Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78152
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para decidir en estos autos el Juzgado de Familia Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y radicar electrónicamente el expediente en su sede a efectos de la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.78.152 “VERGANI MAYRA GISELA C/ FICALIA DE ESTADO S/ MATERIA A CATEGORIZAR -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. Mayra Gisela Vergani, por derecho propio y en su carácter de Abogada del Niño, promueve la presente demanda contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se le regulen honorarios por la actuación profesional extrajudicial efectuada ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas -Delegación El Jagüel- en favor de la niña menor de edad, de D. D. C. M., para realizar el cambio de identidad de género y, junto con ello, su nombre de pila.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. No obstante, su titular se inhibió de conocer en la controversia, pues entendió que frente al sujeto demandado y lo dispuesto en el art. 2 inc. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el caso debía ventilarse ante los estrados de aquel fuero (v. resol. de 1-XII-2021).
De este modo, el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental, cuya magistrada, conjugando lo postulado en el art. 55 de la ley 14.967 junto con lo previsto en el art. 827 inc. "p" del ordenamiento de rito, no aceptó la competencia que le fuera endilgada. Bajo tal entendimiento, concluyó que la incidencia articulada debía ser adjudicada al fuero de familia (v. resol. de 16-XII-2021).
En virtud de ello, los obrados fueron remitidos a la Receptoría General de Expedientes departamental, resultando sorteado el Juzgado de Familia N°10.
Sin embargo, la causa no fue radicada ante dichos estrados en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la declinatoria de jurisdicción formulada. Es que, luego de concederse el remedio deducido, las actuaciones se elevaron a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, cuyos integrantes, al advertir que en autos se había suscitado una contienda negativa y no revestir respecto de los órganos jurisdiccionales en conflicto el carácter de "tribunal superior común", giraron el expediente a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 16-VI-2022).
III. Preliminarmente, es pertinente señalar que si bien en autos no se ha configurado estrictamente un conflicto que deba ser atendido por esta Corte en virtud de la potestad antes aludida, toda vez que el desprendimiento del litigio por parte de la magistrada en lo contencioso administrativo actuante no ha sido materia de réplica por su par del fuero de familia (doctr. causas B. 74.294, "Garralda"; B. 74.295, "Tapia", ambas resol. de 7-IX-2016 y B. 77.587, “Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales”, resol. de 30-VI-2022, e.o.), razones de economía y celeridad procesal recomiendan un pronunciamiento definitivo sobre el órgano que ha de conocer en el pleito.
IV.1. Sentado lo expuesto, deviene necesario recordar que de conformidad a lo establecido en el art. 6 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial, la regulación de honorarios debe efectuarse por el juez que conoce en el proceso principal.
Siendo esto así, a efectos de resolver la cuestión planteada debe evaluarse la órbita dentro de la cual recaería ese pleito de haberse tornado contencioso el asunto, en el caso de no haberse arribado a una solución favorable en sede administrativa, que es precisamente lo que aconteció acá.
IV.2. En ese sentido, no debe perderse de vista que la pretensión que, eventualmente, podría haberse incoado, subsume prima facie en los supuestos contemplados en el art. 827 incs. “p” y "x" del Libro VIII del Código Procesal Civil y Comercial, que determinan la competencia exclusiva del fuero de familia respecto de las “cuestiones referentes a inscripción de nacimientos, nombres, estado civil y sus registraciones” y de "cualquier otra cuestión principal, conexa o accesoria, referida al derecho de familia y del niño con excepción de las relativas al derecho sucesorio".
A su vez, para los fines propuestos, resulta relevante lo normado el art. 27 inc. "c" de la ley 26.061, en cuanto establece dentro de las garantías mínimas de los niños, niñas y adolescentes el derecho “a ser asistido(s) por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya”.
En concordancia con el mencionado precepto, el art. 5 de la ley 26.743 dispone que “con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061”.
IV.3. Así las cosas, cabe concluir que el caso de autos hubiese, eventualmente, podido involucrar una materia propia del ámbito de conocimiento confiado a los juzgados de familia, debiendo entonces una reclamación de honorarios extrajudiciales como la aquí presentada seguir el destino de aquel hipotético juicio principal (conf. causa B. 75.332, “Mach”, resol. de 4-VII-2018). A ello se añaden las ventajas que reportará que sea un magistrado de dicho fuero quien, por su singular especialización, evalúe la calidad de los trabajos profesionales de la abogada en temas de niñez y adolescencia.
V. En virtud de lo señalado, corresponde que sea el Juzgado de Familia N° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para decidir en estos autos el Juzgado de Familia Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y radicar electrónicamente el expediente en su sede a efectos de la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº11 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1, ambos pertenecientes al mismo Departamento Judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:52:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:37:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:26:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 14:00:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 17:55:32 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 17:58:04 hs. bajo el número RR-1112-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia