Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 16980
causa MO-16980-2013 R.S.157 /2016
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Septiembre de 2016 reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Felipe Augusto Ferrari y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "R. G. C/ I. A. H. Y OTROS S/MATERIA A CATEGORIZAR ” MO-16980-2013, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: FERRARI-JORDA , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PROPUESTAS EL SEÑOR JUEZ DOCTOR FERRARI , dijo:
1. El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental dictó a fs. 946/956vta. sentencia, haciendo lugar en parte a la demanda que incoara G. R. respecto de las Sras. A. H., L. N., M. S. y C. I. G. I., condenando en consecuencia a éstas última a restituirle la suma de la suma de pesos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta ($43.950), con más los intereses fijados en el considerando sexto, dentro de los diez días de quedar firme la decisión y bajo apercibimiento de ejecución; impuso las costas en el orden causado y difirió la regulación de honorarios.-
2. A fs. 957 apeló el actor, recurso concedido libremente a fs. 969 y fundado con la expresión de agravios de fs. 980/988vta., replicada a fs. 1077/1083vta.-
A fs. 961 apelan las demandadas, recurso concedido libremente a fs. 962 y fundado con la expresión de agravios de fs. 976/979vta., replicada a fs. 1085/1092vta.-
El actor comienza quejándose de la sentencia por cuanto, según dice, la misma ignoró el pedido de compensación económica introducido en su presentación de fs. 974/7 fundado en lo dispuesto por el art. 524 del CCyCN, señalando que tampoco trató su pedido de atribución del hogar hasta tanto se haga efectiva la percepción de la indemnización reclamada; habla de su planteamiento inicial y los motivos por los que encuadró su petición en el enriquecimiento sin causa; dice que está acreditado el hecho de la convivencia como así también el grave desequilibrio producido por la decisión de la co demandada de despojarlo de su domicilio por vías de hecho y sin una orden judicial; sostiene que ha perdido su hogar, su trabajo, sus materiales de trabajo y ha quedado en situación de calle, perdiendo su nivel de vida; señalando que la co demandada I.utilizó tal domicilio.-
Hace referencia a la cuantificación económica de su pedido de compensación y los motivos por los cuales considera que debe fijarse la suma que pretende.-
Asimismo, para el caso en que se considere que no procede la compensación económica pretendida y que resulta acertado el encuadre jurídico dado por el juez de primera instancia, se agravia del decisorio impugnado porque solo reconoce como valor indemnizatorio la mitad del valor otorgado por el perito ingeniero civil descartando los otros valores reclamados y sin considerar el incumplimiento de las co demandadas de conservar las cosas en el estado en que se hallaban al momento de la medida cautelar dictada en las presentes actuaciones; sostiene que el enriquecimiento de las codemandadas está determinado por el valor de la totalidad del inmueble con mas el valor de los mármoles y muebles que quedaron en poder de la demandada y por otra parte el empobrecimiento de su parte que no solo abarca la mitad del valor de la construcción sino también aquellos bienes que fueron destruidos, ocultados y desvalorizados por las co demandas, mas la perdida de su trabajo y el evidente deterioro de su salud; argumentando ampliamente en tal sentido y solicitando que, para el caso de no hacerse lugar a la compensación económica reclamada, se confirmen los montos consignados en la demanda.-
Se queja de la imposición de costas, sosteniendo que como ha asistido razón a su parte al promover la acción no cabe apartarse del principio general normado en el art. 68 del CPCC y las costas deben quedar impuestas a la demandada.-
Por último se agravia de la fecha de mora, sosteniendo que como el despojo ocurrió el 19 de marzo de 2010, y hablando además de lo actuado por su parte ante el fuero de familia, es tal la fecha que debe tomarse.-
Mientras tanto, las co demandadas cuestionan la sentencia en cuanto sostiene que medió de su parte un enriquecimiento sin causa, afirmando que no existió enriquecimiento de su parte ni empobrecimiento del actor; hacen alusión a la prueba rendida en tal sentido.-
Se quejan de que el a quo haya permitido a la actora agregar prueba documental para demostrar que había realizado trabajos en el período de comunidad de vida, argumentando en tal sentido y cuestionando que el sentenciante haya autorizado a la actora a ampliar la prueba.-
Se agravian sosteniendo que no hay prueba alguna fehaciente de que los trabajos fueran efectivamente realizados y retribuidos, cuestionando la ponderación de dichos elementos probatorios.-
Finalmente, cuestionan la fecha de inicio del cómputo de los intereses, haciendo alusión a la fecha en que se llevó a cabo el dictamen pericial y aseverando que por lo tanto resulta improcedente imputar interess desde la fecha de la carta documento de fs. 33 a una suma actualizada a abril del año 2015.-
A los términos de sendas fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
3. Resueltas las cuestiones previas y previo informe del actuario, a fs. 1108vta. se llamaron "autos para sentencia" quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas; los obrados fueron requeridos para habilitar feria por cuestiones vinculadas con la medida cautelar dictada, restituyéndoselos a fs. 1127vta.-
Previo a todo, es del caso señalar que ambas expresiones de agravios satisfacen -en líneas generales y sin perjuicio de lo que seguidamente observaré con algunos aspectos en particular de las quejas traídas- las exigencias del art. 260 del CPCC; ello así, y sin perjuicio de dinamizar la sanción del art. 261 del CPCC cuando tal crítica inexista, paso a ocuparme del fondo del asunto (art. 266 in fine del CPCC).-
Y para hacerlo, teniendo en cuenta la variedad de cuestiones que ambas partes someten a nuestro conocimiento y decisión, iré abordándolas siguiendo un orden lógico y metodológico, antes que cronológico, de acuerdo con la entidad, y alcances, de cada una de dichas temáticas introducidas por los recurrentes.-
Lo que así paso a realizar.-
a) La cuestión de la agregación de documental, a fs. 498ter/499bis, por parte del actor - la realización de trabajos por parte del reclamante
Conforme mi reseña anterior, las accionadas introducen tales cuestionamientos (en los términos que surgen de fs. 978/979) objetando -por un lado- la anexión de documental por parte del actor y -por el otro- cuestionando la sentencia en cuanto tuvo por probado que el actor realizó labores durante el período de comunidad de vida con la co demandada I..-
Como se ve, el tema involucra dos facetas.-
En cuanto a la posibilidad de agregar documentación, el planteamiento es improcedente por varias razones.-
La primera: se trata de una cuestión anterior a la sentencia definitiva, que es la que viene apelada; las cuestiones en tal sentido debieron canalizarse, y finiquitarse, en la instancia previa.-
La segunda (y fundamental): que dicha anexión ha sido correctamente encuadrada jurídicamente por el actor en su planteo de fs. 497/498.-
Ello es así por cuanto, en realidad no se trataba de un hecho nuevo, sino de nuevos hechos, que no es lo mismo.-
Me explico.-
Nos hallamos frente a un proceso sumario (fs. 105).-
El art. 484 del CPCC establece que " con la demanda, reconvención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba instrumental, en los términos del artículo 332, y ofrecerse todas las demás de que las partes intentaren valerse. Dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención, en su caso, el actor o reconviniente podrá ampliar su prueba con respecto a los nuevos hechos invocados por el demandado o reconvenido ".
Esto responde a una razón obvia: cuando el actor ofrece su prueba (en el escrito inicial) no sabe, aún, cual será el tenor de la contestación de demanda y cuales serán las circunstancias fácticas que su contendiente traiga a la litis.-
Luego, cuando se evacúa el traslado al requerido, se le brinda al actor la posibilidad (propia del proceso sumario y no del ordinario, pues aquí el ofrecimiento probatorio es posterior a la traba de la litis -art. 365 CPCC-) de ampliar su oferta probatoria respecto de estos hechos que, por cierto, no fueron objeto de afirmación en la demanda.-
Así entonces, si en la contestación de demanda de fs. 453/462, se sostuvo que el actor nunca realizó trabajos, fue procesalmente correcto el temperamento de permtirle agregar, a ese respecto, la condigna documentación, de conformidad con lo establecido por la norma citada.-
Bien lo remarca, en tal sentido, la sentencia apelada (fs. 954vta.) y, a mi juicio, no les asiste razón a las demandadas en cuanto a que el actor debería haber ofrecido tales pruebas al iniciar la demanda, pues allí él estaba entablando un reclamo económico determinado, no siendo un hecho que necesariamente debiera haber afirmado la realización de alguna actividad remunerada, circunstancia que recién se torna controvertida, insisto, al evacuarse el traslado de demanda.-
Por ello, el agravio no prospera.-
Desde otroángulo, el a quo tuvo acreditadas la realización de labores por parte del reclamante, haciendo alusión a dicha documentación.-
Con bastante parquedad argumental (ver fs. 977vta./978), las apelantes se alzan contra este aspecto del fallo, y -a mi modo de ver- ninguna razón les asiste.-
Ha sido, en este sentido, profusa e intensa la actividad probatoria desplegada por el accionante.-
En efecto, a mas de dicha documentación, tenemos un cúmulo de evidencia en tal sentido y que converge a demostrar la realización de labores.-
A fs. 655vta. el testigo K. dice que el actor se desempeña como " tallador de piedras, de mármoles ".-
A fs. 657vta. el testigo D. declara en el mismo sentido y dice haberlo visto " un montón de veces tallar ".-
A fs. 660 el testigo M. dice que el actor " es escultor, yo lo vi trabajar, inclusive hacia trabajos en la marmolería "; mas adelante (fs. 661) afirma que " el era escultor, hacia tallado de letras, figuras, el trabajaba en G. M. y en Chacarita no recuerdo la calle pero queda cerca del cementerio, letrista se llama el oficio, los trabajos yo lo he visto, hacia tallado de figuras, letras, todas artesanias "; agregando que " el tenia mucho trabajo ".-
El testigo E. (fs. 688vta.) igualmente afirma que el actor trabajaba.-
El testigo K. (fs. 696) dice que el actor trabajaba, que " es artista plástico, hace tallados en marmol y si he visto trabajos realizados en la iglesia Armenia, y en salon S., lo he visto ".-
Pero esto no es todo.-
Obra en autos diversos informes que documentan la realización de labores por parte del Sr. R. (ver fs. 674, 676, 712, 747, 748, 779, 781/2 y 817).-
Tibiamente -en un párrafo de sus agravios- las quejosas sostienen que dicha documentación no reúne los mínimos requisitos exigidos por la ley.-
Pues bien, en primer lugar las quejosas bien podrían haber activado el mecanismo del art. 401 del CPCC, cuando cada una de estas piezas fue glosándose al expediente; no lo hicieron.-
Y, por otro lado, no podemos perder de vista que -sin desmerecer la eficacia de la restante- existe documentación oficial , emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se menciona puntualmente que el actor ha realizado diversas labores (fs. 747 y 781), que lejos están de ser trabajos menores.-
Queda conformado, así, un plexo probatorio claro y contundente, sin que exista ninguna razón o fundamento para apartarse del mismo (arts. 384, 401 y 456 del CPCC); no estoy perdiendo de vista que algunos testigos han referenciado tener conocimiento o amistad con el actor; ello, por cierto, no implica descreer automáticamente de sus dichos, sino apreciarlos con mayor estrictez (cfe. arts. 384 y 456 del CPCC; esta Sala en causa nro. 44.410 R.S. 26/02, entre infinidad de otras).-
Y aquí -amén de no haber dinamizado las demandadas la posibilidad del art. 456 del CPCC- las afirmaciones de los testigos ya analizados son coincidentes, todos ellos dan razón de sus dichos, no existe prueba que lo contradiga y coinciden con el cúmulo de evidencia recolectada no solo por medio de la documental, sino también de la informativa. Amén de lo cual, es lógico que si se pretende demostrar circunstancias como las aludidas, se vaya a ofrecer el testimonio de personas con cierto grado de cercanía, pues obviamente son ellas quienes mejor pueden conocer este tipo de circunstancias.-
El agravio de las demandadas, entonces, no prospera.-
Y, mas aun, no solo es que el agravio no prospera, sino que computo la mendacidad de las accionadas, al sostener que el actor nunca realizó trabajos -tanto en primera instancia como en esta Alzada- frente a la contundencia de dichas probanzas y la importancia de las labores que trasuntan las mismas.-
Desde esta Sala reiteradamente hemos sostenido que la conducta procesal de las partes es un elemento computable dentro del concierto probatorio (esta Sala en causa nro. 45627, R.S. 363/01, entre otras), habiendo señalado -asimismo- que la mendacidad se erige en fuerte indicio en contra de la postura de quien ha asumido semejante conducta procesal (esta Sala en causa nro. 56.213 R.S. 332/09, 35.809 R.S. 177/11, entre otras).-
Aquí, insisto, no solo las quejosas han sido mendaces al contestar demanda, sino que mantienen su postura mendaz -aunque con argumentos bastante endebles (arts. 260 del CPCC)- en la instancia de revisión, lo que -como ya lo veremos- proyectará sus efectos a las demás cuestiones a decidir.-
Esto, por cierto, no implica reprochar el ejercicio de la defensa, sino la conducta que implica un abuso en tal sentido: ellas vinieron a sostener que el actor no trabajaba, el actor se defendió y demostró que sí trabajaba, advertimos que vienen en la Alzada -con fundamentos, insisto, por demás débiles- a insistir sobre tal cuestión, cuando las constancias de la causa demuestran, indudablemente, que el actor sí trabajaba y obtenía ingresos en ese sentido.-
Así, insisto, el agravio de las demandadas no es de recibo; además, lo advierto, su postura procesal -en el punto- se computará con los alcances indicados y los que se detallarán en los puntos subsiguientes.-
b) La compensación económica del art. 524 del CCyCN y el pedido de atribución de la vivienda en los términos del art. 526 del mismo cuerpo normativo
El actor introdujo tales cuestiones con su presentación de fs. 916/920, la cual no fue bilateralizada (ver fs. 921).-
Por lo demás, es claro que -como se lo denuncia en los agravios- el tema fue preterido por el a quo en su sentencia.-
Ciertamente, y aunque podría pensarse en la invalidación de la misma por tales razones, la respuesta se encuentra en el art. 273 del CPCC, que nos habilita a dar tratamiento a las cuestiones omitidas en primera instancia, siempre que se realizara la condigna petición en Cámara.-
Pues bien, tengo para mi que dicha petición implicó la introducción -en el proceso- de una nueva pretensión; pero ello es tardío, desde que -a mi juicio- implicó una modificación sustancial de su pretensión, tardía a la luz de lo establecido por el art. 331 del CPCC.-
Pero no son estas las razones fundamentales por las cuales, a mi juicio, el planteamiento no debe prosperar.-
Sabemos que, desde el pasado 1 de Agosto de 2015 (cfe. art. 7 ley 26994, modif. por ley 27.077), se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), habiéndose derogado -asimismo- el ordenamiento de fondo anterior (art. 4 ley cit.).-
Con lo cual, lo primero que ha de determinarse es si las normas del nuevo ordenamiento atraparían el supuesto de autos.-
Inicialmente, es del caso señalar que el art. 7 del nuevo Código determina (con una redacción que -en lo que interesa al presente- es casi idéntica a la del art. 3 del ordenamiento derogado) que " a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo ".-
La aplicación inmediata de la ley es el principio consagrado en la primera cláusula del artículo, en función del cual las leyes se aplican a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas que se creen a partir de la vigencia de la ley y a las consecuencias que se produzcan en el futuro de relaciones o situaciones jurídicas ya existentes al momento de vigencia de la ley. Señalando la doctrina que en estos casos no hay retroactividad ya que la nueva ley solo afecta a las consecuencias que se produzcan en el futuro (cfe. FERREIRA RUBIO, Delia M., en AA.VV. Código Civil Comentado , BUERES, Alberto (dir.) -HIGHTON, Elena (coord), T 1, ps 10/11).-
Ahora bien, en el caso, es claro que al momento de entrar en vigencia el nuevo ordenamiento, la convivencia del actor con la co demandada había concluído.-
Por lo cual, no puede sostenerse que se trate de una situación "existente" al momento de entrar en vigencia el nuevo ordenamiento.-
La doctrina, sobre el particular, ha sostenido que l a compensación económica dispuesta en el artículo 524 rige para las uniones convivenciales que se extinguen después de la entrada en vigencia del CCyCN, aun cuando se hayan constituido con anterioridad, pero no si se extinguieron antes de la entrada en vigencia (KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones existentes , p. 142; en igual sentido, PELLEGRINI, María V., Efectos jurídicos de las uniones convivenciales: la forma en garantía del fondo , RCCyC 2015 (noviembre), 46).-
Una orientación análoga ha tenido la jurisprudencia (Corte Sup. Tucuman, 14/10/2015, nro. sent. 1158).-
De este modo, las reglas de los arts. 524 y 526 no atraparían el caso, justamente porque la convivencia entre actor y co demandada no configuraba una situación existente al momento de la entrada en vigencia de la nueva legislación.-
Por lo demás, hay un dato que converge en el mismo sentido: de pretenderse la aplicación del nuevo sistema, no podrían -a mi modo de ver- tomarse aisladamente sus partes; y, así, nos encontraríamos con la caducidad consagrada en la parte final del art. 525 del CCyCN.-
Y frente a un reclamo judicial instaurado luego de tres años de concluída la convivencia, hito que el Código consagra para el cómputo del plazo de caducidad.-
En este contexto, claro que podría argumentarse que al momento de cesar la convivencia el art. 525 no existía; y esto no haría mas que reforzar la línea que vengo transitando: al momento de cesar la convivencia ni el art. 525, ni tampoco el art. 524, ni el 526 eran ley vigente; con lo cual, mal pueden regir en el caso.-
Luego, el agravio del actor debe rechazarse.-
c) El progreso de la demanda
En su primer agravio (fs. 977vta./978), las demandadas se quejan del progreso de la demanda, sosteniendo que los requisitos expresados como justificativo de dicho anclaje no corresponden a la situación d
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