Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142249
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de Julio de 2026 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y por disidencia el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la causa caratulada caratulado “GREGORINI, MARÍA EUGENIA c/ ROMÁN, ANDRÉS OSCAR s/ MATERIA A CATEGORIZAR” (causa: 142249 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ª. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 22 de diciembre de 2025?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez doctor López Muro dijo:
María Eugenia Gregorini promovió demanda de calificación de bienes contra Andrés Oscar Román, con fundamento en el art. 465 inc. f del Código Civil y Comercial, a fin de que se declarara el carácter ganancial de tres bienes adquiridos por el demandado con posterioridad a la extinción de la comunidad matrimonial: una motocicleta Harley Davidson modelo XL883N Iron 883, año 2018, adquirida el 9 de septiembre de 2021; un departamento de dos dormitorios ubicado en calle 44 entre 20 y 21 de esta ciudad, adquirido en marzo de 2022; y un automotor Audi Q3 2.0 TFSI Quattro, año 2018, adquirido el 27 de abril de ese mismo año.
La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda. Declaró ganancial la motocicleta Harley Davidson, ponderando la proximidad temporal entre su adquisición y la liquidación de la comunidad, la categoría tributaria del demandado, la falta de contestación de la demanda y la perspectiva de género.
Rechazó, en cambio, la incorporación del inmueble y del automotor Audi Q3, por considerar que el mayor tiempo transcurrido desde la liquidación impedía inferir que hubieran sido adquiridos mediante la inversión de fondos comunitarios.
Las costas fueron impuestas en un setenta por ciento al demandado y en un treinta por ciento a la actora.
Contra esa decisión apelaron ambas partes.
La actora se agravia por el rechazo de la incorporación del inmueble y del automotor. Sostiene que la sentencia realizó una valoración fragmentaria de la prueba, omitió ponderar adecuadamente la falta de contestación de la demanda, desconoció la presunción de ganancialidad e invirtió indebidamente la carga probatoria. Señala, en particular, la marcada desproporción entre los ingresos declarados por el demandado y el valor de los bienes adquiridos, así como la ausencia de una explicación acerca del origen de los fondos.
Al contestar esos agravios, el demandado invoca el convenio de liquidación, en el que las partes declararon que no reconocían como integrantes de la comunidad otras sumas dinerarias ni activos distintos de los allí descriptos.
El demandado cuestiona, por su parte, la declaración de ganancialidad de la motocicleta. Afirma que la inferencia formulada en la sentencia se apoya en meras conjeturas, pues la adquisición pudo responder a préstamos, asistencia de terceros u otras fuentes de financiación ajenas a la comunidad. Sostiene que la presunción establecida por el art. 466 del Código Civil y Comercial no resulta aplicable a bienes adquiridos después de extinguida la comunidad; que la procedencia del art. 465 inc. f requería acreditar que el precio había sido abonado mediante la inversión o reinversión de fondos gananciales; que la falta de contestación no eximía a la actora de probar los hechos constitutivos de su pretensión; y que la perspectiva de género no podía utilizarse para suplir la ausencia de prueba.
La actora contestó el traslado de ese recurso y solicitó su rechazo, con fundamento en la rebeldía del accionado, la carga dinámica de la prueba y la discordancia existente entre sus ingresos declarados y las adquisiciones realizadas.
Sin perjuicio del modo en que las partes han formulado sus críticas, considero conveniente tratarlas en el orden que a continuación expongo.
1. La extinción de la comunidad y la fecha de adquisición de los bienes.
Conforme surge de los autos conexos, la sentencia de divorcio fue dictada el 13 de octubre de 2020 y dispuso que la extinción de la comunidad produjera efectos retroactivos al 21 de septiembre de 2020.
El 17 de marzo de 2021 las partes suscribieron, con patrocinio letrado, el convenio de liquidación de bienes, posteriormente homologado el 10 de marzo de 2023. El divorcio fue inscripto en el Registro de las Personas el 30 de junio de 2021.
Con posterioridad a esa inscripción, el demandado adquirió la motocicleta Harley Davidson el 9 de septiembre de 2021; el inmueble mediante escritura del 18 de marzo de 2022; y el automotor Audi Q3 el 27 de abril de 2022.
La precisión cronológica resulta relevante porque la motocicleta fue adquirida no sólo después de la sentencia de divorcio y de la fecha a la que se retrotrajeron sus efectos, sino también después de su inscripción registral.
El art. 480 del Código Civil y Comercial establece que la extinción de la comunidad causada por el divorcio produce efectos retroactivos entre los cónyuges, quedando a salvo los derechos de los terceros de buena fe. En estas actuaciones no se encuentra controvertido el derecho de quien transmitió alguno de los bienes ni el de otro tercero, sino exclusivamente la relación patrimonial entre los excónyuges. Por consiguiente, la fecha relevante entre ellos es el 21 de septiembre de 2020, fijada en la sentencia como momento de extinción de la comunidad.
Los tres bienes fueron, entonces, adquiridos después de esa extinción.
La presunción establecida por el art. 466 del Código Civil y Comercial recae sobre los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. No alcanza, por sí sola, a los adquiridos posteriormente.
Ello no significa que todo bien adquirido después de la disolución deba ser necesariamente propio. El art. 465 inc. f Código Civil y Comercial considera gananciales los bienes adquiridos después de extinguida la comunidad mediante permuta con otro bien ganancial, inversión de dinero ganancial o reinversión del producto de la venta de bienes de ese carácter.
La aplicación de esa norma exige, por lo tanto, determinar que los recursos empleados en la adquisición integraban la comunidad antes de su extinción.
2. La falta de contestación de la demanda y la carga probatoria
El demandado no contestó la demanda dentro del plazo que le fue conferido, por lo que perdió la oportunidad procesal de negar circunstanciadamente los hechos, brindar su propia versión y acompañar la documentación relativa al origen de los fondos.
Esa conducta procesal no es jurídicamente neutra.
La falta de contestación puede ser ponderada como reconocimiento de los hechos pertinentes y lícitos, sin perjuicio de las facultades judiciales para ordenar las medidas probatorias necesarias. Conforme a la regla general del art. 354 inc. 1 del Código Procesal, el silencio puede ser estimado como reconocimiento de la verdad de los hechos alegados, debiendo apreciarse su eficacia conjuntamente con los demás elementos de la causa y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (arts. 163 inc. 5, 354 inc. 1, 384 y 840, CPCC).
Sin embargo, ese reconocimiento recae sobre hechos y no determina automáticamente la calificación jurídica pretendida. La falta de contestación permite tener por no controvertidas las adquisiciones, sus fechas y la ausencia de una explicación documentada sobre el origen de los recursos. No convierte, sin más, en confesión la conclusión de que el dinero era ganancial ni la imputación de que fue dolosamente ocultado al tiempo de celebrarse el convenio.
También resulta aplicable el art. 710 del Código Civil y Comercial, conforme al cual la carga de la prueba recae finalmente en quien se encuentra en mejores condiciones de probar.
El demandado era quien disponía de los elementos necesarios para demostrar el origen de los fondos, mediante movimientos de cuentas, constancias de préstamos, financiación, ingresos posteriores a la separación, asistencia de terceros o cualquier otro antecedente que permitiera reconstruir las operaciones. Su falta de contestación y de colaboración autorizan a extraer una inferencia desfavorable.
La actora, por su parte, demostró que el demandado realizó, en un período relativamente breve, adquisiciones de significativa entidad económica y que sus ingresos formalmente declarados no guardaban, en principio, proporción con ellas.
La información suministrada por la AFIP muestra que, al tiempo de adquirir la motocicleta, el demandado revestía una categoría tributaria particularmente baja, pasando luego a una categoría superior y alcanzando recién durante 2022 la categoría F del monotributo. Este dato profundiza la discordancia entre los ingresos declarados y la entidad económica de las adquisiciones y tornaba exigible una explicación concreta que no fue proporcionada.
No puede inferirse de ello, sin embargo, que el demandado tampoco hubiera podido generar ahorros durante la vigencia de la comunidad, pues tal conclusión sería igualmente conjetural.
La desproporción entre los ingresos declarados y el valor de los bienes adquiridos no favorece al accionado, sino que refuerza su deber de explicar el origen de los recursos. Empero, de esa falta de explicación no se sigue necesariamente que el dinero existiera al momento de extinguirse la comunidad, que tuviera carácter ganancial y que hubiera sido deliberadamente sustraído de la liquidación.
La prueba reunida demuestra que el origen de los fondos no fue justificado, pero no permite, por sí sola, establecer el vínculo temporal y patrimonial exigido por el art. 465 inc. f del Código Civil y Comercial.
La regla de las cargas probatorias dinámicas no autoriza a tener por demostrado cualquier extremo afirmado por la parte que se encuentra en inferiores condiciones probatorias. Permite extraer consecuencias adversas de la falta de colaboración de quien disponía de la prueba, pero no suple la necesidad de valorar esas consecuencias junto con los demás elementos incorporados al proceso y, especialmente, con los actos jurídicos celebrados por las propias partes.
Las partes celebraron el 17 de marzo de 2021, con debido patrocinio letrado, un convenio destinado a establecer la liquidación y distribución de los bienes integrantes de la comunidad.
En el punto 11 de su cláusula segunda declararon que no se reconocían como integrantes de la comunidad sumas dinerarias ni otros activos distintos de los allí descriptos.
La cláusula tercera posee un alcance más amplio. Las partes manifestaron haber contado con información, tiempo suficiente y asesoramiento legal; declararon conocer la totalidad de los bienes que integraban el acervo; renunciaron expresa y recíprocamente a invocar la existencia de nuevos bienes; establecieron que, cumplidas las adjudicaciones, nada más tendrían que reclamarse con relación a la comunidad; y manifestaron no tener reclamos respecto de la administración que cada uno hubiera efectuado de los bienes gananciales.
En la cláusula cuarta dejaron constancia de que habían reflexionado acerca de las estipulaciones convenidas, que fueron asesoradas por sus abogados y que el acuerdo tenía carácter definitivo.
La obligatoriedad del convenio no nació con su homologación del 10 de marzo de 2023. Deriva del consentimiento expresado al suscribirlo, de la autonomía de la voluntad y del deber de obrar de buena fe.
Si los interesados son plenamente capaces, la liquidación se rige por el convenio libremente acordado, y todo acuerdo válidamente celebrado resulta obligatorio para quienes lo otorgaron (arts. 498, 959, 961 y 1061, CCyC).
La fuerza vinculante de un convenio regulador no se encuentra subordinada a su posterior homologación, pues el acuerdo queda perfeccionado mediante el consentimiento. La intervención judicial le confiere ejecutabilidad y permite controlar su regularidad, pero no crea retroactivamente el vínculo obligacional (Cám. Apel. Civ. y Com. Pergamino, causa 3713, “P. A. V. c/ B. J. A. s/ divorcio por presentación unilateral”, sent. del 5 de marzo de 2020).
La posterior homologación refuerza, además, la eficacia del acuerdo, en tanto no se verificaron obstáculos legales que impidieran reconocerle sus efectos.
El convenio no dispuso anticipadamente acerca de todos los bienes que cualquiera de las partes pudiera adquirir en el futuro mediante recursos propios. Su objeto inmediato fue la determinación, liquidación y distribución del patrimonio comunitario existente.
La demanda, sin embargo, no se funda en que los bienes sean gananciales por haber sido adquiridos después del divorcio, sino en que habrían sido comprados con sumas dinerarias que, según sostiene la actora, ya integraban la comunidad y fueron ocultadas al celebrarse el convenio.
Es precisamente la existencia de esos fondos preexistentes la que queda alcanzada por las declaraciones efectuadas en el acuerdo.
La actora reconoció en su propia demanda que, al tiempo de celebrarlo, suponía que existían ahorros generados durante el matrimonio, aunque desconocía dónde se encontraban y el demandado negara su existencia.
Aun con esa sospecha, suscribió, con asistencia letrada, un convenio en el que declaró que no se reconocían otras sumas dinerarias ni activos, afirmó conocer la totalidad del acervo comunitario y renunció a formular nuevos reclamos vinculados con la comunidad.
No se trata, entonces, de extender el convenio a bienes futuros ajenos a su objeto, sino de determinar si puede sostenerse posteriormente la existencia de fondos comunitarios que el propio acuerdo declaró inexistentes.
La doctrina de los actos propios impide ejercer una pretensión incompatible con una conducta anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Deriva del principio de buena fe y exige coherencia en el comportamiento de los sujetos que intervienen en la relación jurídica.
Esta Sala ha aplicado ese criterio respecto de acuerdos celebrados con debido patrocinio letrado, señalando que no resulta admisible que una parte pretenda luego desconocer los efectos de sus propios actos anteriores, voluntarios y eficaces (esta Sala, causa 133680, RS 30, sent. del 23 de febrero de 2023).
La pretensión aquí deducida contradice la declaración mediante la cual la actora reconoció que no existían otros activos comunitarios y renunció a formular nuevos reclamos. Mientras el convenio conserve eficacia, esa conducta anterior no puede ser ignorada.
La doctrina de los actos propios no puede utilizarse para proteger un fraude ni para consolidar los efectos de una declaración obtenida mediante dolo, error u otro vicio de la voluntad.
Si se hubiera demostrado que el demandado ocultó deliberadamente fondos comunitarios con la finalidad de inducir a la actora a celebrar el convenio, la eficacia de las cláusulas referidas podría ser cuestionada.
La actora alegó ese ocultamiento en su demanda y afirmó que las adquisiciones posteriores exteriorizaban la existencia de dinero comunitario no declarado. También sostuvo que el demandado debía explicar el origen de los recursos y fundó su postura en el principio de las cargas probatorias dinámicas.
Sin embargo, la acción promovida fue exclusivamente de calificación de bienes en los términos del art. 465 inc. f del Código Civil y Comercial. No se dedujo una pretensión destinada a obtener la nulidad, ineficacia o inoponibilidad del convenio ni se solicitó concretamente que sus cláusulas fueran privadas de efectos por haber mediado un vicio de la voluntad.
Tampoco se acreditó con precisión suficiente que, al 21 de septiembre de 2020 o al 17 de marzo de 2021, existiera una suma dineraria determinada, perteneciente a la comunidad, que hubiera sido deliberadamente ocultada.
Las adquisiciones posteriores, su magnitud, la falta de relación con los ingresos declarados y la ausencia de explicación del demandado integran un cuadro indiciario llamativo. Sin embargo, no permiten reconstruir el origen temporal de los fondos ni demostrar el ocultamiento doloso al momento de celebrarse el acuerdo.
La carga dinámica y las consecuencias de la falta de contestación no pueden utilizarse para privar indirectamente de eficacia a un convenio que no fue objeto de una pretensión impugnatoria idónea.
La perspectiva de género constituye una herramienta necesaria para identificar situaciones de desigualdad estructural, subordinación o violencia económica y patrimonial, y debe orientar la interpretación y valoración de la prueba cuando las circunstancias del caso lo requieran (art. 5 inc. 4, ley 26.485; arts. 706 y 710, CCyC).
No obstante, su aplicación exige relacionar las condiciones de desigualdad verificadas con los hechos jurídicamente relevantes del litigio. No permite sustituir la prueba del presupuesto previsto por el art. 465 inc. f ni dejar sin efecto un convenio celebrado con asistencia letrada, sin comprobar que su formación estuvo condicionada por violencia, fraude o un vicio concreto de la voluntad.
En el caso, el silencio y la falta de colaboración del demandado deben ser ponderados desfavorablemente. Pero esas circunstancias no bastan para concluir que el consentimiento prestado por la actora al suscribir el convenio estuvo viciado ni para neutralizar las declaraciones y renuncias contenidas en él.
El obstáculo derivado del convenio opera respecto de los tres bienes.
La mayor proximidad temporal de la adquisición de la motocicleta constituye un indicio que puede ser ponderado junto con la falta de contestación, la ausencia de explicación y la discordancia entre los ingresos declarados y el valor del rodado.
Sin embargo, no demuestra por sí misma que el dinero empleado integrara la comunidad al momento de su extinción ni permite dejar sin efecto las declaraciones contenidas en el convenio.
No existe una razón jurídica suficiente para distinguir entre la motocicleta, el inmueble y el automotor tomando exclusivamente el tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo. En todos los casos se trata de bienes adquiridos después de extinguida la comunidad y después de celebrada la liquidación, cuya pretendida ganancialidad depende de que hayan sido comprados con fondos comunitarios preexistentes.
La falta de explicación del demandado genera una inferencia adversa, pero no alcanza a superar los términos del acuerdo ni a demostrar el ocultamiento doloso necesario para privarlo de eficacia.
Corresponde, en consecuencia, revocar la declaración de ganancialidad de la motocicleta Harley Davidson y confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó la incorporación a la comunidad del inmueble y del automotor Audi Q3.
Las costas de primera instancia deben adecuarse al nuevo resultado del proceso e imponerse íntegramente a la actora, en su condición de vencida. Las costas de Alzada deben seguir igual suerte (arts. 68 y 274, CPCC).
Con los alcances indicados voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo:
I. Disidencia. Disiento respetuosamente con la solución que propone mi distinguido colega, el Dr. López Muro, pues considero que la sentencia apelada es justa y debe ser confirmada en todos sus términos.
II.1. Alcance de la disidencia. Concuerdo con lo expuesto en el punto I (Antecedentes) y en el punto II.1 (La extinción de la comunidad y la fecha de adquisición de los bienes) del voto que antecede. Comparto, en particular: que la fecha relevante entre l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.