Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Morón para seguir conociendo en la causa (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, al cual se librará oficio electrónico.
B.79.163 "PLAYARAMA CORRIENTES SA C/ GOMEZ SEVERO Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. La firma Playarama Corrientes SA promueve un incidente de redargución de falsedad, con el objeto de que se declare la nulidad de las escrituras N°155 y N°50, del 14-V-1998 y 18-V-2015, respectivamente, ambas firmadas ante la escribana Ana María Rosario Di Muro Barabino, como así también, respecto de todos aquellos actos previos a la firma de dichos instrumentos, destinados a consolidar -mediante el procedimiento de regularización previsto en la ley 24.374- la transmisión del dominio sobre el inmueble identificado catastralmente como Matrícula N°74.918, Circunscripción III, Sección R, Manzana 304 B, Parcela 5, barrio Los Aromos, Partido de Merlo. Demanda conjuntamente a los señores Severo Gómez y María Petrona Cabral -ambos ocupantes beneficiarios de la transferencia dominial- y a la Subsecretaría de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de Merlo -por ser la autoridad de aplicación-.
II. La causa, a pedido de la actora, se radicó directamente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Morón, dado que allí tramitaban los autos caratulados "Playarama SA c/ Cabral, María Petrona y otro s/ Resolución de contrato", estrechamente ligados al planteo aquí efectuado.
No obstante, la titular de dicho órgano se inhibió de entender en el asunto por considerar -fundamentalmente- que el caso subsumía en las cláusulas de los arts. 166 de la Constitución provincial y 1 y 2 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se pretendía hacer efectiva la responsabilidad de un ente provincial (Subsecretaría de Tierras y Viviendas de la comuna de Merlo), razón por la cual -agregó- en el pleito "...no se da ninguno de los supuestos de exclusión establecidos en el artículo cuarto de la ley supra referida [en alusión a la ley 12.008]" (v. resol. electrónica de fecha 12-IX-2023).
Por consiguiente, giró los actuados a la Receptoría General de Expedientes para que procediera a su sorteo entre los juzgados del fuero contencioso administrativo (v. resol. electrónica de fecha 12-IX-2023).
Es así que resultó designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo juez rechazó la competencia que le fuera endilgada en razón de la materia, puesto que el litigio, más allá de los sujetos demandados, se encontraba regido, según su criterio, por normas de derecho privado (art. 4 inc. 1, CCA; v. resol. de 29-XI-2023).
Al así decidir, reenvió los obrados al órgano remitente. Sin embargo, el magistrado por entonces a cargo de la mentada dependencia, manteniendo incólume la postura esgrimida por su colega en el resolutorio del 12-IX-2023, consideró -en esta oportunidad- que la declaración de incompetencia de su par remitente había sido extemporánea y, en consecuencia, dejó planteado un conflicto de competencia que giró a esta Corte para ser resuelta conforme el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 19-XII-2023).
III. Efectivamente, asiste razón al juez en lo contencioso administrativo.
Al respecto, es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (art. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado en la materia administrativa (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.837, "Barboza", resol. de 23-II-2021; B. 78.363, "Moya", resol. de 21-X-2022 y B. 79.048, "Albani", resol. de 15-III-2024, e.o.).
Además, ya sea que mediante la acción instada se persiga la declaración de nulidad o bien la redargución de falsedad de una escritura pública, en ambos supuestos se trata de un caso regido primariamente por normas de derecho privado y, por consiguiente, la controversia se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 296, 309 y concs., Cód. Civ. y Com. y 4 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 71.703, "Bagnone", resol. de 18-IV-2012; B. 73.243, “Gutiérrez”, resol. de 5-XI-2014 y B. 78.663, "Fonseca", resol. de 31-VII-2023).
IV. Sobre tales bases, surge con claridad que por la vía intentada la demandante pretende -en lo sustancial- nulificar las escrituras mediante las cuales se regularizó la titularidad dominial del predio litigioso, llevada adelante por los señores Gómez y Cabral en los términos de le ley 24.374, con la intervención de la Subsecretaría de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de Merlo como autoridad de aplicación; esa impugnación, según se desprende de la demanda, hallaría su razón en el hecho de que al momento de hacerse efectiva la regularización aún se encontraba pendiente de resolución en sede judicial el reclamo por incumplimiento contractual contra los aquí demandados -precisamente, por el no pago de las cuotas pactadas por la cesión del boleto de compraventa-.
V. En razón de las consideraciones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Morón el órgano que intervenga en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Morón para seguir conociendo en la causa (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, al cual se librará oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2024 13:45:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2024 13:10:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:10:04 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 19:11:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2024 11:06:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/07/2024 11:14:04 hs. bajo el número RR-526-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia