Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17697-BB0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada con fecha 21-08-2026 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fecha 14-08-2026, en cuanto fue materia de agravio (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 232 del CPCC; arts. 9 y 25 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192). Las costas de esta instancia quedan diferidas para el momento de dictarse la sentencia de mérito (cfr. Considerando III).
2Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de Alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17697-BB0E "MATAMALA, MARIA DEL CARMEN c. DIRECCION OBRA SOCIAL EMPLEADOS MUNICIPALES (DOSEM) s. AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Ucín y Mora .
I. La magistrada a cargo del Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar a la medida cautelar peticionada por María del Carmen Matamala y, en consecuencia, ordenó a la Obra Social demandada que, dentro de los cinco (5) días de recibida la manda judicial, otorgue a su afiliada cobertura total del tratamiento indicado por su médica tratante, consistente en la provisión del medicamento Vabysmo (Faricimab) para su ojo derecho, incluyendo las aplicaciones intravítreas prescriptas, honorarios profesionales, gastos de quirófano, insumos, estudios complementarios, controles médicos y demás prestaciones necesarias para la correcta e ininterrumpida ejecución, mientras subsista la indicación médica que así lo indique (cfr. resolución de fecha 14-08-2026).
II. La letrada representante de la demandada interpuso en contra del citado pronunciamiento recurso de apelación en legal tiempo y forma (cfr. presentación de fecha 21-08-2026), el cual fue concedido con efecto devolutivo (v. proveído dictado en igual fecha), y replicado por la contraria con fecha 26-08-2026).
III. Puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundada la apelación interpuesta por la representación letrada de DOSEM?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. De las constancias que conforman el presente legajo de apelación surgen los siguientes datos relevantes para resolver el interrogante planteado:
1.1. María del Carmen Matamala promovió acción de amparo contra la Dirección de Obra Social de Empleados Municipales (DOSEM), en procura de obtener la cobertura total e integral del tratamiento indicado para la patología oftalmológica que presenta en su ojo derecho, consistente en la provisión del medicamento Vabysmo (Faricimab), sus aplicaciones intravítreas y las restantes prestaciones necesarias para llevarlo a cabo (cfr. apartado I. del escrito de demanda de fecha 14-08-2026).
Relató que, a raíz de un estudio oftalmológico realizado el día 17-05-2026, se detectaron alteraciones maculares en ambos ojos que motivaron su derivación a un especialista en retina, quien confirmó el diagnóstico de maculopatía húmeda en ojo derecho e indicó el tratamiento farmacológico aquí reclamado.
Alegó que presentó a la accionada toda la documentación necesaria para obtener la cobertura aquí reclamada, más su solicitud fue objetada por ser la profesional consultada ajena a la cartilla de prestadores de DOSEM. Por tal razón -expresó-, acudió a la Dra. Ingrid E. Boer, médica especialista en retina -e integrante de esa nómina-, quien confirmó el diagnóstico y prescribió el inicio inmediato del tratamiento mediante aplicaciones intravítreas.
Señaló que, pese a haber cumplido el recaudo exigido por la Obra Social, e ingresado nuevamente el trámite administrativo tendiente a obtener la cobertura integral, no obtuvo respuesta alguna a su reclamo. Agregó que, ante el silencio guardado por la demandada, con fecha 28-07-2026 remitió una carta documento, en carácter de intimación, la cual tampoco mereció respuesta no obstante la urgencia invocada.
Explicó que el tratamiento consiste en la colocación de tres (3) aplicaciones, una por mes, cuyo costo aproximado asciende a quince millones de pesos ($15.000.000). Sostuvo que, si bien percibe ingresos derivados de su actividad laboral, resulta imposible afrontar esa cuantiosa suma de dinero.
Adujo que la demora en iniciar la terapéutica prescripta podría ocasionar un agravamiento de su afección visual, con repercusiones tanto en su salud como en el normal desempeño de su profesión de enfermera. Aclaró que cumple funciones en el servicio de telemedicina del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero" de la ciudad de Bahía Blanca, actividad que exige poseer una visión adecuada durante toda la jornada laboral. De allí que -conforme lo destacó- la progresión de la enfermedad compromete no solo su salud sino su capacidad laborativa y consecuentemente su fuente de ingresos.
Destacó que el comportamiento de la accionada configuró una arbitraria y manifiesta lesión a su derecho constitucional a la salud que debe ser reparada mediante esta excepcional vía.
En función de tales argumentos, que estimó suficientes para abastecer los recaudos de admisibilidad cautelar, peticionó el dictado de una medida innovativa, tendiente a obtener en forma anticipada la prestación objeto de autos (cfr. apartado XIII).
2. La magistrada de grado hizo lugar a la tutela precautoria con el alcance indicado en los Antecedentes de este pronunciamiento (al que cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias).
Para así decidir, ponderó la afiliación de la amparista a DOSEM, la documentación médica acompañada, la indicación del tratamiento farmacológico prescripto y la necesidad de evitar que su postergación comprometa la salud y calidad de vida de la accionante.
Asimismo, tuvo en consideración las gestiones administrativas efectuadas para obtener la cobertura solicitada y la ausencia de una respuesta favorable al requerimiento prestacional formulado en sede administrativa.
Con apoyo en tales extremos, y luego de destacar la especial protección que merece el derecho a la salud, estimó configurados, prima facie , los presupuestos de verosimilitud del derecho y el daño irreparable invocados en sustento del planteo cautelar formulado.
3. En contra del reseñado pronunciamiento se alzó la representación letrada de DOSEM.
Postuló el desacierto en que habría incurrido la magistrada al estimar configurada una conducta omisiva de la Entidad accionada, en tanto -aseveró- mediante carta documento de fecha 30-07-2026 dio respuesta a la intimación cursada por la afiliada. En la referida misiva -aclaró- se reconoció la cobertura del sesenta y cinco por ciento (65%) del costo del medicamento requerido, por lo que mal podía alegarse que ante el requerimiento de cobertura DOSEM guardó absoluto silencio.
Explicó que ese porcentaje responde al régimen prestacional aplicable a los afiliados que, como la actora, no se encuentran adheridos al sistema complementario de coseguro. De tal modo -prosiguió-, la presente controversia no versa sobre la necesidad médica del tratamiento, ni sobre una negativa absoluta de cobertura, sino exclusivamente sobre la procedencia de imponer a DOSEM el treinta y cinco por ciento (35%) adicional del costo que aquel irrogue.
También cuestionó que la magistrada, a partir de la sola prescripción médica, haya otorgado la prestación reclamada sin individualizar la fuente normativa que obligaría a su parte a asumir el cien por ciento (100%) del costo de la prestación. En tal sentido, señaló que la Obra Social, en su carácter de ente descentralizado municipal creado por Ordenanza n° 1356/61, posee un régimen jurídico propio y no se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de las leyes 23.660 y 23.661, por lo que su especificidad no puede ser soslayada al momento de determinar el contenido y alcance de las prestaciones debidas a sus afiliados.
Alegó que la tutela concedida alteró las condiciones generales de cobertura establecidas en su normativa interna a la cual sujeta su accionar, pues soslayó la diferencia existente entre afiliados adheridos y no adheridos al sistema de coseguro, con afectación de los principios de igualdad y razonabilidad.
Planteó, a su vez, que la medida cautelar otorgada coincide sustancialmente con el objeto principal de la demanda y fue otorgada sin mediar sustanciación, circunstancia no menor si se tiene en cuenta que produce efectos económicos de difícil reversión.
Por último, sostuvo que la urgencia médica del tratamiento no demuestra, por sí sola, la necesidad de imponer una cobertura integral cuando la Obra Social reconoció el sesenta y cinco por ciento (65%) de su costo.
Con todo, solicitó la revocación de la medida o, subsidiariamente, su adecuación al porcentaje de cobertura reconocido en sede administrativa.
4. En la presentación de fecha 26-08-2026 la amparista replicó los agravios de su contraria y expresó las razones por las cuales el pronunciamiento cautelar debía ser confirmado.
II. El recurso de apelación no merece prosperar, en tanto los argumentos expuestos por la recurrente no alcanzan a conmover, en el limitado marco cognoscitivo propio de esta instancia cautelar, los fundamentos que justificaron el otorgamiento de la tutela precautoria peticionada por la amparista.
1.1. Inicialmente, corresponde recordar que las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (cfr. doct. esta Cámara causas A-9299-MP0 "Pereyra" , sent. del 10-10-2019; A-9188-MP0 "Patriarca" , sent. de 26-09-2019; A-9640-AZ0 "Montañez" , sent. de 16-01-2020; A-10669-MP0 "Amiconi" , sent. de 06-07-2021; A-11576-MP0E "Gutierrez" , sent. de 24-02-2022; A-12932-BB0E "Monjes" , sent. de 08-08-2023; A-13784-MP0E "De Santis Paget" , sent. de 04-04-2024; A-15792-DO0E "J.,A.V." , sent. del 15-07-2025, entre otras).
De allí se desprenden como presupuestos esenciales que habilitan al despacho de medidas cautelares, (i) la verosimilitud del derecho invocado en relación con el objeto del proceso (cfr. doct. esta Cámara causa A-9864-AZ0 "Goñi" , sent. del 02-07-2020; A-13586-NE0E "Cejas" , sent. de 13-03-2024; A-15813-MP0E "Navone" , sent. del 07-08-2025), y (ii) la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (cfr. doct. esta Cámara causa A-9442-AZ0 "Hornau" , sent. del 14-11-2019; A-13770-MP0 "Avaca" , sent. de 14-03-2024).
Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria, exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual (cfr. doct. SCBA causa B. 64.769 "C., d", sent. del 8-11-2006; esta Cámara causas A-8863-MP0 "Parodi" , sent. del 21-05-2019; A-9574-MP0 "Dambrosio" , sent. del 04-02-2020; A-13581-MP1E "Porotelli" , sent. del 30-01-2024, entre otras).
Y ello, por cuanto la finalidad de la institución cautelar es la de asegurar la eficacia práctica del veredicto definitivo a dictarse, evitando que la decisión jurisdiccional llegue demasiado tarde en el tiempo, cuando el daño ya sea irremediable. Se trata, en definitiva, de tornar operativa la garantía de la tutela judicial efectiva para que el proceso no se convierta en un instrumento meramente ilusorio (cfr. doct. esta Cámara causa A-6371-AZ0 "Salinas" , sent. de 22-04-2016 y sus citas; A-16521-BB0E "Morales" , sent. del 02-12-2025).
1.2. Sentado lo anterior, corresponde puntualizar también que la demandada no controvirtió el diagnóstico oftalmológico que presenta la amparista, ni tampoco objetó el tratamiento cuya prescripción fue suscripta por una profesional especialista en oftalmología perteneciente a su cartilla de prestadores.
Su impugnación se dirigió, en lo sustancial, a censurar el razonamiento seguido por la magistrada de grado en función de dos argumentos centrales. De un lado, la identidad que la medida precautoria exhibe respecto de la pretensión principal objeto de autos. Y, del otro, el alcance económico de la cobertura dispuesta, por considerar que la obligación prestacional a su cargo se encuentra limitada al sesenta y cinco por ciento (65%) del costo del medicamento, de conformidad con el régimen aplicable a los afiliados de DOSEM que no cuentan con coseguro (v. apartado I.3. precedente).
1.3. En punto al primer argumento ensayado por la apelante, esta Alzada ha resuelto que la mayor estrictez con que deben apreciarse los recaudos de admisibilidad cautelar en aquellos supuestos en que la tutela pretendida tiende a obtener anticipadamente un remedio que, en esencia, constituye el objeto del reclamo fondal (arg. doct. esta Cámara causas A-1235-MP0 "Club Atlético Peñarol" , sent. de 08-01-2009; A-11998-DO0E "Terrera" , sent. del 14-07-2022), no resulta predicable en los casos en que el material probatorio obrante en la causa permite avizorar, con el grado de patencia requerido en materia cautelar, que se encuentra comprometido el derecho a la preservación de la salud, el cual remite -a su vez- a un concepto amplio de bienestar psicofísico integral de la persona y tiene -además- una directa relación con el principio de la dignidad humana, soporte y fin de los demás "derechos humanos", encontrándose reconocido y garantizado tanto por la Constitución Nacional como por nuestra Carta Magna Provincial (arts. 42 y 75 incs. 22 y 23 Const. Nac.; art. 36 inc. 8º Const. Pcial; cfr. doct. CSJN Fallos 316:479; 321:1684; 323:3229; 324:3569).
No debe perderse de vista aquí, que la materia ventilada en este excepcional proceso requiere especial prudencia atento los bienes involucrados, pues a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (cfr. art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 4, Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; doct. CSJN Fallos: 346:37), se reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- con rango constitucional, y de allí deriva la obligación impostergable del Estado de realizar acciones positivas de manera que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio (CSJN Fallos: 322:709; 335:452).
Con esa perspectiva corresponde apreciar los elementos probatorios que la actora adjuntó en sustento de su reclamo (art. 384 del CPCC, aplicable a la especie por conducto del art. 25 de la ley 13.928, texto según ley 14.192). Puntualmente, el informe clínico suscripto con fecha 13-07-2026 por la Dra. Ingrid E. Boer, quien indicó: "realizar una primera aplicación de Vabysmo (Faricimab) en carácter de urgencia en ojo derecho, dado que el período de colocación de la droga es de muy corto tiempo, se solicita la entrega de la misma por vía de excepción y a la brevedad. Se aplica 1 por mes en un tratamiento de 3 aplicaciones en primera instancia. La droga se inyecta por vía intravítrea. La misma se coloca en quirófano con todos los recaudos que amerita el tratamiento" ; así como el recibo de haberes emitido por su empleador (Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leónidas Lucero"), del cual surge que la Sra. María del Carmen Matamala, al mes de julio de 2026, percibió la suma de pesos tres millones ochenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho con 50/100 ($3.088.678,50).
En ese marco, supeditar necesariamente el acceso al tratamiento indicado al dictado de la sentencia de mérito -tal como pretende la apelante- importaría desconocer la finalidad misma de la tutela precautoria, pues expondría a la amparista durante la sustanciación del proceso al riesgo de agravamiento de su patología que la prestación procura, precisamente, contener.
Lo anterior, claro está, no importa privar al accionado de su derecho de defensa, desde que la decisión adoptada conserva carácter provisional y se encuentra sujeta a revisión, modificación o eventual cese frente a la incorporación de nuevos elementos que alteren las circunstancias ponderadas al tiempo de su dictado A-17070-DO0E "Galarraga" , sent. del 16-10-2026).
Así, y contrariamente a lo postulado por la apelante, las constancias médicas incorporadas al proceso permiten vislumbrar, con el grado de probabilidad propio de esta instancia cautelar, que el transcurso del tiempo no resulta indiferente respecto de la condición de salud de la afiliada.
Antes bien, la demora en acceder al tratamiento indicado podría favorecer la progresión de la afección macular que se procura contener y, con ello, comprometer la capacidad visual de la amparista, con las consiguientes repercusiones sobre su autonomía personal y el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y laborales (cfr. arg. doct. esta Cámara causas A-11192-MP1E "Puntano" , sent. del 21-09-2021; A-16965-MP0E "Fernández" , sent. del 21-05-2026), aspecto, como se dijo, no controvertido en estas actuaciones.
En suma, si bien cabe admitir que una tutela anticipatoria del alcance descripto exige extremar la prudencia en la ponderación de los recaudos que condicionan su procedencia, tal circunstancia no constituye, por sí sola, obstáculo para su otorgamiento cuando la documentación incorporada -como acontece en la especie- permite avizorar con patencia tanto el derecho invocado como el riesgo de agravamiento de la situación que se procura conjurar.
1.4. El segundo argumento tampoco merece auspicio.
Al respecto, que la apelante cuestiona la verosimilitud del derecho invocado por la amparista a obtener la cobertura integral del tratamiento prescripto, por considerar que su obligación prestacional se encuentra limitada al sesenta y cinco por ciento (65%) del costo del medicamento, conforme al régimen de afiliación que le resulta aplicable.
No obstante el esfuerzo argumental desarrollado, no puede soslayarse que autorizar un determinado porcentaje de cobertura no implica, de modo necesario y automático, garantizar que la afiliada pueda acceder efectivamente a la prestación médica requerida; en particular, cuando el costo que debe afrontar con sus propios recursos constituye un obstáculo económico de significativa entidad.
En la especie, la profesional tratante indicó que el esquema inicial del tratamiento consistía en tres aplicaciones intravítreas (v. informe clínico), que posee un costo aproximado de quince millones de pesos ($15.000.000) tal como denunció la amparista (aspecto no controvertido por la apelante); de modo que el treinta y cinco por ciento (35%) no reconocido por DOSEM representaría una erogación cercana a cinco millones doscientos cincuenta mil pesos ($5.250.000). Así las cosas, fácil es constatar que la referida suma excede el monto total del salario mensual percibido por la actora, extremo que debe ser ponderado juntamente con la urgencia médica invocada y la naturaleza del derecho cuya protección se reclama.
En ese marco, el argumento sostenido por la apelante, relativo a que el porcentaje de cobertura reconocido por DOSEM resulta razonable en función del régimen de afiliación de la amparista, excede el limitado marco cognoscitivo propio de esta instancia cautelar, pues esa cuestión deberá ser examinada al momento de dictarse la sentencia definitiva en las actuaciones. Ello no obsta, sin embargo, a considerar, con el grado de probabilidad propio de esta instancia cautelar, que la cobertura parcial reconocida podría constituir, en las particulares circunstancias del caso, un obstáculo económico de significativa entidad para acceder oportunamente al tratamiento prescripto, con el consiguiente riesgo de agravamiento de la patología de la afiliada.
Así, aun cuando se tuviera por acreditado que DOSEM dio respuesta a la intimación cursada por la afiliada mediante carta documento de fecha 30-07-2026, tal circunstancia no alcanzaría, por sí sola, para desvirtuar los presupuestos que justificaron el despacho de la tutela precautoria, desde que el reconocimiento de una cobertura parcial no equivale necesariamente a garantizar el acceso efectivo a la prestación médica requerida, máxime cuando la propia demandada no cuestionó la pertinencia del tratamiento indicado.
Desde tal perspectiva, la tutela precautoria dispuesta no importa anticipar un juicio definitivo acerca de la legitimidad del régimen prestacional invocado por DOSEM, ni supone desconocer las facultades de organización y administración de sus recursos. Se trata, antes bien, de preservar provisionalmente el acceso a una terapéutica concreta, cuya postergación podría ocasionar consecuencias de difícil reparación ulterior, sin perjuicio del debate que habrá de desarrollarse en torno al alcance definitivo de la obligación prestacional de la Entidad demandada.
En ese contexto, la invocación de las condiciones generales del sistema de coseguro, así como de los principios de igualdad y razonabilidad que la recurrente estima comprometidos, no resulta suficiente, por sí sola, para descartar la procedencia de una tutela destinada a evitar que el transcurso del proceso frustre la satisfacción del derecho cuya protección se reclama.
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la representación letrada de DOSEM con fecha 21-08-2026 y, en consecuencia, confirmar la resolución cautelar dictada el día 14-08-2026, en cuanto fue materia de agravio. Habiendo mediado contradicción, las costas de Alzada deberían diferirse para el momento de dictarse la sentencia de mérito (conf. doct. SCBA causa C. 101.606 "Alvarez", sent. de 16-04-2014; esta Cámara causa A-17118-MP0E "Capandegui" , sent. del 23-06-2026).
Voto a la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada con fecha 21-08-2026 y, en consecuencia, confirmar la resolución de fecha 14-08-2026, en cuanto fue materia de agravio (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 232 del CPCC; arts. 9 y 25 de la ley 13.928, modif. por ley 14.192). Las costas de esta instancia quedan diferidas para el momento de dictarse la sentencia de mérito (cfr. Considerando III).
2. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de Alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 del Anexo Único del Acuerdo 4013/21 -t.o. AC. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1004-2026
Fin de la sentencia