Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129849
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca parcialmente la resolución apelada de fecha 11/05/2021 en cuanto dispone la imposición de costas en el orden causado, estableciéndose que las mismas, devengadas en ambas instancias, deberán ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida (arts. 68, 69, 274, CPCC), y no mediando cambio de circunstancia alguno que amerite el levantamiento en los términos peticionados por la accionada, se la confirma en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio (art. 202, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129849; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
HERRERA, GRISELDA NOEMI C/ GARBARINO S.A. S/MATERIA A CATEGORIZAR (INFOREC 274) (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 19 de Agosto de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver dos recursos de apelación, incoados ambos el 17/05/2021, por la accionante -a las 15:17:19 horas- y por la demandada -a las 20:18:09 horas-, contra la resolución de fecha 11 de mayo de 2021, en cuanto rechaza la pretensión de Garbarino S.A. de levantamiento de la medida cautelar dictada el 16/6/2020 -en rigor, 17/06/2020- e impone las costas por su orden (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
El recurso de apelación incoado por la actora fue fundado el 26/05/2021, mereciendo réplica de la contraria el día 02/06/2021. El memorial de agravios de la accionada fue articulado -a través de su representación letrada- el 28/05/2021, siendo respondido por la peticionante de la cautelar mediante presentación electrónica del 09/06/2021, habiendo dictaminado con fecha 29/06/2021 el señor Fiscal de Cámaras, hallándose la causa en estado de resolver (todo según surge del sistema Augusta).
2. A. En prieta síntesis, se agravia la demandada por entender que a la fecha no rigen las condiciones de restricción de la circulación que impidieran a la actora formular los reclamos y peticiones, que se resolverán en el proceso de conocimiento iniciado. Manifiesta que con fecha 31/08/2020 acompañó a estas actuaciones toda la información relacionada a la operación concertada por la accionante (legajo crediticio, copia de la factura de compra del producto, copia del pagaré suscripto, copia de las solicitudes de seguro y copia del cronograma de cuotas, del cual surge el cargo de seguro de vida y el costo del resumen). Alega que de esa documentación se verifican todos los pormenores contractuales que dan cuenta del alcance y las condiciones del contrato de financiamiento suscripto al momento de la compra de la computadora, quedando claro para el consumidor cuál ha sido el precio de los productos y servicios aplicables, las condiciones generales de la contratación, entre otros.
Refiere que la actora solicitó la revocación de la operación, no por falta de información, sino por los supuestos defectos que el producto habría presentado, los cuales no han sido probados en estas actuaciones, y deberán ser corroborados oportunamente en un proceso de conocimiento. Considera que ha quedado dilucidado que las circunstancias que dieron lugar a la medida cautelar ordenada por el juez de grado han perdido la eficacia por la cuales fueron admitidas oportunamente. Destaca que ante el pedido de levantamiento de la medida cautelar, la accionante no se opuso en tiempo y forma, sino que lo efectivizó en forma extemporánea, por lo que solicita que las costas de la resolución interlocutoria sean soportadas por la señora Herrera (ver escrito del 28/05/2021, sist. Augusta).
B. Por su parte, la actora centra su embate en la imposición de las costas por su orden, que advierte apartada del principio objetivo de la derrota. Sostiene -resumidamente- que dicha forma de resolver respondió a la ponderación de su actitud desplegada cuando debió contestar un traslado, como una sanción por su conducta procesal que consistió en guardar silencio. Expresa que ello no implicaba que hubiera procedido el levantamiento de la medida dictada, pues dicha circunstancia no exime al juez del análisis de la situación jurídica en debate. Argumenta que el silencio en el Derecho Civil argentino, no tiene efecto jurídicamente relevante salvo cuando así la ley expresamente lo dispone, y que no puede ser tomado como una manifestación de la voluntad. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura y solicita que las costas recaigan sobre la parte demandada vencida (ver escrito del 26/05/2021, sist. Augusta).
3. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por la señora Herrera en su presentación electrónica de fecha 09/06/2021, contra el ataque articulado por la parte demandada.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la accionada (de fecha 28/05/2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180), razón por la cual se procede a continuación al tratamiento de los embates.
4. A. En el presente caso se encuentran comprendidas normas de orden público como son los derechos de los consumidores y usuarios, regulados por la ley 24.240 -LDC-.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que "La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico" (SCBA C 117760, sent. del 01/04/2015; esta Sala, causa 127580, RSD 125/20, sent. 19/08/2020).
Una vez configurada la relación de consumo, ésta tiene carácter de orden público. “El art. 3 en coordinación con el artículo 65 de la ley 24.240 establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial (SCBA, C 117760, sent. del 01/04/2015; esta Sala, causa 127580 cit.).
Además, es menester recordar que la aplicación de la ley 24.240 no precisa solicitud de parte, sino que la misma debe aplicarse de oficio en pos de salvaguardar derechos o garantías de carácter constitucional, como las que establece el artículo 42 de la Carta Magna. Máxime, cuando el legislador tuvo por objetivo acordar el carácter de orden público a la mentada ley, a fin de proteger a quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad (esta Sala, causa 127580 cit.).
Dichos principios rectores que imperan en la materia constituyen la piedra angular de la presente resolución conforme lo que a continuación se desarrolla y decide.
B. Sabido es que las medidas cautelares son de carácter provisional, por lo que subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron (art. 202, CPCC).
La providencia cautelar responde a la finalidad de garantizar el éxito de la futura sentencia, siendo un instrumento creado para asegurar el derecho sustancial ínterin se debate su procedencia. Para dictarla, el juez tiene en cuenta una determinada situación de hecho o jurídica, en la cual ha creído encontrar reunidos los presupuestos indispensables de verosimilitud y peligro en la demora (de Lázzari, “Medidas Cautelares”, 2da. p. 141, Librería Editora Platense, 1995; esta Sala -con anterior integración-, causa 120910, RSI 271/16, sent. int. del 10/11/2016).
De allí que el esquema asegurativo provisoriamente trabado subsiste mientras se mantengan las circunstancias que lo determinaron, en tanto no acaezcan nuevos sucesos o se incorporen distintos datos que de algún modo alteren o muden el estado anterior, generando un emplazamiento sobreviniente que, por ser precisamente ajeno al considerado al momento de ordenarse la medida, posibilita y merece un examen nuevo (de Lázzari, obra cit. p. 142; esta Sala, causa 120910 cit.).
C. En la especie no se advierte que se hubiese producido un cambio de circunstancias que ameriten el levantamiento de la cautelar decretada en estos obrados (arts. 202, 260, 375, CPCC). Veamos.
Con fecha 17/06/2020, el señor juez de grado resolvió disponer en carácter de medida cautelar innovativa la suspensión de los efectos del contrato de compraventa celebrado con fecha 19 de marzo de 2020 entre la actora Griselda Noemí Herrera y la firma Garbarino S.A., respecto del bien adquirido Notebook EXO model Smart Xs3 Intel Core i3; a su vez, intimó a Garbarino S.A. para que haga entrega a la accionante de copia de la documentación suscripta en la aludida operación (boleto de compraventa, factura de venta, recibo de entrega, cartilla de información de condiciones de venta, cupones de tarjeta de crédito, póliza de condiciones de los seguros, y toda documentación suscripta por la compradora), bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Para así decidir, entre otras cuestiones, tuvo en cuenta los cobros automáticos de las cuotas de un producto que no funciona, y que además incluye el cobro de servicios ajenos a la compra en sí de la notebook, que al decir del consumidor no le han sido informados (ver resolución de fecha 17/06/2020, sist. Augusta).
Es decir, la medida así ordenada no sólo importaba la presentación de documentación por parte de Garbarino S.A. sino además la suspensión de los efectos de la operación realizada el 19/03/2020.
En ese sentido, las alegaciones formuladas por la demandada apelante, referidas al acompañamiento de los instrumentos que le fueran exigidos y al silencio de la parte actora ante el traslado que le fuera conferido con fecha 03/09/2020 (ver cédula electrónica notificada el 29/10/2020), devienen insuficientes para tener por configurado el cambio de circunstancias que menta el artículo 202 del CPCC.
Es que de la consulta realizada a la Mesa de Entradas Virtual de la página web oficial de la Suprema Corte de Justicia Provincial (MEV SCBA), se advierte que con fecha 27/07/2020 se ha iniciado por ante el mismo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 2 de este departamento judicial la causa “Herrera Griselda Noemí c/ Garbarino S.A. y otro/a s/ Resolución de Contratos Civiles/Comerciales“ -expediente número LP-22139-2020-, en la que se ha acreditado el cierre de la etapa de mediación prejudicial y se ha demandado -entre otras peticiones- la “...nulidad de los siguientes contratos conexos: 1) de Compraventa de una Notebook EXO modelo Smart Xs3 Intel Core i3, cuyo precio publicado en la web oficial de la demandada es de $39.999 ofrecido además en 12 cuotas sin interés pero me fuera cobrada en 6 cuotas mensuales de $15.171,61, o sea un total financiado de $91029,66; 2) de la contratación del Crédito personal que se confiriera en tales condiciones para el pago del producto y 3) de Seguro de Vida s/Saldo Deudor, Seguro de Accidentes Personales “Ace Plan” y Seguro de Hogar “Plan E” ; todo los cuales se concertaran sobre la base de información parcial y engañosa el día 19/03/2020, en la Sucursal Garbarino de Calle 47 N° 628 de La Plata. Valor estimado de la nulidad: $ 91.029...” -ver primer y segundo archivos “.pdf” adjuntos a la presentación del 01/12/2020-, habiéndose presentado únicamente a contestar demanda a la fecha Garbarino S.A. -ver trámite electrónico del 02/06/2021 y proveído del día 08/07/2021-, hallándose aún los obrados en etapa postulatoria (conforme constancias obrantes en la aludida MEV).
De consuno con lo anterior y, a su vez, por aplicación de las normas tuitivas que resultan de orden público (arts. 42 Constitución Nacional; 38 Constitución Provincia de Buenos Aires; 1, 3, 65 y concs. ley 24.240 -LDC-; 1, 2 y sgtes. ley 13.133 -Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; establece bases para la Defensa del Consumidor-), no puede considerarse que la documentación acompañada por la accionada mediante presentación electrónica del 31/08/2020 -que refleja a primera vista y este estadio cautelar la operatoria referida por la demandante en su escrito inicial-, ni la incontestación precedentemente referida de la parte actora, resten verosimilitud al derecho invocado por esta última y que fuera meritado favorablemente por el magistrado de la instancia anterior en la oportunidad del dictado de la aludida cautelar innovativa el 17/06/2020; ello, claro está, sin perjuicio de su eventual ponderación en oportunidad de dictar sentencia en el proceso principal que sobre resolución de contrato se iniciara por separado.
Es decir, la medida cautelar autónoma decretada en las presentes actuaciones sólo puede mantenerse en tanto exista juicio pendiente en el que se discuta el derecho que se ha querido tutelar, circunstancia que -tal como se referenciara en los párrafos anteriores- se verifica en el supuesto bajo análisis, desde que -además- los recaudos que determinaron que el señor juez de grado dispusiera la medida innovativa, se mantienen subsistentes.
Ello conlleva, sin más, el rechazo de esta parcela del planteo recursivo de la parte demandada; a su vez, dicha forma de resolver, impide que se considere la imposición de costas en cabeza de la parte actora como pretende la accionada en el último tramo de su memorial, máxime teniendo en cuenta lo que a continuación se decide (arts. 68, 69, 202, 260, CPCC).
5. Resta abordar el tratamiento de los agravios vertidos por la actora, impugnando concretamente la imposición de costas por su orden, al considerar que la mismas debieron ser impuestas a la demandada (ver escrito electrónico del 26/05/2021, sist. Augusta).
En razón de lo expuesto, debe considerarse que la norma del artículo 68 del ordenamiento procesal dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario injustificadas erogaciones para el reconocimiento o defensa de sus intereses.
De tal modo, la preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado, segunda regla; esta Sala, causas 93111, RSD 86/00, sent. del 25/4/2000; 120688, RSD 205/16, sent. del 4/10/16; 124538, RSD 344/18, sent. del 26/11/2018; 129717, RSD 144/21, sent. del 22/06/2021).
Para determinar qué parte debe ser gravada con la obligación de afrontar los gastos causídicos, ha de verificarse cuál, efectivamente, ha sucumbido en sus pretensiones -actorales o defensivas- ante la contraria, siendo imprescindible efectuar un cotejo entre la postura que uno de los litigantes ha delineado en los planteos sometidos a la jurisdicción, y la tesis que la contraria ha opuesto a su progreso y, todo ello, de frente a las conclusiones contenidas en el fallo.
Ahora bien, en consideración a cuanto surge de las presentes actuaciones, es que no resulta menester autorizar una excepción a dichas reglas, pues se advierte que ante la solicitud efectuada por la demandada Garbarino S.A. tendiente a que oportunamente se disponga el levantamiento de la medida cautelar (ver escrito del 31/08/2020; sist. Augusta), si bien la contraria no contestó el traslado que le fuera otorgado, con posterioridad y ante el proveído de fecha 01/02/2021 que hiciera saber lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal el 18/01/2021, formuló expresa oposición al levantamiento conformado por la señora Agente Fiscal, manifestando que se halla en trámite la acción principal en los mismos términos anticipados en la petición cautelar y que las circunstancias que motivaron el dictado de la medida el 17/06/2020 punto 1 no han cesado (ver escrito electrónico del 02/02/2021, sist. Augusta), temperamento este que -en definitiva- es el que brinda sustento tanto a la resolución atacada como al presente decisorio, máxime teniendo en cuenta el carácter de consumidora de la accionante.
Por otro lado, la facultad concedida en la segunda parte del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, tornen manifiestamente injusta la aplicación del hecho objetivo de la derrota (conf. SCBA, Ac. 36.519, del 10/03/87).
Consiguientemente, corresponde imponer las costas de ambas instancias, por el rechazo del pedido de levantamiento de medida cautelar, a la parte demandada que resulta vencida (arts. 68, 69, 274, CPCC).
POR ELLO, se revoca parcialmente la resolución apelada de fecha 11/05/2021 en cuanto dispone la imposición de costas en el orden causado, estableciéndose que las mismas, devengadas en ambas instancias, deberán ser soportadas por la parte demandada que resulta vencida (arts. 68, 69, 274, CPCC), y no mediando cambio de circunstancia alguno que amerite el levantamiento en los términos peticionados por la accionada, se la confirma en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravio (art. 202, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia