Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75472
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del mismo departamento judicial, lo que aquí se decidió.
B.75.472 “MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA C/ ECOPLATA S.A. Y OT. S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 28 de noviembre de 2018.
I. La Municipalidad de General Madariaga promovió una acción sumarísima ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, con el objeto de que se dote de ejecutoriedad al decreto 1203/18, a través del cual el Intendente de dicho partido rescindió por culpa del contratista -Ecoplata SA- la concesión del servicio público de disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos para dicha localidad y alrededores, además de disponer su rescate.
Si bien afirma que la Administración -cuando las obligaciones de las partes y las causas de extinción contractual se hallan expresamente previstas- estaría facultada para terminar la concesión por sí y ante sí, entiende que las circunstancias del caso tornan prudente la intermediación judicial. Lo anterior, pues la implementación de la decisión involucrará fuerza sobre las cosas y las personas, además de tener que desarrollarse en el predio de un tercero -único habilitado localmente para recibir desechos-, todo lo cual puede afectar garantías protegidas constitucionalmente.
II. En su primera intervención, el juez en lo contencioso administrativo se declaró incompetente. Para llegar a esta determinación, ponderó que el caso -en tanto involucraba un desalojo y un contrato de locación- se encontraba alcanzado por las reglas de exclusión establecidas en los incisos 1 y 2 del art. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (fs. 84/86 y vta.).
Contra dicho pronunciamiento el municipio interpuso -por vía electrónica- recurso de revocatoria con apelación en subsidio que, denegados por ser considerados improcedentes (fs. 87/89), derivó en el pase de las actuaciones al fuero presumiblemente competente, quedando finalmente radicadas ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 departamental
No obstante, la titular de este organismo también se rehusó a conocer en el asunto, en la inteligencia de que el caso efectivamente comprometía la competencia de los tribunales en lo contencioso administrativo. Así, reputó que el juicio no versaba acerca de un desalojo, sino que con su promoción se buscaba ejecutar un acto administrativo municipal que, por sus características, podía producir efectos expansivos hacia un tercero ajeno al contrato de concesión, además de implicar la ocupación por parte del municipio del lote perteneciente a este último para prestar el servicio de disposición y tratamiento de residuos por cuenta propia. Reparó asimismo en que "...la acción es promovida por uno de los sujetos enumerados en el art. 166 de la [Constitución provincial] y comprendi(da) en el art. 2 inc. 7 de la ley 12.008", como asimismo, "(q)ue se trata de un caso originado en el ejercicio de la función administrativa y adoptado en el marco de una relación contractual administrativa..." (fs. 90/92 y vta.).
Al decidir así, planteó formalmente la contienda negativa y dispuso su sometimiento ante esta Suprema Corte (art. 7 inc. 1, CPCA).
III.1. De lo dicho, queda claro que se trata de un proceso contencioso administrativo, pues subsume tanto en la cláusula general del contencioso administrativo (arts. 166 in fine , Const. prov. y 1, CPCA) como en las concretas previsiones del art. 2 del código que lo rige, ya sea por hallarse relacionado a la extinción de un contrato administrativo -particularmente, su rescisión y el rescate del servicio público concedido- (inc. 6) o ser promovido por un ente público estatal y encontrarse regido por el derecho administrativo (inc. 7).
III.2. Cabe señalar en primer lugar que el objeto de la pretensión según fue articulada por la comuna accionante, es que “se disponga la ejecución de un acto administrativo municipal sin ejecutoriedad propia” (fs. 62 vta.), lo que queda subsumido en las disposiciones contempladas en el art. 1 inc. 1 y 2 inc. 7 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
En efecto, la Municipalidad de General Madariaga se presenta con el fin de ejecutar el decreto 1203/18, que en ejercicio pleno de su función administrativa fue dictado en el ya referido ámbito contractual. El cumplimiento de lo ordenado en dicho acto administrativo rescisorio puede aparejar –según lo señala el municipio- fuerza sobre las cosas o las personas, ya sea de alguien en una situación de sujeción especial como de terceros ajenos al vínculo.
III.3. Si bien de lo expuesto surge clara la competencia del fuero contencioso administrativo, cabe agregar que está fuera de toda duda que el contrato de concesión del servicio público de disposición y tratamiento de residuos sólidos urbanos que unió a Ecoplata SA con la Municipalidad de General Madariaga es de naturaleza administrativa.
Lo que se debate es el alcance de la pretensión del municipio en el marco de una vinculación regida por un contrato administrativo. Así, la rescisión en virtud de la cual pretende rescatar la concesión y prestar el servicio por sí, eventualmente implicará ejercer una medida de coerción, como así también, ocupar temporáneamente un terreno propiedad de terceros -el que según se indica en la demanda es el único lote habilitado para recibir residuos dentro del partido-.
El art. 2 inc. 6 de la ley 12.008 atribuye a los tribunales del fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las controversias "relativas a los contratos administrativos" , debiendo quedar englobadas aquellas tendientes a poner en práctica ciertos actos contractuales extintivos de modo compatible con garantías fundamentales, tal como se persigue en el sub examine .
Por ende, no es predicable aquí lo establecido en los incisos 1 y 2 del art. 4 de la ley 12.008, ni la doctrina edificada en torno a ellos (v. por todas, causa B. 74.322, "Sociedad de Bomberos Voluntarios", res. de 10-V-2017 y sus citas), aun cuando la acción incoada -regida por normas y principios específicos- tenga la potencialidad de poner a la accionante en posesión de un bien inmueble (doctr. causas B. 72.533, "Fernández", res. de 21-VIII-2013; B. 74.021, "Municipalidad de Nueve de Julio", res. de 22-III-2016 y B. 74.223, "Playa de Camiones Quequén SA", res. de 22-VI-2016).
IV. No obsta a la solución propiciada el hecho de que en autos medie un contrato de locación de 25 hectáreas de campo para el vuelco de residuos celebrado entre la familia Tiberio y Ecoplata SA, que por sus formas permitiría inferir que se trata de un convenio regido por el derecho privado, con la influencia que ello podría tener a los efectos de la aplicación de la regla de exclusión prevista en el art. 4 inc. 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
Ello así, pues más allá del modo en el que fue instrumentado dicho acuerdo entre partes, no puede soslayarse que aquél fue suscripto por una de las personas enumeradas en el art. 166 in fine de la Constitución provincial con una finalidad pública tendiente a la satisfacción del interés colectivo (doctr. causas A. 69.021, "Utilducto SA", sent. de 8-VII-2008; B. 73.561, "Municipalidad de Lobería", res. de 23-IX-2015; B. 73.949, "Ibañez", res. de 6-IV-2016; B. 74.317, "Carta Serrana SA", res. de 21-IX-2016 y B. 75.260, "Municipalidad de General Pueyrredon", res. de 6-VI-2018, entre otros).
V. En virtud de todo lo expuesto, corresponde que reasuma el conocimiento del asunto el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores (art. 7 inc. 1, CPCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del mismo departamento judicial, lo que aquí se decidió.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 640
Fin de la sentencia