Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 9139 2018
Lo que resolvió el tribunal
I. Modificar la sentencia apelada, dejando sin efecto la imposición de costas a cargo de la actora por el rechazo de la acción en lo referido a la liquidación de una sociedad de hecho y en cuanto al curso de los intereses que deberán calcularse desde la fecha establecida en el punto IV in fine de los fundamentos para cada aporte dinerario hasta la del efectivo pago, a la tasa dispuesta en la instancia de origen.
II. Sin costas de Alzada al no haber mediado oposición (art. 68 del CPCC).
III. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Enriquecimiento sin causa – uniones convivenciales
Expte. n°: JU-9139-2018 B., M. V. C/ B., O. S/ MATERIA A CATEGORIZAR
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En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-9139-2018 caratulada: "B., M. V. C/ B., O. S/ MATERIA A CATEGORIZAR", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En la sentencia dictada el 13/10/2021 la Sra. Jueza Dra. Daniela K. Ragazzini rechazó con costas la demanda por liquidación de la sociedad de hecho promovida por M. V. B. contra O. B. e hizo lugar a la acción que intentara por enriquecimiento ilícito determinado por los aportes realizados, condenado con costas a su ex conviviente a abonarle la suma de $ 54.900, con más intereses que determina en la tasa pasiva más alta que abona el Bco. de la Pcia. de Bs. As. en operaciones a plazo fijo a 30 días desde la fecha de la intimación cursada (16/12/2017)
Para resolver de esa forma, en primer lugar tuvo por acreditada la existencia de una unión convivencial entre las partes que, desconocida por el demandado fue probada por distintos medios, se extendió desde el año 2001 hasta noviembre de 2015, con los efectos derivados por su cese previstos por el CCCN.
Descartó luego que hubiese una sociedad de hecho entre ellos al carecer de un propósito de lucro, al no tratarse de una actividad común sino que el negocio de apicultura era realizado con anterioridad en forma individual y con elementos propios por el demandado. Señala que el demandado estuvo registrado en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes hasta el año 2014 (informe de AFIP de fs. 181) y desde entonces goza de un beneficio jubilatorio de ANSES (fs. 105/107).
Sin perjuicio de ello, apuntó que por el proyecto de vida en común y conforme resulta de la prueba rendida, hubo aportes de la actora para la actividad de su pareja - consistentes en el dinero producto de la disolución de la sociedad conyugal previa ($ 36.200) y de dos créditos personales por $ 7.110 de fecha 13/8/2007 y $ 11.600 de fecha 9/9/2010- que no pueden ser entendidos en el carácter de obsequio, regalo o donación y que deben ser tratados bajo la figura supletoria y subsidiariamente incoada del enriquecimiento sin causa. Consideró en cambio que el total del salario por la misma percibido como empleada municipal fue destinado para sus gastos personales y de la vida cotidiana conviviente.
Por ello y abordando también la cuestión a partir de la perspectiva de género, estimó procedente el reclamo y adicionó los accesorios desde la mora que tuvo configurada por la intimación cursada por la carta documento de fs. 75.
II. Ordenada la elevación de la causa a este tribunal el 1/2/2023 y puestas en estado, expresó sus agravios el 22/2/2023.
La crítica hace centro en los siguientes aspectos: 1) existencia de una sociedad de hecho e imposición de costas; 2) falta de readecuación del monto de la condena a valores actuales, entendiendo procedente ante la prohibición de indexación se recurra a una pauta objetiva de variación como es la del SMVM y 3) tasa de interés dispuesta y fecha de su cómputo; con argumentos de los que me haré cargo en su tratamiento.
Corrido el pertinente traslado no ejerció el demandado su derecho a réplica. Firme el llamado de autos para sentencia, se está en condiciones de resolver (art. 263 CPCC).
III. En ese menester, estimo útil comenzar recordando "... que acertadamente se ha dicho que a la hora de resolver conflictos referidos a los bienes por la disolución de la unión de hecho o convivencial, el mayor desafío que se presenta será la búsqueda del equilibrio entre la independencia patrimonial por la que optaron -consciente o inconscientemente- los miembros de la pareja y la equidad, que sólo se realiza reconociendo a cada uno el derecho a que se le compense el sacrificio económico realizado a favor del otro (Galli Fiant María Magdalena "Conflicto sobre bienes en la uniones de hecho: la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la equidad" LL Litoral 2011 (mayo) 404).
La solución a tales problemas dependerá de la actitud y previsión que haya tomado la pareja según las particularidades de cada caso (actividad económica de cada uno, roles atribuidos dentro de la organización del grupo familiar, emprendimientos en común, pactos que se hubieren realizado, instrumentación de las adquisiciones, etc.), descubriendo la figura jurídica en la cual la situación planteada permite ser encuadrada" (de mi voto en .Expte. N°: JU-8547-2013 R., R. D. C/ B., M. D.L. A. S/DIVISION COSAS COMUNES, 11/4/2017)
"Tanto antes como después del Código Civil y Comercial de la Nación, resultan inaplicables las normas del régimen patrimonial derivado del matrimonio. Como es toda lógica rige en la especie que nos ocupa, por lo demás inherente a su propia existencia, el principio de la autonomía de la voluntad. El respeto al mismo y la diversa realidad de cada una de ellas torna inapropiado establecer un régimen legal o paralegal supletorio; por lo que ante la ausencia de pactos o acuerdos patrimoniales formalizados que brinden claridad a las relaciones recíprocas y eviten controversias futuras (por cierto beneficiosos aunque en la gran cantidad de lo supuestos no se celebran por la confianza que mientras dura genera el compartir techo, lecho y mantel y que son implícitamente alentados por el nuevo art. 528) inexorablemente habrá de estarse a los elementos fáctico-probatorios que exterioricen aquella a través del desenvolvimiento económico durante la convivencia, sin que sea viable sujetarse de antemano a algún instituto jurídico (cfme. Marisa Herrera en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado Dir. Lorenzetti Ed. Rubinzal-Culzoni To. III p. 371/2)
Nada en lo sustancial se ha modificado. Sólo se habilitan de manera expresa las soluciones anteriores, sin regular acciones específicas entre los convivientes (ver Roveda-Giovanneti "Código Civil y Comercial Comentado de Rivera-Medina La Ley To. II p. 299/300; Urbina Paola en el Código Civil y Comercial de la Nación de Carlos Calvo Costa To. I p. 441). Ello es coherente con que bajo el manto de la unión convivencial regulada se agrupa una gama de supuestos que impiden un encuadramiento único, habiéndose optado por respetar las distintas realidades u opciones de vida en común, que también se proyectan o reflejan patrimonialmente de forma plural (Lamm Eleonora -Molina de Juan Mariel "Efectos patrimoniales del cese de las uniones convivenciales" RDPyC Rubinzal Culzoni 2014-3 -281)" (de mi voto en Expte. n°: JU-4941-2019 sent. del 12/04/2022 RS-70-2022).
Así, " las consecuencias económicas del cese de la unión convivencial se analizarán por distintas vías, según las circunstancias del caso. Ya sea, mediante el reclamo de la compensación económica o la atribución de la vivienda familiar (institutos incorporados en los arts. 524 a 527 CCCN) o bien, recurriendo a otras acciones del derecho común, tales como la disolución de una sociedad irregular, división de condominio, enriquecimiento si causa, interposición de personas, simulación, etc. " ( Cám. de Apel. en lo Civil y Comercial de Rosario Sala I 7/9/2021 TR LALEY AR/JUR/151055/2021)
Dicho esto, la unión convivencial en sí misma no crea ni hace presumir que exista entre las partes una sociedad de hecho, por lo que debe examinarse para arribar a una conclusión afirmativa si se dan los extremos de la misma conforme el plexo probatorio aportado (art. 23 LS ref. por ley 26.994), más allá de la realización del proyecto de vida en común que entablaron. A tal efecto quien la alega debe acreditar que ambos se obligaron "a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas", o sea una realidad operativa-funcional subyacente distinta a la convivencia, caracterizada por el fin de lucro que se plasma en la afectio societatis (arts. 1 y 21 de la ley 19.550; Herrera Marisa "Manual de Derecho de las Familias" Abeledo Perrot, 376; SCBA Ac 62779 S 06/08/1996;C 105724 S 06/06/2011;CC0003 SM 66903 D-106/13 S 25/09/2013 JUBA B3651451, CCivComLabyMinería General Pico Sala A 23/8/2022 TR LALEY AR/JUR/152135/2022, entre muchos fallos)
Y en el caso, como sostuvo la Sra. Jueza sobre la base de las pruebas existentes y sin que la recurrente se haya hecho cargo de tal argumentación, la actividad de apicultura era netamente personal e incluso anterior del demandado, su medio de vida como monotributista, habiendo cesado tiempo antes (año 2014) del fin de la convivencia, dando lugar a la jubilación del mismo.
La fundamentación recursiva no logra conmover esa conclusión. La absolución en rebeldía del demandado cuando ninguna de las posiciones alude a su existencia resulta totalmente inconducente (art. 415 CPCC), máxime cuando la propia actora en la confesional refiere que la misma no existió (art. 421 del mismo ordenamiento). Que en el transcurso de la vida en común haya cambiado la camioneta, aunque la misma haya sido afectada a ese negocio y supuestamente se haya pagado ese reemplazo con aporte dinerario de la actora, solo revela la comunidad afectiva del proyecto de vida, pero no una actividad comercial conjunta. A lo que cabe agregar que el reconocimiento de esa colaboración -que se vincula con un préstamo personal obtenido- se ve satisfecho por la vía subsidiariamente intentada de la figura del enriquecimiento sin causa, de la que me ocupare en el siguiente apartado.
Solo resto decir en relación a la inexistencia bien resuelta de una sociedad de hecho por una actividad finalizada y cuya liquidación pretendió, que sí le asiste razón a la apelante en cuanto a la imposición de costas. Las distintas figuras a las que conjuntamente recurrió, aunque difieran en sus presupuestos y fuera planteada la admitida en forma subsidiaria, no justifican una imposición de costas diferenciada cuando la pretensión ha sido única y en la misma la actora triunfó. Por ello corresponde sea dejada sin efecto, correspondiendo que en su totalidad las derivadas de la tramitación de este proceso sean soportadas por el demandado vencido (art. 68 CPCC)
IV. La sentenciante analizó el reclamo deducido - que tuvo además como antecedente el desistimiento de la acción por compensación económica (Expte JU 2908-2016)- y las pruebas aportadas, desde la perspectiva de género y en clave de Derechos Humanos. En efecto existe un imperativo constitucional y supranacional que demanda hacer efectiva la igualdad que las normas pregonan (arts. 1,2,3 CCyC) existiendo patrones socioculturales que imponen valorar especialmente las circunstancias del caso. Ello como herramienta esencial para eliminar desigualdades que se constituyen a partir de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas, históricamente creadas a partir del sexo biológico; garantizar una igualdad real (art. 4.1, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW-) y eliminar prejuicios y prácticas basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (art. 5 a, CEDAW).
Con ese enfoque y con un criterio guiado por las reglas de la sana crítica en la valoración de las especies probatorias (arts. 375, 456 y 384 CPCC), ha entendido -sin que medie agravio de la contraria- que los ingresos provenientes del trabajo como empleada municipal de la actora de una u otra forma habían sido destinados y consumidos personalmente o en la vida diaria de la unión convivencial, en tanto los especificados en la demanda (el producido de la liquidación de la sociedad conyugal y 2 préstamos personales), ya sea por su importancia, carácter extraordinario o afectación directa o mediata al trabajo de su pareja, quedaron sustraídos de esa consideración y no fueron aportados a título de donación o liberalidad sino que redundaron en un enriquecimiento sin causa para el demandado.
Si bien el Código Velezano no regulaba esa figura en forma sistémica, siempre importó "una suerte de principio fundamental del derecho en su total comprensión" (Santarelli Fulvio G. en "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético" Dir. Jorge H. Alterini, 2ª edición actualizada y aumentada La Ley To. VIII p. 364). En virtud del mismo cuando ocurre el desplazamiento de un bien o un valor, del patrimonio de una persona al de otra, sin que exista un título o causa jurídica que justifique ese traspaso, aparece una obligación de restitución, que es de carácter subsidiario ante la ausencia de una acción contractual (Llambías Jorge J. "Obligaciones" To. IV-B p. 355 y 395). Y por su imperio se ha ordenado la indemnización de mejoras o gastos que se hicieron en uniones de hecho, aunque no constituyan aportes a una sociedad de hecho (CNCiv Sala H La Ley 2007-E,95), ya que la relación entre los convivientes no autoriza tampoco a presumir la gratuidad o liberalidad, siendo que la existencia del animus donandi debe ser acreditada (SCBA Ac 40991 S 27/06/1989 JUBA B14710)
El mismo, conforme explicara el maestro cordobés Moisset de Espanés ("Notas sobre el enriquecimiento sin causa" Doctrina Judicial La Ley 1979 N° 10, p. 3) puede dar lugar a un enriquecimiento positivo (que puede ser denominado lucro emergente ) consistente a su vez en un aumento del activo patrimonial o disminución del pasivo o a un enriquecimiento negativo ( daño cesante ) porque el enriquecido se beneficia evitándose la salida de valores que tenían que egresar de su patrimonio, de manera tal que se economiza gastos. Probablemente, ante la falta de prueba de un empleo concreto y específico para la adquisición de un bien determinado o al pago de deudas, el mismo se ha configurado en el caso que nos ocupa en forma negativa.
Hoy, el Código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado una regulación básica del instituto en los arts. 1794 y 1795. Y resulta aplicable al caso ya que la unión convivencial no puede ser causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico de uno de sus integrantes a costa del otro.
Ahora bien, debe quedar claro que si ese enriquecimiento tuviese una causa la ley no interviene por este medio, existiendo eventualmente en ese caso otras acciones que la desplazan (Calvo Costa, Carlos en el "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con jurisprudencia" del que es además Director La Ley To. III p. 582)
Por ello es que consistiendo en aportes dinerarios (art. 765 CCCN) que no dieron lugar -por una incorporación determinada para la adquisición o mejora de un bien- para que al momento de su restitución sean tratados como una deuda de valor (art. 772 CCCN) y no pudiendo - al margen de la prohibición de indexación; ley 22998- ser tampoco aprehendidos por las reglas del mutuo (art. 1527 del código citado), es que los accesorios deben ser determinados conforme el criterio sentado por la doctrina legal de nuestro Superior a la tasa pasiva más alta. Ahora bien tampoco resulta lógico y equitativo en tanto haría perdurar el empobrecimiento injustificado de la reclamante habida cuenta el tiempo transcurrido, sujetar la reparación a las normas de mora e interpelación (arts. 871,885 y 886 CCCN) inviables de cumplirse durante la convivencia (recordemos que esas deudas están incluidas en el beneficio de competencia art. 893 inc. b de igual ordenamiento) En razón de ello y teniendo en cuenta las fechas de los ingresos y su correlativo desembolso en beneficio del demandado es que estimo procedente determinar el curso de los intereses conforme lo indicado desde el 13/8/2007 respecto de los $ 7.100, desde el 9/9/2010 respecto de los $ 11.600 y desde el 31/12/2003 (fecha en que se habría cumplido íntegramente el convenio de liquidación de la sociedad conyugal, fs. 55) respecto de los $ 36.200, que integran la liquidación de los conceptos que se ordenan reintegrar y hasta el efectivo pago.
ASI LO VOTO
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE :
I. MODIFICAR la sentencia apelada, dejando sin efecto la imposición de costas a cargo de la actora por el rechazo de la acción en lo referido a la liquidación de una sociedad de hecho y en cuanto al curso de los intereses que deberán calcularse desde la fecha establecida en el punto IV in fine de los fundamentos para cada aporte dinerario hasta la del efectivo pago, a la tasa dispuesta en la instancia de origen.
II. Sin costas de Alzada al no haber mediado oposición (art. 68 del CPCC).
III. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
ASI LO VOTO
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve :
I. MODIFICAR la sentencia apelada, dejando sin efecto la imposición de costas a cargo de la actora por el rechazo de la acción en lo referido a la liquidación de una sociedad de hecho y en cuanto al curso de los intereses que deberán calcularse desde la fecha establecida en el punto IV in fine de los fundamentos para cada aporte dinerario hasta la del efectivo pago, a la tasa dispuesta en la instancia de origen.
II. Sin costas de Alzada al no haber mediado oposición (art. 68 del CPCC).
III. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 10:57:24 - CASTRO DURAN Ricardo Manuel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 10:57:40 - GUARDIOLA Juan Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 11:14:32 - VOLTA Gaston Mario - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2023 11:31:56 - SANTANNA Cristina Lujan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 04/05/2023 11:37:31 hs. bajo el número RS-68-2023 por Santanna Cristina Luján.
Fin de la sentencia