Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78433
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.433 “MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS C/ NUTRIEN AG. SOLUTIONS ARGENTINA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La firma Nutrien AG Solutions Argentina SA interpuso un recurso de apelación –en los términos del art. 19 del decreto ley 8785/77- contra la resolución dictada el día 2 de noviembre de 2020 por la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales perteneciente al Ministerio de Agroindustria, mediante la cual, en el marco del expediente administrativo N° EX2020-16329173-GDEBA-DSTAMDAGP, se le impuso una multa de pesos trescientos un mil dieciséis ($301.016) por la presunta infracción al art. 4 del decreto 499/91, reglamentario de la ley 10.699.
Subsidiariamente, solicita se disponga la morigeración de la sanción aplicada.
Relata que, a fin de desenvolver sus operaciones comerciales en el Partido de Tandil y área de influencia, celebró un contrato de locación comercial con Ferrosur Roca SA, donde esta última dio en arrendamiento 41.311 m2 de espacios a cielo abierto destinados exclusivamente al acopio, carga y descarga de cereales y fertilizantes.
Luego, explica que en virtud de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se vio postergada la renovación del contrato que unía a las partes y, por ello, no contaba con las habilitaciones y permisos correspondientes al momento de realizarse la inspección llevada a cabo en el predio “Estación Gardey” el 6 de agosto de 2020.
Finalmente, al entender que ha existido una continuidad de la relación locativa desde el 1° de enero de aquel año, sostiene que la resolución recurrida solo cuenta con un fundamento aparente.
II. La causa fue remitida por la Dirección de Servicios Técnicos y Auxiliares al Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil. Sin embargo, su titular –según consta de la documentación adjunta a la presentación electrónica de fecha 21 de octubre de 2022- rechazó la competencia que le fuera endilgada a la luz de la modificación introducida por la ley 11.911 al art. 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De esta manera, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 departamental, cuyo magistrado se rehusó a intervenir en el asunto por considerar que el caso subsumía en la cláusula general que determina el ámbito de actuación del fuero contencioso administrativo (v. resol. de 25-X-2022).
Es así que el expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia N°1 sito en la ciudad de Azul, cuyo juez a cargo destacó que en autos no se hallaba controvertido que el objeto de la pretensión incoada se dirigía a cuestionar la falta atribuida a la firma por el Ministerio de Asuntos Agrarios provincial, en atención a las facultades atribuidas por el decreto ley 8785/77. En consecuencia, citando precedentes de este Tribunal en los cuales se declaró la competencia correccional, también se inhibió de conocer en autos (v. resol. de 28-X-2022).
Al decidir de ese modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. Cabe recordar que el decreto ley 8785/77 establece en su art. 1° que se aplicará "...a las faltas o transgresiones a las normas del Código Rural de la Provincia y demás reglamentaciones y a los regímenes especiales que se refieren a la sanidad, explotación, producción, industrialización y comercialización de productos y subproductos de origen agropecuario, aun en aquellos supuestos en que habiéndose previsto una pena especial, no se hubiere regulado un procedimiento para su aplicación".
Así pues, ante las dudas que puede generar la referencia a la competencia de los "tribunales rurales" (art. 19, dec. ley cit.), esta Corte ha tenido oportunidad de precisar esto último al definir el ordenamiento -siguiendo sus fundamentos- como un sistema punitivo que fija un procedimiento con ciertas semejanzas al régimen de faltas provinciales, normativa que -sea dicho de paso- deviene aplicable en forma supletoria a las faltas rurales (cfr. art. 21, dec. ley cit.).
Siguiendo esta línea, se ha concluido que supuestos como el sub examine tratan de aquellos casos en los cuales el control judicial de lo resuelto en sede administrativa compete a los jueces correccionales, mas no a los magistrados de los demás fueros (conf. arts. 166, segundo párrafo, 172 y 216, Const. prov.; 24 inc. 3º, CPP; 5, decr. 3707/98; 1 a 4, ley 11.911; doctr. causas B. 71.711, "Bogliano", resol. de 27-VI-2012 y B. 74.839, “Elgart”, resol. de 18-X-2017).
En efecto y tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, en principio si una determinada normativa sectorial prevé un canal específico de impugnación, la competencia quedará de ese modo fijada y sólo habrá de ceder si del relato de los hechos surge, de modo indubitable, que la cuestión debatida excede el ámbito que le es propio (doctr. causas B. 75.485, "Sciocia", resol. de 21-XI-2018; B. 75.542, "Moto Club Mercedes", resol. de 10-VII-2019; B. 74.646, "Ameztoy", resol. de 14-VIII-2019 y B. 76.264, “Enciso”, resol. de 15-IV-2020, e. o.).
III.2. En nada modifica la solución la modificación introducida por la ley 11.911. Ello, en tanto la asignación de competencia en materia rural a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial tuvo en miras los trámites cuya matriz procesal aplicable fuera el juicio sumario y demás disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 3º), mas no un procedimiento netamente punitivo como el verificado en la especie (doctr. causas B. 68.838, "Mayed", resol. de 13-VI-2007 y C. 116.652, "Ministerio de Asuntos Agrarios”, resol. de 4-VII-2012).
III.3. Por último, vale apuntar que ante indefiniciones como las surgidas aquí, resulta parámetro útil de interpretación lo normado en el art. 5 del decreto 3707/98 (B.O. de 20-X-1998), precepto que asigna genéricamente a los Juzgados en lo Correccional competencia para revisar la actividad administrativa punitiva.
IV. Bajo tales premisas, corresponde que sea el Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil el órgano que continúe entendiendo en el litigio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Tandil para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 sito en la ciudad de Azul, ambos del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2022 17:34:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:46:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2022 11:26:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 07:23:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 08:56:45 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/12/2022 09:25:15 hs. bajo el número RR-1243-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia