Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 140013 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución de fecha 11/08/2025, debiendo en la instancia de origen proveerse la demanda de materia a categorizar (incidente de rectificación de liquidación), sin perjuicio del resultado que pueda obtener la misma. Costas de Alzada por su orden (art. 68, 69 del CPCC).
En la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de Octubre de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "G. E. R. S/ MATERIA A CATEGORIZAR" (causa: 140013-1), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada del 11/08/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo :
1.1. El Juzgado de Familia n° 4, el 11/08/2025, rechazó in limine la acción de rectificación de liquidación presentada e impuso las costas del proceso al peticionante.
Para así decidir, expuso que " …En ese sentido cabe tener presente que las liquidaciones son aprobadas "en cuanto ha lugar por derecho" y son susceptibles de rectificación en caso de ser comprobada una equivocación material o aritmética (por exceso, omisión o defecto). Más una facultad de esa especie no autoriza al juez a cambiar los resultados de la nueva liquidación, aunque invoque un supuesto error. Prescindir de su propia aprobación, devenido de su actuar inapropiado en relación a los plazos otorgados para la revisión de la liquidación oportunamente por los remedios procesales ordinarios, claramente hace que la cuestión ahora traída de manera autónoma han quedado cubiertos por la preclusión y, comporta un inapropiado ejercicio de las facultades de corrección de errores numéricos o materiales afectando con ello dos principios procesales particularmente valiosos en el terreno Civil: 1°) la seguridad jurídica, esto es, el saber las partes a que atenerse; y 2°) el que establece que, en materia civil, no cuadra exceder el alcance de las pretensiones de las partes. …La función judicial del Estado y razones de seguridad jurídica, nos conminan a asegurar la inmutabilidad de las sentencias firmes y por lo tanto, vedan la posibilidad de un nuevo debate o pronunciamiento acerca de las cuestiones ya decididas…".
1.2. Contra dicha resolución se alzó el actor, quien interpuso recurso de apelación el 12/08/2025, el cual le fuera concedido el 18/08/2025 y funda con la memoria acompañada el 25/08/2025.
En primer lugar, hace un repaso de los antecedentes del expediente 48340/2021; manifiesta que una pretensión de la contraria titulada “presenta liquidación” y desarrollada en apenas ocho renglones, fue acompañada a dicha causa; que la misma carecía de contenido alguno: no consignaba montos ni detalles y omitió por completo las pautas de la sentencia alimentaria.
Sostiene que ante la confirmación de la Cámara se planteó un “recurso in extremis” que fue resuelto con fecha 12/6/2025; que si bien dicha “revocatoria in extremis” fue desestimada, la Cámara de Apelaciones dejó asentada en esa interlocutoria registrable la base necesaria para sostener el comienzo de esta vía procesal incidental de corrección de la liquidación practicada; que lo resuelto por la Cámara evidenció la existencia de vías procesales aptas para corregir la liquidación, ante lo cual solicitó ante el órgano de origen el informe de movimientos de cuenta alimentaria y con dicho informe practicó una liquidación actualizada teniendo en cuenta los montos depositados y las pautas de sentencia que dio un saldo positivo en beneficio del niño de $ 870.808,79; en consecuencia inició por vía incidental este proceso de rectificación de liquidación.
Aduce que la sentencia apelada rechaza in limine el pedido de rectificación de liquidación presentado por esta parte, a pesar de que –con el informe de movimiento de cuenta alimentaria– que permitió hacer una liquidación actualizada conforme pautas de la sentencia, pudo demostrarse que:1.- No existe deuda de alimentos atrasados por QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DIECIOCHO CON 48/100 ($ 15.509.018,48) .2).- Por el contrario, existe un saldo positivo en beneficio del niño por $ 870.808,79; que en ese contexto señala que el agravio radica en el rechazo in limine del pedido de rectificación de la liquidación, lo cual ha dejado a su patrocinado en un estado de absoluta indefensión.
Expone que la resolución impugnada impidió abrir la discusión sobre la liquidación actualizada, pese a la existencia de nuevos elementos probatorios (informe de movimiento de cuenta alimentaria), que evidencian que no existe deuda alguna y que, por el contrario, el saldo resulta positivo a favor del niño; que la decisión de grado desconoce el derecho de defensa, el acceso a la justicia y los principios que rigen la materia, confundiendo la cosa juzgada con la aprobación de liquidaciones “en cuanto ha lugar por derecho”, que son siempre revisables ante la constatación de errores; que lo que solicita a la jueza a-quo fue la viabilizacion de un camino para merituar, con pruebas contundentes recabadas judicialmente y con posterioridad a la sentencia (informe movimiento cuenta alimentaria) la valoración de una liquidación actualizada y confeccionada en estricto cumplimiento de las pautas de la sentencia y conforme a las posibilidades que tiene en su carácter de directora del proceso.
Concluye refiriendo que lo verdaderamente grave para la judicatura es sostener una liquidación de $15.509.018,48 a sabiendas que existe error grave, pues el saldo resultante es en realidad positivo; que máxime si se considera que en esta concreta problemática familiar, económica y comunicacional hay un evidente accionar temerario y disvalioso de la parte contraria (progenitora y letrada patrocinante) quienes continúan al día de la fecha haciendo planteos económicos y relacionales que se alejan de la ética y del derecho; que la jurisprudencia es profusa en señalar que la aprobación de las liquidaciones “en cuanto hubiere lugar por derecho”, no reviste el carácter de cosa juzgada material sino que puede revisarse si se comprueba un error en la confección.
2.1. Comenzando la tarea revisora, he de señalar los siguientes antecedentes de la causa “F. M. J. C/ G. E. R. S/ ALIMENTOS”: el 11/03/2025 la jueza resolvió “…No habiendo sido observada en tiempo y forma por la contraria la liquidación practicada por el peticionante (con fecha 21/02/2025 LIQUIDACION - PRACTICA (235402128011577142)), pese a la notificación que en legal forma se le cursara (v. notificación conforme AC 4013), ajustándose la misma a lo dispuesto en la providencia dictada con fecha 22/11/2024, apruébasela en cuanto ha lugar por derecho hasta cubrir el importe total de pesos QUINCE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DIECIOCHO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 15.509.018,48)…”. Dicha resolución fuera apelada por el Sr. G., recurso que fuera resuelto por esta Sala el 29/05/2025 confirmado lo ordenado por el a quo, y poniendo de resalto con relación a la liquidación practicada que “…más allá de que pueda razonablemente predicarse que el resumen propuesto por la accionante dista de poder ser un ejemplo de claridad en la conformación y descripción de los guarismos utilizados en correlación con la documental de respaldo adjuntada, ello en modo alguno puede justificar el desconocimiento que de modo harto genérico aduce el quejoso, desde que bien pudo en su caso, con los elementos de juicio incorporados y los propios que pudiere considerar relevantes, dar su versión de como debiera determinarse la composición del crédito que se le reclama, y no guarecerse simplemente en las alegadas facultades del órgano jurisdiccional para corregir de oficio evidentes errores de cálculo o injustificado apartamiento en la interpretación de las basases establecidas para el cálculo de que se trate…”
Posteriormente, el 07/06/2025 el Sr. G. interpuso recurso de revocatoria in extremis, el cual en fecha 12/06/2025 fuera desestimado por esta Sala señalando que la misma “sólo ha sido aceptada jurisprudencialmente para casos excepcionales, fundamentalmente ligada a errores graves en los que se verifica ausencia de otras vías procesales aptas de corrección , lo que no se da en la especie …”.
2.2. La clásica expresión de que las liquidaciones judiciales se aprueban en cuanto hubiere lugar por derecho quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al derecho declarado y reconocido en la sentencia. Es decir, “que en esta materia los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes y que éstas se ajusten a la sentencia que la justifica: el magistrado no es un convidado de piedra” (conf. SCBA, causa 95064, 03/11/2010), pues no puede ser convalidado cualquier desvío o error en el modo de cuantificar la condena. Lo contrario implicaría desembocar en un ejercicio abusivo del derecho que la ley no tolera (doct. arts. 501, 502 del Código Procesal).
La SCBA ha expresado que en el ámbito de las liquidaciones juega como principio o regla que, aun aprobadas, pueden ser reformuladas o modificadas, habida cuenta que las decisiones no causan instancia ni resulta aplicable el principio de la cosa juzgada, aunque una vez aprobadas, gozan sí de tal estabilidad (conf. causas L. 91.874 y C. 98.893; Morello, Augusto M., "Liquidaciones judiciales", ed. LEP, 2000, págs. 115/116 y 156/157). De manera que no cabe alegar la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez que la aprobación de las liquidaciones sólo procede en cuanto hubiere lugar por derecho. Además, el art. 166 in c 1 del CPCC prescribe que los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificadas por los jueces, sea a pedido de parte o de oficio. Tal principio se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una sentencia informada por vicios semejantes, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, pues aquélla buscó amparar, más que el texto formal del fallo, la solución real prevista en él. Por lo que el único modo de comprobar si tiene o no razón quien impugna una liquidación es verificar que la aplicación de su criterio al caso concreto conduce efectivamente a un resultado numérico diverso al de la liquidación cuestionada. Así entonces, la renuncia consiente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia, toda vez que si bien los jueces deben fallar de acuerdo con las reglas y principios de forma, según las circunstancias de hecho que alegan y acreditan las partes, nada exime su indiferencia respecto de la objetiva verdad en la misión de dar a cada uno lo suyo (conf. SCBA causa 95064, 03/11/2010). En suma, no obstante, la importancia de las técnicas y principios que rigen la organización y el desarrollo del proceso, no cabe legitimar que dichas formas procesales sean utilizadas con prescindencia de la finalidad que las guía y con el olvido de la verdad objetiva.
Con lo señalado, estimo prudente dar curso a la demanda incoada, sin perjuicio del resultado que pueda obtener la misma.
Consecuentemente, con el alcance expuesto voto por la NEGATIVA .
A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo : que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Lopez Muro dijo :
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la apelada resolución de fecha 11/08/2025, debiendo en la instancia de origen proveerse la demanda de materia a categorizar (incidente de rectificación de liquidación), sin perjuicio del resultado que pueda obtener la misma.
Propongo que las costas de Alzada sean por su orden en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo : por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos, se revoca la apelada resolución de fecha 11/08/2025, debiendo en la instancia de origen proveerse la demanda de materia a categorizar (incidente de rectificación de liquidación), sin perjuicio del resultado que pueda obtener la misma. Costas de Alzada por su orden (art. 68, 69 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia