Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 170999
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por las coherederas a través de escrito electrónico del 1/10/2020 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada el 20/8/2020. Las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° FOLIO N°
EXPEDIENTE N° 170.999 JUZGADO N ° 15
“ CAPRI MARÍA CATALINA Y OTRA C/ CAPRI ROSAS EDUARDO ENRIQUE Y OTRO S/ MATERIA A CATEGORIZAR ”
Los presentes autos caratulados: “ CAPRI MARÍA CATALINA Y OTRA C/ CAPRI ROSAS EDUARDO ENRIQUE Y OTRO S/ MATERIA A CATEGORIZAR ”, traídos a despacho para resolver el recurso de apelación deducido por las coherederas a través de escrito electrónico del 1/10/2020, contra la resolución dictada el 20/8/2020. El recurso es fundado electrónicamente el 8/10/2020, y contestado por la misma vía el 20/10/2020.
I. En el auto cuestionado el a quo rechazó el pedido de levantamiento de la inhibición general de bienes trabada el 19/2/2019, contra María Catalina Capri y Clementina Cafferata, en los autos "Capri Rosas Eduardo E. y otro c/ Capri María Catalina y otra s/ Acción de Colación”, e impuso la totalidad de las costas a las vencidas.
II. Se agravian las recurrentes del rechazo del levantamiento de la medida cautelar -inhibición general de bienes- dictada en su contra, y de la imposición de costas.
Sostienen que el rechazo de la acción intentada se basó en: a) la falta de firmeza de la sentencia dictada en segunda instancia, por haberse interpuesto recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por ante la SCBA; y b) no haber variado las circunstancias fácticas que se tuvieron en cuenta al momento de su dictado.
En cuanto a la falta de firmeza de la sentencia, como presupuesto para el levantamiento de la medida cautelar, señalan que no se encuentra prevista en ninguna norma, por lo cual su exigencia, como tal, es antijurídica y violatoria del debido proceso, pues no existe una única interpretación ya que es un tema debatido en doctrina y jurisprudencia.
Consideran que lo decidido, en este punto, se aparta de los alcances de la sentencia dictada por este Tribunal que rechazó la demanda, sin advertir que la verosimilitud del derecho que se tuvo en cuenta para decretar la medida cautelar ha desaparecido o, al menos, se ha visto devaluada en su consistencia, infringiéndose lo previsto por los arts. 202 y 212 inc. 3°, en contario, del CPCC.
En relación a las circunstancias fácticas tenidas en cuenta al momento de dictar la cautelar, alegan que el a quo mencionó, por una parte, la inexistencia de bienes del acervo hereditario -denunciado por María Catalina Capri-, y por otro lado, los documentos acompañados -en copia certificada- tendientes a acreditar la donación en vida que habría efectuado el causante en favor de ambas coherederas, respecto de bienes situados en la provincia de Santa Fe, que posteriormente habrían sido vendidos.
Afirman que este argumento se aleja nuevamente del alcance y efectos de la sentencia de segunda instancia, que rechazó la colación porque la donación no fue probada, lo que constituye una circunstancia sobreviniente que modifica sustancialmente las tenidas en cuenta para ordenar las cautelares (tal lo exigido por el art 202 del CPCC), de modo tal que, por la aludida modificación de circunstancias, la desaparición de la verosimilitud de derecho, y por resultar antijurídica la exigencia de sentencia firme, corresponde, y así lo solicitan, que se revoque la resolución recurrida.
Respecto de la imposición de costas, señalan que el principio objetivo de la derrota no es definitivo y sólo importa una regla, una orientación general, pero no es una tesis indiscutible, pues en situaciones excepcionales, el juez puede eximir al perdedor, total o parcialmente, cuando exista mérito para ello.
Entienden que las costas pueden ser distribuidas y aplicadas en el orden causado, cuando las cuestiones planteadas resultan opinables por haber creído que se obraba con razón suficiente y ajustado a derecho; como así también, cuando existen motivos fundados para litigar apoyados en circunstancias fácticas o jurídicas que demuestren la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito.
Se refiere a lo previsto en el art. 69 del CPCC en cuanto a la eximición de costas cuando se tratase de cuestiones dudosas de derecho, criterio que, a su juicio, es aplicable al caso de autos, toda vez que su parte tuvo razón suficiente para peticionar. Agrega que el levantamiento de las medidas cautelares habiendo obtenido sentencia favorable, es una tema debatido en doctrina y jurisprudencia, sea que el pronunciamiento esté o no firme, por estar apelado o haberse interpuesto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por ello, en virtud de la diversidad de criterio jurisprudencial y doctrinario respecto a la cuestión planteada, solicitan que se las exima de las costas, imponiéndolas en el orden causado.
III. El recurso debe prosperar.
1. De los antecedentes de la causa, se desprende que ante la denuncia de desconocimiento de bienes de propiedad de las coherederas -María Catalina Capri y Clementina Cafferata-, demandadas en la acción de colación, el a quo decretó la inhibición general bienes, considerando que con los elementos aportados a la causa se encontraban reunidos los presupuestos procesales que habilitaban su dictado, surgiendo de su compulsa material probatorio suficiente para justificar su dictado.
Asimismo, a fin de resguardar la ejecución de una posible sentencia favorable, en razón de que una de las accionadas se domiciliaba en Corrientes y la donación recayó sobre un bien ubicado en Santa Fe, amplió el ámbito territorial donde la inhibición debería cumplirse, y ordenó su anotación en los Registros de la Propiedad Inmueble de Buenos Aires y de Corrientes, y en el Registro Nacional de Propiedad Automotor de Santa Fe (v. resolución de fs. 19/20 del 25/9/2017).
A fs. 12/18 se glosa la sentencia dictada por este Tribunal, que hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por las coherederas, y revocó el pronunciamiento de primera instancia. A fs. 50, se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por los actores mediante escrito electrónico del 9/10/2019.
A fs. 52/56 las herederas promovieron el presente incidente y solicitaron el levantamiento de la inhibición general de bienes, pues las circunstancias tenidas en cuenta al momento de su dictado se habían modificado por el rechazo, en esta instancia, de la acción de colación deducida en su contra.
La resolución del 20/8/2020 rechazó el pedido de levantamiento de la cautelar dispuesta, e impuso las costas a las vencidas, motivando el presente recurso.
2. En virtud de lo normado por el art. 202 del CPCC, se ha entendido que "la provisoriedad es una de las características más señaladas de las medidas cautelares. De ahí que las decisiones que recaen sobre éstas no causan estado, pudiendo ser modificadas si han variado las circunstancias de hecho que las determinaron, y dejadas sin efecto cuando se ha justificado debidamente el cambio de motivos que fundaron su adopción" (argto. Morello- Sosa- Berizonce; " Códigos... ", T.II-C; 2° Ed.; Librería Editora Platense, La Plata, 1986; p. 593)
En este caso, advertimos que las circunstancias que llevaron al Juez a conceder la inhibición general de bienes de las coherederas, en los autos “Capri Rosas Eduardo E. y otro c/ Capri María Catalina y otra s/ Acción de Colación”, sin lugar a dudas se modificaron por el rechazo de la demanda, de conformidad con la copia de la resolución obrante a fs. 12/18, dictada por este Tribunal (causa N° 167.737 RSD-239-19 del 19/9/2019).
Sin perjuicio de que la sentencia haya sido recurrida ante la S.C.B.A., sin que hasta la fecha se haya pronunciado, lo cierto es que la falta de firmeza no es óbice para tener por acreditado el cambio de circunstancias en los términos del art. 202 del CPCC, pues el derecho ya no es verosímil (esta Sala, en causas N° 117.707 RSI-123-15 del 31-3-2015; 164.057 RSI-510-17 del 9/11/2017; entre otras).
3. Es que, si luego de la traba de una medida cautelar se dicta una ulterior sentencia desfavorable para quien obtuvo el aseguramiento, no parece discutible, en tal caso, que ha quedado sin sustento el primero de los presupuestos, esto es, la verosimilitud del derecho, lo que impone el levantamiento aunque el pronunciamiento sobre el mérito no se encuentre firme. En la hipótesis opuesta, la sentencia favorable, aún cuando no se hallare firme, otorga a su beneficiario una formidable verosimilitud (DE LÁZZARI, Eduardo N., Medidas Cautelares , Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1997, T. 1, p. 290 y 291; en igual sentido ACOSTA, José V., El Proceso de Revocación Cautelar , Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 48).
De esta manera, teniendo en cuenta que la sentencia dictada en la instancia de origen fue revocada por este Tribunal y, consecuentemente, se rechazó la acción de colación que motivó la traba de la inhibición general de bienes contra las incidentistas, es evidente que cambiaron las circunstancias valoradas por el a quo al decretar la cautelar peticionada por los actores en la causa principal.
Entonces, habiendo obtenido las herederas un pronunciamiento favorable a su pretensión, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido, y disponer el levantamiento de la medida cautelar -inhibición general de bienes- decretada contra María Catalina Capri y Clementina Cafferata.
Finalmente, en razón de los argumentos expuestos y la forma en que se resuelve el presente recurso, corresponde modificar la condena en costas decidida en la instancia de origen, las que se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del CPCC).
Por ello, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 202, 212, 242, y concds. del CPCC
RESOLVEMOS :
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por las coherederas a través de escrito electrónico del 1/10/2020 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada el 20/8/2020. Las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
III. Transcurrido el plazo previsto por el art. 267 del CPC, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/12/2020 13:48:25 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 14:36:38 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2020 14:55:02 - TROBO Lucas Mariano - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Fin de la sentencia