Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 172681
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso interpuesto por la demandada el día 14-2-2022 y confirmar, en consecuencia, la providencia del 9-2-2022 II) Imponer las costas a la apelante en su carácter de vencida (art. 68 del CPC). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 172681 JUZGADO N ° 5
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ CENCOSUD S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la providencia del 9-2-2022?
2ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En la resolución apelada, el juez emitió el auto de certificación de clase. Calificó que el grupo de consumidores afectados estaría compuesto por todos los clientes, o ex clientes, titulares o usuarios de tarjeta de crédito emitida por el demandado, de todo el país, y a los cuales se les hubiera cobrado, desde los tres años previos a la presentación de la demanda y hasta la fecha en que el accionado cese el cobro del pretenso cargo ilícito, una comisión denominada "TARJETA CENCOSUD DIRECTO" y/o nombre similar que haya adoptado el concepto cobrado a los usuarios y consumidores por acceder a la información de saldos y/o consumos y/o movimientos y/o sorteos y/o promociones y/o cualquier característica vinculada con las tarjetas emitidas por el demandado, y/o por participar en cualquier tipo de sorteos.
El magistrado ordenó publicar edictos por 3 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en el diario La Capital de esta ciudad, que dispuso efectivizar sin previo pago, conforme lo previsto en el art. 55 de la ley 24.240 y el art. 25 de la ley 13.133, a fin de comunicar en lenguaje llano y simple de entender para personas legas: carátula e identificación del proceso judicial en curso, radicación, fecha de inicio, materia, objeto, nombre y detalle de la asociación actora, invitando a las asociaciones de consumidores y usuarios a participar del procedimiento y para denunciar ante el juzgado la existencia de otro proceso de igual entidad al presente, con el objeto de adoptar las medidas ordenatorias correspondientes; y citar a toda persona que pudiera tener un interés en el resultado del litigio y que se encuentre comprendida dentro de los miembros afectados de la clase, a fin de que manifieste su voluntad expresa de ser excluido de la presente acción colectiva, como así también, de participar en él, para lo cual fijó un plazo de 10 días computables a partir del último día de publicación.
Asimismo, y atento a la importancia de brindar una información adecuada para todos los miembros de la clase, para notificar la existencia del litigio de la mejor manera posible y de acuerdo a la circunstancias del caso, teniendo en cuenta la dispersión geográfica de los clientes de la compañía demandada, ordenó que la firma accionada debía cumplir con la notificación a la totalidad de los clientes que hayan sido considerados miembros de la clase, mediante SMS o correo electrónico, que deberá enviarse dentro de los 10 días de notificada la parte demandada; y asimismo publicar el contenido previsto para el edicto en un "banner" destacado en la portada de su página web y en el muro de Facebook por un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de imponerse sanciones conminatorias frente al incumplimiento de la manda.
A tal fin emplazó a la demandada por diez días hábiles para que cumpla y acredite con la publicidad.
II. Esta parte interpuso revocatoria con apelación en subsidio el 14-2-2022, por la cual solicitó que se disponga que los proyectos de publicidad que ambas partes deban cumplimentar sea -previo a su efectivización y/o publicación- validados -en cuanto a su forma y contenido- por el juez, para evitar cualquier inclusión o aseveración improcedente, además de garantizar que dichos proyectos cumplan los recaudos dispuestos al efecto.
Asimismo, solicitó la revocación de las medidas de publicidad dispuestas a su cargo, porque implican una logística gravosa en tiempo, recursos y dinero, que considera excesiva e injusta porque el resultado de la causa es incierto.
A tal respecto, alega que el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos creado mediante la Acordada n° 12/16 de la CSJN en ningún momento establece la realización de medidas de publicidad en el estadio procesal inicial en el que se encuentra el presente pleito ni mucho menos del tenor de las aquí dispuestas.
Explica que no confrontaría la publicidad si se tratase de un acuerdo transaccional o la sentencia.
Interpreta lo resuelto como una carga anticipada de costas.
Reflexiona además que las medidas de publicidad deben ser impuestas con suma prudencia, moderación y cautela, de manera de no generar confusión en los usuarios, a la vez de evitar la afectación de derechos del demandado mediante mecanismos excesivos que afectan su reputación e imagen.
III. La actora contestó los fundamentos el 21-2-2022. Se opuso a que se ponga a cargo de su parte el gasto publicitario, a cuyo fin invocó el beneficio de gratuidad del art. 55 de la ley de Defensa del Consumidor.
IV. La revocatoria fue acogida parcialmente en primera instancia el 21-2-2022, en cuya oportunidad el juez dispuso que previamente a la publicación ordenada en autos, las partes deberán presentar los correspondientes proyectos de publicidad a los fines de ser validados por aquél en cuanto a su forma y contenido (arts. 34, 36, 238, segunda parte art. 240 y ccdes. del CPCC).
Fundó en el principio de gratuidad que inspira todo el procedimiento vinculado con la aplicación del régimen del consumidor (arts. 53 última parte ley 26.361, 55 de la ley 24.240 y 25 de la ley provincial 13.133), teniendo en cuenta que se pretende que el inicio de estas actuaciones se llegue a conocimiento de la mayor cantidad de integrantes de la clase posible.
VI. Consideración del recurso.
VI. 1. La demandada no discute el beneficio de gratuidad que le asiste a la parte actora en su carácter de asociación enmarcada en el art. 55 de la Ley 24.240, sino que propone dejar sin efecto la batería de comunicaciones que impliquen actividad privada de su parte. Esto es, el envío de mensajes de texto por vía SMS, correo electrónico, y publicaciones en formato banner tanto dentro de su portal oficial como en red social Facebook.
El fundamento citado por el colega de primera instancia para enmarcar la orden apelada es el juego de los arts. 34 y 36 del CPC.
El ordenamiento procesal confiere a los jueces ciertas atribuciones dentro de las cuales se encuentran las facultades ordenatorias e instructorias, que otorgan -dentro de un marco de discrecionalidad- la posibilidad de dictar medidas que amplían su radio de acción (argto. arts. 34 y 36 del CPC).
Si bien las decisiones que dictan ellos en uso de tales facultades son por regla inapelables, lo cierto es que en situaciones excepcionales se admite el recurso de apelación, si se causa un gravamen a las partes o se altera el derecho de defensa (conf. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios , Librería Editora Platense, La Plata, 2000, p. 325; esta Sala, causa N° 161.475 RSI 260 del 7-6-2016; entre otras).
Sin embargo, atento a la naturaleza de la cuestión planteada y las características excepcionales de los procesos colectivos, podemos ponderar que ciertas limitaciones formales no son convenientes en estos casos, pues en el contexto actual es necesario ampliar el número de sentencias que coadyuven al robustecimiento de la seguridad jurídica.
Los cauces procesales de las acciones colectivas han sido elaborados originariamente por la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (" Halabi , Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986", sent 24-2-2009), dado que la legislación sobre el tema es meramente referencial (v.gr. arts. 54 Ley 24.240, 26 de la ley 13.133, 34/37 Ley Provincial del Ambiente, nro. 11.723, o algo más específica en los arts. 4, 7 y 8 de la Ley de Amparo local, nro. 13.928 según ley 14.192), de allí que sigue siendo el Máximo Tribunal quien delineó el régimen aplicable a este tipo de procesos a través de sus pronunciamientos (" PADEC c/ Swiss Medical S.A . s/ nulidad de cláusulas contractuales", del 21/8/2013; "Unión de Usuarios y consumidores c. Telefónica de Argentina S.A.", del 6/3/2014; "Unión de Usuarios y consumidores c. Estado Nacional y Secretaria de Comunicaciones", del 6/3/2014; "Consumidores financieros Asociación Civil s. su defensa c. La Meridional Cía. Argentina de Seguros", del 24/6/14; Consumidores Financieros Asociación Civil c. Banco Itau Buen Ayre Argentina S.A." del 24/6/2014; "Consumidores Financieros Asociación Civil c. Prudentia Cía. Argentina de Seguros civiles s. ordinario", del 27/11/2014; "Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo", del 10/02/15; "Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur vs. Loma Negra Compañía Industrial Argentina y otros s. Ordinario", del 10/02/15).
Vale aclarar, ante todo, que los pronunciamientos de la Corte Federal no pretenden reglar los procesos colectivos, ni podrían hacerlo so pena de violar el principio republicano de la división de poderes, sino que de lo que se trata es de atenuar la falta de previsión normativa expresa a los fines de evitar que los derechos de nuestra Constitución queden sin posibilidad de defensa en los hechos, dado que las pocas referencias legales que existen tienen como peculiaridad su carácter parcelado y asistemático, y que antes de partir de una regulación integral previendo los diferentes intereses cuya tutela puede procurarse en su ámbito establecen referencias solapadas en marcos sectoriales (vg. ambiente, defensa del consumidor, etc.), por ello la doctrina legal es trascendente en estos supuestos estableciendo ciertas herramientas pretorianas para paliar dicha coyuntura (Rosales Cuello, Ramiro y ot., "Finalidades del proceso colectivo. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema", en: LA LEY 16/06/2015, 16/06/2015, 1 - LA LEY2015-C, 1103; online: AR/DOC/1463/2015; esta Sala, causa nro. 171131, sent 22-4-2021 "ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DEFENDETE SIN FINES DE LUCRO C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/ RECLAMO CONTRA ACTOS DE PARTICULARES").
En particular, en el considerando "20" de "Halabi", considera esencial, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. El Máximo Tribunal llama a que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.
La Corte Suprema también dictó el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos, en el marco de la Acordada 12/2016, del día 05/04/2016, cuyo apartado VIII.2. del Anexo establece que Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, conjuntamente con la resolución de las excepciones previas o, en su caso, con anterioridad a la celebración de la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el juez dictará una resolución en la que deberá: (...) determinar los medios más idóneos para hacer saber a los demás integrantes del colectivo la existencia del proceso, a fin de asegurar la adecuada defensa de sus intereses. "
Aquí la recurrente no explicó en modo alguno cuál es la afectación de su derecho de defensa con la medida de publicidad apelada, ni ha detallado cuál es la entidad del gravamen al referir que las medidas de publicidad dispuestas en cabeza de la demandada implican una logística gravosa en tiempo, recursos y dinero, que considera excesiva e injusta, todo lo cual coloca al memorial en una zona que no parece sobrepasar la mera opinión, en la que la tarea revisora de este Tribunal se ve reducida a confrontar los términos expuestos por la apelante con otros casos jurisprudenciales, a fin de aportar razonabilidad al cuestionamiento y a la decisión.
La orden de publicar un "banner" en la página web de la demandada para informar a sus clientes (miembros representados por la organización actora) sobre la existencia del caso colectivo no es una medida novedosa, pues se inscribe en una línea jurisprudencial que, a decir de Francisco Verbic, comienza a hacerse cargo de la sociedad digital en que vivimos (Sala F Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en "Consumidores Financieros Asociación Civil c/ Liderar Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario", sentencia del 22/08/13; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, en autos "Usuarios y Consumidores Unidos c/ AMX S.A. y otro s/ Materia a categorizar", Expte. N° 65.109, cit. por VERBIC, Francisco en TR LALEY AR/DOC/824/2015; LA LEY 15/04/2015, 8 y en LA LEY 2015-B, 419).
En ese contexto, no luce irrazonable, en principio, que la demandada envíe mensajes de texto y de correo electrónico a los integrantes de la clase, como tampoco que publique el "banner" en su portal oficial y en su perfil de Facebook (doct. art. 36 inc. 2° del CPC, conf. jurisp. cit.).
Por lo demás, las alegaciones referidas a tutelar su imagen comercial han caído en abstracto en la medida que el acogimiento parcial de la revocatoria asegura un contralor de las publicaciones en una instancia previa a su efectivización, lo cual resta interés a la revisión del fallo (doct. art. 242 del CPC).
Por las razones expuestas VOTO POR LA NEGATIVA.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada , por no ser del caso la tercera, el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
En orden al resultado de la votación precedente, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la demandada el día 14-2-2022 y, en consecuencia, confirmar la providencia 9-2-2022, e imponer las costas a la apelante en su carácter de vencida (art. 68 del CPC). La regulación de honorarios será diferida para su oportunidad (art. 31 y 51 ley 14.967).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) rechazar el recurso interpuesto por la demandada el día 14-2-2022 y confirmar, en consecuencia, la providencia del 9-2-2022 II) Imponer las costas a la apelante en su carácter de vencida (art. 68 del CPC). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (Ac. 4103). DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:41:53 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 11:52:51 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2022 12:44:59 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 24/05/2022 14:09:39 hs. bajo el número RS-118-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia