Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78114
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y en formato electrónico, se radicarán allí las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.78.114 “ALFONSO SILVIA MARCELA C/ DIRECCION GRAL DE ESCUELAS Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Silvia Marcela Alfonso promueve demanda contra la compañía Provincia ART SA y la Dirección General de Cultura y Educación, a fin de que se ordene la realización de exámenes médicos que constaten su estado actual de salud, puesto que, como consecuencia de la "errónea calificación" que habría efectuado la entidad aseguradora por el cuadro de disfonía que la aquejó en el año 2015, se encontraría imposibilitada de desempeñar el cargo que viene ocupando -asevera- desde hace más de 10 años como profesora de Educación Física en distintos establecimientos educativos de la localidad de Necochea.
Frente a ese contexto, sumado a la respuesta negativa que recibiera por parte de las autoridades administrativas de la Dirección General de Cultura y Educación, formula su presentación de autos (v. escrito electrónico de fecha 5-VII-2021).
II. La causa, de acuerdo a lo narrado por la demandante en su presentación inicial (v. encabezado, apdos. II y VIII), se inició ante el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Necochea, el cual confirió traslado de la demanda (ver despacho electrónico de fecha 3-VIII-2021).
Sin embargo, una vez contestada por los respectivos demandados (v. escritos electrónicos de fecha 7-IX-2021 y 13-X-2021) y de que la actora ratificara las alegaciones esgrimidas en su escrito postulatorio (v. presentación de fecha 27-X-2021), sus miembros -con la integración de la titular del Juzgado de Familia Nº2 departamental- se inhibieron de seguir entendiendo en el asunto.
Para decidir así, merituaron de forma unánime la vinculación de empleo público existente entre las partes derivada de la naturaleza púbica de uno de los sujetos demandados, como lo es la Dirección General de Cultura y Educación (cfr. arts. 166, último párr., Const. prov. y 1, CCA, e.o.; v. resol. electrónica de fecha 13-V-2022).
Consecuentemente, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Invocando doctrina de esta Corte, el magistrado de esa dependencia resistió la atribución de competencia por considerar que la litis se encontraba enmarcada en la regla de exclusión prevista en el artículo 4 inciso 1 del código adjetivo. En subsidio, destacó que la declaración de incompetencia del órgano remitente había sido extemporánea.
De tal suerte, planteó formalmente la contienda negativa de competencia que elevó a esta Corte para ser resuelta, de conformidad con la facultad que le otorga el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. sentencia interlocutoria de fecha 16-VI-2022).
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022 y B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022, entre tantas otras). Por lo demás, el ordenamiento constitucional garantiza a toda persona el derecho a ser oída por un juez o tribunal competente y dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1, CADH; 15, Const. prov.; doctr. causas C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011; A. 71.881, "Castro", resol. de 27-VI-2012; B. 70.651, "Lizziero", resol. de 18-XI-2009; causa A. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017).
IV. Como quedó relatado, en la especie el Tribunal de Trabajo asignado a la causa recibió las actuaciones, corrió traslado de la demanda, dando curso a sus respectivas contestaciones, para luego declararse incompetente de forma oficiosa, sin siquiera adentrarse en el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la entidad aseguradora demandada (véase escrito electrónico de fecha 7-IX-2022, cit.).
En tales circunstancias, se advierte que lo actuado por el referido órgano luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas, razón por la cual cabe concluir que su declaración de fecha 13 de mayo de 2022 fue intempestiva (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.978, "Rueda", resol. de 10-VI-2022).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Necochea el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Necochea. Por Secretaría, y en formato electrónico, se radicarán allí las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 13:54:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:55:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:57:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 10:57:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 14:20:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/08/2022 14:35:24 hs. bajo el número RR-849-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia