Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79740
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para entender en el caso (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Póngase en conocimiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Junín lo aquí resuelto.
B.79.740 "RAMIREZ MARIELA LUJAN Y OTRO/A C/ BITAR FERNANDO NESTOR Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Mariela Luján Ramírez y Santiago Sidoti promueven pretensión indemnizatoria contra Fernando Néstor Bitar, Liliana Carina López, la Empresa Distribuidora de Energía Norte SA (EDEN) y la Municipalidad de Junín, con la finalidad de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de un hecho ocurrido el día 20 de octubre de 2020, que resultó en el fallecimiento de Agustín Sidoti, quien en vida fuera hijo y hermano de los demandantes, respectivamente.
Relatan que el accidente se produjo mientras el menor se encontraba en la terraza de su vivienda, momento en que, al tomar contacto con una baranda metálica de protección instalada en ese sector, recibió una fuerte descarga eléctrica como consecuencia del mal estado de la instalación exterior del comercio lindero, propiedad de los primeros dos demandados. Según aducen, esa instalación carecía de medidas de seguridad y mantenimiento, lo que habría derivado con el tiempo en su deterioro. Añaden que, conforme surgiría de la IPP N°7.781-22, los comerciantes habrían colocado un disyuntor inutilizado que impedía el corte automático del suministro eléctrico ante una falla, y que, tras el hecho, habrían removido parte de la instalación eléctrica del local, presumiblemente con la intención de eliminar evidencia.
Por su parte, en lo que respecta a la responsabilidad de la comuna, denuncian -también a partir de las actuaciones penales mencionadas- que habría incurrido -en esta oportunidad- en una omisión en el ejercicio de su poder de policía, al autorizar el funcionamiento del local sin que este cumpliera con las exigencias legales. Del mismo modo, atribuyen responsabilidad a EDEN SA -en su carácter de prestadora del servicio eléctrico- por "...haber otorgado el medidor y suministro de energía eléctrica a un local comercial que no se encontraba habilitado por no reunir las condiciones de seguridad" (v. oficio electrónico de fecha 18-X-2024).
II. Acorde a lo expuesto por los reclamantes en su presentación postulatoria (v. apdo. II), la causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de Junín.
No obstante, su titular se excusó de seguir conociendo invocando razones de decoro y delicadeza, en virtud de haber tenido una relación de noviazgo con la señora Ramírez y de conservar actualmente un estrecho vínculo de amistad con su hermano (arts. 17 inc. 9 y 30 CPCC) -v. oficio electrónico de fecha 18-x-2024 cit.-.
Por eso, ante la negativa del mencionado magistrado a intervenir y previo pase por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás (conf. arts. 26 y 27, CPCC), el expediente quedó radicado en el Juzgado N°1 del mismo fuero y departamento judicial.
Luego de requerir a los demandantes que denunciaran el domicilio del progenitor del menor -y una vez cumplido dicho recaudo-, el juez a cargo -sin aceptar ni rechazar la excusación de su par previniente- optó por recurrir al resorte de la escisión de pretensiones a fin de preservar la competencia material involucrada en la materia. De esta manera, se rehusó a intervenir en el marco de la acción enderezada contra Fernando Néstor Bitar, Liliana Carina López y EDEN SA -dados los términos en que había sido planteada la demanda respecto de los dos primeros y, en el caso de EDEN, además, por no encuadrar en el supuesto del art. 2 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo-. Pero asumió su jurisdicción en relación a la pretensión dirigida contra la Municipalidad de Junín (arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 inc. 1 y 2 inc. 4, CCA) -v. oficio electrónico de fecha 18-X-2024 cit.-.
Consiguientemente, sorteo mediante, tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento de Judicial de Junín, a los efectos de conocer en la pretensión escindida.
Pero el magistrado se inhibió de entender en el asunto, aduciendo que el desdoblamiento efectuado por su par remitente podía dar lugar a pronunciamientos contradictorios, ya que, si bien el pleito versaba sobre responsabilidades de distinta índole, lo cierto era que todas tenían origen en un "mismo hecho dañoso", circunstancia que -coligió- "...conlleva lógicamente, a la aplicación preeminente de los principios constitucionales y procesales (como los de economía, celeridad, acceso, etc.) por sobre los de atribución por especialidad de fuero".
En virtud de esto y considerando las dificultades que acarrearía para las partes el hecho de tener que litigar en dos departamentos judiciales distintos, dio por configurada la contienda negativa y la elevó a este Tribunal para ser resuelta con arreglo al art. 7 inc. 1 del ordenamiento adjetivo (v. resol. electrónica de fecha 14-XI-2024).
III. De acuerdo con lo expuesto, en el caso, a pesar de que el magistrado especializado que intervino en segundo término no se pronunció acerca de la excusación formulada por el juez a quien le fuera originalmente adjudicado el conocimiento de la causa, ha quedado planteado un conflicto negativo de competencia que, por imperio de lo dispuesto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, debe ser resuelto por esta Corte.
Sentado lo anterior, cabe adelantar que el caso corresponde a la competencia del fuero contencioso administrativo.
IV.1. En tal sentido, se tiene en cuenta el reciente pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa B. 79.658, "García", resolución de 4-VI-2025, en la cual también se encontraba involucrada la responsabilidad de distintos sujetos no aforados, así como la de una empresa distribuidora de energía -en ese caso, EDES SA, que intervino como tercero a pedido de uno de los demandados-, por los daños derivados de un accidente ocurrido en una playa de camiones de la ciudad de Bahía Blanca, donde la víctima habría recibido una descarga eléctrica mientras se encontraba trabajando. Tales hechos -que exhiben similitud con los presentes- condujeron a que este Tribunal declarara la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca para que siguiera conociendo en ese asunto.
Ello fue así, pues si bien se ponderó que el hecho cuasi delictual por el cual se reclamaban daños y perjuicios no respondía propiamente a una relación jurídica como la recogida en el art. 2 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, que atribuye competencia a los órganos de dicho fuero en controversias "que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo" (en el caso, la víctima de la descarga eléctrica no intervenía en calidad de "usuario"), también se recordó que las enunciaciones contenidas en dicho art. 2 son "meramente ejemplificativas" y no excluyen otros supuestos igualmente regidos por ese ordenamiento (conf. art. 2 in fine , CCA; doctr. causa B. 79.658, cit.).
IV.2. Sobre la base de tales consideraciones y no obstante el fundamento jurídico de la demanda, en autos cabe replicar idéntico criterio, en tanto lo que se alega -al igual que en el precedente invocado- es el incumplimiento de los deberes de seguridad que rigen en el marco de la prestación del servicio público de distribución de electricidad por parte de EDEN SA, concesionado por la autoridad provincial (doctr. causa B. 79.658, cit.). En particular, se cuestiona la decisión de la empresa de haber otorgado el suministro a un local sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad, en presunta infracción a la normativa aplicable.
Esto último, sumado a la responsabilidad que se le endilga al municipio de Junín -cuya competencia para entender sobre ella ha sido aceptada por el magistrado especializado que intervino en segundo término-, evidencia que las particularidades del litigio implican adentrarse en puntos regidos por el derecho administrativo (p. ej., el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.769 y sus múltiples reglamentaciones), todo lo cual se encuentra confiado a los jueces de dicho fuero (art. 2 in fine , CCA).
De allí que, sin perjuicio de la óptica con la que habrá de juzgarse a Fernando Néstor Bitar y a Liliana Carina López en su carácter de propietarios del comercio a raíz del cual se habría producido el accidente, en esta parcela la cuestión deberá ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA y doctr. causa B. 79.725, "Sierra", resol. de 27-VI-2025).
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para que continúe interviniendo en el proceso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Nicolás para entender en el caso (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Póngase en conocimiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Junín lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2025 10:21:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2025 11:10:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2025 13:10:55 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2025 17:10:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2025 07:20:22 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/08/2025 07:23:41 hs. bajo el número RR-468-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia