Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-12601588-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar condonada la multa aplicada en la Resolución 4/2020 correspondiente a los períodos fiscales 10/2003 a 05/2004 y 01/2005 a 03/2005. Las costas se imponen en el orden causado.
2Declarar prescripta la multa aplicada en la Resolución 4/2020 respecto de los períodos fiscales 6 a 12/2014, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-72822305-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Junio de 2023 FRIGORÍFICO FEDERAL SA"
En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante Titular de la 3° Nominación) para resolver el Expediente EX-2020-12601588- -APN-SGAI#TFN caratulado “MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A. s/recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Matadero y Frigorífico Federal S.A. interpone recurso de apelación previsto en el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución Nº 4/2020 dictada el 3 de febrero de 2020 por la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, en la que se le aplicó una multa equivalente a dos veces el monto del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 10/2003 a 03/2005, con sustento a lo previsto en los artículos 46, presumiendo el dolo en su conducta según el art. 47, inc. b) de la misma ley. Relata los hechos y efectúa un análisis de la figura e invoca la Instrucción 6/2007, para concluir que la aplicación de la sanción es arbitraria en tanto no existió engaño o ardid de su parte, y que por lo tanto no se compadece con lo dispuesto en aquellos artículos.
Plantea la nulidad de la Resolución por falta de motivación, causa y fundamentación en incumplimiento a los requisitos dispuestos en el art. 7 de la ley 19.549.
En subsidio, opone la prescripción de los poderes del Fisco Nacional para aplicar multa y para el caso de que se considere que existió una infracción, solicita se la reencuadre en la figura del art. 45 de la ley 11.683. Por último, ofrece prueba y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. Por IF-2020-58256552-APN-DTD#JGM, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso. Rechaza el planteo de nulidad formulado y respecto al fondo, destaca que son defensas esgrimidas sobre el ajuste de fondo –facturas apócrifas- que exceden el análisis de la presente litis. Indica que probado el elemento objetivo de la conducta, mediante la inexactitud entre lo declarado y la realidad evidenciada y descubierta a partir de la fiscalización, resultan aplicables las presunciones del art. 47, y que las mismas deben ser revertidas por la recurrente.
En referencia al elemento subjetivo de la figura en cuestión, asevera que el mismo se configura al no presentar las declaraciones juradas de forma correcta y completa de su verdadera capacidad contributiva. Analiza el art. 47 inc. b) de la ley 11.683, y que concluye en su correcta aplicación, por resultar la maniobra desplegada en una voluntad encaminada a producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas mediante la utilización de facturas apócrifas en perjuicio del Estado Nacional.
Con relación a la defensa de prescripción invocada, afirma que no ha operado y expone como fundamentos, causales de suspensión e interrupción, de conformidad con los artículos 68 inc. a), 65 inc. d) de la ley 11.683, 20 de la ley 24.769 y 44 de la ley 26.476.
Solicita, en consecuencia, que oportunamente se dicte sentencia en la que se confirme la Resolución, también con costas.
III. Encontrándose en trámite el Expediente, mediante IF-2021-07469091-APN-DTD#JGM la actora solicita la condonación de la multa recurrida en autos en los términos de la ley 27.541 y acompaña constancia de plan O307732, del 26 de noviembre de 2020. (vide RE-2021-07469263-APN-DTD#JGM).
Por PV-2021-84038573-APN-VOCI#TFN se corrió traslado al Fisco Nacional y a través de IF-2021-91267122- APN-DTD#JGM informa que el plan O 307732 - ley 27562 se encuentra vigente por los períodos fiscales objeto de debate en las presentes actuaciones, salvo respecto de los períodos 6/2004 a 12/2004, los que se encontrarían impagos. Agrega la representación fiscal que Matadero y Frigorífico Federal S.A. no rectificó las declaraciones juradas de las obligaciones.
No obstante ello, indica que no se encuentra incursa en las causales de exclusión de los incs. a) y b) del art. 16 de la ley 27.541, que tiene certificado MiPyme vigente e indica que no cuenta con acceso para verificar el resto de las causales previstas.
Por PV-2021-93347188-APN-VOCI#TFN se corrió traslado a la actora de dicha presentación y mediante PA- 2021-103239690-APN-DTD#JGM solicita se resuelva la condonación de los períodos 10/2003 a 5/2004 y 1/2005 a 3/2005.
Finalmente, a través de la PV-2023-12485822-APN-VOCI#TFN se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “A” y mediante IF-2023-67467133-APN-VOCI#TFN quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre lo solicitado. Para ello cabe tener en cuenta que, en lo que aquí interesa, la ley 27.562 -B.O. 26/08/20- sustituyó el artículo 8° de la ley 27541 por el siguiente: “los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo.
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación.
Para el caso de personas jurídicas, la condición de repatriación será de aplicación para sus socios y accionistas, directos e indirectos, que posean un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%) del capital social de las mismas. Quedan incluidos en estas disposiciones quienes revistan la calidad de uniones transitorias, agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo, incluidos fideicomisos”. También la ley 27.562 reemplazó el párrafo cuarto del artículo 12 de la ley 27.541 por el siguiente: “las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de julio de 2020 quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley modificatoria y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha”.
Por su parte, el art. 25 de la RG 4816 dispone que “El beneficio de condonación de sanciones que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria o previsional, resultará procedente cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) Haberse efectuado el pago íntegro de la obligación sustancial al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha. b) Haberse regularizado la obligación sustancial e intereses no condonados mediante compensación, pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la presente resolución general, en la medida en que la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización. c) Haberse regularizado la obligación sustancial y su respectivo interés mediante planes de facilidades de pago vigentes dispuestos con anterioridad al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562, siempre que la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha”.
En el caso, no se encuentra en discusión la cancelación del impuesto que originó la multa aplicada en la Resolución recurrida respecto de los períodos fiscales 10/2003 a 5/2004 y 1/2005 a 3/2005 en tanto los montos reclamados fueron incluidos en el Plan de Facilidades N° O 307732, regularización que la representación fiscal ha admitido.
Ello así, y que no fue objetada la caracterización de la recurrente como PYME, que el propio Fisco Nacional indicó que no estaba incurso en las causales de exclusión de los incisos a) (quiebra) y b) (delitos penal tributarios y aduaneros) del artículo 16 de la ley 27541 y teniendo en cuenta que de la lectura del art. 16 no surge que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las causales de exclusión restantes (previstas en los incisos c y d) y sin que surja de estos actuados que esté comprendido en tales supuestos, no existe impedimento alguno para que al recurrente le alcance el beneficio de condonación en la forma ya indicada. Entonces, corresponde declarar condonadas las multas correspondientes a los períodos fiscales incluidos en el plan de pago vigente y/o cancelados de acuerdo a lo ya indicado (v. RE-2021-07469263-APN-DTD#JGM). Las costas se imponen en el orden causado, atento lo dispuesto expresamente por el art. 12 inciso a) de RG 4816/2020.
V. Corresponde ahora entonces resolver sobre la multa aplicada por la inexactitud de las declaraciones juradas de los períodos fiscales 6/2004 a 12/2004, no incluidas en el plan de pagos antes mencionado.
Para ello cabe tener en cuenta que los antecedentes administrativos acompañados exponen que la fiscalización detectó el cómputo de créditos fiscales improcedentes de operaciones con el proveedor Ariel Alberto Masseroni, que calificó de apócrifo. Surge que la apelante no conformó el ajuste propuesto, culminando con el dictado de la Resolución N° 43/2008, de fecha 10 de junio del 2008, mediante la cual determinó la obligación tributaria y de conformidad con lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769, se hizo reserva de aplicar sanciones previstas en la ley 11.683.
A partir de la firmeza de la sentencia penal, el 29 de octubre de 2019, se instruyó sumario por considerar su conducta dentro de las previsiones de los arts. 46 y 47 inc. b. y al no presentar descargo, concluyó en el dictado de la Resolución en la que se aplicó multa.
Por orden lógico de procedencia, corresponde tratar en primer lugar las excepciones de prescripción ya que de prosperar resultaría insustancial referirse al resto de los agravios.
Conforme lo establecen los arts. 56 y 58 de la ley 11.683, el plazo de prescripción, respecto de los períodos 06 a 11/2004, inició el 1° de enero de 2005 y respecto al período 12/2004, inició el 1° de enero de 2006, por lo que dichas obligaciones se encontraban prescriptas al 1° de enero 2010 y el 1° de enero de 2011, respectivamente. En virtud de la fecha de la Resolución -3 de febrero de 2020-, las acciones del organismo fiscal para aplicar la multa se hallarían prescriptas, por lo que cabe analizar si se han verificado en autos circunstancias que pudieran haber tenido la virtualidad de suspender o interrumpir el curso de la prescripción.
En primer término, con relación a la causal de interrupción invocada por el Fisco Nacional, regulada por el art. 68 inc. a) de la Ley 11.683, merece destacarse la doctrina emanada de nuestra Corte Suprema de Justicia, la que establece que los delitos “(…) no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado” (conf. Fallos 312:1351;322:717), por lo que corresponde rechazar este planteo, toda vez que no se encuentra acreditada en autos la existencia de una sentencia firme sobre la comisión de una supuesta nueva sanción a la que pudiera atribuirse la virtualidad de tornar operativa la regla prevista en el citado art. 68 inc. a). En segundo término, debe considerarse que, en virtud del monto del ajuste determinado en la Resolución N° 43/2008 dictada el 10 de noviembre de 2008 –$ 1.637.021,63-, el 3 de julio de 2009 la Administración Tributaria denunció a Matadero y Frigorífico Federal S.A. ante la justicia penal por el delito tipificado en el art. 1° de la ley 24.769.
La causa penal tributaria culminó con la sentencia dictada el 24 de mayo de 2017, que quedó firme el día 1° de junio de 2017 y comunicada por el Juzgado a la División Penal Tributaria el 22 de septiembre de 2017, en la que resolvió: II.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN en la presente causa, respecto de los períodos cuyos vencimientos operaron –en lo que aquí interesa- el 23/01/2004 y 24/01/2005 respecto del Impuesto al Valor Agregado (…) III. DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de Daniel Germán MORRONE (…) respecto de los hechos detallados en el punto II del resolutorio. IV.- DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de Daniel Germán MORRONE (…) respecto del Impuesto a las Ganancias, ejercicio anual 2005. V.- CONTINUAR el presente proceso respecto al período correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, Ejercicio Anual 2005.
De las actuaciones administrativas surge que recién el 18 de octubre de 2017 se remitieron las actuaciones a la División Determinaciones de Oficio “B” para continuar el trámite sumarial que culminó en la aplicación de la sanción aquí recurrida en la Resolución del 3 de febrero de 2020.
Ahora bien, no puede perderse de vista que el texto vigente de la ley 11.683, aplicable a la infracción cometida en la declaración jurada de los períodos fiscales junio a diciembre/2004, corresponde al de la ley 11.683 con anterioridad a la reforma introducida por el art. 208 de la ley 27.430 (B.O. 29.12.2017) que estableció que los 180 días previstos en el art. 65, inc.d) se cuentan desde la comunicación de la sentencia a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que -en relación con los períodos 6 a 11/2004- desde el 1° de enero de 2005 hasta la denuncia penal transcurrieron 4 años, 7 meses y 3 días, -con relación al período 12/2004- desde el 1 de enero de 2006, hasta la denuncia penal transcurrieron 3 años, 7 meses y 3 días.
Asimismo, entre el dictado de la sentencia dictada el 24 de mayo de 2017, firme el día 1° de junio de 2017 y el de la Resolución del 3 de febrero de 2020, pasaron 2 años, 7 meses y 2 días. En consecuencia, por aplicación de la normativa citada, las acciones del Fisco Nacional se encontraban prescriptas para aplicar la multa apelada. Por último, con relación a la causal de suspensión invocada por el Fisco Nacional prevista en el art. 44 de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008), debe señalarse que el plazo de prescripción de los períodos fiscales comprendidos en la Resolución ya se había iniciado, por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Cámara al fallar en la causa “Acifer S.A.”, el 14 de septiembre de 2004, entre otros, en el sentido que “… la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el eventual y secundario interés fiscal que puede existir en la percepción de la multa no altera la naturaleza principalmente punitiva de dicha sanción tributaria y que ello conduce a la aplicación de los principios del Código Penal (confr. Fallos: 267:457; 287:76, entre otros).” Y cita el art. 2, primera parte del Código Penal, que dispone que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho". De ello concluye que “Lo expuesto por dicha norma comprende no sólo la nueva ley más benigna, sino también la ultraactividad de la ley anterior más benigna. De tal modo, el principio de irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional debe entenderse en el sentido de que impide la aplicación de una norma más gravosa, posterior al momento de la comisión del hecho (Conf. Sebastián Soler "Derecho Penal Argentino", t. I, pág. 205 )”.
Por lo tanto, en razón del principio que postula la no aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado, en este caso para Matadero y Frigorífico Federal S.A., el plazo de suspensión incorporado por la ley 26.476, no resulta aplicable al caso autos.
En virtud de lo expuesto, corresponde declarar prescripta la multa aplicada en la Resolución N° 4/2020 respecto de los períodos fiscales 06 a 12/2014, con costas.
VI. Por la forma en que se resuelve no corresponde expedirse sobre las demás cuestiones planteadas en autos. La Dra. Laura Amalia Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y al Considerando IV.- del voto de la Dra. O’Donnell.
II. Que con respecto a la defensa de prescripción adhiero a la solución propiciada por la vocal instructora, habiéndome expedido en idéntico sentido in re “Bonavia, Horacio Julio s/ recurso de apelación – impuesto a las ganancias”, de fecha 9/8/2019.
El Dr. Pablo Alejandro Porporatto dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y a lo resuelto por la Dra. O' Donnell pero me aparto de sus fundamentos en lo que respecta al Considerando V.
II. Que en cuanto al tratamiento de la prescripción opuesta por la actora en relación a los períodos 6 a 12 de 2004, debe señalarse que la acción del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas prescribe a los 5 años en el caso de contribuyentes inscritos (artículo 56 ley N° 11.683), plazo que se computa desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (artículo 58 ley N°11.683).
Teniendo en cuenta la comisión de las infracciones relativas a los períodos fiscales junio a noviembre de 2004, las facultades sancionatorias del fisco vinculadas con dichas obligaciones prescribían el 1/01/2010. Respecto de diciembre de 2004, prescribiría el 1/01/2011.
Sin embargo, cabe señalar que el artículo 68 de la ley procedimental dispone que la prescripción para aplicar multa “se interrumpirá: a) Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero del año siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
Con relación a esta disposición, la Alzada tiene dicho que ”no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (Sala V de la CNACAF in re “Pareques Interama S.A (TF 8151-I c/ DGI, del 04/09/02; con cita de Guiliani Fonrouge y Navarrine, Procedimiento Tributario, De Palma, 1979, comentario al artículo 70, actual art. 68 T.O. 1998).
Es por lo antes señalado que al haberse cometido la última infracción en diciembre de 2004, el plazo de prescripción inició el 1/01/2006 y todos los períodos prescribirían junto a último, el 1/01/2011. Ahora bien, es pertinente señalar que la ley N° 26.476 (B.O. 24/12/08) dispuso en su art. 44: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Al respecto, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 50 de la mencionada ley, sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Que la redacción del texto legal, no arrojan dudas acerca de la intención del legislador, en cuanto a que la mentada suspensión se dispone “con carácter general”, esto es, que abarca a la generalidad de los contribuyentes responsables y no solamente a los que hubiesen ejercido el derecho a acogerse al régimen de normalización tributaria. Así lo ha entendido la C.S.J.N in re “Fisco Nacional c/Distribuidora El Plata SRL s/Ejecución Fiscal” de fecha 26/11/91.
Ello así, en lo que respecta a las multas el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 01/01/06, el que corrió hasta el 24/12/08 -fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial la ley N°26.476- reanudándose el plazo el 24/12/09.
Ahora bien, el artículo 65 inciso c) de la ley n°11.683 establecía que la prescripción de la acción administrativa se suspenderá desde el momento en que surja el impedimento precisado por el segundo párrafo del artículo 16 de la ley nº 23.771 hasta tanto quede firme la sentencia judicial dictada en la causa penal respectiva. Esta última ley fue reemplazada por la ley n° 24.769, la que a su vez, determinó en el artículo 20 una suspensión desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida por la presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley hasta la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva.
En efecto, el Fisco interpuso la denuncia penal el 03/07/09–momento en el que se encontraba suspendido el plazo de prescripción en virtud de la ley n° 26.476 – por el delito de evasión simple previsto en el artículo 1° de la ley n° 24.769.
No obstante encontrarse ya suspendido el plazo de prescripción en virtud de la mencionada ley n° 26.476, lo cierto es que desde la causal sobreviniente de suspensión del plazo de prescripción –denuncia penal– el fisco estaba impedido de aplicar la respectiva multa hasta que se dicte la sentencia en sede penal y ésta quede firme, lo que ocurrió con posterioridad al 1/06/17.
Conforme lo expuesto, ha trascurrido 2 años, 11 meses y 23 días hasta la suspensión de la Ley N° 26.476, reanudandose el plazo para el cómputo de la prescripción el 1/06/17, por lo que restaba trascurrir le restaban 2 años, y 7 días para completar el plazo de cinco años previsto en el artículo 56 ley N° 11.683.
Dicha plazo no se modificó ante la vigencia de la ley nº 26.860 (B.O. 3/6/13), que estableció en su artículo 17: “ Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”, toda vez que el plazo ya se encontraba suspendido desde la denuncia penal.
Por su parte, el fisco dictó, el 3/02/2020, la resolución aplicando la multa aquí recurrida Por todo lo expuesto, advierto que las facultades del Fisco se encontraban prescriptas, por ello, corresponde hacer lugar al planteo de prescripción de introducido por la actora. Con costas.
Por ello, SE
1. Declarar condonada la multa aplicada en la Resolución 4/2020 correspondiente a los períodos fiscales 10/2003 a 05/2004 y 01/2005 a 03/2005. Las costas se imponen en el orden causado.
2. Declarar prescripta la multa aplicada en la Resolución 4/2020 respecto de los períodos fiscales 6 a 12/2014, con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.06.26 11:17:34 -03:00 Date: 2023.06.26 15:07:55 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.26 15:22:08 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.26 15:22:09 -03:00
Fin de la sentencia