Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76114
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo el caso propio de la competencia del fuero civil y comercial, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CPCA).
B.76.114 "V. C. M. Y. C/ M. F. S/ MATERIA A CATEGORIZAR. ---CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008---
La Plata, 23 de octubre de 2019.
I. M. Y. V. C., en representación de su hija M. A. V., formuló denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Matanza contra F. M., con el objeto de que se le imponga a éste último -en su calidad de docente en la Escuela Secundaria N°14 de la localidad de Ituzaingó a la que concurre- una restricción perimetral para preservar la integridad física, psicológica y moral de su hija, atento la violencia que alega haber padecido. Asimismo, manifestó su voluntad de instar la correspondiente acción penal.
Dicho organismo dispuso la remisión de la presentación al fuero de Familia del Departamento Judicial Morón de turno, resultando desinsaculado el Juzgado N°1.
En lo que aquí respecta, su titular –sin admitir su competencia- ordenó provisoriamente la prohibición de que el denunciado se aproximara a la menor, tanto en su domicilio como en su lugar de estudio o esparcimiento, y lo intimó a cesar y/o abstenerse de realizar cualquier acto violento de carácter físico, psicológico o emocional contra su persona por cualquier medio (fs. 6/7).
Posteriormente, la magistrada se declaró incompetente por considerar que no se trataba de un supuesto vinculado con violencia doméstica o familiar conforme las prescripciones del art. 1 de la ley 12.569, sino de una presunta situación de violencia generada en el ámbito escolar donde concurría la menor y, por ello, se encontraba alcanzada por las normas que regulan el empleo público provincial (fs. 16/18).
Al decidir así, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a conocer en el asunto en la inteligencia de que los hechos postulados en la denuncia de origen se hallaban comprendidos en los incisos "w" y "x" del art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial que determinan la competencia de los jueces de familia en los casos en los que se encuentran afectados –en sentido amplio- los intereses y derechos de los niños (fs. 20/21).
En consecuencia, toda vez que la jueza que previno mantuvo su primigenia postura, quedó formalmente planteada la contienda negativa, girándose el expediente a esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a lo previsto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. En primer lugar, de las constancias obrantes en autos no surge que la Asesora de Incapaces haya tomado debida vista de las actuaciones, conforme lo ordenado a fs. 7 y lo establecido en el art. 38 de la ley 14.442, por lo que –oportunamente- se deberá procurar su intervención.
III.2. Sentado ello, corresponde señalar que si bien la acción judicial fue impulsada invocando promiscuamente normas de la Ley sobre Violencia Familiar y de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, atento la premura que demandaba la situación de hecho en resguardo del derecho a la integridad física, psicológica y moral que se pretendía proteger y al sólo efecto del dictado de las medidas precautorias requeridas, del relato efectuado en la denuncia presentada y a la luz de lo establecido en los arts. 1 y 2 de la ley 12.569 -texto según ley 14.509-, resulta atendible lo actuado por la jueza de familia.
En este sentido, se advierte que el denunciado no forma parte del "grupo familiar" de la actora ni de su hija conforme lo definen tales preceptos. Por tal razón, es menester concluir que la atribución de competencia prevista en el art. 6 de dicho plexo a favor de los tribunales de familia o juzgados de paz letrados no es derechamente aplicable en la especie.
III.3. Ahora bien, cabe recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
Por su parte, el art. 22 de la ley 26.485 establece que "entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate".
Así, haciendo efectiva tan flexible atribución jurisdiccional, este Tribunal ha dirimido ciertos conflictos a favor del fuero laboral cuando las medidas protectorias se ceñían exclusivamente a ese ámbito (doctr. causa L. 119.389, "López", resol. de 23-IX-2015), o de la justicia de paz letrada por razón del territorio y proximidad del órgano judicial (doctr. causa L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018).
IV. Sobre la base de lo expuesto, se advierte que tampoco se halla comprometida la competencia del fuero especializado en tanto la pretensión que ahora ocupa a esta Corte excede del marco estrictamente institucional –ámbito donde tampoco se advierte plenamente configurado el supuesto previsto en el art. 6 inc. "b" de la referida ley- para abarcar restricciones de acercamiento respecto de la hija de la denunciante y su hogar, contra un sujeto que no integra su grupo familiar.
Siendo así, teniendo en consideración que la jueza de grado ha dispuesto medidas precautorias conducentes a resguardar la integridad de la menor (v. fs. 6/7), es preciso resolver la controversia a favor del fuero civil y comercial dada su competencia genérica y residual, en tanto que en la litis no se halla plenamente justificada la intervención de los fueros especializados (doctr. causas B. 54.306, "Parada", resol. de 4-VIII-1992; B. 55.726, "Cuccurulo", resol. de 30-V-1995; B. 68.001, "Mozcuzza", resol. de 8-IX-2004 y B. 75.586, "C.C.M.C.", resol. de 14-XI-2018; CSJN, Fallos: 305:91, 310:1890, 326:4208, 328:3179).
V. En virtud de ello, corresponde que las actuaciones sean giradas sin dilación a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su inmediato sorteo entre los juzgados del fuero civil y comercial (conf. doctr. art. 3 inc. "f", ley 26.061 y art. 22, ley 26.485).
Asimismo, deberá darse acabado cumplimiento con lo normado en el art. 38 de la ley 14.442.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo el caso propio de la competencia del fuero civil y comercial, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Morón, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CPCA).
Hágase saber al Juzgado de Familia N°1 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, ambos de dicho departamento judicial, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 533
Fin de la sentencia