Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.603 "SOPAY S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE S/MATERIA A CATEGORIZAR -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La firma Sopay SA demanda a la Municipalidad de General Lavalle, con el fin de que se declare la inhabilidad del título ejecutado en el marco de la causa "Municipalidad de General Lavalle c/ Sopay SA s/ Apremio" (expdte. n° 15.112), de trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de aquella localidad.
Explica que dicho juicio ejecutivo se encontraba fundado en una presunta deuda tributaria que tenía con la comuna por la falta de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene en Establecimientos con Impacto Ambiental -servicio que aduce jamás haber recibido-, por los períodos 3 y 12 del año 2019, 1 a 12 del 2020 y 1 a 8 del 2021.
Asimismo, para el caso de que se haya abonado algún monto en aquel concepto, requiere se ordene su inmediata devolución (v. escrito electrónico de fecha 2-XII-2022).
II. La causa, a pedido de la actora (v. apdo. VI inc. 2 de la demanda electrónica cit.), se radicó directamente en el Juzgado de Paz letrado antes referido, cuya jueza subrogante, al considerar que lo que se perseguía en la litis era en realidad el inicio de un juicio de conocimiento posterior en los términos del art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial y que, por lo tanto, su objeto excedía el ámbito de la competencia material que le asignaba el art. 61 de la ley 5.827 -texto según ley 13.645-, se excusó de entender en el asunto.
Remitió los obrados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores para que realice el correspondiente sorteo entre los juzgados del fuero civil y comercial de esa jurisdicción (v. resol. electrónica de 15-XII-2022). De ahí que los actuados recayeran en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 departamental.
Luego de habilitar la feria judicial (v. proveído electrónico de fecha 13-I-2023) y correrle vista al agente fiscal para que dictamine en punto a la competencia -lo que hizo en sentido negativo-, su titular se desprendió de las actuaciones con fundamento en los arts. 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial y 1 y 2 inc. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, reputando que, por virtud de sus "...connotaciones de orden público", el pleito debía ventilarse por ante el fuero especializado, tal como ocurría -según trajo a colación- en los autos “Sopay SA c/ Municipalidad de General Lavalle s/ Pretensión Anulatoria (expdte. nº 19.640)", en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
En consecuencia, reenvió las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes remitente a los efectos que se realice una nueva asignación (ver sent. interlocutoria de fecha 25-I-2023).
Así las cosas, el expediente pasó -por razones de turno- al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, cuyo juez subrogante, al recibirlo y en sentido contrapuesto al de su par preactuante, decidió rechazar el pedido de habilitación de feria que había formulado la actora, al no contemplar reunidos los extremos previstos en el art. 153 del Código Procesal Civil y Comercial (v. despacho electrónico de fecha 26-I-2023).
Más tarde, después de culminado el receso, los obrados quedaron finalmente radicados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Dolores.
El magistrado que subrogaba este último, sopesando -en lo esencial- que el de autos era un proceso ordinario vinculado a un juicio de apremio anterior y en concordancia con lo establecido en el art. 6 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, declaró su incompetencia de oficio. Esto mismo, concluyendo que debía ser el juez que había intervenido en ese último el que entendiera, también, en el presente pleito.
Así, en el esquema que quedó configurado, planteó una contienda negativa de competencia y elevó el expediente a esta Suprema Corte para que la dirima, de acuerdo con lo previsto por el art. 7 inc. 1 del código adjetivo (v. resol. electrónica de fecha 16-II-2023).
III. Cabe recordar que, dado lo regulado en el art. 551 del Código Procesal Civil y Comercial relativo al juicio ordinario posterior que podrá intentar el demandado una vez culminado el respectivo proceso ejecutivo, el propio ordenamiento contempla la competencia del tribunal que intervino en este último para resolver en el de pleno conocimiento (art. 6 inc. 6, CPCC). Bajo esta regla, sin algo más, el órgano facultado para decidir en la controversia sería el Juzgado de Paz Letrado de General Lavalle.
No obstante lo anterior, dicha pauta de adjudicación por conexidad también aclara que eso será así "a falta de otras disposiciones" (art. 6, promeio, CPCC; conf. doctr. causa B. 77.822, "Aleara", resol. de 16-V-2022). Y esto es lo que conduce a observar normas expresas incluidas en el Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas).
IV. Del relato de la demanda surge que el eje central sobre el cual se sustenta el agravio es la presunta inexistencia de una prestación real, concreta y efectiva que confiera legitimidad a la tasa cuestionada. Precisamente, siguiendo esta línea de razonamiento, la reclamante arguye que es la comuna demandada quien debe acreditar esa contraprestación ( i.e ., la realización de inspecciones en un predio de la firma) y que, en caso de quedar demostrada, el monto que se cobre deberá guardar proporcionalidad con el costo del servicio (v. apdo. III del escrito inicial cit.).
De allí que, al subyacer la determinación de obligaciones fiscales, la solución del litigio exige adentrarse en el análisis de elementos regidos por normas y principios de derecho público vinculados con la aplicación de tributos municipales, materia expresamente aprehendida por el art. 2 inc. 5 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), con la consecuente competencia del fuero contencioso administrativo (doctr. causa B. 78.401, "Alvarado", resol. de 6-VI-2023). Solución que, cabe remarcar, se ve reforzada en virtud del carácter improrrogable de aquella (art. 6, CCA).
V. Por todo lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores el órgano que continúe conociendo en el asunto.
Lo anterior, siendo que además ante dicho órgano se encuentran radicadas diferentes actuaciones ligadas a esta o a una controversia similar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial N°3 departamental y al Juzgado de Paz Letrado de General Lavalle.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 17:28:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:59:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:51:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/04/2024 13:19:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2024 14:14:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/04/2024 14:18:10 hs. bajo el número RR-229-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia