Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.295 “C. S. H. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (PODER JUDICIAL) S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora S. H. C., por derecho propio y en representación de su hija menor de edad A. M., promueve acción preventiva en los términos del art. 1.711 del Código Civil y Comercial contra la Provincia de Buenos Aires -Poder Judicial-, con el objeto de que se cese en la continuación y agravamiento del daño que se les estaría ocasionando por carecer el Equipo Técnico Auxiliar que asiste al Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de San Nicolás de un profesional médico psiquiatra.
Relata que su hija padece de trastorno de personalidad psicopática, con pronóstico irreversible y que, en virtud de una medida cautelar dictada en los obrados “C., S. H. (en representación de A. M.) c/ OSECAC s/ Amparo contra actos de particulares” (expte. n° 7876/2020) que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia de San Nicolás N°1 -Secretaría Civil N°3-, se le ha garantizado el tratamiento psiquiátrico correspondiente.
Luego, explica que si bien su hija se encuentra actualmente externada, dicha situación puede modificarse atento encontrarse abiertos los autos “M., A. s/ Internación” (expte. n° 51.104) ante el Juzgado de Familia N°3 antes mencionado. Así, alega que al hallarse desintegrado el equipo multidisciplinario que asiste al órgano, se las priva de la tutela judicial efectiva, toda vez que -a su modo de ver- no existen causales válidas que justifiquen el incumplimiento de lo normado en el art. 12 de la ley 13.634.
Finalmente, requiere el dictado de una medida cautelar que coincide sustancialmente con la pretensión esgrimida en la acción principal.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, cuya magistrada se inhibió de conocer en el pleito por considerar que de la lectura de la demanda se desprendía que la actora fundaba su petición y legitimación en normas de derecho privado. A su vez, estimó que la contienda involucraba cuestiones de política pública, que escapaban al control judicial. Pese a esto último, concluyó que se trataba de un planteo accesorio derivado del proceso incoado para la protección de los derechos de la niña menor de edad, por lo que cabía aplicar lo previsto en el art. 6 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 10-VIII-2021).
Al decidir de ese modo, las actuaciones pasaron al Juzgado de Familia N°3 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en la controversia en la inteligencia de que el asunto suponía entablar un nuevo juicio que no podía ser encausado a través de la vía incidental propuesta. Para más, sostuvo que una decisión a su respecto escapaba de la competencia específica que se le atribuye al fuero de familia, toda vez que los daños que se intentaban prevenir “no se derivarían del accionar o de omisión alguna de las partes involucradas que pudiere eventualmente ser materia de juzgamiento por la suscripta” (v. resol. de 11-VIII-2021).
Devueltos los obrados al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura. De esta manera, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es preciso recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe ponderar que en la especie la actora funda su pretensión en el incumplimiento -a su entender- de lo establecido en el art. 12 de la ley 13.634, en cuanto determina que “los Juzgados de Familia estarán integrados por un (1) Juez de Primera Instancia. Cada Juzgado contará con un (1) Consejero de Familia y funcionará un Equipo Técnico Auxiliar que asistirá interdisciplinariamente y colaborará con el Juez y el Consejero en las tareas y funciones que éstos les asignen y con la dotación de personal que fije la Suprema Corte de Justicia, quien deberá proveer la capacitación permanente del mismo, en la forma que estime conveniente” y que cada equipo “estará integrado por un (1) médico psiquiatra, un (1) psicólogo y un (1) trabajador social”.
Así, se observa que, más allá de lo que pueda decirse respecto al carril procesal escogido, el objeto del presente litigio se centra en hacer cesar la continuidad o agravamiento de los daños que afirman padecer la demandante y su hija menor de edad por la presunta omisión incurrida por uno de los sujetos enumerados en el artículo 166 de la Constitución provincial, originada en el ejercicio de la función administrativa que le es propia, relativa a la dotación y estructura del personal que debe integrar el equipo técnico multidisciplinario que opera en la órbita de un órgano jurisdiccional específico.
En razón de esto, es posible concluir que la pretensión contenida en la demanda exigirá primariamente el análisis de normas de derecho público local y que, por ende, el caso se trata de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1, CCA).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás, el órgano que continúe conociendo en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Familia N°3 del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2021 20:25:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2021 10:57:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2021 16:37:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 09:28:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2021 11:08:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2021 11:34:07 hs. bajo el número RR-712-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia