Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 104621577-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la firma actora, con costas.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 3107/2024 MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL SA (TF
104621577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 8 de julio de 2024.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La empresa Matadero y Frigorífico Federal S.A. interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra la resolución nº 233/2021 (DV SRR1) de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), que determinó de oficio su obligación tributaria en el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 02/2016 a 02/2017), liquidó intereses resarcitorios y difirió el juzgamiento de la conducta de aquélla de conformidad con el artículo 20 de la ley 24.769.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió "Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas" y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.
Sobre el plano sustancial de la controversia, expuso diversos
(i) El ajuste discutido tuvo su origen en la impugnación que los funcionarios de la AFIP realizaron sobre las operaciones que el recurrente realizó con distintos proveedores.
En efecto, la compulsa de las actuaciones administrativas exhibió:
(a) Que el proveedor Agroganadera El Silencio S.A.: fue incluido en la base E-Apoc el 06/04/2016, bajo la condición "sin capacidad económica", registró operaciones "desde el 03/07/2016 hasta el 06/02/2017, por un total de IVA de $1.308.658", pero no posee bienes ni acreditaciones bancarias.
"Tampoco se encuentra inscripto en el Régimen de la Seguridad Social, y no declara empleados en relación de dependencia" y los integrantes de la sociedad y sus responsables solidarios "no poseen solvencia patrimonial".
(b) Que el proveedor Agropecuaria Pozo Pampa S.A.: fue incluido en la base E-Apoc el 25/03/2013, bajo la condición "sin capacidad económica desde su inscripción ante AFIP", registró operaciones "desde el 08/03/2016 hasta el 29/04/2016 por un total de IVA de $ 254.161 [...] por 341 cabezas de ganado", sin embargo "los integrantes de la sociedad nunca se hicieron presentes en la fiscalización" y cuando los funcionarios de la AFIP concurrieron al domicilio declarado "el encargado del edificio declaró desconocer a la responsable de la empresa".
"[D]e la información obrante en las bases se observa que [...] no registra bienes a su nombre, declaró un empleado en septiembre de 2015 y posee débito/crédito igual o menor a 1, con una modificación mínima a partir de marzo de este año".
(c) Que el proveedor MICER S.A.: fue incluido en la base E- Apoc el 29/05/2017, bajo condición "sin capacidad económica", registró operaciones "desde el 26/02/2016 hasta el 11/04/2016, por un total de IVA de $241.240.- por 320 cabezas de ganado", sin embargo "[n]o posee cuentas ni acreditaciones bancarias", en el "domicilio de la sede social se encontró un edificio demolido", "no posee bienes registrables, no registra empleados en relación de dependencia y surgen de las bases de datos retenciones y percepciones poco significativas con relación a las operaciones".
"[S]e citó al presidente de la sociedad el Sr. Nieva, quien fue notificado pero no concurrió a la misma".
(ii) En relación con la prueba de la parte actora, sostuvo:
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104621577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (a) "[Q]ue los DT-e [documentos de tránsito electrónicos], son documentos utilizados por los productores ganaderos para agilizar el tiempo y dinero a la hora de transportar ganado de pie. Que si bien son emitidos por el SENASA, quien los gestiona es el propio productor, por lo que el detalle o cantidad de DT-e que haya generado no le otorga validez a las operaciones con los proveedores". (b) Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sostuvo que "los proveedores MICER S.A. y AGROGANADERA EL SILENCIO S.A. no cuentan con inscripción en el RUCA [Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial] y no tuvieron operaciones con Matadero y Frigorífico Federal S.A. A su vez, el proveedor AGROPECUARIA POZO PAMPA S.A. que sí está inscripto, realizó operaciones con la recurrente desde el 01/02/2016 al 17/05/2017, sin embargo [fue] dado de alta en el RUCA" con posterioridad a esas operaciones.
(iii) "[N]o resultó acreditada la operatoria comercial desplegada para tener por existentes las operaciones de compra, al no brindar la recurrente prueba suficiente sobre las constancias de pago, respaldo documental, forma de transporte, o cualquier otro elemento que permita desvirtuar el criterio fiscal sobre la inexistencia de las transacciones, ello sumado a la cantidad de irregularidades de los presuntos proveedores".
(iv) "[C]on la prueba documental aportada no se demuestra acabadamente que las operaciones fueron celebradas con los proveedores indicados [...] llegando a la conclusión que tales operatorias irregulares se instrumentaron con el propósito de disminuir el monto imponible en el Impuesto al Valor Agregado". (v) La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó, en el precedente "Feretti" (Fallos 338:169), que "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles".
(vi) Los intereses resarcitorios debían ser confirmados pues "son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683".
III. La parte actora interpuso recurso de apelación y expresó los siguientes agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI: (i) La sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación se apartó inexplicablemente de los "hechos y pruebas decisivas que acreditan, en el caso, la compra de ganado bovino, y en consecuencia, la identificación de los sujetos que realizaron la venta o intermediación de dicha mercadería".
(ii) Se acreditó "la registración de cada una de las operaciones de compra" así como también "la existencia de la mercadería". (iii) Respecto a la supuesta falta de capacidad económica de los proveedores sostiene que es común "que el consignatario liquide las operaciones para rendir cuentas a los productores [...] y para ello, debe retirar el dinero, justamente la similitud de los montos implica que el margen de rentabilidad de los consignatarios es bastante exiguo".
(iv) Al concretar estas operaciones "mi representado cumplió exhaustivamente con sus obligaciones de control, en estricto cumplimiento de las normativas establecidas por la propia AFIP". (v) "[R]esulta ilegítimo responsabilizar al contribuyente por las irregularidades de sus proveedores, cuando el circuito financiero y comercial de las operaciones se encuentra comprobado".
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104621577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (vi) La prueba de informes "evidencia de manera clara que en ninguna circunstancia mi representada podría haber falsificado o manipulado la totalidad de esta documentación" para apropiarse de un crédito fiscal ilegitimamente.
(vii) La prueba documental acredita que "los proveedores cuestionados [...] son sujetos vinculados a todas las actividades comerciales [...] que mi mandante requiere para cumplir con su objeto social".
IV. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA ”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “L Guillon SA”, pronunciamiento del 27 de junio de 2024, y Sala V, causa “Granja La Loma SRL” pronunciamiento del 18 de junio de 2024).
V. Desde esa perspectiva el recurso de la firma actora no puede prosperar, pues la totalidad de sus agravios se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal de la Nación.
Resulta claro que no fue exclusivamente el incumplimiento de los deberes fiscales de los proveedores las circunstancias que la AFIP consideró para efectuar el ajuste fiscal.
En efecto, sobre la base de las tareas de fiscalización, reunió indicios serios que le permitieron aseverar que aquéllos carecían de la estructura necesaria para realizar las operaciones impugnadas. Estos últimos no tenían acreditaciones en sus cuentas bancarias, bienes u empleados en relación de dependencia registrados a su nombre. Además, los funcionarios de la AFIP tampoco pudieron localizarlos en el domicilio fiscal declarado ni contactar a alguno de sus integrantes.
Asimismo, el pronunciamiento apelado ponderó que la prueba que la firma actora produjo en la causa era insuficiente para acreditar la existencia de las operaciones que la AFIP cuestionó.
Sin embargo, la firma actora insiste en esta instancia en que las operaciones se encuentran debidamente registradas, que la documentación para trasladar el ganado cumple con las formalidades exigidas y que abonó la mercadería involucrada.
Es sabido que no basta la mera formalidad de la tenencia de comprobantes sino que éstos deben reflejar la realidad económica de los actos que respaldan, dado que sólo de la fe que ellos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllos (artículo 33 de la ley 11.683; esta sala, causa “Inversiones Agropecuarias Sembrar SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 2 de marzo de 2017).
Por tanto, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal recordado, de modo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
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104621577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s /RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VI. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte actora ya que resulta vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII. Corresponde examinar el recurso de apelación que la parte actora dedujo por considerar "altos" los honorarios regulados en la sentencia.
En función de la naturaleza del proceso y de su monto, y de la calidad de la tarea profesional desarrollada en las tres etapas del juicio, SE FIJA en 39,28 y 15,71 UMA ––equivalentes a las sumas de $ 2.062.592,8 y de $ 824932,1 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 1497/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–– los honorarios a favor del doctor Oscar Yulan y la doctora Ana Cecilia Di Stefano, por su actuación en el ejercicio del patrocinio letrado y de la representación procesal de la AFIP-DGI, en la instancia anterior (16, 20, 21, 29 y demás artículos concordantes de la ley 27.423).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE ESTABLECE en 16,49 y 4,94 UMA ––equivalentes a las sumas de $ 865.889,9 y de $ 259.399,4 de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 1497/2024 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación–– los emolumentos a favor de la doctora Sabrina Sanchez y del doctor Ignacio Mauro Markievich, por su actuación en el ejercicio del patrocinio letrado y de la representación procesal de la AFIP-DGI, en esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la firma actora, con costas. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII. Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.
Fin de la sentencia