Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 99190
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia interlocutoria apelada del 01.07.2020 (arts. 18 de la Const. Nac.; 15 de la Const. Prov.; 244, 249, 730, 743, 744, 777 y concs. del CCyCN; 68, 163 inc. 6, 175, 219, 242, 260, 266, 272, 375, 384, 591 del CPCC; Ley 14.432; Ley 14.432).
Expte. Nº 99190: HOBAICA, ROBERTO MAXIMILIANO C/ ZAMORA, HECTOR ANIBAL S/ MATERIA A CATEGORIZAR
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado en forma subsidiaria al de revocatoria el 12.07.2020, contra la sentencia interlocutoria del 01.07.2020.
Desestimado el segundo por improcedente fue concedido directamente el primero mediante el proveído del 16.07.2020, sin que mereciera réplica de la contraria.
II. a) El 18.05.2020 el co-ejecutado Roberto Maximiliano Hobaica en los autos principales, solicitó el levantamiento del embargo ejecutorio que pesa sobre el inmueble Matrícula n° 11.228 de General Madariaga, cuya venta en subasta pública fue decretada el 25.11.2019.
Señaló que el bien es inembargable en los términos del art. 219 incs. 1 y 3 del CPCC, pedido que a su vez puede formularse en todo tiempo procesal ya que no se encuentra alcanzado por los efectos de la preclusión, además de que ha sido indebidamente trabado.
Refirió que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos respecto de un bien de carácter único, donde su parte reside junto a su familia -esposa e hijos- y además trabaja.
Adujo que se trata de un bien de uso indispensable. En forma paralela mencionó que como tal, es un supuesto comprendido en los arts. 244 del CCyCN y 3 de la Ley 14.432 de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, ofreció la producción de distintos medios de prueba.
b) El ejecutante se opuso a través de la presentación del 22.05.2020. Invocó una conducta temeraria cuyo fin es la sola obstrucción de la ejecución de honorarios; inconcebible cuando ya se ha designado un martillero para la subasta.
Negó cada uno de los hechos expuestos y alegó que el art. 219 del CPCC sólo ampara a personas con una pequeña industria o taller; si sus herramientas son embargadas, naturalmente son perjudicadas y no pueden trabajar.
Dijo que en el caso se trata de una propiedad de cuatro hectáreas, de lo que se deduce que el bien no es un mero instrumento de trabajo que merezca protección.
III. Mediante el decisorio apelado la iudex a quo desestimó el pedido del ejecutado.
Para así decidir refirió la sentenciante que el art. 219 del CPCC no prevé en sus incisos la inembargabilidad del inmueble propiedad del deudor, en el cual puede residir con su familia e incluso desarrollar sus labores diarias.
Aseveró que si bien la norma prevé a los "demás bienes exceptuados de embargo por ley" (inc. 3) lo cierto es que para la aplicación de la ley 14.394 el solicitante no invocó haber constituido el inmueble como bien de familia después de ser desafectado de esa condición el 19.05.2015.
Agregó que en razón de los arts. 730, 743, 744 del CCyCN, el acreedor cuyo crédito no fue satisfecho puede entre otras acciones emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado; y entre ellas se encuentra la promovida.
IV. Al fundar su recurso, el apelante relata sobre su actividad laboral y composición del grupo familiar; que oportunamente le abonó al abogado Zamora sus honorarios y gastos sin recibo, cumpliendo con su obligación.
Refiere que el bien cuya subasta es inminente, es el único que posee y que se encuentra comprendido en el art. 219 del CPCC más allá del momento procesal en que es solicitado el levantamiento, que puede serlo en cualquier momento procesal e inclusive decretado de oficio.
Agrega que tampoco importa el tamaño del terreno ni de la industria o taller, sino que la norma se limita a referir al lecho del deudor y lugar donde habita y trabaja, máxime cuando su codemandado tiene otros bienes con los que puede garantizar el cumplimiento de la obligación.
V. Reseñada así la cuestión, cabe señalar que el art. 591 del CPCC establece que son inapelables para el ejecutado las resoluciones que se dicten durante el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate.
La inapelabilidad que sienta la norma se explica porque la naturaleza del proceso ejecutorio está enderezada a realizar ágilmente los bienes, evitando que con reiterados planteos de apelación el ejecutante vea demorada injustificadamente las posibilidades de llevar a cabo el remate y la satisfacción de su acreencia. Sólo si la decisión resuelve materia impropia del juicio de ejecución pueden establecerse excepciones a dicho principio, lo cual ha de ser de interpretación restrictiva o específica, vale decir no extensiva su aplicación por analogía (Morello-Sosa y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires...", Ed. Abeledo Perrot, Tomo VII, págs. 289 a 290 y jurisprudencia allí citada).
En el caso, consideramos que la resolución recurrida en cuanto desestimó un pedido de levantamiento de embargo, constituye una excepción a la regla de la inapelabilidad, aún cuando el embargo ejecutorio sea un presupuesto para el andamiaje y mantenimiento de la ejecución.
Por ello, estimamos que en la especie existen razones suficientes que autorizan el apartamiento a la regla, pudiendo la cuestión motivar un agravio de compleja o imposible reparación ulterior (arg. art. 242 del CPCC), en tanto se alega la calidad de vivienda única y de ocupación permanente, más allá de lo que al respecto se decida.
VI. a) Entrando al tratamiento del planteo diremos que en principio todos los bienes del deudor son embargables para responder a sus obligaciones (arts. 730, 743, 777 y concs. del CCyCN) dado que el patrimonio es la prenda común de los acreedores y en consecuencia las excepciones deben apreciarse con carácter restrictivo y sobre la base de la equidad, con arreglo a las circunstancias particulares de cada caso.
Dado ese principio general, el carácter excepcional del régimen de la inembargabilidad de ciertos bienes sólo puede resultar taxativamente de la ley sin que corresponda extender analógicamente la excepción a otros supuestos no previstos puntualmente por el legislador.
En ese sendero, invocado por el apelante el art. 219 del CPCC; resulta ser, una de las normas que sustrae expresamente de la agresividad del acreedor ciertos bienes del deudor.
Entre los bienes inembargables que enumera el artículo están los muebles de uso indispensable del deudor, aludiendo a aquéllos de los que no se puede prescindir en un hogar y que es habitual que posea una familia tipo, cuya falta impida su normal desenvolvimiento (inc. 1).
Hasta aquí, no es difícil apreciar que el inmueble cuya subasta se ha decretado no encuadra en ese supuesto.
Pues el alcance de la norma lo es con respecto a las ropas o lugar destinado al descanso de una persona y su familia, además de los vestidos y muebles de indispensable uso en los diferentes aspectos y quehaceres de la vida cotidiana, e instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
El legislador por cierto no delimitó lo que habrá de entenderse por "lecho cotidiano"; elemento que tampoco se encuentra definido en la legislación de aplicación supletoria en la materia, y sin duda su naturaleza es importante.
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, emitido por la Real Academia Española, vigésima segunda edición, año 2001, editorial Espasa, tomo 2, página 1358, debe entenderse por el término "lecho": cama (II armazón para que las personas se acuesten); y por el diverso "cotidiano", la misma fuente bibliográfica, en su tomo 1, página 676, lo define como: diario. Por lo tanto, de la interpretación integral de las dos definiciones, podemos considerar al lecho cotidiano como la cama o lugar destinado al descanso diario de la persona, lo que permite advertir la intención del legislador de asegurar el mínimo de condiciones en las que debe desenvolverse la vida para que sea compatible con la dignidad humana.
En el mismo parecer, los muebles de uso indispensable del deudor y de su grupo familiar hacen referencia al ajuar doméstico, es decir, al conjunto de muebles y enseres propios de la vivienda; y aunado a lo anterior, el diverso concepto previsto en tal dispositivo legal referente a que sean "indispensables" remite literalmente a la idea de lo que no se puede prescindir para la subsistencia digna de la persona. Ello pone en exclusión a aquellos bienes que representan una mera comodidad o que constituyen factores de simple entretenimiento y más aún, aquellos bienes propios de la suntuosidad.
En la misma línea de apreciación podemos observar que el art. 744 del CCyCN se explaya sobre los bienes exceptuados de la embargabilidad, dentro de cuya enumeración en modo alguno es posible incluir el inmueble propiedad del deudor de autos.
b) Avanzando en el análisis, el art. 219 del CPCC en su inciso tercero refiere que no se trabará nunca un embargo sobre los demás bienes exceptuados por la ley.
Cabe señalar que ninguno de los supuestos que podrían quedar aquí encuadrados fue suficiente e idóneamente planteado por el presentante al formular el pedido de levantamiento.
Más, al expresar agravios ni siquiera aludió a alguna de las situaciones posibles, ni citó siquiera el articulado que los avale.
Más allá de la previsión normativa y de la posibilidad de que los magistrados en el ejercicio de sus potestades puedan calificar jurídicamente los hechos o reconducir los reclamos articulados por las partes con abstracción de la denominación que aquellas les hubiesen dado, siempre que no se alteren las circunstancias de la causa ni se tergiverse el objeto de la pretensión, va de suyo que esa facultad no puede ejercerse de cualquier manera ni en cualquier oportunidad.
Siempre los supuestos que comprenden las normas, deben ser invocados y fundados por la parte; y además debidamente acreditados pues como ocurre en el caso, las normas configuran un hecho que debe invocarse y como lógica consecuencia acreditarse de acuerdo con las reglas que rigen la carga de la prueba (art. 375 del CPCC).
Se ha expuesto en tal sentido que el principio iura novit curia (el juzgador conoce el derecho) permite al juez enmendar el derecho mal invocado o suplir el omitido, pero en modo alguno autoriza a sanear otras deficiencias que pudiesen detectarse en el planteo de la acción -pretensión- (SCBA LP L. 120553 S 24/08/2020).
Asimismo, debe siempre cuidarse de no infraccionar los principios de congruencia y de defensa en juicio, pues es a los jueces a quienes corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho invocado, pero en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se vulnere el derecho de defensa de la contraria al introducir cuestiones que nunca fueron expresamente incluidas al formular una petición (arts. 18 de la Const. Nac. ; 15 de la Const. Prov.; 163 inc. 6 del CPCC).
Sin perjuicio de lo expuesto cabe señalar que la ley provincial nº 14.432 (BO 8-1-13), reglamentada por el Dec. 547/12 (29-6-13), es uno de los supuestos comprendidos en el inc. 3 del art. 219 del CPCC y tiene por objeto la protección de la vivienda única y de ocupación permanente (art. 1º).
Dispone que todo inmueble ubicado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires destinado a la vivienda única y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable salvo en caso de renuncia expresa del titular conforme los requisitos de la ley (art. 2). Luego, la norma establece que los bienes tutelados son los que constituyen el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente y debe guardar relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere.
Tales extremos, como anticipamos deben necesariamente ser acreditados circunstancia que no ha acaecido en este proceso por parte del apelante. Quienes pretendan que los bienes embargados encuadren en el supuesto que aprehende la norma indicada, deben acreditar cuáles son las razones válidas que darían por probados los extremos requeridos para la viabilidad de la pretensión.
Incluso el solo hecho de habitar el inmueble es un dato endeble, si es con lo único con que se quiere demostrar el cumplimiento del requisito de vivienda familiar de ocupación permanente, como así también si la situación guarda "relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y la familia" (art. cit.).
Del informe de dominio del inmueble acompañado en archivo adjunto a la presentación del 08.11.2019, surge que se trata de un lote de terreno ubicado en el partido de General Madariaga (designado como lote ciento doce, Cir. 1, Sec. C, Chac-Quinta: 146) con una superficie de 42.000 metros cuadrados.
De la sola dimensión referida se deduce, en principio, que difícilmente se trate de un supuesto que guarde aquella "relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y la familia" a que aludimos, lo que hace que dicha ley tampoco pueda tornarse operativa (art. 384 del CPCC)
En el caso del bien de familia, destáquese que la ley 14.394 ha sido derogada en sus artículos 1 a 13 al sancionarse el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994 art. 3) contemplándose ahora un nuevo régimen de protección de la vivienda en el ámbito de ese código (arts. 244 y concs. del CCyCN).
No obstante, el peticionante no ha invocado ni demostrado la calidad de bien de familia del inmueble inscripta en el Registro de la Propiedad y oponible al ejecutante, a los efectos de la inembargabilidad que pretende se declare (art. 249 del CCyCN).
En definitiva, una vez trabado el embargo ejecutorio la posibilidad de disponer su cese está necesariamente condicionada al rechazo de la pretensión de la parte ejecutante, pues sólo así cabría poner fin al proceso y, por tanto, a la medida de la que él es presupuesto.
Es por ello que quien solicita el levantamiento del embargo es quien tiene sobre si la carga de la prueba tendiente a demostrar que los bienes se encuentran sometidos a la inembargabilidad referida, lo que no se encuentra aquí satisfecho para revocar la resolución en crisis y receptar el levantamiento del embargo ejecutorio (art. 375, 384 CPCC).
VII. Respecto al pedido de apertura a prueba formulado en el punto IX del memorial, cabe señalar que tal posibilidad se halla expresamente vedada en el marco de un recurso de apelación concedido en relación (art. 270 pár. 3º CPCC), razón por la cual se la considera inadmisible.
Por otra parte, nada corresponde señalar respecto de la falta de producción probatoria en la instancia de grado, toda vez que el recurrente no ha incluido tal cuestión en sus agravios, cercenando de ese modo la posibilidad de que el Tribunal aborde el punto (arts. 246, 260 y 266 CPCC).
VIII. Por lo demás, en cuanto a que alude el apelante respecto de haber abonado los honorarios al abogado ejecutante y carecer de recibo, supuesta litispendencia y existencia de bienes en cabeza del codemandado que podrían garantizar la obligación, nada corresponde agregar en esta instancia (arg. art. 272 del CPCC). En todo caso debió el presentante formular tales planteos por la vía procesal adecuada y oportuna.
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia interlocutoria apelada del 01.07.2020 (arts. 18 de la Const. Nac.; 15 de la Const. Prov.; 244, 249, 730, 743, 744, 777 y concs. del CCyCN; 68, 163 inc. 6, 175, 219, 242, 260, 266, 272, 375, 384, 591 del CPCC; Ley 14.432; Ley 14.432).
Regístrese. Devuélvase a la instancia de origen este incidente de apelación y la causa principal; con cargo de notificarse esta decisión en el día, con habilitación de días y horas inhábiles y de modo urgente (art. 135 inc. 6, 153 CPCC).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:58:20 - DABADIE María Rosa - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 09:11:29 - JANKA Mauricio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 09:23:15 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia