Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 44.353-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en autos de conformidad con lo dispuesto en el voto de la mayoría. Con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación de los montos ajustados a las pautas establecidas en la presente, a cuyos efectos se ponen a su disposición los antecedentes administrativos de autos por el mismo término.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95412599-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Agosto de 2025 Sala "A" - Voc. 1ra.
En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Daniel Alejandro Martin (Vocal Sustituto de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expediente N° 44.353-I y sus acumulados N° 44.366-I y N° 44.368-I, caratulado “MATERIA, Adrián Marcelo y otros s/ recurso de apelación”.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que a fs. 17/55 el Sr. Adrián Marcelo Materia interpone recurso contra las Resoluciones Nros. 174/2015 y 248/2015 emitidas por la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI.
Por la primera -emitida el 29/06/2015- se le determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006, intimándolo a ingresar la suma de pesos quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y cinco con ochenta y ocho centavos ($564.065,88) con más sus intereses resarcitorios. Por la segunda -dictada el 01/07/2015- se revocó la Resolución N° 175/2015 (de fecha 29/06/2015) y se le determinó de oficio la obligación en el Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2006 y 2007, intimándolo a ingresar la suma de pesos treinta y tres mil seiscientos cincuenta con setenta y tres centavos ($ 33.650,73) con más sus intereses resarcitorios.
Por su parte, a fs. 122/168 el Sr. Renato Salvador Materia interpone recurso contra las Resoluciones Nros. 170/2015 y 250/2015, emitidas por la misma Dirección Regional.
En la primera de ellas –de fecha 29/06/2015- se le determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006, intimándolo a ingresar la suma de quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco con seis centavos ($551.495,06) con más los intereses resarcitorios. Por la segunda -dictada el 01/07/2015- se revocó la Resolución N° 171/2015 (de fecha 29/06/2015) y se le determinó de oficio la obligación en el Impuesto sobre los Bienes Personales de los períodos fiscales 2006 y 2007, intimándolo a ingresar la suma de pesos treinta y nueve mil dos con dieciséis centavos ($ 39.002,16) con más los intereses resarcitorios.
Por último, a fs. 233/280 el Sr. Gustavo Esteban Materia presenta recurso contra las Resoluciones Nros. 172/2015 y 249/15, dictadas el 29/6/2015 y 1/7/2015 –respectivamente- emitidas por la misma Dirección Regional.
Por la primera, se le determinó de oficio la obligación en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 y se lo intimó a ingresar la suma de pesos quinientos sesenta y seis mil trescientos sesenta con siete centavos ($ 566.360,07) con más los intereses resarcitorios.
En la segunda, se le determina el Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2006 y 2007, revocándose la Resolución N° 173/2015 (29/06/2015) e intimándolo a ingresar la suma de pesos treinta y siete mil ciento quince con ochenta y siete centavos ($ 37.115,87) con más los intereses resarcitorios.
Que en los referidos actos, la Administración Tributaria hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los recurrentes, conforme las previsiones del artículo 20 de la ley Nro. 24.769.
Que según se desprende de los considerandos de las resoluciones apeladas los ajustes se originan por la omisión –según la postura fiscal- por parte de los recurrentes de declarar los saldos existentes en una cuenta bancaria abierta en una entidad financiera de la Confederación Suiza al 31/12/2006 y al 31/12/2007. Ello es detectado por el organismo fiscal a partir de la información recibida en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal suscripto con Francia, aprobado por la ley N° 22.357 y su Protocolo posterior por ley N° 26.276.
Que según emerge de los escritos recursivos presentados ante este Tribunal Fiscal, los recurrentes niegan la titularidad de la cuenta y formulan los siguientes agravios:
i) que las órdenes de intervención no detallaban los períodos fiscales o tributos objeto de la fiscalización, solicitando la nulidad de los actos por considerar que de tal modo se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio;
ii) que en primer lugar, el Fisco Nacional dictó las Resoluciones Nro. 175/2015, 171/2015 y 173/2015 a los fines de determinar el Impuesto a los Bienes Personales, omitiendo ajustar el período 2007, esgrimiendo que carecía de la información sobre el saldo de la cuenta al 31/12/2007. Sin embargo, luego dejó sin efecto dichos actos y emitió nuevas resoluciones –las que se recurren en las presentes actuacionesen las que proyectó los ajustes de dicho período, sin explicar en forma clara los motivos de la decisión. Por ello, plantean la nulidad de los actos;
iii) que el Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal no le son aplicables porque no son contribuyentes en aquel país;
iv) que invocan que el supuesto disco (CD) donde estaría la información intercambiada no obra en las actuaciones administrativas, ni la nota formal por medio de la cual fue entregado. Sostienen que aquella información no fue respaldada por Suiza o la entidad bancaria involucrada, así como tampoco obran agregados los extractos bancarios certificados, sino que sólo hay allí planillas en idioma extranjero sin firma de autoridad competente y sin la traducción y legalización correspondiente.
Agregan que durante el procedimiento administrativo no se les informó en forma clara y precisa los datos de la cuenta bancaria y de la entidad financiera, planteando por ello la falta de causa en las resoluciones que recurren;
v) que no surge de las resoluciones impugnadas a qué actividades se imputan las supuestas ganancias en su origen, categoría, fuente productora y demás datos necesarios para acreditar el nacimiento del hecho imponible del impuesto; y en referencia al Impuesto sobre los Bienes Personales no se acreditó la existencia de los supuestos depósitos al 31 de diciembre de cada período fiscal;
vi) que se les atribuyó a cada uno la titularidad de la única cuenta y se dictaron determinaciones de oficio con idénticas pretensiones fiscales por el total de los fondos allí depositados.
Citan jurisprudencia, ofrecen pruebas y solicitan la revocación de las resoluciones, con expresa imposición de costas al organismo fiscal.
II. Que a fs. 70/93, 175/198 y 292/315 el Fisco Nacional contestó el traslado de los recursos, y por las consideraciones que expone, solicita que se confirmen sus actos, con costas.
Con respecto a las nulidades y la improcedencia de los ajustes, señala que no se sustentan en las disposiciones del Convenio sino en las previsiones de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modif.) y ley 23.966 (t.o. en 1991 y sus modif.) y que dicho Convenio solo es aplicable en cuanto a la información que se ha recabado y que ha servido de base para establecer la situación económica financiera de los recurrentes.
A su vez, afirma que la información fue obtenida legalmente. Sostiene que, en cuanto a la gestión y tramitación del intercambio de información, la normativa no regula expresamente el procedimiento que debe seguirse siendo potestad de los Estados Contratantes decidir en qué forma se efectuará. Asimismo, asegura que no requiere de certificación alguna ni resulta relevante su traducción ya que remite a nombres, nacionalidades, domicilios, montos y referencias temporales siendo que además la pauta sobre traducción no resulta absoluta sino que configura un principio general.
Respecto a las Resoluciones Nros. 175/15, 171/15 y 173/15, en las que determinó el Impuesto sobre los Bienes Personales únicamente del período fiscal 2007, dice que las revocó porque no se encontraban firmes y habían sido emitidas con carácter parcial, conforme a lo dispuesto por el art. 19, inc. a) de la ley 11.683 y del art. 18 de la ley 19.549.
Ratifica que la información fue válidamente obtenida, que resultó suficiente para relacionar el total de las acreditaciones de la cuenta bancaria a la actividad comercial de los recurrentes. Con respecto a la existencia de múltiples determinaciones sobre la misma cuenta, expresa que se les atribuyó el saldo de la misma porque figuraban como “attorneys” en las planillas (Fichas BUP). Ello, sin perjuicio que en las propias resoluciones aclararon que, si uno de ellos reconocía la titularidad de la cuenta, los demás quedaban liberados del pago del impuesto.
III. Que a fs. 327 esta Sala resolvió acumular los Expedientes Nros. 44.368-I y 44.366-I al N° 44.353-I. A fs. 342/344 vta. se rechazó la excepción de prescripción, con costas a la actora y a fs. 424 se desestimaron las pruebas ofrecidas y se declaró la causa como de puro derecho.
A fs. 437 se elevan los autos a la Sala “A”.
A fs. 441/442vta. se encuentra la excusación del Dr. Pablo Alejandro Porporatto quien interviene como Vocal Subrogante de la Vocalía 3ra. Nominación, para intervenir en autos por haber “Intervenido como Jefe de División de Intercambio de Información Tributaria, área que intervino y tuvo a resguardo la información que el gobierno francés entregó a las autoridades de AFIP….” A fs. 446 se encuentra el sorteo para integrar la Sala "A" en su carácter de vocal sustituto en los términos del art. 8 del RPTFN el Dr. Daniel Martín, Vocal Titular de la Vocalía de la 12va. Nominación.
A fs. 460 se dicta una medida para mejor proveer, la que fue contestada por al Fisco Nacional a fs. 468/469.
A fs. 470 pasan los autos a sentencia.
IV. Que a efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que en primer lugar, por cuestiones de lógica precedencia, debe atenderse los planteos de nulidad intentados por los actores.
V. i) Respecto de los argumentos de la recurrente relativos a la carencia de una orden de intervención detallada, cabe reiterar aquí lo expuesto por la Sala “B” que integro como Vocal Titular, con fecha 18/12/2017 in re “COMPARIN, DANIEL HORACIO”, en el sentido que, teniendo en cuenta las normas procedimentales vigentes al momento de los hechos aquí tratados, el Formulario Orden de Intervención tiene por finalidad proveer a un mejor control interno de las áreas de fiscalización. Con el mismo se instruye a los funcionarios actuantes, generalmente indicándoles períodos, gravámenes, alcances que posteriormente permitirán evaluar resultados, rendimientos, tiempos insumidos y desvíos a la propia orden. Es decir, las jefaturas de fiscalización formalizan una orden a sus subordinados, respecto a ciertos contribuyentes, períodos o gravámenes; órdenes éstas, que se ajustan después formalmente o no a la realidad de los hechos y las observaciones detectadas.
En este sentido la Sala “B” en su anterior constitución al sentenciar en la causa “Rodríguez, Gerardo Oscar” del 11/02/09, sostuvo: “Que, el dictado de la Orden de Intervención ... por parte del Organismo Recaudador no es más que el ejercicio de las facultades (y deberes) que la ley procedimental otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, para verificar en cualquier momento el cumplimiento que los obligados y responsables dan a sus obligaciones tributarias, no advirtiéndose por parte de este Tribunal, irregularidad alguna en su dictado.”
“Que, mediante la orden de intervención, acto interno de la repartición fiscal, el superior jerárquico de la Dirección Regional instruye a determinado agente para que verifique el cumplimiento que el contribuyente ha dado a las disposiciones de la materia, actuación que resulta razonable y oportuna a efectos de lograr una adecuada puesta en marcha de la “maquinaria” fiscal.”
“Que, cabe destacar que el accionar del ente fiscal encuentra sustento en los artículos 35 y 36 de la Ley de Rito, correspondiéndose con los amplios poderes que posee el Fisco para verificar el cumplimiento que los obligados den a las leyes y demás disposiciones tributarias ... En este sentido, no se observa que los requerimientos cuestionados por la recurrente sean arbitrarios, improcedentes ni contrarios a derecho. Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente.”
“Que, ello es coherente con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde es el contribuyente quien efectúa una autoliquidación del tributo, reservando entonces la legislación fiscal, amplias facultades al Organismo Recaudador para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas por los responsables, recayendo sobre los contribuyentes, e incluso terceros en general, el deber de colaboración con en el ente fiscalizador. En efecto, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, 1980, p. 310).”
“Que, la ley procedimental, en su artículo 16, establece que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos. Por su parte, el artículo 17 de la ley ritual establece que el procedimiento determinativo se inicia con una vista al contribuyente que otorga el juez administrativo, circunstancia que se encuentra cumplida en el subexamine.”
“Que, precisamente, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa el Organismo Fiscalizador dio cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley ritual, habiéndole corrido a la recurrente la vista que dispone el artículo 17 del citado texto legal, verdadera e insubsanable oportunidad en que se anoticia a quienes tengan responsabilidad impositiva, de los cargos, impugnaciones y fundamentos de los mismos.”
Por último, cabe destacar que contrariamente a lo afirmado por los recurrentes en cuanto a que no contendrían las O.I. los tributos y períodos, se observa a fs. 11, 7 y 9 de los cuerpos de antecedentes de Renato Materia, Adrián Materia y Gustavo Materia, sendos formularios con los datos de la orden de intervención, en los que surgen tanto los tributos como los períodos a fiscalizar.
Ello así, el agravio en examen debe ser rechazado.
V. ii) En cuanto a la nulidad articulada por la actora relativa a la facultad revocatoria de un acto administrativo corresponde señalar que las facultades revocatorias llevadas adelante por la Administración, encuentran sustento en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo como así también en el artículo 19 de la Ley Nº 11683 de Procedimiento Fiscal.
Que el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviera firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad”
Por su parte el artículo 18 de la misma ley prevé "Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a titulo precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando tos perjuicios que causare a los administrados.”
En el caso cabe señalar que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 11.683, que establece “Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior", en las resoluciones se había dejado constancia del carácter parcial de las mismas. Cabe señalar que las previsiones del artículo 17 de la ley 19549 ceden únicamente ante un acto que estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, para lo que se requiere la declaración judicial de nulidad; supuesto que no se da en los presentes autos, toda vez que los actos primigenios de la administración no se encontraban firmes ni otorgaban derechos al particular (en este sentido, CNCAF, Sala IV, in re “Gecsar SA”, sentencia del 23/02/2016). Por ello, procede rechazar el agravio nulificante introducido por los recurrentes.
V iii) En cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276, prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Artículo 1. Las informaciones que reciba un Estado serán mantenidas en secreto de la misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el Convenio, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el artículo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio -cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países celebran el convenio deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. V iv) En cuanto a los argumentos de la recurrente relativos a la prueba en que funda su pretensión el Fisco Nacional corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP. Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intervención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones normativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles”. Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros). Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Es por dichas razones que deben rechazarse los planteos de nulidad, sin imposición de costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. v) Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 1/3 tanto del cuerpo del Impuesto a las Ganancias como del relativo al Impuesto a los Bienes Personales la existencia de saldo en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados a los aquí actores, no habiendo producido prueba alguna tendiente a demostrar no ser titulares de los fondos allí depositados, como lo hubieran podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si los tenían como clientes y titulares de alguna cuenta bancaria.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 164 de la ley 11683) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando.
V. vi) Que sentado lo expuesto, corresponde entrar ahora a analizar si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste.
En el Impuesto a las Ganancias se sustenta en un incremento patrimonial no justificado en función de los depósitos existentes en la cuenta en cuestión.
En el caso del Impuesto sobre los Bienes Bersonales corresponde destacar que las determinaciones de oficio relacionadas con este impuesto además del ajuste correspondiente a la cuenta en cuestión, también se ajustaron otros bienes los cuales paso a detallar en cada caso Sr. Adrían Marcelo Materia un inmueble para el período 2006 y para el período 2007 -además del inmueble-; un rodado y moneda extranjera; Sr. Renato Salvador Materia un inmueble y dos rodados en ambos períodos, aunque en 2007 los declaró con un valor diferente a la base del organismo por eso se tomó este valor; y Sr. Gustavo Esteban Materia un inmueble en ambos períodos. Respecto a estos ajustes la recurrente no se agravió por lo que corresponde su confirmación.
Por su parte, en cuanto al Impuesto sobre los Bienes Personales por la cuenta en cuestión, el Fisco Nacional determinó los períodos fiscales 2006 y 2007. Respecto del período fiscal 2006, surge de la documentación que sustenta el ajuste la existencia de saldo en la cuenta al 31/12/2006. En cambio, respecto del período fiscal 2007 no se cuenta con ese dato, puesto que la planilla de cargo informa los depósitos en cuenta hasta febrero de 2007. Ello así, la pretensión fiscal por el año 2007 en materia de Bienes Personales no se encuentra debidamente sustanciada, razón por la cual procede revocar los actos determinativos por tal concepto y período. Ya que es evidente que no se trata de la constancia de la existencia de estos bienes al 31/12 de este período fiscal como requiere la ley de Impuesto sobre los Bienes Personales.
Ahora bien en cuanto a los agravios de la actora relativos a la existencia de múltiples determinaciones sobre la misma cuenta corresponde señalar que le asiste razón en este sentido al planteo esbozado por la recurrente por cuanto una misma cuenta no puede pertenecer en un 100% a más de un sujeto ya que el Fisco Nacional estaría cobrando en reiteradas ocasiones por una misma exteriorización de capacidad contributiva a varios sujetos.
Este Tribunal advierte que, de los antecedentes obrantes en la causa, surge de las propias planillas en que el Fisco sustenta su postura, que se encuentran vinculados con perfiles de clientes con la cuenta en cuestión: el Sr. Tomas Leslie Lindner, el Sr. Antonio Giovanni Materia, la Sra. Margarita Haydee Fuertes, el Sr. Gustavo Esteban Materia, el Sr, Adrian Marcelo Materia y el Sr. Renato Salvador Materia. Atento lo expuesto, correspondía asignar a cada uno de los sujetos vinculados a la cuenta, en partes iguales, esto es el 16,66% del saldo de las cuentas del exterior.
No obstante ello, el organismo fiscalizador determinó de oficio sólo a: Adrian Marcelo Materia, Gustavo Esteban Materia y Renato Salvador Materia, aquí recurrentes, siendo además cada una de las determinaciones por la totalidad de los fondos depositados, lo que resulta improcedente, pues es menester que el fisco reclame a cada uno de los sujetos por el porcentaje que le corresponde, lo que no ha acontecido en el caso.
Ello así, también la determinación del incremento patrimonial respecto de ese período fiscal debe ser atribuida en un 16,66% para cada uno de ellos. Por lo tanto, procede reliquidar el Impuesto a las Ganancias del período 2006 de acuerdo a lo aquí expuesto.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente las determinaciones de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias apeladas en autos, debiendo el Fisco Nacional reliquidar en función de lo resuelto en este Considerando.
Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirman los impuestos omitidos en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Pérez.
El Dr. Martin dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos efectuados en el voto del Vocal preopinante.
II. Que en lo que hace a la cuestión traída a resolver, de las constancias agregadas en la causa y sus antecedentes administrativos se desprende que el ajuste efectuado a los recurrentes encuentra fundamento en una planilla –agregada a fs. 1/3 de las actuaciones administrativas- de la que surgen los perfiles de clientes relacionados a la cuenta bancaria involucrada.
Que de la planilla mencionada se advierte que se presentan seis (6) personas con distintas funciones o bien con calidades diferentes dentro de la cuenta:
- Los Sres. Materia Gustavo Esteban, Materia Adrián Marcelo y Materia Renato Salvador quienes figuran como Attorneys, es decir como apoderados en la cuenta, e intervienen en la causa como partes recurrentes al haber interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones determinativas - Por otro lado, los Sres. Materia Antonio Giovanni y Fuertes Margarita Haydee, los que están indicados específicamente como Account Holders de la cuenta bancaria, en otro modo como titulares de la cuenta en cuestión. Que resultaba llamativo que dichas personas no tuvieran intervención en autos, en razón de que con los elementos obrantes no había certeza si los mismos fueron sometidos a un proceso de verificación y/o determinación en orden a atribuir materia imponible por tal calidad, y de haberlo sido se desconoce el resultado, ante una posible eventualidad de que hayan reconocido la titularidad de la cuenta bancaria. Que no puede obviarse que tener acceso a esa información devenía imperioso para arribar a una solución razonable, por lo que la misma fue requerida al ente fiscal conforme surge de fs. 460, quien a fs. 468 contestó que no ubicaron datos en el sistema respecto de Materia Antonio Giovanni, mientras que con relación a Fuertes Margarita Haydee hace saber que obran datos de una contribuyente nacida el día 21/03/1942 y fallecida el 17/09/2009.
- Por último, la Sra. Lindner Leslie Tomás que posee sobre la cuenta un "Power administration" (poder de administración) con domicilio en la República Oriental de Uruguay, por lo que dicha función la mantendría ajena a la titularidad de la cuenta.
III. Que por lo tanto, adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Instructor, excepto en lo que se refiere a la proporción asignada –respecto de los ajustes que se reliquidan- a cada una de las personas que se encuentran vinculadas con los perfiles bancarios de los aquí recurrentes, esto es, esto es el 16,66% del saldo de la cuenta del exterior. En este aspecto, considero que, con la finalidad de proteger la acreencia fiscal, deberán imputarse los importes aquí confirmados en función de la cantidad de personas que interpusieron el recurso ante este Tribunal (Sres. Materia Gustavo Esteban, Materia Adrián Marcelo y Materia Renato Salvador), es decir en un 33.33% para cada uno de ellos, ya que de lo contrario implicaría colocar el hecho imponible en sujetos ajenos a los determinados, con la consecuente obligación de ingresar el tributo correspondiente.
En atención a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las resoluciones apeladas en autos de conformidad con lo dispuesto en el voto de la mayoría. Con costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Ordenar al Fisco Nacional para que en el término de 30 (treinta) días practique la reliquidación de los montos ajustados a las pautas establecidas en la presente, a cuyos efectos se ponen a su disposición los antecedentes administrativos de autos por el mismo término.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.08.27 14:04:11 ART Date: 2025.08.28 14:31:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.28 16:39:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.28 16:40:27 -03:00
Fin de la sentencia