Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen · Causa 92632
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Pehuajó
Autos: "ROJAS, ANGELA FILOMENA Y OTROS C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/MATERIA A CATEGORIZAR"
Expte.: -92632-
En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, en la fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975, celebran telemáticamente Acuerdo los jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Silvia E. Scelzo y Carlos A. Lettieri, para dictar sentencia en los autos "ROJAS, ANGELA FILOMENA Y OTROS C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS S/MATERIA A CATEGORIZAR" (expte. nro. -92632-), de acuerdo al orden de voto que surge del sorteo de fecha 30/3/2023, planteándose las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿son procedente las apelaciones de fechas 11/11/2022 y 14/11/2022 contra la resolución del 9/11/2022?
SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.
A LA PRIMERA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:
1. Los sucesores del adherente del plan de ahorro suscripto con la demandada se presentan indicando que ocurrido el fallecimiento de aquél, tienen derecho a obtener la cancelación de las cuotas impagas con fundamento en el contrato de ahorro ya que Norberto Ismael Ortiz, el causante, al momento del fallecimiento se encontraba al día en el pago de las cuotas del plan.
Al dictar sentencia se aborda en primera medida la excepción de prescripción donde la aseguradora Cardif Seguros S.A. -citada en garantía por la parte demandada- sostiene que rige el art. 58 de la Ley 17.418 (prescripción anual); en cambio, la parte actora afirma que rigen el art. 2560 y cctes. del Código Civil y Comercial o el art. 50 de la ley 24.240, que refieren plazos mayores.
Ante ello la jueza concluye que, en el caso, no se trata de una acción en los términos de la ley 17.418 sino que estamos frente a una acción entablada en los términos de la ley 24.240, por un consumidor contra el proveedor, con lo cual entiende que este plazo anual contemplado en la ley especial de seguros no resulta de aplicación en autos, donde el reclamo no se realiza a la compañía aseguradora sino al tomador del seguro -administradora del plan de ahorro- atribuyendo a éste culpa o negligente accionar frente a la denuncia del fallecimiento del asegurado, con lo cual decide que corresponde estarse a los términos previstos en el art. 50 de la Ley 24.240 y a la fecha de promoción de la demanda el plazo de prescripción aún se hallaba en curso.
Por ello, finalmente resuelve desestimar la prescripción en lo que respecta a la relación entre los sucesores de Ortiz y la administradora del plan, demandada.
Al agraviarse de esta cuestión, la demandada alega que el supuesto discutido en autos debió regirse por la Ley de Seguros, ya que el hecho controvertido versó sobre un aspecto de este contrato y no sobre el plan de ahorro. Explica que el sujeto obligado a cubrir el importe de las cuotas pendientes o a la entrega de una unidad 0km frente a la ocurrencia del siniestro, ha sido, en dicho contrato, la compañía aseguradora y por ello dice que advirtió que se trataba de dos contrataciones diferentes: una entre Ortiz y la administradora del plan, y otra entre Ortiz y la aseguradora. Para finalizar agrega que, con idéntico criterio, la CSJN ha sostenido que resulta aplicable la ley de seguros, aunque se esté en el marco de una relación de consumo, por manera que se aplicó erróneamente el plazo trienal establecido en la ley 24.240, cuando correspondía el anual fijado en la ley 17.418.
Eso es dicho para intentar repeler la demanda en su contra con fundamento en haber operado la prescripción.
En este punto lo que se debe determinar es la ley aplicable, en tanto los actores no son los tomadores del seguro de vida que pretenden hacer efectivo, sino que la tomadora es la demandada que contrató el mismo, aunque por la obligación asumida por los actores con ella, además trasladándole el costo del mismo a estos últimos.
Para aclarar un poco la cuestión seguiré los lineamientos expuesto ante un caso similar (Cám. Nac. de Apel. Com. de Cap. Fed., sala D, sent. del 21/3/2017, causa “PODESTÁ OSVALDO HÉCTOR Y OTRO C/VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PREVIO PARA FINES DETERMINADOS S/ ORDINARIO”, registro n° 9909/2011), donde se dijo que la función del seguro de vida en los sistemas de ahorro previo consiste en dotar de las sumas de dinero suficientes para cancelar las cuotas impagas de inmediato en caso de muerte de un integrante del grupo; y permitir de esa manera el cumplimiento de las adjudicaciones en el tiempo establecido en el plan sin sufrir deterioro financiero. Y los sistemas de seguro de vida colectivo constituyen una modalidad particular del contrato de seguro, pues el objeto de la cobertura es el crédito pendiente que tiene la administradora del plan contra el adherente; en otros términos, recae sobre las cuotas adeudadas posteriores a su fallecimiento (ver en el caso póliza acompañada como archivo adjunto con escrito del 9/6/2021).
Entonces, desde el punto de vista subjetivo, es la sociedad administradora del plan de ahorro la titular del interés asegurable, quien además aparece como la tomadora y beneficiaria del seguro. El adherente, de su lado, si bien presta su consentimiento, es un tercero ajeno a la relación contractual asegurativa, pues no es tomador ni beneficiario del seguro, aunque indirectamente se beneficie con él. En efecto, la sociedad administradora exige y contrata con la aseguradora y es ella quien habrá de percibir la indemnización destinándola al pago de las cuotas en el supuesto de fallecimiento del adherente del plan de ahorro, de suerte tal, que la relación jurídica básica es la que vincula al adherente con la entidad administradora, en tanto el seguro es accesorio a esa contratación (conforme al fallo citado).
Por ello, no es el adherente al plan de ahorro a quien debe tenerse como parte del contrato de seguro sino a la propia administradora de ese plan y por ello -en este caso- no hubo una contratación hecha por cuenta y orden de aquél, lo que lleva a concluir que la cuestión relativa a la eventual prescripción de la acción de cobro del seguro, lo referente a la ausencia de cobertura por una tardía denuncia del siniestro, no puede serle opuesta a los accionantes, a partir -justamente- del hecho de que esas defensas derivan del contrato de seguro y no del contrato de plan de ahorro previo; en la cual se ha fundado el presente reclamo.
Por manera que no tratándose el reclamo que aquí nos ocupa, de la relación entre aseguradora -Cardif Seguros SA- y tomador del seguro -Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados-, sino, en vez entre la relación que unía a Ortíz -consumidor- con la demandada proveedora, no resulta aplicable el plazo de prescripción de un año contemplado en la ley 17418, sino el que resulta de la ley de defensa al consumidor en tanto entre la actora y la demandada existe una relación de consumo prevista en el art. 1 de la ley 24240, y regida por esta norma.
Teniendo en cuenta ello, el agravio referido a la aplicación de la ley de seguros 17418 en lugar de la ley de defensa al consumidor 24240 aplicada en el caso, debe ser rechazado.
En este punto cabe señalar que al promover la demanda, los actores no describieron su objeto como referente a una pretensión de cobro de la indemnización derivada del contrato de seguro de vida anudado entre la administradora del plan y la excepcionante citada como tercera.
Por el contrario, el objeto demandado (al cual corresponde estrictamente atender para dictar sentencia sin incurrir en arbitrariedad; arts. 330 y 163, inc. 6°, del Código Procesal) fue el cumplimiento del contrato de ahorro previo celebrado por el causahabiente de los actores, para lograr obtener la cancelación de las cuotas impagas con fundamento en el contrato de ahorro y la devolución de las que tuvieron que pagar los herederos conforme requerimiento de la demandada (v. dda. del 3/12/2020).
A punto tal que sólo se dirigió el reclamo contra la administradora del plan sin haberse involucrado en el escrito de inicio a Cardif Seguros S.A, la cual fue traída a juicio -en calidad de tercera- a exclusiva iniciativa de la demandada (v. esc. elec. del 14/04/2021 pto. VII).
En cuanto al segundo agravio, referido a la atribución de responsabilidad del apelante, se sostiene que el aquo consideró notificada la defunción del titular del plan de ahorro a la demandada en tiempo y forma y por ello la condena, cuando a su criterio los sucesores de Ortiz dicen haber notificado fehacientemente a la comercializadora del plan, “Alra Sur”, pero ello no fue acreditado en la causa.
En resumen sostiene que le atribuye responsabilidad por la extemporaneidad en la denuncia del siniestro, hecho que dependía exclusivamente de los accionantes por estar en mejores condiciones de saber cuándo ocurrió la muerte del suscriptor. Por ello concluye que sólo podría haber hecho la denuncia ante la aseguradora a partir o desde el momento en que los herederos de Ortiz comunicaron a ella el deceso; y dice que como los accionantes comunicaron el fallecimiento del titular del plan, aunque no consta la fecha, directamente al concesionario comercializador del plan de ahorro, “Alra Sur”, y no directamente a ella, no pudo realizar la denuncia del siniestro en su calidad de tomador del seguro.
Veamos.
Cierto es que tanto la administradora del sistema (VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS) como el concesionario vendedor del plan de ahorro (en este caso ALRA SUR S.A.) deben velar y asegurar el adecuado funcionamiento de la operatoria para preservar el cumplimiento integral de las prestaciones asumidas, la administradora no puede evadir su responsabilidad, ya que ella ha actuado con inexcusable negligencia en controlar idóneamente a quienes comercializan sus planes, por manera que si los actores afirman que fue comunicado el fallecimiento a la agencia vendedora ALRA SUR S.A, en tanto elegida para contratar con el causante, no puede ser considerado que el solo desconocimiento de ese hecho, ponía únicamente en cabeza de los actores la carga de gestionar la prueba concreta al respecto, pues como bien lo ha señalado la jueza en la sentencia, soy de opinión que aquí resulta aplicable el principio de las cargas probatorias dinámicas por estar la demandada en mejor condición para probar cuándo fue recibida por su concesionaria vendedora del plan de ahorro la denuncia de fallecimiento por parte de los herederos de Ortiz (carga probatoria dinámica, art. 34.5.d cód. proc.; ver doctrina legal, búsqueda integral en JUBA online con las voces carga dinámica prueba SCBA).
No obstante ello eligió desentenderse del tema dedicándose a negar y desconocer los dichos y pruebas aportadas por los actores.
Pero puntualmente para acreditar ese aviso de fallecimiento de Ortiz, los actores si bien alegan que existió una primera comunicación informal con ALRA SUR S.A., de la cual no hay constancia, cierto es que se adjuntó nota recibida por ALRA SUR S.A. en que los actores le informaban del fallecimiento de Ortiz con fecha 15/11/2018 (dentro del año de producido el fallecimiento), agregando la documentación requerida anteriormente con motivo de la consulta telefónica y vía correo electrónico, acusando recibo de la misma la demandada recién el 22/1/2019 (v. pág. 88 doc. escaneada y adjuntada a la demanda del 3/12/2020).
Y si bien al efectuar la negativa del artículo 354.1. del ritual en la contestación de demanda (pto. III.3.1.), se advierte que al negar en particular la autenticidad material y formal se enumera: 1) Recibo N° 00001843 de fecha 20/11/2014 emitido por BairesWagen S.A.; 2) Nota suscripta por la Sra. Ángela Rojas dirigida a Alrasur S.A.; 3) Extracto de cuenta informativo emitido por el Banco Provincia, sin hacer mención específica a la nota agregada a fs. 89 en demanda donde figura como remitente la demandada (aclarando que la envía el supervisor de seguros Diego Núñez) mediante la cual se acusa recibo de la documentación recibida informando el fallecimiento del titular del plan, la cual es fechada 2/11/2019 (v. esc. elec. del 14/04/2021, pto. III.3.1 último párrafo.).
Entonces, es razonable concluir que esa nota no desconocida, de fecha 22/01/2019 se relaciona directamente con la comunicación que informaba el fallecimiento de Ortiz con fecha 15/11/2018, pues no habiéndose siquiera explicado la demandada que hubiese recibido la documentación y denuncia de fallecimiento en otra fecha distinta a la que surge de la nota del 15/11/2018 y fuera del plazo de un año de producido el óbito, a qué otra comunicación podría haberse referido, haciendo operativo el principio de la carga probatoria dinámica, por que corresponde tener por válida aquella notificación realizada el 15/11/2018 tanto a la concesionaria vendedora como a la aquí demandada por integrar ambas la misma cadena de comercialización (arg. arts. 2 y 3 CCyC). Ello, conlleva a asignarle el carácter de indicio, que integrado al resto de la prueba directa producida, constituye una prueba compuesta que debe ser valorada en su conjunto (arts. 163 inc. 5 y 384, CPC).
En todo caso la desidia y tardanza en comunicar el fallecimiento por parte de la comercializadora a la administradora del plan se trata de una cuestión que no puede ser aquí invocada para eximirse de la responsabilidad por parte de la demanda, ya que ella en todo caso ha actuado con inexcusable negligencia en controlar idóneamente a quienes comercializan sus planes, como ya lo dijera (conf. fallo publicado en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://biblioteca.camdp.org.ar/fallos/sant.pdf).
En este punto se ha dicho por la doctrina que existe conexidad de contratos en el marco de los negocios jurídicos de ahorro previo, al enfatizar que “el análisis jurídico – económico debe pasar por el estudio real de las relaciones jurídicas negociales y –en este aspecto- creemos que las mismas se entablan entre un grupo económico, conformado por la fábrica terminal, el ente financiero (sociedad administradora), y en determinadas oportunidades por la concesionaria oficial, y por otro lado, el consumidor, más allá de todas las ficciones jurídicas que puedan insertarse. Esto es importante porque superamos el esquema formal generado por estos grupos económicos que estructuran toda esa sistemática para eludir responsabilidades y obstruir el acceso a los reclamos presentes y futuros de los consumidores. Esta forma de encuadrar la negociación por las fábricas terminales, en definitiva apunta al traslado de riesgos al consumidor y esto consiste, desde entorpecerle el accionar jurídico tribunalicio a través de las formas futuras de estructurar las relaciones jurídicas, hasta generar en los consumidores un desgano procesal que determina no sólo el abandono de acciones, sino directamente una conducta al no accionar, todo lo cual se traduce en sumas fabulosas en favor de los grupos económicos” (Ghersi, Carlos A; Muzio, Alejandra E.” Compraventa de automotores por ahorro previo”, Ed. Astrea, pág. 54, Bs. As., 1996; citado en fallo en web https://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=8249120744).
Por último, cabe decir que con la teoría de las cargas probatorias dinámicas aquí considerado no se está poniendo en cabeza de la demandada que acredite lo que la contraparte no hizo o un hecho negativo -como lo invoca en sus agravios-, sino que tratándose de una prueba documental recibida por la concesionaria elegida por ella para comercializar sus planes de ahorro y donde contrató Ortiz, no basta en este caso con desconocer su autenticidad y solicitar que no se tenga por ocurrida la notificación, sino que en todo caso para echar luz sobre su veracidad podría haber realizado fácilmente las gestiones para presentar los originales o registros de esa comunicación por encontrarse en mejores condiciones para ello, por estar las pruebas en poder de la agencia que forma parte de su cadena de comercialización del plan de ahorro suscripto con Ortiz (art. 34.5.d cód. proc.; ver doctrina legal, búsqueda integral en JUBA online con las voces carga dinámica prueba SCBA). A lo que se suma lo normado en el artículo 386 del ritual, referido a la documentación en poder de una de las partes; y las consecuencias que su falta de presentación acarrea, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido: tal actitud omisiva constituirá prueba en contra de quien oculta la documentación en cuestión.
Por ello considero que en el caso, el solo desconocimiento de la documental, no alcanza para desvirtuar la prueba agregada de la cual surge que los actores comunicaron fehacientemente el fallecimiento de su padre ocurrido el 9/1/2018 a ALRA SUR S.A. el 15/11/2018, aunada como se vio a la nota no desconocida de haber recibido esa comunicación, dentro del plazo del año que a su vez contaba la demandada para denunciar ante la compañía aseguradora para reclamar la indemnización correspondiente.
Por todo lo anteriormente expuesto llego a la conclusión que los herederos aquí actores, cumplieron con las obligaciones a su cargo, denunciando en tiempo y forma el fallecimiento de su padre con la suscriptora del plan de ahorro, por lo que resulta responsable la demandada por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato del plan de ahorro suscripto con Ortiz.
En referencia al tercer agravio tocante a la admisión de la falta de legitimación pasiva de la aseguradora y de la condena a repetir los pagos, la demandada alega que ha citado en garantía a la aseguradora contratada por Ortiz, a fin de que asuma las obligaciones contraídas. Sin embargo, la sentencia en crisis la ha desvinculado del asunto, sin fundar debidamente su postura ni dar argumentos en pos de su decisión. Dice que no había razón alguna para que se hiciera lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, habiéndose demostrado que había un vínculo contractual con ella, y que se le habían realizado pagos.
Pero esta cuestión ha quedado decidida ya al resolver el punto anterior donde se concluyó que Ortiz no era el tomador del seguro sino que si bie
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.