Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78514
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que la competencia para conocer en el presente litigio corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea, al cual se le radicarán por Secretaría las actuaciones electrónicas, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento, mediante oficio electrónico.
B.78.514 “CASTRO Y CÍA. S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE LOBERIA S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La empresa Castro y Cía. SRL promueve acción reivindicatoria contra la Municipalidad de Lobería, con el fin de que se disponga la restitución de la posesión de los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción XIII, Sección A, Chacra 94i, Parcelas 9 y 10, Partidas Inmobiliarias números 61-16584 y 61-16585, ambos ubicados en el barrio Villa Ercilia de aquella ciudad. Asimismo, solicita que se condene a la demandada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios que alega haber padecido.
II. En lo concerniente a los hechos, relata que es titular dominial de dos terrenos linderos en los que la comuna demandada instaló -a su entender, irregularmente- una plaza de uso público.
Alega que, a pesar de no haber realizado ningún tipo de construcción sobre ellos, jamás abandonó su posesión, habiéndose encargado de manera ininterrumpida del pago del Impuesto Inmobiliario así como de los gastos de mantenimiento. Resalta que, además de las mencionadas tareas vinculadas a su administración, llevó adelante actos de disposición, entre los cuales menciona una dación en garantía a través de una caución real efectuada en el año 2014 y la constitución de un fideicomiso, cuya fecha no especifica.
Señala que, frente al obrar ilegal de la comuna, se comunicó con las autoridades municipales, las cuales -según aduce- reconocieron el error incurrido y le informaron que retirarían de inmediato los juegos para niños que se habían montado en los predios en cuestión. No obstante ello, sostiene que la ocupación persistió.
Luego, refiere que en 2022 tomó conocimiento de la tramitación en sede comunal del expediente administrativo n°4066-1624, que fuera iniciado en 2017 con el propósito de declarar la prescripción adquisitiva de las dos parcelas de su propiedad por las que había reclamado. Sin embargo, explica que tras presentarse en dichas actuaciones, mediante el decreto 1.820/22 se dispuso el cierre del procedimiento instado.
Por último, insiste en que, pese a todo lo relatado, los predios continuaron siendo objeto de usurpación por parte del municipio, lo que frustró, consecuentemente, cualquier intento de darlos en locación o en venta.
III. La acción fue entablada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea, cuyo titular se declaró incompetente para entender en el asunto en la inteligencia de que el caso subsumía en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa; en particular, ponderó que se trataba de una controversia en la que se intentaba hacer efectiva la responsabilidad estatal (cfr. art. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CCA). Al decidir de este modo, ordenó la remisión de los actuados al fuero especializado en derecho público (v. resol. de 3-XI-2022).
Designado para intervenir el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, el juez a su cargo declinó la atribución de competencia que le fuera endilgada, en observancia de las reglas de exclusión contenidas en el art. 4 incs. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de 28-XI-2022).
De esta manera, planteó la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte de Justicia, para que la resuelva con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
IV.1. Este Tribunal ya se ha pronunciado en supuestos como el sub examine , declarando la competencia del fuero civil y comercial cuando las acciones se promueven con el fin de tutelar derechos o relaciones reales sobre bienes inmuebles, lo cual conforma una materia específicamente sustraída del conocimiento del fuero contencioso administrativo en virtud de la regla de exclusión establecida en el art. 4 inc. 2 del código que rige el ordenamiento (cfr. arts. 2238 y concs., Cód. Civ. y Com.; doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.852, "Pardo", resol. de 9-IV-2021; B. 77.150, "Asociación Civil Entidad Mármol Norte", resol. 17-VI-2021; B. 77.008, "Zaballa", resol. de 12-VII-2021; B. 77.326, "Billiani", resol. de 15-X-2021 y B. 77.308, "Custiriano", resol. de 11-XI-2021).
También se dijo que tal situación no varía aun cuando el caso se haya podido originar en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de una de las personas enumeradas en el art. 166 in fine de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (doctr. causas B. 71.924, "Fran Constructora SA", resol. de 12-III-2014; B. 73.120, "Noriega", resol. de 8-VII-2014; B. 74.322, "Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría", resol. de 10-V-2017; B. 77.150, B. 77.008, B. 77.326 y 77.308, cits.).
Bajo esas premisas y en atención tanto a la pretensión deducida -acción reivindicatoria- como a los hechos expuestos en el escrito postulatorio, surge con claridad que la vía intentada en autos se erige con el objeto de tutelar un derecho real de dominio.
IV.2. Por lo demás, cabe agregar que en nada altera dicha solución el hecho de que la actora deduzca conjuntamente un reclamo de daños y perjuicios, pues aun bajo la luz de lo dispuesto en el art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 debe tenerse en cuenta que un eventual resarcimiento dependerá, ineludiblemente, de la suerte que corra la pretensión principal, la que, como quedó establecido, no se inserta en el ámbito de competencia asignado a los tribunales contencioso administrativos (doctr. causas B. 73.243, "Gutiérrez", resol. de 5-XI-2014 y B. 74.152, "Aquino", resol. de 4-V-2016).
V. En virtud de las razones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea el que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que la competencia para conocer en el presente litigio corresponde al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Necochea, al cual se le radicarán por Secretaría las actuaciones electrónicas, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquel departamento, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 17:27:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:02:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2023 10:49:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 20:59:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2023 08:28:27 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/06/2023 08:32:19 hs. bajo el número RR-557-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia