia para dejar constancia de la veracidad de las operaciones ya que contiene una serie de información que la fiscalización no puede ignorar. Este documento, cuenta con: fecha de emisión, vencimiento correspondiente y hace referencia especialmente al consignatario vinculado a la operación, que guarda identidad a la del proveedor-consignatario de hacienda que la AFIP pretende desconocer.
Expone para cerrar el círculo de la compleja operatoria que una vez recibidos los animales y habiendo emitido las facturas mediante el régimen de autoliquidación o bien por consignatario, se procede a cancelar las mismas. Entiende que no sólo ha probado la existencia real y verdadera de las operaciones comerciales –compra de hacienda-, sino que también, ha dado cabal cumplimiento con toda la reglamentación de la AFIP en relación con el control y la fiscalización de sus proveedores, como asimismo a la autoridad de aplicación sanitaria y agropecuaria.
Sostiene que ha observado todos los requisitos para que pueda computarse el crédito fiscal, siendo que además se verificó la capacidad operativa de los proveedores de hacienda vacuna y de carne bovina generador de los créditos fiscales en cuestión.
Finalmente ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y pide por los argumentos que expone que se dicte sentencia revocando la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
II. Mediante IF-2022-112654057-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido. Manifiesta que a raíz de la verificación cursada a la contribuyente, se detectaron diferencias a favor del organismo por lo que no ingresó el impuesto en su justa medida.
Menciona que de la documentación aportada por la recurrente, se observaron operaciones con tres proveedores (AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A., AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. y MICER S.A.) que poseen irregularidades, las que enumera genéricamente: falta de capacidad económica, no registran acreditaciones bancarias, no aportan la documentación de respaldo, no se presenta persona responsable de las empresas, no poseen empleados a cargo, no poseen bienes registrables y no registran acreditaciones bancarias. Concluye que los elementos colectados en el proceso de verificación de las transacciones realizadas entre la actora y los proveedores mencionados en el acto administrativo carecen de sinceridad.
Agrega que conforme los arts. 1° y 2° de la Ley 11.683 (t.o. vigente), en materia de interpretación de las leyes impositivas debe atenderse al fin de ellas y a su significación económica, y advierte que las inconsistencias detectadas no responden a una actitud negligente de la recurrente, sino a una conducta dirigida a evadir el pago del tributo, más aún si responde a un accionar defraudatorio.
Hace saber que no está en debate, en estas actuaciones, el reintegro del crédito fiscal por las exportaciones, ni que la hacienda existió, sino que se cuestiona la validez de los comprobantes que respaldan esas operaciones, conforme el art. 12 de la ley del IVA, en síntesis, el verdadero dador del crédito fiscal.
Sobre los intereses resarcitorios, pide que sean confirmados debido a que fueron liquidados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal.
Que se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla, pide que se rechace el recurso, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que por medio de la PV-2023-53842828-APN-VOCXII#TFN, se abre a prueba el presente expediente haciendo lugar a la informativa ofrecida por la actora, que cabe destacar es la única prueba propuesta, sin perjuicio de la documental que se tuvo por agregada.
En el IF-2023-69720889-APN-SGAI#TFN obra la contestación del oficio dirigido a SENASA y en el IF-2023- 77773860-APN-SGAI#TFN luce la respuesta del oficio destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Finalmente y habiéndose producido toda la prueba, mediante PV-2023-89440128-APN-VOCXII#TFN se cierra el período de instrucción.
A PV-2023-102113829-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2023- 105044768-APN-VOCXII#TFN se disponen los autos para alegar. Que en el IF-2023-111294399-APN- DTD#JGM obra el alegato del Fisco Nacional y a IF-2023-111731881-APN-DTD#JGM se agrega el de la actora. Por último, mediante IF-2023-113212677-APN-VOCXII#TFN se encuentran en estado para el dictado de sentencia.
IV. Que ello así, cabe establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en primer lugar, cabe remarcar que la empresa apelante es una sociedad anónima que cierra sus ejercicios económicos y fiscales el 31 de diciembre de cada año, y que declara como actividades la matanza de ganado bovino y ganados mataderos. ( pág 2 de la resolución obrante en el RE-2021-104619017-APN-SGAI#TFN) Que como consecuencia de la verificación efectuada, el organismo fiscal detectó diferencias a su favor por lo que inició el procedimiento de determinación de oficio conforme lo indica la ley procedimental.
Que el presente cargo surge conforme (IF-2022-13459047-APN-DTD#JGM fs. 303 a 307) el Operativo Ganado y Carnes 2017 donde se detectaron Documentos de Tránsito Electrónico en el período 06/2016 y 02/2017 emitidos por la usina de facturas apócrifas “AGROGANADERA EL SILENCIO S.A.” por las que se trasladaron 722 cabezas de bovinos con destino a la recurrente. Asimismo, también existieron operaciones con las usinas MICER S.A. y AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A..
IV.- 1. Dentro de las irregularidades que se hallaron respecto de los proveedores cuestionados el organismo fiscal menciona las siguientes:
• AGROGANADERA EL SILENCIO S.A.: fue incluido en la base E Apoc bajo la condición “sin capacidad económica” el 06/04/2016. Registra operaciones desde el 03/07/2016 hasta el 06/02/2017, por un total de IVA de $1.308.658.- (dentro de las que se incluyen las operaciones con Matadero y Frigorífico Federal S.A.) por 1760 cabezas de ganado. Asimismo, no posee bienes a su nombre ni acreditaciones bancarias por lo que se concluye que no posee actividad económica ni financiera hallándose fuera del circuito bancario. Se observa que la ausencia de registración de cuentas bancarias a su nombre, resulta llamativo debido al elevado monto de ventas que declara. Tampoco se encuentra inscripto en el Régimen de la Seguridad Social, y no declara empleados en relación de dependencia.
Además, los integrantes de la sociedad y sus responsables solidarios no poseen solvencia patrimonial. El Sr. Abraham Nieva (Presidente) no posee bienes registrables a su nombre (automóviles y/o propiedades), declarando solo una propiedad en 2014 sin más datos identificatorios. Registra cuentas bancarias pero no acreditaciones bancarias a su nombre. Figura como presidente de 12 empresas en el año 2014 y accionista de 13. Del módulo de nómina de ANSES registra remuneraciones cobradas desde el año 2011, encuadrándose como jubilado.
La Sra. Viviana Carabajal Del Tránsito (responsable solidaria) tampoco registra bienes a su nombre, ni cuentas bancarias pero figura como accionista de otras 3 empresas de las que también es accionista el Sr. Nieva y no registra remuneraciones cobradas.
• AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A.: fue incluida en la base E Apoc bajo la condición “sin capacidad económica desde su inscripción ante AFIP” con fecha 25/03/2013. Registra operaciones desde el 08/03/2016 hasta el 29/04/2016 por un total de IVA de $ 254.161.- (dentro de las que se incluyen las operaciones con Matadero y Frigorífico Federal S.A.) por 341 cabezas de ganado.
Cuando se concurrió al domicilio el encargado del edificio declaró desconocer a la responsable de la empresa. Quien se presenta como apoderada de la sociedad es la Sra. Toledo Claudia quien integra las siguientes sociedades y es cotitular de las cuentas bancarias de: AGROPECUARIA LA MADRUGADA S.A. (cuit INACTIVA), AGROCENTRO CONSIGNATARIA S.A. (su domicilio coincide con el de AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A.), AGROPECUARIA EL BRETE S.A. (de la que es socia) y CR AGROPECUARIA S.A. (de la que es Presidenta). Sumado a esto, se menciona que los integrantes de la sociedad nunca se hicieron presentes en la fiscalización. Que se le efectuó requerimiento a la imprenta de los comprobantes observados, la que nunca contestó. Que en el informe final de inspección (IF-2022-13459047-APN-DTD#JGM fs. 303 a 307) se menciona que esta sociedad se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de ganado bovino en pie. Que de la información obrante en las bases se observa que se inscribió en AFIP el 25/03/2013, no registra bienes a su nombre, declaró un empleado en septiembre de 2015 y posee débito/crédito igual o menor a 1, con una modificación mínima a partir de marzo de este año. Así es como ante la gran cantidad de irregularidades que el contribuyente posee se toma como indicio que resulta ser apócrifo y se lo incluye en las bases E Apoc.
• MICER S.A.: fue incluida en la base E Apoc bajo condición “sin capacidad económica” el 29/05/2017, y registra operaciones desde el 26/02/2016 hasta el 11/04/2016, por un total de IVA de $241.240.- por 320 cabezas de ganado.
No fue encontrada en el domicilio fiscal declarado, y el encargado del edificio desconoce a la firma. Se circularizó a la imprenta que aportó copia de la matriz de los comprobantes autorizados por el organismo e informó que quien solicitó, pagó en efectivo y retiró el trabajo fue Abraham Nieva, presidente de la firma. (también presidente de AGROGANADERA EL SILENCIO S.A.)
No posee cuentas ni acreditaciones bancarias. Se concurrió al domicilio de la sede social y se encontró un edificio demolido. Asimismo, se citó al presidente de la sociedad el Sr. Nieva, quien fue notificado pero no concurrió a la misma. Por último, no posee bienes registrables, no registra empleados en relación de dependencia y surgen de las bases de datos retenciones y percepciones poco significativas con relación a las operaciones. De la información que surge el organismo fiscal surgen 5 empresas más con el mismo domicilio fiscal, y el contador Abramowicz Alberto figura en una gran cantidad de firmas con irregularidades en materia tributaria. Finalmente, presentó declaración jurada por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015, con un bajo impuesto a ingresar. En el IVA presentó declaraciones juradas con relación débito/crédito 0 o igual a 1 y desde 06/2016 presenta sin movimiento.
En este sentido, si bien la recurrente aportó la documentación respaldatoria de las operaciones cuestionadas con los proveedores incluidos en las bases E Apoc, no aportó comprobante de las órdenes de pago u otro medio de pago de las mismas, a pesar de haberse requerido. En virtud de lo expuesto el Fisco Nacional impugnó el crédito fiscal de las operaciones registradas con las firmas mencionadas ya que responden a usinas generadoras de facturación apócrifa, sin respaldo o correlato con las operaciones efectivamente realizadas.
V. Que corresponde exponer los agravios planteados por Matadero y Frigorífico Federal S.A. con relación a la determinación de oficio y la respectiva contestación del Fisco Nacional.
Inicia su descargo haciendo referencia a que los proveedores impugnados no se encontraban en ninguna base E Apoc al momento en el que se efectuaron las operaciones. Es así como hace saber que no conocía acerca de las irregularidades de esas sociedades. El Organismo fiscal refuta este agravio explicando que no se sustentaron los cargos de la determinación de oficio exclusivamente en la inclusión de los proveedores observados en las bases E Apoc del organismo, sino también en otros elementos colectados antes y después de dichas inclusiones conforme los controles que ejerce dentro de sus facultades de verificación. Sin perjuicio de ello, la incorporación a la base en el caso de AGROGANADERA EL SILENCIO S.A y AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A. fueron realizadas con anterioridad a la facturación cuestionada.
Sostiene la recurrente que la materia prima objeto de venta - la hacienda - existió y que los proveedores son consignatarios de hacienda y productores. Afirma que se dan los requisitos necesarios requeridos por la norma para poder computarse el crédito fiscal correspondiente a las operaciones realizadas. Por su parte, el Fisco Nacional manifiesta que no está en discusión, en estas actuaciones, el reintegro del crédito fiscal por exportaciones ni la compra de hacienda, que lo que se discute es la validez de los comprobantes que respaldan esas operaciones conforme la ley del IVA. Que el art. 12 de la norma establece que, en todos los casos el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones, y prestaciones de servicios, gravadas hubieran perfeccionado respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios de los respectivos hechos imponibles (...). Es decir que para poder computar el crédito fiscal es condición necesaria que se haya perfeccionado el hecho imponible por parte del emisor real de las facturas, lo que no sucede en autos, ya que señala que la recurrente no probó efectivamente que esos proveedores con los que comerció le hayan vendido lo que dice y documentó haber comprado, por lo que no corresponde que se compute el crédito fiscal. Agrega que la documentación respaldatoria debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material, por lo que para que las facturas que intervienen sean suficientes para generar ese crédito, deben sustentarse en la realidad fáctica de las operaciones, debiéndose comprobar además la realidad económica de las transacciones que acrediten las mismas.
VI.- I. Que obra agregado mediante IF-2023-77773860-APN-SGAI#TFN el oficio dirigido a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en donde se solicitó a la misma que informe con el mayor grado de detalle si está en condiciones de aseverar -según sus bases de datos- las operaciones realizadas entre MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A. con AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A., MICER S.A. y AGROGANADERA EL SILENCIO S.A., durante los años 2016 a 2017, inclusive. Que además hiciera saber si los operadores mencionados se encontraban inscriptos ante autoridad de aplicación entre los años 2016 a 2017. Que conforme la primera cuestión, la Secretaría informa que surge de las bases de datos de ingresos y faena del SIGICA (“Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”), que la firma MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S A (C.U.I.T. 33-61407242-9) realizó operaciones con AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A. (C.U.I.T. 30-71389270-6) durante el período de tiempo solicitado (obra detalle en el Anexo N° IF- 2023-77036036-APN-DNCCA#MAGYP). En cambio, no surge de dichas bases de datos que la firma MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S A (C.U.I.T. 33-61407242-9) haya realizado entre los años 2016 a 2017 operaciones con MICER S.A. (C.U.I.T. 30-70989959-3) y ni con AGROGANADERA EL SILENCIO S.A.
(C.U.I.T. 30-71195776-2).
Con relación al punto 2) del oficio, se informa que la firma AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A. cuenta con su inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), correspondiente a la Matrícula N° 5.126 para el desarrollo de la actividad “Consignatario y/o Comisionista de Ganados”, con fecha de inicio el 10 de agosto de 2017, dada de baja el 30 de enero de 2019 por encontrarse la C.U.I.T de dicho contribuyente limitada en los términos de la Resolución General N° 3.832 de fecha 1 de marzo de 2016 de AFIP y sus mod. Sin embargo informa que las firmas MICER S.A. y AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. no cuentan ni contaron en el período de tiempo solicitado con inscripción en el RUCA. (detalle Anexo N° IF-2023-
77036079-APN-DNCCA#MAGYP).
VI.- 2 . Que obra agregado mediante IF-2023-69720889-APN-SGAI#TFN el oficio dirigido a SENASA, en donde se solicitó a la misma que hiciera saber, en primer lugar, acerca de la existencia y veracidad de las DT-e Guías efectuadas respecto de las operaciones que se debaten con los 3 proveedores cuestionados. En segundo lugar, respecto de la inscripción de los productores agropecuarios que constan en las DT-e en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) que se detallan en las facturas emitidas por los contribuyentes en cuestión durante 2016 a 2017.
En contestación al punto 1., certifica que las 41 constancias de cierre de DT-e de las empresas AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. CUIT 30-71195776-2 y MICER S.A. CUIT 30-70989959-3, se corresponden con lo registrado en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal –SIGSA (adjunta Listado de DT-e con los datos presentes en el sistema). En respuesta a lo requerido en segundo lugar respecto a los documentos de Resultados de Faena hace saber que no son emitidos por Senasa, por lo que sugiere realizar la consulta a la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Asimismo, adjunta los datos de registros de RENSPAs pertenecientes a AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. y MICER S.A. y manifiesta que la empresa Agropecuaria Pozo PAMPA S.A. figura inscripta como consignatario y no registra RENSPAS a su nombre según el Sistema de Registro de este Servicio Nacional.
VII. En cuanto a la prueba producida es dable recordar que los DT-e, son documentos utilizados por los productores ganaderos para agilizar el tiempo y dinero a la hora de transportar ganado de pie. Que si bien son emitidos por el SENASA, quien los gestiona es el propio productor, por lo que el detalle o cantidad de DT-e que haya generado no le otorga validez a las operaciones con los proveedores, siendo únicamente un medio para transportar la hacienda.
Que se concluye que no resultó acreditada la operatoria comercial desplegada para tener por existentes las operaciones de compra, al no brindar la recurrente prueba suficiente sobre las constancias de pago, respaldo documental, forma de transporte, o cualquier otro elemento que permita desvirtuar el criterio fiscal sobre la inexistencia de las transacciones, ello sumado a la cantidad de irregularidades de los presuntos proveedores, dan certeza a la postura fiscal acerca del carácter apócrifo de los mismos tornando procedentes las impugnaciones que se traen a debate.
Refuerza lo mencionado anteriormente lo informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca al manifestar que los proveedores MICER S.A. y AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. no cuentan con inscripción en el RUCA y no tuvieron operaciones con Matadero y Frigorífico Federal S.A.. A su vez, el proveedor AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A. que sí está inscripto, realizó operaciones con la recurrente desde el 01/02/2016 al 17/05/2017, sin embargo está dado de alta en el RUCA desde el 10 de agosto de 2017, por lo que habría operado cierto tiempo sin inscripción.
Que sentado lo que antecede entiendo que para poder reconstruir el circuito comercial de las operaciones cuestionadas, resulta correcto el criterio aplicado por el Fisco Nacional al afirmar que lucen insuficientes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa y ante este Tribunal para demostrar la veracidad de las reales operaciones con los proveedores que las documentaron, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal. Hasta aquí, y con la prueba documental aportada no se demuestra acabadamente que las operaciones fueron celebradas con los proveedores indicados sino que son ficticios; llegando a la conclusión que tales operatorias irregulares se instrumentaron con el propósito de disminuir el monto imponible en el Impuesto al Valor Agregado.
Que ello así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53). Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-
I. c/ DGI” del 10 de marzo de 2015, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". Resulta claro que la norma transcrita subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó". Para finalizar, al no obrar en autos constancias suficientes que permitan tener por acreditada la total veracidad de las operaciones con las firmas proveedoras en orden a permitir el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, se debe confirmar el ajuste practicado en dicho tributo con costas.
VIII. En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, cabe señalar que si bien la actora no ha expresado agravio alguno al respecto, los mismos han sido liquidados conforme art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), procede disponer su confirmación.
IX. Por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Que del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación, fijándolos para la representación procesal en la suma de $554.700 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos), equivalente a 26,93 (veintiséis con 93/100) UMA, y por el patrocinio letrado, la suma de $1.386.749 (pesos un millón trescientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y nueve), equivalente a 67,33 ( sesenta y siete con 33/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 29/2023 (22/09/2023) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA. Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse con licencia la Vocal Titular de la 11° Nominación (conf. art. 184 de la ley N° 11.683 – t.o. en 1998 y sus modif.-).
Regístrese, notifíquese y oportunamente se archíve.-
Date: 2023.09.29 11:28:49 -03:00 Date: 2023.09.29 11:44:25 -03:00 Edith Viviana Gomez Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.29 11:44:26 -03:00
Fin de la sentencia