Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28553
Causa Nº MO-28553-2017 R.S.: 415/2020
Con fecha 17 de Diciembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ V. P. M. Y OT S/MATERIA A CATEGORIZAR ” Causa Nº MO-28553-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: : JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDÁ dijo:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia N° 1 Departamental a fs. 370/378 resolvió declarar a K. L. S. y a K. (o Iara) V. P. en situación de adoptabilidad .-
En dicha sentencia, luego de realizada la síntesis de las constancias obrantes en autos, la Sra. Jueza de grado entiende que es necesario destacar que han sido numerosos los intentos de trabajo con los referentes afectivos de K. e I. desde los servicios administrativos (DINAI, Servicio Zonal, Consejo de Mujeres de Ituzaingó), como desde el Juzgado de Origen, no habiendo obtenido el resultado esperado. Por ello, analizando los informes y evaluaciones realizados por las distintas instituciones, las entrevistas mantenidas en el Juzgado y las circunstancias que rodean la vida de K. e I., considera que corresponde declarar al niño y a la niña en situación de adoptabilidad.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 383/vta. la Sra. M. A. V. P., progenitora del niño y la niña , interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 389 y se fundó con el memorial de fs. 398/399vta. -habiendo dejado nota en el libro de asistencia los días 7 y 11 de febrero de 2020 según nota de fs. 400-, que fuera replicado por la Sra. Asesora interviniente con fecha 10 de marzo de 2020.-
La recurrente se agravia de la resolución apelada precisando que si bien se encuentra en estado de vulnerabilidad por razón de la discapacidad que presenta, ello no implica que el niño y la niña deban ser separados de su persona, debiendo el Estado asegurar medidas que garanticen a K. y a I. crecer bajo su amparo. Agrega que su diagnóstico de padecimiento mental no autoriza a presumir riesgo de daño respecto de sus hijos o incapacidad de cumplir adecuadamente su rol materno.-
Alega que en sucesivas presentaciones expresó su voluntad de vivir junto a los infantes en un hogar o refugio, espacio donde contará con la asistencia de profesionales que le brindarán apoyo para fortalecerse en su rol de madre y con la ayuda de un acompañante terapéutico logrará vincularse con sus hijos.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.-
A continuación la Sra. Asesora interviniente contesta los agravios traídos por la recurrente mencionando que las conclusiones de todos los informes de autos reflejan la conducta de la Sra. V., quien a pesar de la ayuda recibida por todos los efectores para colaborar con la crianza de sus hijos y su salud, solo ha logrado sostener alguna mejora por un corto plazo y luego ha reiterado sus conductas irresponsables exponiendo a sus hijos a situaciones de peligro, no pudiendo sostener ninguno de los recursos brindados.-
Asimismo, alega que no existen pruebas de que se haya ocupado debidamente de la realidad vital de sus hijos, de su salud o de generar un sano entorno de contención, amor y protección. La intervención del organismo de derecho data del año 2017 pero a pesar del largo camino recorrido, se demostró que la Sra. V. P., el Sr. S. y su familia ampliada no pudieron posicionarse en adultos protectores demostrando que la continuidad de la convivencia no representaba el mejor interés de los niños.-
Por ello, entiende que la oposición efectuada por la progenitora debe valorarse como una mera expresión pues la debida manifestación de su voluntad debió ser acompañada de una actividad positiva de su parte durante todos estos años, sumado a las probanzas de autos que demuestran que la Sra. V. P. no acogió favorablemente la ayuda brindada, las cuales son claras muestras de que no están dadas las condiciones para que ejerza responsablemente el rol materno aún con la asistencia del sistema de apoyo brindado por los organismos del estado, por lo que solicita se confirme la resolución apelada.-
Agrega que ello no supone desamparar a la Sra. V. P. sino que corresponde instrumentar los medios necesarios para generar un cambio real de oportunidades que le garantice el libre ejercicio de sus derechos y un proyecto de vida despojado de toda violencia.-
1. La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño/a se inserta en otro grupo familiar que el de origen .-
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño/a permanecerá con ellos, a la familia adoptiva.-
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (arts. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).-
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.-
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN .-
Y al respecto he de referir que " En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de famili a.
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a).
Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario, y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso .
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8 º y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y s e complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42) -
El paso del tiempo es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.-
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “ esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades ”.
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo final- determina que “ el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días ”.
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógico- en clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo.
Aquí resulta imprescindible referir que el " interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.-
Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada " ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios rectores del Debido proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).-
La flexibilidad que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.-
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.-
2. De la lectura de autos surge que la presente causa se inicia por la denuncia realizada con fecha 10 de mayo de 2017 respecto de los malos tratos que recibiera la Sra. V. P. y su pequeño bebé K. S. provenientes de su pareja y progenitor respectivamente, el Sr. F. S. (ver fs. 2/vta.).-
A ello se suma la histórica intervención en la familia del Sr. S., con quien la Sra. V. convivía, conforme lo informa la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Ituzaingó, remontando su trabajo al año 2007 respecto de los jóvenes M. y A. S., hijos de la Sra. M. R., quienes son hermanos y progenitora del Sr. F. S. (fs. 20/21).-
Aún más clarificador del marco de la conflictiva familiar aquí planteada resulta ser el informe también proveniente de la DINAI agregado a fs. 30/32 (original fs. 65/73) -21 de junio de 2018-, de donde surge que la Sra. V. P. pidió ayuda a la Sra. C. solicitándole ropa y alimentos para ella y su hijo K., siendo aquella una ex operadora del "Hogar Púrpura", donde habría estado internada antes de iniciar su relación con el Sr. S.. Dicha operadora hizo una denuncia penal -fs. 22- respecto de la situación en la que se encontraba la Sra. V. P. -24 años- y K. -1 año- al reunirse con ellos, refiriendo que el pequeño se encontraba sin vacunas, flaco, resfriado, que no lo llevaba al médico porque temía que lo dejaran internado, que su pareja los agrede físicamente, que salía a pedir dinero a la calle para dárselo al Sr. S., que presentaban ambos marcas de golpes, sucios y extremadamente delgados, que viven con sus suegros pero que ellos tampoco les daban de comer . Asimismo se agrega un informe del tiempo de internación de la jóven en dicho Hogar donde se refiere que su diagnóstico presuntivo es retraso mental de gravedad no especificada y trastorno psicótico no especificado con plan farmacológico -fs.23- , dejando constancia de la ausencia total de su familia biológica y de haber sido víctima de abuso sexual por integrantes de la misma -fs.26/27-.-
La Sra. V. estuvo internada antes en el Hospital Psiquiátrico infanto juvenil Tobar García por intento de suicidio y que al cierre del Hogar Púrpura fue trasladada al Hogar Warnes de donde se escapó cuando inició su relación con el Sr. S..-
Es así que dicho informe concluye con el alto grado de vulnerabilidad en que se encontraba el pequeño K. y la urgencia que plantea la DINAI para articular con los organismos respectivos el ingreso del pequeño con la Sra. V. a un Refugio de Mujeres o a un Hogar Convivencial.-
Una semana más tarde, la DINAI logra entrevistar a la Sra. V. junto a la representante del Consejo de Mujeres de Ituzaingó, a quien encuentran desalineada, con falta de higiene, dudando de un posible segundo embarazo (a ese momento de 6 meses, ver fs. 45), reconoce situaciones de violencia por parte del Sr. S., desconoce si posee certificado de discapacidad. En dicha reunión se le plantea la posibilidad de ingresar a un Refugio de Mujeres con su hijo pero con actitud determinante expresa no querer ingresar. Allí también se registran las entrevistas con miembros de la familia paterna de K.: M. S. y M. R. quienes confirman que el pequeño no tiene vacunas y que no cuenta con controles médicos, que M. tiene "problemas mentales", que se pone agresiva con el bebé, que no recibe tratamiento alguno y que aún no se ha hecho ningún control ginecológico. De esta manera la DINAI vuelve a concluir que el niño K. se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad bajo la responsabilidad de sus progenitores , no pudiendo la Sra. V. P. cuidar íntegramente a su hijo por las dificultades que presenta, como tampoco puede la Sra. R. responsabilizarse del pequeño por no configurarse como protectora de su nieto (informe 27 de junio de 2018, fs. 42 y original fs. 62/64).-
Frente a la negativa de la Sra. V. P. para ingresar al Refugio "Mi destino" (fs. 46 -original fs. 61/vta.- y a fs. 120, 13 de septiembre 2018), con fecha 28 de junio de 2018 se dispuso su ingreso al Hogar con el auxilio de la fuerza pública en caso de que la misma se negara, no obstante ello desde los organismos administrativos consideran que el ingreso al refugio por la fuerza no es correcto, insistiendo con la evaluación psicológica y psiquiátrica de la Sra. V. P. para que no solo sea protegida sino que pueda tener acceso a un tratamiento en relación a su problemática.-
A fs. 161/164 -original fs. 180/183- se agrega otro informe de la DINAI -26 de septiembre de 2018- de donde surge que si bien se han podido regularizar los controles médicos y obstétricos del niño K. y de la Sra. V. P. ambos continúan atravesados por una situación social compleja y de alta vulnerabilidad, considerando que la red familiar resulta deficiente para garantizar los cuidados de K. y de la niña por nacer , sumado a que no logran dimensionar las dificultades que se le presentan a la Sra. V. P. en el ejercicio de su rol materno delegando en ella responsabilidades que no puede asumir, con el agravante que no son reconocidas por el entorno familiar las situaciones de violencia a las que se encontraba sometida la Sra. V. P.. Finalmente, la DINAI reitera que esta última presenta escasos recursos simbólicos y cognitivos para hacer frente a las demandas y necesidades que se le presentan cotidianamente.-
Con fecha 27 de septiembre se reúnen operadores de la DINAI, del Servicio Zonal Morón y del equipo técnico del Juzgado de origen quienes acuerdan que deberá implementarse una medida de abrigo para el niño K.y para la niña por nacer, como así también la evaluación de la Sra. V. P. al momento del parto, a lo cual se suma la Asesoría en su dictamen de fecha 4 de octubre de 2018.-
Con fecha 10 de octubre se agrega otro informe (ver fs. 221/222) donde surge que la Sra. V. P. no habría asistido a un turno con la obstetra, que se encuentra reticente a las visitas profesionales pues no atiende, se muestra molesta y se negó a establecer diálogo con ellos, que no habría llevado a Kevin al médico frente a un cuadro de fiebre que luego derivara en una otitis y conjuntivitis, negándose a acompañar al niño y a brindar la documentación del mismo cuando fue llevado a la pediatra con su abuela y personal de la DINAI . Además se agrega que el Sr. S. habría quedado detenido y que la Sra. R. no puede hacerse cargo.-
No obstante ello, un mes después, la Sra. R. se presentó en autos para proponerse como adulto responsable del cuidado de los menores -fs. 223/229-, pedido que fue rechazado por el Juzgado de origen a fs. 256.-
Luego de ello, con fecha 17 de octubre -fs. 125 y original fs. 172/173-, la DINAI informa que la niña K. V. P. ha nacido el día 12 de octubre de 2018, que el Sr. S. se apersonó en el Hospital generando disturbios intentando llevarse a la niña bajo amenazas, siendo que la misma se encontraba en el sector de neonatología por tener problemas respiratorios , por lo que el Juzgado de origen ordena la prohibición de acercamiento del progenitor a la pequeña K. con fecha 18 de octubre de 2018 -ver fs. 127/8-.-
Así es como con fecha 22 de octubre de 2018 (ver informe de fs. 195/196 -original fs. 199) se efectivizó la medida de protección excepcional respecto del niño K. y de la niña K. en el Hogar Pascual Crudo, en donde se encuentran hasta el día de la fecha.-
En dicho informe se agrega que el Hospital informó que respecto de la niña K., su progenitora no cumplió con los horarios de lactancia presentándose esporádicamente, como tampoco se presentó a registrar a su hija el día correspondiente.-
Así es como a fs. 202/213 se agrega en autos la comunicación de las medidas de abrigo respecto de la niña K. y el niño K. con el plan estratégico de restitución de derechos a su respecto, de donde surge entre sus metas que se evaluará " posibles hogares convivenciales o referentes que le brinden a la Sra. V. P. un lugar en el cual pueda contar con u
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