Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78051
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Mercedes para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se remitirán allí las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
B.78.051 “ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ FIDUCIARIA INMOBILIARIA MERCEDES SA S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La organización Asociación Inquietudes Ciudadanas promueve una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa Fiduciaria Inmobiliaria Mercedes SA, con el objeto de que condene a la demandada a "...dar fiel cumplimiento a las disposiciones del art. 56 de la ley provincial 8912, que como obligación los promotores titulares de un emprendimiento inmobiliario (barrio cerrado o club de campo, hoy Complejos Urbanísticos) proceda a ceder al Fisco Provincial, las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso público, de acuerdo con los mínimos que en la misma se detallan y cuya pormenorización y cuantificación, se demostrara y determinara en la prueba pericial al producirse..." (v. fs. 20).
Subsidiariamente, solicita que si el cumplimiento de lo peticionado primeramente "...resultara técnica y tácticamente imposible por haber utilizado la accionada dichos espacios a ceder para su uso privado, se condene a que adquiera un inmueble -como cesión alternativa (en uso privado, se condene a que adquiera un inmueble -como cesión alternativa (en permuta dice el articulo 60) de similares características para ser cedido a la Provincia..." (sic, v. segundo párrafo fs. 20).
La actora argumenta su pretensión con base legal en los arts. 5, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 50, 56, 58, 59, 62, 64, 99 y 100 del decreto ley 8912/77; los arts. 1, 3, 6, 7 del decreto 27/98 -creación de Barrios Cerrados- parcialmente derogado por el art. 14 del decreto 1069/13; arts. 2073, 2074, 2075 y 2079 del Código Civil y Comercial; art. 28 de la Constitución provincial; arts. 41 y 43 de la Constitución nacional; y las leyes 25.675, 25.688, 11.723, 12.257 y 12.704 (v. fs. 22 vta./27 vta.).
Asimismo, pide que sea citado en calidad de tercero al Estado provincial, en tanto la promoción de la presente acción se encuentra dirigida a que se "...incorporen a su patrimonio espacios públicos" (fs. 19/29).
II. A requerimiento de la actora (v. apdo. XXIII), en cuanto razones de conexidad con el expediente "Asociación Inquietudes Ciudadanas c/ Fiduciaria Inmobiliaria Mercedes SA S/ Reclamo c/ Actos de particulares" (expdte. nº 83.774/15) así lo exigirían, la causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Mercedes.
No obstante, su titular, sin declarar su incompetencia, pero adoptando una diligencia que la implica, ordenó la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental.
Ello así, luego de no constatar en virtud de su objeto la conexidad entre el litigio de autos y aquél al que aludiera la demandante, siendo que además en este último juicio -añadió- había recaído sentencia firme (v. resol. electrónica de fecha 1-XI-2018).
Fue de esta manera que tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de aquel departamento judicial, cuyo magistrado, como primera diligencia, dispuso la vista del Agente Fiscal.
En lo que aquí interesa, cabe señalar que, una vez cumplimentado el dictamen por dicho funcionario -quien se expidió en análogo sentido al de la jueza de origen (v. presentación electrónica de fecha 12-XII-2018)-, el magistrado a cargo del organismo asumió la competencia que le fuera endilgada y le imprimió a la causa el trámite del proceso ordinario en los términos del artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial, al tiempo de ordenar correr traslado de la demanda (v. despacho electrónico de fecha 20-XI-2019).
Pero más tarde, después de que la actora solicitara se decrete la gratuidad de la acción promovida (v. escrito de fecha 26-XI-2019), el juez por entonces a cargo de la dependencia se inhibió de intervenir en el sub lite en razón de ponderar, con base en doctrina de esta Corte como de la Sala I de su alzada departamental, la naturaleza ambiental del caso, donde se encuentra en juego el "...ejercicio de potestades públicas ligadas a la policía urbanística y a cuestiones que tienen que ver con espacios que tendrían -a criterio del actor- que haber pasado a dominio público" (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 incs. 1 y 2, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 12-V-2022).
Por efecto de esa decisión, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del departamental, cuyo titular se negó a asumir la competencia que se le había asignado, considerando -fundamentalmente- que la declaración de incompetencia de su par remitente había sido extemporánea, aun cuando la actuación de este último en el proceso -sostuvo- fuera la primera.
En vista de ello, planteó formalmente el conflicto de competencia, sometiendo el incidente ante esta Suprema Corte de Justicia para que lo dirima con arreglo a la previsión del artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de fecha 26-V-2022).
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022 y B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022, entre tantas otras). Por lo demás, el ordenamiento constitucional garantiza a toda persona el derecho a ser oída por un juez o tribunal competente y dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1, CADH; 15, Const. prov.; doctr. causas C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011; A. 71.881, "Castro", resol. de 27-VI-2012; B. 70.651, "Lizziero", resol. de 18-XI-2009; causa A. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017).
IV. En la especie, permitir que la causa cambie de fuero cuando el titular del juzgado en lo civil y comercial aceptó su competencia, corrió traslado de la demanda incoada y le imprimió el trámite del proceso ordinario a las actuaciones, conspira contra la observancia de los aludidos principios cardinales y se opone a expresas reglas del ordenamiento adjetivo (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.78, "Rueda", resol. de 10-VI-2022).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Mercedes el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Mercedes para continuar conociendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se remitirán allí las actuaciones y se las radicará electrónicamente para la prosecución de su trámite.
Comunicar mediante oficio lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/08/2022 14:53:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2022 09:19:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 09:57:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 12:42:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 19:09:44 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/08/2022 19:12:10 hs. bajo el número RR-912-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia