Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75458
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de General San Martín para intervenir en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.75.458 “ROMBOLA JOSEFINA MARIA C/ MORENO ISMAEL CARLOS Y OT. S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
I. Josefina María Rombola promovió demanda por cumplimiento contractual y daños y perjuicios contra el escribano Ismael Carlos Moreno y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se condene a los demandados a entregarle debidamente inscripta una escritura pública y le abonen una indemnización por los menoscabos que le habrían ocasionado las supuestas negligencias del mencionado profesional en el ejercicio de su actividad, a la par del aparente incumplimiento por parte del colegio accionado de sus deberes policiales en el marco del decreto-ley 9020/78.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de General San Martín.
En lo que aquí interesa, la Provincia de Buenos Aires fue traída al proceso en carácter de tercero por el Colegio frente a la alegación de que la responsabilidad primaria en la fiscalización del desempeño del escribano codemandado en autos le cabía al Juzgado Notarial. Fue así que a fs. 97/99 la Fiscalía de Estado opuso excepción de incompetencia a favor del fuero contencioso administrativo, la que fue rechazada por el juez interviniente en el entendimiento de que la actividad desplegada tanto por el profesional como por la corporación profesional no le era imputable a la Provincia, ni esta última trataba de una persona de derecho público aprehendida por la cláusula general del contencioso administrativo (fs. 179/180).
Contra dicho pronunciamiento, la apoderada del Fisco dedujo recurso de apelación (fs. 185), que para su tratamiento fue elevado a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial departamental, la cual hizo lugar al remedio (fs. 198/201 y vta.). Al decidir de ese modo, devolvió los actuados al juez de primera instancia quien inmediatamente los remitió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, órgano que estimó competente.
Sin embargo, su titular se rehusó a conocer en la causa pues consideró que la relación jurídica se hallaba gobernada por normas de derecho privado y, de tal suerte, raleada de su competencia por cauce de lo normado en el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-. A mayor abundamiento, notó que en la especie no se verificaba que la controversia se hallare razonablemente originada en el ejercicio de funciones administrativas por parte de la Provincia (fs. 209/210 y vta.).
Por tales motivos, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante este Tribunal, a fin de que la dirima (art. 7 inc. 1, CPCA).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1, CPCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CPCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CPCA).
IV. Sobre la base de lo expuesto, la presente controversia debe ser tramitada por ante el fuero contencioso administrativo.
Lo anterior, pues más allá de lo que pueda decirse respecto a las pretensiones seguidas contra el escribano Ismael Carlos Moreno y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en punto a su virtualidad para ser ventiladas en ese lugar (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CPCA; cfr. causas B. 72.541, "Juárez", res. de 18-IX-2013 y B. 73.231, "Rizzi", res. de 12-XI-2014), no puede soslayarse que la Provincia de Buenos Aires -a la cual también se le endilga responsabilidad por el hecho dañoso- ha comparecido al proceso como tercero y solicitado remover la causa al fuero especializado, haciendo uso de la correspondiente excepción.
En ese sentido, cabe notar que el Colegio resiste la acción denunciando que las conductas que se le reprochan al escribano codemandado no tratan de "faltas éticas" sino de "faltas funcionales", cuya comprobación y sanción caerían bajo la órbita del Juzgado Notarial a través de sus funcionarios. Estos últimos habrían omitido conducir inspecciones oportunas en la escribanía, que hubiesen alertado acerca de las irregularidades con las que presuntamente se conducía su titular.
Siendo así, en la especie se trata de responsabilizar patrimonialmente al Estado provincial por la falta de servicio en la que habría incurrido dicho órgano integrante del Poder Judicial -en el ejercicio de funciones materialmente administrativas-, cuestión que debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (art. 2 inc. 4, CPCA; doctr. causas B. 72.725, "Fernández", res. de 12-III-2014; B. 73.140, "Arman", res. de 12-XI-2014; B. 73.826, "Staffolarini", res. de 28-X-2015; B. 74.768, "De Almeida", res. de 28-VI-2017; B. 75.263, "Calderón", res. de 22-VIII-2018 y B. 75.399, "López", res. de 7-XII-2018, entre muchas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de General San Martín para intervenir en el asunto (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 departamental lo que aquí se decidió.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 698
Fin de la sentencia