Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75618
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para conocer en el caso (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.75.618 “MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE C/ CAIMEZ EDUARDO CESAR Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
I. La Municipalidad de San Vicente promovió una pretensión que denomina "medida autosatisfactiva" contra Lagunas y Esteros de San Vicente SRL y dos personas particulares, con el objeto de que se le ordene a los demandados que de manera inmediata suspendan toda actividad de movimiento de suelos, apertura de calles o cualquier otra acción cuya ejecución impacte sobre las parcelas que identifica catastralmente y/o cualquier acto que pudiere comprometer la reserva natural que se menciona a fs. 327. Ello, hasta tanto se expidan en forma expresa y positiva los organismos técnicos competentes de la comuna y/o de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la factibilidad y aptitud ambiental del proyecto inmobiliario denominado "Mundo Natural".
La acción fue deducida por la comuna invocando su titularidad de la función administrativa municipal, en especial, su calidad de responsable primario del ordenamiento territorial y usos del suelo además de las competencias como autoridad ambiental de la ley 11.723. Lo anterior, según sostiene, en pos de satisfacer el interés general y preservar el dominio público para su goce por parte de toda la comunidad, algo que se aduce menoscabado con los actos y hechos llevados adelante por los accionados.
II. A fin de justificar la competencia del fuero especializado, el municipio invocó la regla de jurisdicción contemplada en el art. 2 inc. 7 de la ley 12.008. De esa forma, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
No obstante, quien lo subrogaba se declaró incompetente en la primera oportunidad luego de afirmar que en la especie no se hallaba controvertido el ejercicio de la función administrativa por parte del municipio, a la par de resaltar que el art. 36 de la ley 11.723 establece que en los casos de daño ambiental ocasionado por particulares debe acudirse ante los tribunales ordinarios. Por ello, giró las actuaciones al fuero en lo civil y comercial departamental (fs. 353/354).
De esta manera, la causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14, cuyo juez rechazó la declinatoria formulada por el magistrado que previno. Esto, en la inteligencia de que el caso efectivamente se había originado en la actuación de la comuna en el ejercicio de prerrogativas y funciones inherentes al control de actividades desarrolladas en su territorio, lo cual -a su modo de ver las cosas- subsumía bajo la norma atributiva de competencia del art. 2 inc. 7 del Código Procesal Contencioso Administrativo (fs. 355/356).
Así, planteó formalmente la contienda negativa y, en virtud de lo establecido en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, sometió el incidente ante esta Suprema Corte de Justicia.
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov. y 1 inc. 1, CPCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de dichas funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CPCA).
Las reglas constitucionales y legales citadas tienen aplicación plena; tanto cuando los sujetos públicos revisten la condición de demandados como cuando promueven pretensiones contra particulares, alcanzadas, en los términos arriba señalados, por el derecho administrativo (art. 2 inc. 7, CPCA; cfr. causas B. 70.640, “Municipalidad de Balcarce”, resol. de 2-VII-2009; B. 70.998, “Municipalidad de Junín”, resol. de 14-VII-2010 y B. 71.811, “Provincia de Buenos Aires”, resol. de 18-IV-2012).
IV. Sobre la base de lo anterior, del relato efectuado en el escrito postulatorio y el alcance de la pretensión incoada por la Municipalidad de San Vicente, cabe concluir que el presente caso subsume en la regla de competencia fijada en el art. 2 inc. 7 de la ley 12.008. Con arreglo a ella, son propias del conocimiento asignado a los tribunales en lo contencioso administrativo las controversias promovidas por los municipios, cuando se hallaren regidas por el derecho administrativo.
En ese sentido, se debe reparar en que la entidad estatal que promueve la demanda lo hace en virtud de potestades ligadas a su carácter de planificador territorial y autoridad ambiental local, con el declarado propósito de tutelar el interés general de la comunidad y proteger el dominio público municipal. Ello, a través de una orden judicial que mande a suspender las actividades desplegadas por los accionados capaces de repercutir en el ambiente y la trama urbana, hasta tanto se expidan los organismos técnicos con competencia al efecto.
En esas condiciones, es dable inferir que el sub lite se halla regido primariamente por normas de derecho administrativo, motivo por el cual corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata (art. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 7, CPCA; doctr. causas B. 73.546, "Municipalidad de San Miguel", resol. de 22-IV-2015; B. 73.561, "Municipalidad de Lobería", resol. de 23-IX-2015; B. 73.691, "Municipalidad de Quilmes", resol. de 21-X-2015 y B. 75.472, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 28-XI-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata para conocer en el caso (art. 7 inc. 1, CPCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°14 departamental, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 701
Fin de la sentencia