Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122557
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en las causas C. 122.557, "Provincia Seguros S.A. Materia a categorizar (incidente art. 250 inc. 2, CPCC)" y C. 122.558, "Provincia Seguros S.A. Incidente (excepto los tipificados expresamente), (incidente art. 250 inc. 2°, CPCC)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la procedencia de los embargos preventivos decretados en la instancia anterior (v. fs. 107/111 y 74/78 respectivamente).
Se interpusieron, por la incidentista, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/128 y 87/98 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El origen del presente debate se remonta a un accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2005, del que participaran un automóvil conducido por la demandada Elba Noemí Fanucchi -titular registral del vehículo- y una bicicleta en la que se desplazaba el señor Santos Rey Sosa, quien falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
Entablada por los derechohabientes del señor Sosa una acción principal de daños y perjuicios (v. fs. 16/24 del respectivo cuerpo), la misma fue resistida por "Provincia Seguros S.A." citada en garantía, en base a una alegada culpa de la víctima. Reconoció esta, no obstante, la existencia de una póliza (n° 2961955) que cubría la responsabilidad civil de su asegurada, anticipándose a decir que, en caso de llegarse a una sentencia de condena, su parte habría de responder en los términos y límites instrumentados en el respectivo contrato. Ofreció, para el caso de desconocimiento de la cobertura, prueba pericial contable (v. fs. 39/47 vta.).
A fs. 51/54 vta. se presentó nuevamente la apoderada de dicha compañía -doctora Klepach-, esta vez en representación oficiosa de la señora Fanucchi (art. 48, CPCC), adhiriendo a los términos del señalado conteste y solicitando -a su vez- el rechazo de la acción promovida (v. fs. 51/54 y 60).
El señor Juez de la instancia inicial responsabilizó a la accionada, fijó la indemnización que le correspondía a los reclamantes y los intereses e hizo extensiva la condena a "Provincia Seguros S.A." (v. fs. 452/455 vta.).
Apelado el pronunciamiento por ambas partes y por la citada en garantía, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental lo confirmó en cuanto a la responsabilidad endilgada, incorporó al elenco de legitimados para reclamar por "valor vida" a dos de las hijas del causante que habían sido excluidas y elevó algunos importes indemnizatorios, estableciendo un capital total de condena de $4.750.000. Modificó, asimismo, el tipo de tasa para el cómputo de los intereses, estableciendo la "pasiva digital" publicada por la mencionada entidad bancaria oficial (v. fs. 505/517).
Luego de que este último fallo adquiriera firmeza, las letradas intervinientes por la aseguradora y por la demandada Fanucchi renunciaron a los mandatos ejercidos en favor de esta última, en razón -según dijeron- del conflicto de intereses emergente de una suma de condena que excedía ampliamente el importe máximo por capital e intereses previsto en la póliza (v. fs. 532/534 y 535/537).
A fs. 539/540 vta. la aseguradora acreditó el depósito y dación en pago de $3.900.000 (tres millones en concepto de capital y novecientos mil pesos en concepto de intereses y costas proporcionales -30% de la suma asegurada-) de acuerdo al límite máximo de cobertura establecido -a su entender- en el respectivo contrato.
Por su parte, y a tenor de lo preceptuado por el art. 212 del digesto adjetivo, el apoderado de los actores solicitó la traba de un embargo sobre las cuentas de la compañía por un importe total de $12.509.506 (suma de condena: $4.750.000; más intereses liquidados conforme pautas de la sentencia: $7.759.506), con más lo que se presupuestara para costas (v. fs. 542/543 vta.). Requerimiento que fue receptado por el juez en la siguiente medida: $1.750.000 por capital de condena (resultante de: $4.750.000 menos el depósito efectuado $3.000.000) con más $1.650.000 inicialmente presupuestados para responder por intereses y costas (v. fs. 549).
Contra esta decisión, el 13 de julio de 2017 "Provincia Seguros S.A." interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (v. fs. 573 vta.), siendo rechazado el primer remedio y concedida la vía subsidiaria -en relación y con efecto devolutivo-, ordenándose la formación del respectivo incidente (art. 250 inc. 2, CPCC; v. fs. 573).
En su momento, la Cámara confirmó lo resuelto por el inferior en grado (v. fs. 74/78 de las respectivas actuaciones incidentales MO-43674-2017).
Para así decidir, consideró principalmente dos aspectos: de un lado, que la apelante no había objetado la sentencia de primera instancia en cuanto le había extendido la condena dictada contra Fanucchi, sin acotación alguna de la cuantía por la que la compañía debía responder. Por otro, que tampoco acompañó la póliza de seguro cuya existencia adujo al contestar la citación, ni produjo prueba contable que acreditara el límite económico que pretendía extemporáneamente hacer valer a esa altura del proceso (v. fs. cit.).
Contra este último pronunciamiento, interpone "Provincia Seguros S.A." recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del art. 118 de la ley 17.418 y de la resolución 22.187 bis/1993 de la Superintendencia de Seguros de la Nación; asimismo, de los arts. 11 de la Constitución provincial y 17 y 18 de la nacional, con menoscabo de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio. Aduce que el fallo incurrió en exceso ritual, resultando -además- arbitrario. Formula reserva del caso federal (v. fs. 87/98 vta.).
Paralelamente, al tiempo en que esta incidencia había sido recibida por la Cámara -a fin de resolver el alzamiento contra el embargo decretado sobre las cuentas de la aseguradora-, los actores promovieron la ejecución de la sentencia principal de daños y perjuicios contra "Provincia Seguros S.A." (v. fs. 64/66 vta. del respectivo legajo MO-48395-2017).
En tal contexto, los ejecutantes solicitaron la traba de un segundo embargo equivalente a la suma ejecutada ($7.837.500, importe emergente de la deducción de $4.750.000 -$3.000.000 de capital depositado y dado en pago y $1.750.000 ya cautelados en la reseñada incidencia anterior- a los $12.587.500 a los que ascendía la liquidación de fs. 550/551, aprobada a fs. 593 del juicio principal de daños), con más lo que se presupuestara para responder a intereses y costas (v. fs. 64 vta.).
Receptando ambas pretensiones, la señora Jueza mandó llevar adelante la ejecución -citando de venta a la ejecutada y emplazándola a oponer y probar las excepciones a las que se considerara con derecho (art. 503, CPCC)- y ordenó la traba del embargo requerido por $7.837.500 con más el importe de $3.135.000 presupuestado para responder por intereses y costas (v. fs. 67 y vta.).
A fs. 91/96 se presentó la aseguradora oponiendo excepciones de pago, falsedad de la ejecutoria, inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva. En un capítulo del mismo escrito apeló, a su vez, la ordenada traba de este segundo embargo.
Proveyendo la presentación, la magistrada interviniente ordenó el traslado de las excepciones opuestas y confirió en relación y con efecto devolutivo el señalado recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio de fs. 67 y vta., ordenándose la formación de un nuevo incidente en los términos del inc. 2 del art. 250 del Código de rito (tramitado en el legajo MO-65650-2017).
Arribada esta incidencia de apelación al Tribunal de Alzada, la misma fue rechazada, en consonancia con lo ya resuelto por dicho tribunal respecto del primer embargo (v. fs. 107/111). Frente a ello, la apoderada de la aseguradora interpuso un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyo tenor sustancial coincide con el deducido en las aludidas actuaciones MO-43674-2017 (v. presentación de fs. 115/128).
Mientras tanto, en el derrotero principal, el juez resolvió el rechazo de las señaladas excepciones de pago, falsedad de la ejecutoria, inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva, ordenando la prosecución del juicio (v. fs. 134/135 vta.).
Apelado este último resolutorio, la Cámara decidió suspender el trámite de ejecución de sentencia a las resultas de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley concedidos en los indicados procesos incidentales (v. fs. 139).
II. Pues bien, conforme emerge de la reseña efectuada, arriban a conocimiento de esta Corte dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos en sendos incidentes de apelación, en cuyo marco la citada en garantía alega que se han quebrantado, por inaplicación, el art. 118 de la ley 17.418 y la resolución 22.187 bis/1993 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Denuncia, asimismo, arbitrariedad y vulneración de las garantías constitucionales de propiedad (arts. 11, Const. prov. y 17, Const. nac.), defensa en juicio y debido proceso. Formula, asimismo, reserva del caso federal (v. fs. 87/98 vta. del expte. MO-43674-2017 -C. 122.558- y fs. 115/128 vta. del expte. MO-65650-2017 -C. 122.557-).
A tenor de la identidad de objeto y fundamentos que exhiben ambas decisiones recurridas y los recursos interpuestos, conviene abordar el análisis de las quejas en forma conjunta, tal como lo solicita la recurrente a fs. 116 vta. y 117 de la causa C. 122.557 (expte. MO-65650-2017). Corolario de ello es que las citas de fojas o referencias al remedio interpuesto en estas últimas actuaciones -que han de tomarse como guía para el análisis- han de entenderse, salvo indicación diversa, igualmente indicativas de las respectivas fojas o referencias del restante remedio bajo estudio.
III. Adelanto aquí que -en mi opinión- las impugnaciones no pueden prosperar. Veamos:
III.1. De inicio, cabe poner de resalto la singular motivación puntualmente ofrecida por la Cámara: en efecto, sin contener mención o referencia alguna a los aspectos instrumentales propios del instituto cautelar en cuestión, tales fundamentos conciernen, diversamente, al sentido y alcance del deber sustancial de responder puesto en cabeza de la aseguradora citada en garantía por la sentencia de mérito firme y consentida.
Al respecto, me permito brevemente reiterar que, para confirmar los embargos decretados en la instancia anterior, el Tribunal de Alzada enrostró principalmente a la apelante el no haber cuestionado el primer pronunciamiento de mérito, en cuanto había fijado una condena pecuniaria sin aclarar que lo era "en la medida del seguro" y, especialmente, el no haber agregado al proceso la póliza que cubría el siniestro ni producido prueba pericial contable que acreditara el límite económico de la respectiva cobertura.
Estos argumentos, según se ve, objetivamente se relacionan más con los hechos constitutivos del señalado deber de responder de "Provincia Seguros S.A.", que con los requisitos de legitimación y procedencia de los embargos decretados para cautelar el cobro de las respectivas acreencias.
En otras palabras: sin analizar los extremos propios de las medidas instrumentales destinadas a asegurar el cumplimiento de la sentencia que puso fin al pleito, la Cámara confirmó su procedencia en función de los motivos que, a su entender, precisaron el sentido y alcance de la obligación sustancial directamente asociada a la citación en garantía.
Más allá de este particular razonamiento, es del caso destacar que, al expedirse en la segunda incidencia -remitiendo a los fundamentos de la primera-, el Tribunal de Apelación consideró que lo que allí se resolvía no implicaba emisión intempestiva de opinión alguna respecto de las defensas opuestas por la compañía en el proceso de ejecución de sentencia, ya que había sido la misma citada en garantía la que había planteado la cuestión en el incidente anterior, derivando ello en la resolución en la que "obligadamente (art. 266, CPCC)" debió dar respuesta a esos cuestionamientos esgrimidos por la parte (v. fs. 110 vta., expte. MO-65650-2017).
No comparto esta ponderación del juzgador, ya que si bien es cierto que la apelante basó sus agravios en los referidos tópicos "sustanciales" (v. los respectivos memoriales), es claro que ello no obligaba al Tribunal a responder "a pie juntillas" esas líneas de protesta, en cuanto excedían el objeto de la concreta disputa cautelar trabada en los términos de los arts. 212 y 195 del digesto ritual (v. fs. 542 y 549 del principal y 64 vta. y 67 y vta. del legajo de ejecución de sentencia).
Reiteradamente esta Corte ha expresado que el deber de los jueces de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento no importa el de seguir a las partes en las argumentaciones de hecho y derecho que traigan en apoyo de su postura (conf. doctr. L. 61.622, "Barrera", sent. de 4-VIII-1998; L. 84.291, "Kirilenko", sent. de 8-III-2007; L. 94.186, "Dejean", sent. de 28-V-2010; C. 118.828, "Azzi", sent. de 17-XII-2014).
Asimismo, y también en contraposición al señalado criterio del organismo, considero que los referidos fundamentos implicaron un concreto adelanto de opinión sobre aspectos que, entre otros, cabría natural y eventualmente abordar y resolver en el marco del suspendido proceso de ejecución de sentencia. Anticipación que, sin ir más lejos, ha quedado ciertamente evidenciada en los motivos ofrecidos para esa suspensión: la directa vinculación entre la materia apelada y la debatida en los incidentes, al punto de avizorarse la posibilidad de sentencias contradictorias (v. fs. 139, expte. MO-48395-2017).
III.2. En suma, el presente debate en torno a la procedencia o improcedencia de los embargos preventivos ha sido sustanciado y resuelto en la fase de apelación, no en función de los recaudos del respectivo instituto cautelar sino en base a la ponderación de circunstancias que, en opinión del Tribunal de Alzada, dieron lugar y modularon la responsabilidad de la empresa citada en los términos del art. 118 de la ley 17.418.
Con todo, entiendo que no hay en el caso menoscabo al debido proceso o de la garantía de defensa en juicio que obste al abordaje de los asuntos traídos a conocimiento de esta Corte, ya que los contendientes han tenido indudable oportunidad de esgrimir y confrontar los respectivos argumentos y motivos, conforme se desprende del reseñado derrotero procesal.
III.3. Precisado todo lo anterior, corresponde entonces adentrarnos en el estudio sustancial de las impugnaciones deducidas.
III.3.a. De inicio, permítaseme reiterar -una vez más- que para la recurrente las decisiones cuestionadas han quebrantado, por inaplicación, el art. 118 de la ley 17.418 y la resolución 22.187 bis/1993 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Aduce que el Tribunal de Alzada recayó en arbitrariedad, a la vez que vulneró las garantías constitucionales de propiedad (arts. 11, Const. prov. y 17, Const. nac.), defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 117 y vta.).
En abono de tales imputaciones, explica que la acreditación del tope económico de cobertura mediante la agregación de la póliza resultaba -en el caso- superflua, atendiendo a la limitación impuesta por el art. 1 del señalado precepto reglamentario, circunstancia que el juez no podía naturalmente desconocer (v. fs. 117 vta./121 vta.; 123).
Considera arbitrarios a los respectivos pronunciamientos, en la medida en que hicieron gravitar sobre su parte la falta de objeción a una condena impuesta sin cortapisa alguna cuando el respectivo importe no superaba -a esa altura procesal- el límite económico de su responsabilidad (v. fs. 121 vta. y 122) y por omitir sus argumentos de apelación, especialmente el vinculado a la limitación económica de fuente normativa (v. fs. 124 vta.).
También acusa al juzgador de haber incurrido en un error de concepto ya que, a su entender, no hay solidaridad entre asegurador y asegurado frente al tercero (v. fs. 122 y vta.).
Argumenta que, al condenársela por encima del límite económico máximo de la cobertura, se vulneró el art. 118 de la ley 17.418 en cuanto establece que "La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro" (fs. 122 vta./124).
Enfatiza -finalmente- que la Cámara decidió con exceso ritual manifiesto al sobreponer la falta de acreditación de los alcances de la póliza a la verdad jurídica objetiva y el señalado límite legal de tres millones de pesos previsto por la reglamentación de superintendencia aplicable en la especie, recayendo así en absurdo y arbitrariedad, con menoscabo de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 125/127 vta.).
III.3.b. Pues bien, cabe en principio reparar en uno de los argumentos decisivos de la Cámara: que la aquí recurrente no incorporó como prueba -al proceso de daños- el respectivo contrato de seguro ni produjo prueba pericial contable acerca de sus términos, particularmente en lo que hace a la limitación económica de la cobertura.
A esta motivación esencial del fallo la recurrente contrapone la idea de que el respectivo límite económico venía impuesto por la ley (art. 1, resol. 22.187 bis/1993 de la Superintendencia de Seguros de la Nación), tornándose -por tanto- superflua la agregación de la póliza o la comprobación pericial del importe máximo de cobertura.
La crítica no es de recibo.
De forma liminar, se advierte que bajo la pretendida aplicación del principio iura curia novit la alegación conlleva, en rigor, la extemporánea pretensión de introducir una novedosa y sorpresiva modificación del esquema litigioso.
En efecto, nótese que al responder la citación en garantía la aseguradora reconoció la vigencia de la póliza n° 2961955 que cubría el siniestro; expresó que su responsabilidad, conforme la ley 17.418, quedaba eventualmente circunscripta a los términos emergentes de dicho instrumento y ofreció, finalmente, prueba pericial contable para el supuesto desconocimiento de la cobertura (v. fs. 39 y vta. del expte. principal).
Consecuentemente, y siendo que la trama argumental de la compañía se circunscribió, en lo tocante, a los términos de un esgrimido contrato de seguro, es evidente que resulta tardía y extemporánea la señalada postulación ensayada recién en oportunidad de fundar la apelación contra el primer decreto de embargo (v. fs. 53/57 del expte. MO-43.674/2017).
En otras palabras: si lo que pretendía la aseguradora era ceñir su responsabilidad económica a la cuantificación emergente de una norma reglamentaria, pues así debió plantearlo en el marco del juicio principal y no en el de una incidencia de embargo posteriormente impulsada para cautelar el cumplimiento del fallo definitivo y firme que resolvió aquel proceso. Y si al contestar su citación en garantía no formuló ninguna mención o referencia concreta a esa pretendida limitación normativa -subordinando, reitero, su eventual responsabilidad a los términos de una póliza de seguro cuya existencia reconoció, mas nunca acompañó ni probó en forma supletoria-, es claro que, además de extemporánea, esa novedosa esgrima defensiva trascendiendo el plano de la simple subsunción normativa conllevó una pretensión lesiva del derecho de defensa de los restantes contendientes, en claro menoscabo de la relación procesal trabada.
Reiteradamente esta Corte ha expresado que los argumentos novedosos, que al no haber sido oportunamente plantea
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