Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 12601588-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación).
2Devolver las actuaciones conforme lo dispuesto en el voto del Dr. Gallegos Fedriani.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
15399/2024 MATADERO Y FRIGORIFICO FEREAL SA (TF 12601588-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani dijo:
I.-Que por decisorio del 26/6/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1) Declarar condonada la multa aplicada en la Resolución 4/2020 correspondiente a los períodos fiscales 10/2003 a 05/2004 y 01/2005 a 03/2005, con costas en el orden causado. 2) Declarar prescripta la multa aplicada en la Resolución 4/2020 respecto de los períodos fiscales 6 a 12/2014, con costas.-
II.-Que el 23/8/2023 apeló el Fisco Nacional y expresó agravios el 4/9/2024 , los que fueron contestados por la actora el 3/9/24. El 30/9/2024 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 7/2/2025 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que el Fisco Nacional se agravia en cuanto no se aplicó la causal interruptiva de la prescripción prevista en el art. 68 inc. a) de la Ley 11.683, así como tampoco la suspensión prevista en la Ley 26.476 y en el art. 65 inc. d) de la Ley 11.683.-
IV.-Que en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma, cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).- Alta en sistema: 06/08/2025 V.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
VI.-Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
Alta en sistema: 06/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
VIII.-Que en relación con la suspensión de la prescripción prevista en el art. 68 inc. a) de la Ley 11.683, señaló el Tribunal Fiscal de la Nación: “…merece destacarse la doctrina emanada de nuestra Corte Suprema de Justicia, la que establece los delitos ‘(…) no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado’ (conf. Fallos 312:1351; 322:717), por lo que corresponde rechazar este planteo, toda vez que no se encuentra acreditada en autos la existencia de una sentencia firme sobre la comisión de una supuesta nueva sanción a la que pudiera atribuirse la virtualidad de tornar operativa la regla prevista en el citado art. 68 inc. a)”.- IX.-Que en relación con el pedido de suspensión por aplicación del art. 65 inc. c) de la Ley 11.683, sostuvo el a quo: “La causa penal tributaria culminó con la sentencia dictada el 24 de mayo de 2017, que quedó firme el día 1° de junio de 2017 y comunicada por el Juzgado a la División Penal Tributaria el 22 de septiembre de 2017…Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que -en relación con los períodos 6 a 11/2004 desde el 1° de enero de 2005 hasta la denuncia penal transcurrieron 4 años, 7 meses y 2 días. En consecuencia, por aplicación de la normativa citada, las acciones del Fisco Nacional se encontraban prescriptas para aplicar la multa apelada”.-
X.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o Alta en sistema: 06/08/2025 irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa (conf. esta Sala in re “Noble Argentina S.A. (TF 32885-I) c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 15283/2010, sentencia del 19/9/2017; entre muchos otros). Por lo demás, la recurrente no rebate en esta instancia lo que fuera tenido por probado por el a quo, así como los fundamentos desarrollados por aquel respecto de las condiciones que deben verificarse para que goce de virtualidad suspensiva la comisión de nuevas infracciones.-
XI.-Que en relación con la causal invocada por el Fisco Nacional prevista en el art 44 de la ley 26.476 (B.O. 24/12/2008), el a quo sostuvo: “…debe señalarse que el plazo de prescripción de los períodos fiscales comprendidos en la Resolución ya se había iniciado, por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Cámara al fallar en la causa ‘Acifer S.A.’, el 14 de septiembre de 2004, entre otros…Por lo tanto, en razón del principio que postula la no aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para el imputado, en este caso para Matadero y Frigorífico Federal S.A., el plazo de suspensión incorporado por la ley 26.476, no resulta aplicable al caso de autos”.- Cabe señalar que la cuestión resulta sustancialmente análoga a la analizada y resuelta por esta Sala en el expte. Nro. 35.008/2022, “SEIS EME S.A. (TF 42.139-I) c/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 29/8/2023. Allí, se sostuvo que por aplicación del principio general de la ley penal más benigna contenido en el art. 2° del Código Penal, resultaba inaplicable la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 17 de la ley 26.860. Por ende, concluyó que se encontraban prescriptas las acciones del Fisco Nacional para imponer una multa relativa al IVA por los períodos fiscales comprendidos entre abril y noviembre de 2008.-
De conformidad con lo expuesto y los demás argumentos concordantes del Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde rechazar el agravio en trato y confirmar lo decidido por el a quo.-
XII. Que en atención a lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de la demandada y confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de esta instancia deben ser soportadas por el Fisco Nacional por aplicación del principio general de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).-
Alta en sistema: 06/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V XIII.-Que en atención a los fundamentos precedentes, VOTO por: 1) Rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas a cargo de la recurrente por aplicación del principio general de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN). 3) Devolver las presentes actuaciones al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que tenga a bien cuantificar la base regulatoria utilizada en la regulación de honorarios practicada, detallando las sumas comprendidas en concepto de tributos e intereses, y la fecha en que estos últimos comenzaron a devengarse.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I.-Que, adhiero a la solución propiciada en el voto que antecede, aunque en virtud de los siguientes fundamentos. Al respecto, cabe recordar que las infracciones tributarias contenidas en la ley de procedimiento fiscal tienen naturaleza penal (Fallos: 271:297; 303:1548; 316:1190; 324:107; 327:5345, entre muchos otros), por lo que resultan aplicables todos los principios generales del derecho penal, salvo que la ley tributaria especial disponga expresamente lo contrario.
En primer término, corresponde examinar el planteo efectuado por el Fisco respecto a lo establecido, en el inciso a) del art. 68 de la ley 11.683. Allí se establece que la prescripción de las acciones para aplicar multa se interrumpirá “[P]or la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1 de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible”.
En lo que atañe a esta causa de interrupción se ha expresado que “…no es menester que la infracción haya sido juzgada por la autoridad fiscal, pues en esta materia, como en lo penal ordinario, el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad” (cfr. Giuliani Fonrouge y Navarrine, “Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social”, novena edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, página 445/446).
Alta en sistema: 06/08/2025 Del mismo modo, también se ha considerado que debe tratarse de nuevas violaciones de la misma índole, es decir, de naturaleza análoga, entendido por tal a aquellas que guardan entre sí una vinculación en razón del tributo implicado.
En el caso, habiéndose imputado al contribuyente la comisión de infracciones por la omisión de ingresar el Impuesto al Valor Agregado, que se estaban examinando en un mismo sumario, se advierte que la sucesiva comisión de dichas infracciones, en los períodos 06/2004 a 12/2004, implicó que el inicio del cómputo de aquel se diera el 1° de enero de 2006, como consecuencia de haberse cometido la última de las infracciones en diciembre de 2004, de modo que las facultades sancionatorias del Fisco relacionadas con tales períodos fiscales prescribían el 31 de diciembre de 2010.
A mayor abundamiento, es del caso tener presente que aún en el artículo 67, inciso a) del Código Penal se establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la comisión de un nuevo delito. Las consideraciones formuladas por la doctrina en materia penal con base en la exigencia de que ese nuevo delito debe haber sido declarado como tal por una condena firme; y de que la eventual suspensión del juicio seguido por el primer delito hasta que se dicte un condena firme implica una dilación indebida del proceso penal, se refieren a los supuestos en que el juzgamiento de los delitos en cuestión tiene lugar en causas separadas, o ante tribunales distintos; pero no se presenta cuando se trata del juzgamiento simultáneo de aquellos en una misma causa y ante un mismo tribunal, que en la sentencia declara que todas ellas se han cometido. Ello, puesto que al no diferirse el juzgamiento de las infracciones más remotas, no puede invocarse la afectación de una garantía constitucional en concreto, tales como el principio de inocencia o el derecho del individuo a que se cese en tiempo oportuno la persecución penal, con la salvedad de una eventual afectación del derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en pleno, "Prinzo, E. F.", del 7 de junio de 1949, LA LEY, 59:769; y, CFCP, Sala III, “Z. V., J. D. s/ recurso de casación”, del 10/12/2013, entre muchos otros; y esta Sala, en causa nro. 48760/2013 “Banco Galicia y Buenos Aires c. BCRA”, del 13 de diciembre de 2016, mi voto en la causa nº 48.110/15 “Alleloccic SA C/ SAGP y A- S/régimen Alta en sistema: 06/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V federal de pesca - Ley 24922 - ART 59”, del 13 de diciembre de 2016), circunstancia que no fue invocada en la presente causa.
En tales condiciones, y toda vez que la comisión de nuevas infracciones interrumpe el plazo de prescripción en curso respecto incumplimientos anteriores (arg. Fallos 205:173; 211:897 y 1344; 214:42; 220:1455; 304:154; y, Fallos 325:1702, especialmente, el considerando 3º del Dictamen del Procurador General al que se remitió la Corte Suprema), el inicio del cómputo del plazo de prescripción debe ser el 1° de enero de 2006.
En sentido concordante con lo precedentemente expuesto, cabe tener presente lo resuelto por esta Sala V en la causa n° 2570/2018, caratulada “Del Campo, Gabriel Vicente c/ D.G.I. s/recurso directo de organismo externo”, del 10 de agosto de 2022 y en la causa n° 86.885/2017, caratulada “Silberman, Sergio Luis (TF 46142-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 11 de octubre de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir, por razones de brevedad.
II.-Que, en segundo término, cabe examinar si corresponde asignar efecto suspensivo de la prescripción a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley n° 26.476 (B.O. 24/12/2008). En el mencionado artículo se dispone “… suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Al respecto, y de conformidad con lo resuelto por esta Sala V en la causa n° 36.119/13 “Ulloa, Hernán Manuel (TF 29.890-I) c/DGI”, del 4 de octubre de 2016, en la causa n° 3008/21 “Álvarez Hnos SA (TF 35523-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de diciembre de 2021, y en la causa n° 35.008/22, caratulada “Seis Eme S.A. (TF 42.139-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 29 de agosto de 2023, no corresponde asignar efecto suspensivo a lo allí establecido dado que la norma en trato fue dictada con posterioridad a los Alta en sistema: 06/08/2025 hechos que dieron lugar a la imposición de las multas, por lo que se configuró un supuesto de ley “ex post facto” que torna más gravosa la situación del imputado.
Al respecto, es dable destacar que, en lo se refiere a la multa establecida en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 y considerando el carácter punitivo de ésta, la suspensión referida no resulta aplicable, ya que importa agravar la situación del infractor. Al respecto, en múltiples oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el carácter penal de infracciones como la aquí cuestionada, característica que no se ve alterada por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción (arg. Fallos: 267:457; 287:76; 308:2043; entre otros). En un supuesto análogo al de autos, en tanto que también se discutía la validez de la aplicación de una clausula legal que disponía la suspensión de la prescripción frente a una multa (en sentido similar al art. 10 de la Ley Nº 24.587), la Corte Suprema expuso que su aplicación al caso concreto, importaría juzgar al actor con base a una norma posterior más gravosa, con transgresión del principio constitucional que impide tal retroactividad (conf. art. 18 de la Constitución Nacional) y del principio general de la ley penal más benigna contenido en el artículo 2º del Código Penal (conf. Fallos: 287:76). Al respecto, en el precedente de Fallos 287:76 aclaró que “esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes “ex post facto”- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22, 31:82, 117:22, 48 y 222, 133:216, 140:34, 156:48, 160:114, 169:309, 184:531, 197:569; 254:116, consid. 19°).
Por ende, y respecto a la multa establecida en relación con el Impuesto al Valor Agregado relativo a los períodos fiscales comprendidos entre junio y diciembre de 2004, el cómputo de la prescripción comenzó a correr el 1º de enero de 2006 –tal como se expresó en el considerando anterior- y hasta el 31 de diciembre de 2010 (conf. arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683). Ello, al resultar inaplicable la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 44 de la ley 26.476, en lo relativo a la multa.
Alta en sistema: 06/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V III.-Que, finalmente, resta examinar si al tiempo del dictado de la Resolución n° 4/2020, el 3 de febrero de 2020, el Fisco contaba con facultades para aplicar la multa pretendida en el caso. Al respecto, cabe tener en consideración lo establecido en el artículo 65, inciso d) de la Ley n° 11.683 en cuanto establece que el plazo de prescripción al que se hizo referencia en los considerandos precedentes se suspenderá “…desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 de la Ley n° 24.769, por presunta comisión de algunos delitos tipificados en dicha ley y hasta los 180 días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva”.
En tal sentido, cabe recordar que, de conformidad con lo expresado en el considerando I de este voto el cómputo del plazo de prescripción inició el 1° de enero de 2006, respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales junio a diciembre de 2004 y su vencimiento operaría el 31 de diciembre de 2010.
En tales condiciones, y por aplicación de lo establecido en el citado artículo 65, inciso d) de la Ley n° 11.683, aquél quedó suspendido al formularse la denuncia penal, el 3 de julio de 2009, habiendo transcurrido hasta ese momento, 3 años, 6 meses y 2 días. Dicha suspensión se mantuvo hasta que se cumplieron los 180 días previstos en la norma, contados desde el momento en que quedó firme la sentencia dictada en sede penal (el 1° de junio de 2017), es decir, hasta el 28 de noviembre de 2017.
En tales condiciones, es dable concluir que al tiempo en que la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI dictó la Resolución n° 4/20, el 3 de febrero de 2020, ya había operado la prescripción. Ello, dado que a partir del momento en que cesó la suspensión de aquel plazo (el 28 de noviembre de 2017) y hasta el dictado de la mencionada resolución (el 3 de febrero de 2020), transcurrieron 2 años, 2 meses y 8 días, los que adicionados al período transcurrido entre del 1° de enero de 2006 (inicio Alta en sistema: 06/08/2025 del cómputo de la prescripción), hasta la formulación de la denuncia penal (el 3 de julio de 2009) -3 años, 6 meses y 2 días-, exceden el plazo de 5 años previsto en el artículo 56 de la Ley n° 11.683.
En virtud de todo lo expuesto, VOTO POR: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Devolver las actuaciones conforme lo dispuesto en le voto del Dr. Gallegos Fedriani. ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy adhiere al voto del Dr. Alemany.
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68, primera parte, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación). 2) Devolver las actuaciones conforme lo dispuesto en el voto del Dr. Gallegos Fedriani.
Regístrese, notifíquese y sigan los autos según su estado.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 06/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 06/08/2025
Fin de la sentencia