Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar en lo principal que decide la resolución apelada de fs. 27 de este incidente de apelación (de fecha 27/8/19), revocándosela únicamente en lo tocante a la inhibición general de bienes decretada, la que se deja sin efecto (68, 497, 500, 502, 503, 506, 508 del CPCC).
. 98338 "GONZALEZ LEONARDO EDUARDO C/ LYNCH LUIS ALBERTO y otro/a S/ MATERIA A CATEGORIZAR"
Dolores, 21 de abril de 2020.
I. Vienen los autos a este Tribunal para conocer del recurso deducido el 2/9/2019 por el ejecutado (v. fs. 28/29), contra la resolución que en copia certificada obra a fs. 27, el que ha sido concedido el 4/9/2019 de acuerdo a lo que surge de fs. 30, y fundado el 13/9/2019 (v. fs. 31/32), sin merecer réplica de la contraria.
El embate recursivo se dirige a cuestionar el embargo sobre las cuentas del ejecutado -cajas de ahorro, plazos fijos, títulos y/o cualquier otra operación que tenga el demandado en cualquier banco del país- y la inhibición general de bienes, decretados por el a quo (v. fs. 27).
Entiende el quejoso que resulta injustificada la inhibición general de bienes sobre la razón social de la demandada, en tanto –según sostiene- no están dados los supuestos previstos para que resulte viable la concesión de una medida cautelar de esa naturaleza: peligro en la demora y verosimilitud del derecho; con los perjuicios que ello trae aparejado a su ritmo financiero y empresarial.
Explica que el fin mismo de tales medidas cautelares esta dado para asegurar o garantizar que un eventual resultado favorable sea efectivo y no se diluya por el transcurso del tiempo, lapso durante el cual el deudor puede despojarse de su patrimonio y consecuentemente de la garantía con que cuenta el acreedor de hacer efectiva su obligación.
Se queja también por cuanto el Juzgador no ha exigido al actor la debida contracautela, ya sea juratoria o real, la que tiene por fin garantizar los daños y perjuicios que pudiera traer aparejada la indebida concesión de dicha medida cautelar.
II. a) Cabe poner de resalto que el presente incidente promovido por Leonardo E. González, tiene por objeto ejecutar el saldo deudor del convenio homologado en autos “González, Leonardo Eduardo c/ Lynch, Luis Alberto y otro/a s/ daños y per. c/les. o muerte” (v. certif. de fs. 25); supuesto que encuentra recepción en nuestro ordenamiento procesal en el trámite previsto para los procesos de ejecución de sentencias (arts. 497, 498 inciso 1°, y ccdtes. del CPCC).
Uno de los principales efectos de la sentencia pasada en cosa juzgada plena –cosa juzgada sustancial- es la coercitividad, en cuanto tiene la virtud de ser ejecutable compulsivamente en caso de eventual resistencia del obligado.
Es decir que cuando el vencido no cumple voluntariamente con la sentencia, ésta puede ser ejecutada por el juez, a petición de parte, por constituir el acuerdo homologado mediante sentencia judicial un título ejecutorio, quedando excluidas cuestiones o debates propios de los procesos de conocimiento (arts. 497, 500, 502, 503, 506, 508 del CPCC).
En esa línea cabe recordar que una de las notas típicas de los procesos de ejecución de sentencias es que no hay necesidad de requerir el pago al deudor vencido, pues la notificación de la sentencia es equivalente y sustitutiva de ese requerimiento.
Y otra de sus características es que el embargo –que se denomina ejecutorio- constituye un trámite esencial, porque lo que se persigue mediante la ejecución de la sentencia es la transformación económica de los bienes embargados del deudor por conducto de la venta judicial, por cuanto si no hay bienes embargados la ejecución no puede proseguirse (ver en este sentido “Morello”, Códigos… cuarta edición, tomo VI, pág. 515).
b) A partir de lo dicho, fácil resulta advertir que el planteo que intenta el quejoso parte de una noción equivocada sobre la naturaleza del embargo que ha sido decretado por el Juez, al considerar que se trata de un embargo de tipo preventivo, cuando de lo que se trata es de uno ejecutorio (art. 503, 497 y ccdtes., CPCC).
El embargo preventivo tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable a las pretensiones de quien obtiene la medida; es decir, es una medida cautelar, participando de sus requisitos generales de procedencia: requiere la demostración de la verosimilitud del derecho, del peligro en la demora, y para que pueda hacerse efectivo, de la contracautela (arts. 195, 209 y ccdts. del CPCC).
En cambio, el embargo ejecutorio no es una medida de carácter cautelar sino de ejecución forzada, tendiente a efectivizar el cumplimiento de la sentencia. Procede cuando como en el caso ya se ha dictado sentencia firme en un proceso judicial, para posibilitar su cumplimiento y dar inicio al proceso de ejecución de sentencia.
En este proceso ejecutorio, es un trámite esencial sin el cual no se puede seguir adelante con la ejecución de la sentencia, y persigue lisa y llanamente el pago compulsivo al acreedor; para que ello sea posible, debe haber un embargo que afecte dinero o bienes susceptibles de ser transformados en moneda.
En estos casos, frente a la autoridad de cosa juzgada que ostenta la sentencia que se ejecuta, la procedencia del embargo no se encuentra supeditada al cumplimiento de los requisitos clásicos de las medidas cautelares, como intenta presentar el recurrente.
En base a lo expuesto, esta parcela del recurso merece ser desestimada.
c) En relación a la inhibición general de bienes decretada (fs. 27 vta.), se dirá que aquella no es una medida idónea a los efectos de este proceso, en tanto si bien genera la inmovilización de presuntos bienes registrables de propiedad del deudor, imposibilitándole la ejecución de actos de disposición, no abre la vía para su realización; lo que representa un inútil dispendio de actividad jurisdiccional.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso en esta parcela y dejar sin efecto la inhibición general de bienes dispuesta en la instancia.
d) Respecto a las demás cuestiones expuestas por el apelante en su memorial, encaminadas a cuestionar la procedencia de la ejecución de sentencia y la existencia de la deuda que se intenta cobrar a través de este proceso, nada corresponde señalar en este estadio del trámite, siendo cuestiones que han sido introducidas como sustento de las excepciones opuestas y, como tales, deberán ser decididas oportunamente en la instancia de grado (arts. 503, 504 y 506 CPCC).
e) En cuanto a la medida para mejor proveer solicitada por el recurrente, déjase constancia que se considera innecesaria toda vez que –de considerarse necesario- el Tribunal puede observar las constancias tanto del expte. nº 68098 (incidente de ejecución de sentencia) como del nº 64975 (daños y perjuicios), a través de la Mesa de Entradas Virtual.
Por los fundamentos dados el Tribunal RESUELVE: Confirmar en lo principal que decide la resolución apelada de fs. 27 de este incidente de apelación (de fecha 27/8/19), revocándosela únicamente en lo tocante a la inhibición general de bienes decretada, la que se deja sin efecto (68, 497, 500, 502, 503, 506, 508 del CPCC).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2020 08:55:45 - DABADIE María Rosa ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 21/04/2020 09:16:05 - JANKA Mauricio ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 21/04/2020 10:47:12 - Gaston Cesar Fernandez ([email protected]) - SECRETARIOS (Lega
Fin de la sentencia