Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.555 “G. F. A. C/ C. M. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La señora F. A. G. efectuó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Quilmes contra el señor M. C., en virtud de la violencia que alega haber padecido en el Instituto Municipal De Salud y Medicina Preventiva “Dr. Ramon Carrillo” -Dispensario-, donde ella se desempeña como enfermera y él como médico.
II. En lo que aquí concierne, la mencionada dependencia policial dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado de Familia N°1 del Departamento Judicial de Quilmes para su consideración y tratamiento. Fue así que su titular, ante la urgencia que el caso ameritaba, estimó que resultaba necesario adoptar medidas de protección inmediatas tendientes a hacer cesar el riesgo que pesaba sobre la víctima y decretó de manera preventiva la prohibición al señor M. C. de practicar cualquier tipo de perturbación, intimidación, hostigamiento y ejecución de cualquier acto o hecho de violencia de carácter físico y/o verbal y/o psicológico sobre la denunciante. Asimismo, con carácter previo a expedirse sobre su competencia, dio vista del expediente al señor Agente fiscal (v. resol. de 15-X-2021).
Recibido el dictamen fiscal, la jueza a cargo del órgano jurisdiccional mencionado se rehusó a continuar conociendo en el asunto, tras estimar que al no existir vínculo familiar alguno entre las partes, la cuestión escapaba a lo previsto en el art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial, que determina la competencia exclusiva del fuero. Así, al advertir que los hechos que motivaban la denuncia habían tenido lugar en el marco de una relación laboral, ordenó remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que realice el correspondiente sorteo (v. resol. de 20-X-2021).
De esta manera, la causa recayó en el Tribunal de Trabajo N°1, cuyos integrantes se inhibieron de conocer en la controversia en la inteligencia de que del relato efectuado en la denuncia se desprendía que el conflicto se suscitaba entre dos empleados públicos dependientes de la Municipalidad de Quilmes y que la presunta situación de violencia habría ocurrido dentro del espacio de trabajo, por lo que concluyó que el caso debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo (v. resol. de fecha 3-XI-2021).
De esta manera, los obrados pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1, cuyo magistrado rehusó conocer en el pleito al sostener que se trataba de una materia no contemplada para la competencia del fuero especializado, en función de lo dispuesto en el art. 4 inc. 1° del respectivo código de rito. A ello, adunó que tampoco correspondía su intervención dado que ya habían sido otorgadas medidas preventivas por la jueza de familia (v. resol. de 30-XI-2021).
En virtud de esto, planteó formalmente la contienda negativa de competencia y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que el art. 22 de la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales establece que "entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate".
Al respecto, haciendo efectiva tan flexible atribución jurisdiccional, este Tribunal ha dirimido ciertos conflictos a favor del fuero laboral cuando las medidas protectorias se ceñían exclusivamente a ese ámbito (doctr. causa L. 119.389, "López", resol. de 23-IX-2015), o de la justicia de paz letrada por razón del territorio y proximidad del órgano judicial (doctr. causa L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018) o bien, de la jurisdicción contencioso administrativa si la situación de violencia tenía lugar en el marco de una relación de empleo público y las autoridades administrativas correspondientes no garantizaban, por sí, la integridad psicofísica de quien demandaba protección (causas B. 76.872, “R., V. R”, resol. de 24-II-2021 y B. 77.528, “E., V. M. A.” resol. de 2-XII-2021).
Por otra parte, en los litigios en los que no se hallaba plenamente justificada la intervención de los fueros especializados, se ha resuelto la controversia a favor del fuero civil y comercial, dada su competencia genérica y residual (causas B. 75.586, "C.C., M.", resol. de 14-XI-2018; B. 76.114, "Vigne", resol. de 23-X-2019 y B. 77.103, “V. B. T.”, resol. de 19-V-2021).
III.2. Sobre tales bases, corresponde señalar que si bien la acción judicial fue impulsada invocando promiscuamente normas de la Ley sobre Violencia Familiar y de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, atento la premura que demandaba la situación de hecho en resguardo del derecho a la integridad física, psicológica y moral que se pretendía proteger y al sólo efecto del dictado de las medidas precautorias requeridas, del relato efectuado en la denuncia presentada y a la luz de lo establecido en los arts. 1 y 2 de la ley 12.569 -texto según ley 14.509-, resulta acertado lo resuelto por la magistrada del fuero de familia.
En este sentido, se advierte que el denunciado no forma parte del "grupo familiar" de la actora conforme lo definen tales preceptos. Por tal razón, es menester concluir que la atribución de competencia prevista en el art. 6 de dicho plexo a favor de los juzgados de familia o de paz letrados no rige en este supuesto.
Por su parte, tampoco se encuentra justificada -en los términos del art. 6 inc. "c" de la Ley de Protección Integral a las Mujeres- la intervención de los tribunales del trabajo, toda vez que las situaciones de violencia presuntamente padecidas por la denunciante se dieron mientras ella y el denunciado desempeñaban sus funciones -como enfermera y como médico, respectivamente- en el Instituto Municipal De Salud y Medicina Preventiva "Dr. Ramón Carrillo". Atento a ello, en esta etapa liminar es dable presumir que los acontecimientos tuvieron lugar en ocasión y/o ejercicio de las funciones ejercidas en el marco de una relación de empleo público.
A ello debe añadirse que, si bien podría interpretarse que la protección otorgada por la jueza de familia excede el ámbito estrictamente laboral, lo cierto es que la señora F. A. G. -en el marco de este pleito- dejó expresamente sentada su intención de hacer cesar el hostigamiento o intimidación que alega haber padecido en reiteradas oportunidades por el señor M. C. en la dependencia municipal donde presta servicios (v. “relato del hecho” en la denuncia de fecha 14-X-2021).
Siendo esto así y considerando que no surge acreditado en autos que las autoridades del nosocomio adoptaran las pertinentes medidas que garanticen adecuadamente la integridad de la denunciante, con la provisionalidad inherente a esta etapa del proceso, es posible concluir que la controversia planteada subsume en el supuesto previsto en el art. 6 inc. "c" de la referida ley de protección integral.
IV. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes el órgano que continúe interviniendo en el asunto (conf. arts. 6 inc. “c” y 22, ley 26.485; causa B. 76.872, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Quilmes (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber al Juzgado de Familia N°1 y al Tribunal de Trabajo N°1, pertenecientes al mismo departamento judicial, lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2021 19:09:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2021 21:17:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2021 07:46:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 09:46:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2021 10:39:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/12/2021 12:35:40 hs. bajo el número RR-1011-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia