Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 1.032 (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827), órgano a quien le serán remitidas las actuaciones ese efecto.
B.76.235 “ADAM HUGO MARCELO C/ CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
I. Hugo Marcelo Adam promovió una acción de cese y recomposición de daño ambiental contra Tecplata S.A., Pentamar S.A., Compañía Sud Americana de Dragados S.A. y el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata, a fin de que estas empresas se abstengan de llevar adelante, de manera inmediata y definitiva, actividades contaminantes y de que se restablezca el estado anterior a la producción del presunto daño en la zona de la Isla Paulino, la Isla Borsani, el canal Piccolo y su continuación, la Isla Santiago Este y en parte del continente.
Subsidiariamente, solicita el pago de una indemnización sustitutiva destinada a reparar los perjuicios colectivos con destino al Fondo de Compensación Ambiental previsto en la ley 25.675.
II. La causa, a pedido del actor, se radicó directamente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial La Plata. Ello, por razones de celeridad y economía procesal, toda vez que la controversia guardaba relación con tres procesos anteriores que tramitan por ante dicho órgano, caratulados "Fundación Agronegocios y Alimentos c/Tecplata S.A. s/amparo" (causa n° 11.856), "Dawidiuk, Gerardo y otros c/Consorcio de Gestión del Puerto La Plata s/amparo" (causa n° 60.828) y "Gómez, Daniel Felipe c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros s/amparo" (causa n° 50.427), los cuales ofreció como prueba.
En lo que aquí respecta, al contestar demanda el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata opuso excepción de incompetencia y solicitó la citación de la Provincia, por considerar que cabía su participación en virtud de la condición de bienes del dominio público provincial que revisten los puertos y del interés público subyacente en la actividad portuaria (fs. 50/86).
Presentada en autos, la Fiscalía de Estado asimismo opuso excepción de incompetencia con fundamento en lo previsto en los arts. 1, 2 inc. 4, 6 y 12 inc. 3 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, sosteniendo que las actuaciones debían tramitar ante los órganos del fuero contencioso administrativo (fs. 577/580).
Sustanciadas las defensas -las que fueran resistidas por la parte actora-, la jueza interviniente resolvió desestimarlas. Para así decidir, entendió que al vincularse la cuestión con la tutela del medioambiente, resultaban aplicables los principios informantes de la acumulación de procesos en materia de acciones colectivas, sin perjuicio de la distinta naturaleza de los carriles procesales escogidos. Finalmente, estimó que le correspondía continuar conociendo en el litigio, atento la regla de prevención que contienen los arts. 8 de la ley 13.928 y 189 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 1.015/1.019).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación, que fue concedido y elevado a la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental. Sin embargo, esta última se rehusó a intervenir en el asunto, en la inteligencia de que por la relación de conexidad entre la presente causa y los amparos radicados en el juzgado de origen, sería la cámara del fuero especializado el órgano natural de alzada conforme lo normado en el art. 17 bis de la ley 13.928. A ello adunó que, de lo contrario, se correría el riesgo de incurrir en sentencias contradictorias o en decisiones que interfieran en la jurisdicción que ya se encuentra ejerciendo otro tribunal de apelación (fs. 1052/1055).
En consecuencia, los obrados fueron girados a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
A su turno, sus magistrados sostuvieron que no se encontraban reunidos los extremos justificantes de su intervención en los términos del mentado art. 17 bis, en tanto la acción de autos revestía el carácter de un proceso de conocimiento abreviado y no de un amparo.
En adición, adujeron que la circunstancia de excepción invocada por el tribunal partía de tomar por válida la asignación competencial por conexidad asumida por la jueza de grado, lo que en la especie se hallaba impugnado por la recurrente (fs. 1063/1067).
De esta forma, plantearon formalmente la contienda negativa de competencia y procedieron a someterla ante esta Suprema Corte de Justicia en los términos del art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
IV. Sin perjuicio de lo que quepa decir respecto de la aceptación de competencia por conexidad con los referidos amparos en trámite ante el juzgado a su cargo efectuada por la jueza de grado a fs. 1015/1019 –cuya impugnación originó la presente controversia-, corresponde señalar que toda vez que dicho resolutorio aún no se encuentra firme, no podría aseverarse en esta instancia que resulta de aplicación al litigio lo dispuesto por la Ley de Amparo local en materia de recursos de apelación. Esto debido a que, por el momento, el proceso continúa rigiéndose según las normas del proceso sumario (art. 320, CPCC). Lo dicho se vislumbra incluso del tratamiento que se le ha dado a la pieza en cuestión, cuya sustanciación se adecuó a lo previsto en los arts. 242 y 246 del Código Procesal Civil y Comercial, y no a lo ordenado en el art. 17 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-.
Sumado a ello, tampoco se advierte la necesidad de tramitar la apelación interpuesta conforme las reglas establecidas para las acciones de amparo por un eventual peligro del dictado de sentencias contradictorias (doctr. causa B. 72.444, "Enosur", resol. de 10-VII-2013). Al respecto, el objeto de la presente impugnación se circunscribe a examinar el acierto de la radicación de las actuaciones en el juzgado a cargo de la magistrada que resolvió rechazar las excepciones de incompetencia interpuestas en virtud de la conexidad existente con las causas “Fundación Agronegocios y Alimentos", "Dawidiuk" y "Gómez" que tramitan en dicho órgano, no mediando pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo debatida en todas ellas. De lo dicho se advierte que, en esta etapa liminar, tal circunstancia no resulta dirimente a los fines de determinar el tribunal competente para conocer en el recurso incoado, en tanto sus efectos bien pueden resultar indiferentes a la definición final de los otros procesos.
V. Sobre la base de lo expuesto, considerando que el órgano de primera instancia que intervino fue el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de La Plata, corresponde que sea la cámara de ese fuero la que entienda en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado a fs. 1.032 (arts. 161 inc. 2, Const. prov.; 7 inc. 1, CCA; 16 y 17 bis, ley 13.928 -texto según ley 14.192- y 38, ley 5.827), órgano a quien le serán remitidas las actuaciones ese efecto.
Hágase saber de lo que aquí se resuelve a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:59:34 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:53:46 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 14:00:50 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 20/07/2020 16:14:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 22/07/2020 13:05:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia