Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177965
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado a por la accionante (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.).
II. En atención a la ausencia de controversia, las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 177965. JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 9.
"ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ BANCO BBVA ARGENTINA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR".
Mar del Plata.
AUTOS Y VISTOS: Las actuaciones son traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el 01 de agosto de 2023, contra la resolución de fecha 12 de julio de 2023.
I. En el auto cuestionado el juez de primera instancia se declaró oficiosamente incompetente para intervenir en la causa y ordenó su remisión al Juzgado en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús que por turno corresponda, sin imposición de costas en virtud de la ausencia de sustanciación o controversia.
Para así decidir, consideró que la competencia territorial en materia de la acciones colectivas de consumo no se encuentra regulada en el código procesal de la provincia, en la ley 24.240 ni en la 13.133. Adujo que en virtud de la falta de previsión normativa expresa, los tribunales son los encargados de fijar las pautas que mejor se adecuen a la finalidad de la norma.
Citó jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados "Unión de usuarios y Consumidores c/ Banco de Neuquén SA s/ Ordinario" en el que se sostuvo que aquellas personas jurídicas que operen comercialmente a través de sucursales pueden ser demandadas colectivamente en cualquiera de esas jurisdicciones siempre y cuando alguno de los contratos que la afectación se hubiera perfeccionado allí.
Recordó que este tipo de procesos, en tanto persiguen la tutela de los derechos de una clase determinada o determinable y proponen una dinámica a través de la cual los integrantes de la clase puedan presentarse y participar, deben ser resueltos por el juez que, por su competencia material y territorial, brinde más y mejores condiciones de participación a los integrantes de la clase involucrada. En este sentido, indicó que dicho juez deberá ser aquel que se encuentre más cercano al domicilio de la mayor cantidad de los miembros de la clase, cuya conformación no ha sido determinada en el caso concreto.
II. El recurso fue interpuesto por la accionante el 01 de agosto y fundado en pieza separada en esa misma fecha. Estimó que la cuestión de autos es un asunto meramente patrimonial, por lo que no resulta procedente la declaración oficiosa de incompetencia del juez de primera instancia.
Citó jurisprudencia de este Tribunal en torno a que la mera existencia de sucursales del banco demandado en esta ciudad hace presumir que todas ellas poseen clientes domiciliados aquí, lo que resulta asiento suficiente para la tramitación de la contienda en este Departamento Judicial.
III. El recurso prospera.
El artículo 1° del C.P.C.C. consagra la posibilidad de prorrogar la competencia territorial en aquellos casos cuya materia sea exclusivamente patrimonial. En este sentido, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo indica que la prórroga opera, para el actor, por el hecho de entablar la demanda, y para el demandado cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria.
De esta manera, en asuntos patrimoniales, la declaración oficiosa de incompetencia resulta prematura porque ello implicaría anticiparse a la voluntad de las partes (conf. jurisp. SCBA C. 113.524 "Nuevo Banco Bisel S.A. contra Di Palma, Andrea Miriam. Cobro Ejecutivo. Incidente de Competencia", resol. del 16/02/2011).
En el caso cabe destacar que la acción entablada tiene por objeto que se tengan "por no escritas" cláusulas impuestas por el banco demandado en el marco de los contratos de consumo regulados por el art. 36 de la ley 24.240, el cese en su cobro y el reintegro del dinero percibido por dicho concepto a cada uno de los consumidores miembros de la clase representada, con más los intereses, el I.V.A. y la multa en concepto de daño punitivo equivalente al 100% del monto de la comisión cuestionada.
En este sentido, de manera excepcional, la SCBA ha admitido la declaración de incompetencia de oficio en cuestiones de defensa del consumidor cuando el usuario sea parte demandada en el pleito y éste hubiera sido iniciado en tribunales ajenos a su domicilio (conf. juris. SCBA C. 109.305 "Cuevas, Eduardo Alberto contra Salcedo, Alejandro Rene. Cobro Ejecutivo" resol. del 01/09/2010), circunstancias que no se presentan en el caso concreto.
Por otro lado, en la sentencia cuestionada se argumenta que no puede fundarse la competencia del juez de primera instancia por el solo hecho de que la demandada opere comercialmente en esta ciudad. Sin embargo, se ha dicho con cita de doctrina especializada (Rosales Cuello, Mendez Acosta en "La competencia de los procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos", La Ley 25-6-2019, cita en línea AR/DOC/1765/2019) que es válido constatar la mera existencia de una sucursal o establecimiento en el departamento judicial donde se insta la acción colectiva, pues ello representa un elemento lo suficientemente contundente como para conformar el arraigo de una sociedad a un determinado lugar (esta Sala, causa nro. 172148 op. cit.).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado a por la accionante (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.C.).
II. En atención a la ausencia de controversia, las costas de alzada se imponen por su orden (art. 68, 2° párr. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
IV. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2023 11:47:47 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2023 12:53:46 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2023 13:03:14 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/09/2023 10:03:11 hs. bajo el número RR-535-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia