Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76359
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, declarar que resulta competente para resolver en autos el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, al que se devolverá el expediente para la prosecución de su trámite.
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil y Comercial de ese Departamento Judicial, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.76.359 “MARINO MARCELO EDUARDO C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres, dijeron:
I. Marcelo Eduardo Marino promovió, en los términos del artículo 2 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo, una pretensión indemnizatoria contra la Provincia de Buenos Aires y/o contra quien resulte civilmente responsable, por los daños y perjuicios que aduce haber sufrido consecuencia de la falta de respuesta jurisdiccional (errores judiciales, inacción, omisiones y falta de servicio de justicia) en las actuaciones procesales que lo tienen como parte interesada y que motivan, como objeto de su accionar, la obtención de una reparación monetaria integral.
En ese sentido, relata que el día 27 de agosto de 2014 fue víctima de un violento robo en su domicilio, por lo cual se dio curso a las actuaciones penales ante la Fiscalía N°5 del Departamento Judicial de Quilmes bajo la I.P.P. N°22062/14. Sin embargo, asegura que, a raíz del "daño psíquico y emocional" que atravesó a partir de ese episodio, se abocó a la búsqueda de todos los hechos vinculados al " modus operandi " de los actos violentos (amenazas, despojo de sus bienes, e.o.) del que fuera destinatario aquel día. Es así, que tomó conocimiento de la existencia -paralela- de la I.P.P. N°06-00-019462-16 que tramitaba en la UFI N°11 del Departamento Judicial de la Plata, en donde se habían detenido y procesado a varias personas, secuestrado bienes y que, por sus características, podrían guardar relación con el evento delictivo. Es entonces, en virtud de la "conexidad" que reflejarían los procesos, que presentó -en ambos- distintos escritos (v.gr. orden de allanamiento y secuestro, acumulación de los dos procesos y la adopción de medidas de pruebas, e. o.), mediante los que no se habrían visto satisfechas sus expectativas procesales (fs. 8/15).
II. La causa fue adjudicada, previo sorteo, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes. Su titular, al reputar, con arreglo a jurisprudencia de este Tribunal, que en el presente caso la "...reparación del daño ocasionado se centra en la actividad jurisdiccional desarrollada por órganos del Poder Judicial", no advirtiéndose, por consiguiente, función administrativa de un órgano estatal, decidió declarar su incompetencia para intervenir en la litis (fs. 20/22).
De ahí, que las actuaciones pasaran al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del departamento judicial homónimo, el cual rehusó intervenir en el asunto, por entender que, -en línea con la postura de los ministros de esta Corte doctores Pettigiani, Soria y oportunamente del doctor Negri en las causas "Bravo" (B. 75.155, resol. 15-VIII-2018) y "A.L.A." (B. 75.342, resol. de 29-VIII-2018)-, el código adjetivo vigente, a través de su articulado (arts. 1, 2 inc. 4, 12 inc. 3, 50 inc. 6, CCA), ha expandido el ámbito anterior de la jurisdicción contencioso administrativa, abarcando, de tal modo, "...una variada gama de casos relativos a la responsabilidad patrimonial" que, y tal como acaece en el sub examine , encuadran en la cláusula del artículo 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial(fs. 29 y vta.).
En ese marco procesal, planteó la contienda negativa de competencia y dispuso elevar los actuados a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
III. Es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial y en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los municipios y los entes públicos estatales previstos en el artículo 1, regidas por el derecho público, aun si se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (cfr. arts. 166, in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 64.533, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", ambas resol. de 8-IX-2004; B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004 y B. 74.397 "Z., S. E. y otros", resol. de 26-X-2016).
IV. Esta Corte, aplicando el plexo normativo anterior (Constitución provincial de 1934 y ley 2961), había considerado que los litigios por daños derivados de la actividad judicial eran ajenos a aquella jurisdicción (doctr. causas B. 64.674, "Ramos", resol. de 30-X-2002; B. 64.846, "Fragnul", resol. de 27-XII-2002; B. 65.353, "Faster", resol. de 19-III-2003 y B. 65.974, "Olivera", resol. de 1-X-2003, entre otras).
No obstante, la aplicabilidad de la codificación aprobada por la ley 12.008, con sus reformas, incorporó un elemento normativo fundamental y no considerado en las causas arriba citadas, que impone replantear el enfoque hasta ahora seguido.
Es que, en lo tocante al conocimiento y decisión de las pretensiones resarcitorias, los artículos 1, 2 inciso 4, 12 inciso 3, 50 inciso 6 y concordantes del Código vigente en la materia (ley 12.008, con sus reformas), han expandido el ámbito anterior de la jurisdicción contencioso administrativa, para abarcar toda la gama de casos relativos a la responsabilidad patrimonial de la Provincia así como de los restantes entes estatales y locales -por su actuar o su omitir, mediando una conducta lícita o por razón de su ilicitud-.
Esa determinación legislativa, que reposa en el amplio arbitrio que surge del artículo 166, primer párrafo, de la Constitución, en modo alguno supone una alteración irrazonable del sentido que ha guiado el enunciado del último párrafo del mismo precepto, toda vez que esta norma propugna la especialización del fuero allí instituido para el conocimiento de las contiendas emergentes del actuar público.
Por otra parte, debe tenerse presente que el codificador de la ley 12.008 sustituyó el artículo 3 de la ley 8132 –incorporado al artículo 477 del Código Procesal Penal (texto según ley 11.922)- que asignaba al fuero civil el conocimiento de las pretensiones indemnizatorias que tuvieran por causa el obrar judicial del Estado provincial, cuando, previa condena firme por error a una pena privativa de la libertad, el condenado obtuviera una sentencia favorable a raíz de una acción de revisión. Pues bien, en lugar de aquel fuero, la norma determinó expresamente la competencia de los tribunales contencioso administrativos (cfr. art. 83, CCA), sin perjuicio de que el precepto casi idéntico del artículo 477 del Código Procesal Penal -texto según ley 11.922- quedó inalterado. Con todo, la modificación descripta más arriba por la ley 12.008 es la ley posterior que debe primar ante el potencial conflicto normativo.
Lo expresado revela una evidente intención de confiar la decisión de los litigios centrados en el denominado “error judicial” -situación claramente analogable al caso debatido en el presente- a la justicia administrativa.
V. Por lo demás, hay que destacar que la solución propiciada se torna imperativa tras la sanción y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994), cuya política legislativa se ha inclinado por la doctrina publicista en lo que al instituto de la responsabilidad del Estado atañe (cfr. CSJN Fallos: 329:759). En efecto, sus artículos 1764 a 1766 preceptuaron que: (i) las disposiciones sobre responsabilidad civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria; (ii) la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda y (iii) los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.
Esta posición fue acompañada por el criterio sentado por este Tribunal, cuya jurisprudencia sistemáticamente resolvió contiendas de competencia a favor del fuero contencioso administrativo para conocer en pretensiones que, no obstante hallarse fundadas en normas de derecho privado, tenían por objeto un resarcimiento a cargo del Estado con sostén en la falta de servicio o en el alegado desempeño irregular de sus órganos (cfr. causas B. 73.750, “Villalta”, resol. de 2-IX-2015; B. 73.820, “Vargas”, resol. de 21-X-2015; B. 73.921, “Casella”, resol. de 22-XII-2015; B. 74.544, “Villanueva”, resol. de 7-VI-2017; B. 74.768, “De Almeida”, resol. de 28-VI-2017; B. 74.782, “Troche”, resol. de 12-VII-2017; B. 75.761, “Piedrabuena”, resol. de 13-III-2019 y B. 75.549, “Navarro”, resol. de 20-III-2019).
En semejante contexto, independientemente de cualquier distingo teórico en punto a la índole de la función estatal en que se origina el conflicto, tratándose de asuntos regidos por el derecho administrativo, los jueces que deben entender en ellos son aquellos a los cuales la Constitución de la Provincia les ha otorgado una jurisdicción exclusiva para dirimirlos en virtud de su especialización material (cfr. arts. 166, in fine , Const. prov. y 6, CCA; doctr. causa B. 75.663, "Morera", resol. de 23-XI-2020).
VI. En razón de todo lo dicho y dado que, según se desprende de los términos en que ha sido formulada la pretensión, se busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado por el alegado obrar disfuncional de órganos jurisdiccionales, corresponde declarar que la litis pertenece a la competencia contencioso administrativa (arts. 166, in fine , Const. prov.; 1, 12 inc. 3, y, fundamentalmente, 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B 76.663, "Morera", resol. de 21-XI-2020).
VII. Por lo expuesto, corresponde declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (art. 7 inc. 1, CCA).
Así lo votamos.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Disiento de la solución propiciada por mis colegas preopinantes.
Como he señalado en numerosos precedentes, en casos como el presente no está comprometida la competencia asignada al fuero contencioso administrativo por mandato constitucional (art. 166, in fine, Const. prov.) dado que, como se ha resuelto, la mentada atribución no comprende los casos en los que pretende hacerse efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación u omisión de funcionarios o magistrados en el ejercicio de funciones jurisdiccionales (doctr. causas B. 64.674, "Ramos", resol. de 30-X-2002; B. 64.846, "Fragnul", resol. de 27-XII-2002; B. 65.353, "Faster", resol. de 19-III-2003; B. 65.974, "Olivera", resol. de 1-X-2003; B. 65.991, "Ginzo", resol. de 19-IV-2006; B. 68.311, "Calderón", resol. de 31-V-2006; B. 71.657, "Loyola", resol. de 30-V-2012; B. 72.698, "Olivera", resol. de 5-III-2014; B. 73.338, "Borio", resol. de 5-XI-2014 y B. 75.663, cit.).
Por lo tanto, corresponde declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (cfr. art. 7 inc. 1, CPCA).
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari, dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria y a los fundamentos expuestos por la doctora Kogan.
Me permito precisar que el artículo 166, última parte, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 1 del Código Contencioso Administrativo establecen la competencia del fuero en relación a las pretensiones que se deduzcan por la actuación u omisión de entes oficiales, supeditando esa premisa a un claro enunciado: cuando tal actuación lo haya sido en el ejercicio de funciones administrativas.
En el caso, la conducta que se reprocha a la Provincia, no posee connotación administrativa sino que constituye el ejercicio liso y llano de su actividad jurisdiccional. Los actores adujeron haber sido dañados por un acto propio de la función pública de uno de los poderes del Estado, el Judicial, habiendo intervenido el órgano competente, con las formas requeridas por la ley.
Tal como lo sostuve anteriormente (ver mi voto en la causa B. 65.991, "Ginzo", resol. de 19-IV-2006), esto es típica función jurisdiccional que nada tiene de administrativa. En este sentido, la presunción del artículo 1 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo es solamente juris tantum , inaplicable por tanto en el caso ante la claridad que reviste el supuesto en examen, cuya intrínseca naturaleza desplaza todo matiz de tinte administrativo (doctr. causa B. 68.311, Calderón", resol. de 31-V-2006; B. 74.397, "Z., S. E. y otros", resol. de 26-X-2016 y B. 75.663, cit.).
Así lo voto.
El señor juez doctor Genoud dijo:
En numerosos precedentes, algunos de los cuales cita en el voto aquí vertido, he acompañado la postura de mi distinguida colega Hilda Kogan.
No haré lo propio en esta ocasión, dada la necesidad de dirimir oportunamente las cuestiones de competencia como la aquí planteada y de sentar una doctrina sobre el punto, tal como expuse recientemente en la causa B 76.663, "Morera" (resol. de 21-XI-2020).
Me explico: desde que esta Corte quedara desintegrada ante la renuncia del dr. Hitters, la cuestión relativa a la competencia para resolver los casos de responsabilidad patrimonial del Estado derivados del ejercicio de la función jurisdiccional fue resuelta de distinta manera, según el criterio del Presidente del Tribunal de Casación Penal llamado a integrar la Suprema Corte ante la falta de mayoría en alguna de las posiciones. Así, por ejemplo, en las causas B. 75.342 ("A.L.A.", resol. de 29-VIII-2018) y B. 75.120, ("B.R.G.", resol. de 26-IX-2018), se decidió que estos asuntos debían ser resueltos en el fuero civil y comercial; mientras que en B. 74.000 ("Valle", resol. de 28-VI-2017) y B. 74.988 ("Segura", resol. de 11-IV-2018), se resolvió que eran casos propios del fuero contencioso administrativo.
Frente a tal estado de cosas, que sin duda provoca incertidumbre no solo en los justiciables sino también en los órganos jurisdiccionales inferiores, al tiempo que genera una demora irrazonable para dirimir una cuestión de competencia, con afectación de la tutela judicial continua y efectiva que garantiza el artículo 15 de la Constitución de la Provincia, entiendo necesario rever mi postura sobre este tema en pos de lograr una mayoría decisoria entre los miembros titulares de esta Corte.
Sobre la base de tales consideraciones y la nuevas argumentaciones que aparecen expuestas en el voto de los doctores Soria, Pettigiani y Torres, al que adhiero, considero que el caso corresponde a la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, declarar que resulta competente para resolver en autos el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, al que se devolverá el expediente para la prosecución de su trámite.
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil y Comercial de ese Departamento Judicial, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese, ofíciese y remítase.
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:46:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 11:39:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:17:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:58:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 10:57:53 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia