Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75561
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes para conocer en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el presente expediente y su acumulado, para la prosecución del trámite.
B.75.561 "PIEDRABUENA LUISA SOLEDAD C/ VARGAS HECTOR HUGO Y OTROS S/MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—"
La Plata, 13 de marzo de 2019.
I. De acuerdo a lo que surge de las constancias de las presentes actuaciones y su acumulada, el día 8 de septiembre de 2009 se habría producido un accidente automovilístico entre el dominio HTE-263 y el CWZ-823 mientras circulaban por la intersección de las calles 843 y 24 de la localidad de Quilmes.
El siniestro dio lugar a dos demandas judiciales independientes promovidas por Luisa Soledad Piedrabuena y Miguel Ángel García, ambas dirigidas contra Raúl Omar Orruchua y Héctor Hugo Vargas, titular registral y conductor del segundo rodado, respectivamente. Los accionantes sostienen que fueron violentamente embestidos por este último desde la parte trasera del vehículo, ocasionándoles los daños y perjuicios que describen.
II. Bajo los auspicios del mismo profesional letrado, los juicios se radicaron conjuntamente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial de Quilmes, cuya magistrada ordenó la acumulación de la causa "García" al expediente "Piedrabuena", sin perjuicio de mantener su tramitación separada hasta dictar sentencia única (fs. 137/138, expte. "García").
En lo que interesa al conflicto que luego se suscitó, cabe indicar que el apoderado de Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. -citada en garantía- reveló un dato que no había sido denunciado hasta ese entonces: que el vehículo conducido por la actora era, en rigor, un móvil policial y que ella misma -al igual que el actor en "García"- eran oficiales de la policía bonaerense. A partir de lo expuesto, afirmó que su asegurado Vargas conducía a velocidad reglamentaria y que el accidente tuvo lugar a raíz de que el patrullero habría cruzado la intersección muy velozmente sin sirenas ni balizas, obligándolo a realizar una maniobra brusca que derivó en la colisión (fs. 51/62).
Por esta razón y en virtud de la citación requerida, a fs. 71 la jueza ordenó traer al proceso a García -quien aparentemente conducía el vehículo de la fuerza de seguridad- y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial. No hizo lo mismo en el otro expediente (cfr. fs. 55/66, expte. "García").
III. En su aparición de fs. 100/102 vta., la Fiscalía de Estado opuso excepción de incompetencia a favor del fuero contencioso administrativo, la que fue rechazada por la magistrada del fuero civil y comercial actuante.
Contra esa decisión se alzó el Fisco mediante el remedio de fs. 332 y 340/342, que acogido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial departamental, derivó en el envío de ambos expedientes al fuero especializado para que allí sean ventilados en virtud de lo normado en los arts. 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo.
De tal modo, las causas recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes. No obstante, su titular se rehusó a conocer en el asunto en la inteligencia de que el caso estaba regido primariamente por el derecho privado, al no tener su origen en una acción u omisión en el ejercicio de la función administrativa de la Provincia, aun cuando haya sido traída al juicio la policía bonaerense (fs. 368/380).
Así, no sin antes expedirse también acerca del criterio seguido para la acumulación procesal -aunque sin disponer nada específico en contrario-, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia, para que la resuelva con arreglo a lo previsto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
IV. Ante todo es menester señalar que en la especie no se encuentra propiamente en crisis la viabilidad de la acumulación de la causa "García" a "Piedrabuena". Al margen de lo que se pueda inferir de lo manifestado por el juez en lo contencioso administrativo como argumento coadyuvante a fs. 370 y vta. -sumado a lo que añade en relación al monto y grado de avance de una causa respecto de la otra-, lo cierto es que aún no existe en el proceso una resolución judicial que concretamente revierta lo ordenado a fs. 137/138 en punto a la necesidad de la acumulación basada en la verificación de una plataforma fáctica común (v. fs. 137/138, expte. "García"). Por lo tanto, en esta instancia el Tribunal habrá de ceñirse a la determinación de la competencia ratione materiae analizando los elementos de ambas controversias en conjunto.
V. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
VI. Bajo tales premisas, se debe presumir que el móvil policial presuntamente involucrado en el siniestro se encontraba afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública establecidos en el art. 20 de la ley 13.482, dando cuenta de un hecho que, llegado el momento, puede ser considerado como generador de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (doctr. causas B. 68.372, “Ramírez”, resol. de 1-II-2006; B. 69.330, "Herrera", resol. de 5-III-2008; B. 70.181, "Selan", resol. de 2-IX-2009; B. 70.708, "López", resol. de 24-II-2010; B. 73.750, "Villalta", resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y B. 74.936, "Barrios", resol. de 28-II-2018).
Atento a ello, dadas las características de los sucesos enjuiciados, lo dispuesto en la cláusula del art. 166, último párrafo, de la Constitución así como en los arts. 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a la jurisdicción contencioso administrativa dirimir la presente controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes para conocer en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el presente expediente y su acumulado, para la prosecución del trámite.
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 departamental lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 62
Fin de la sentencia