Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80930
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
B.80.930 "BARBERON NESTOR ALEJANDRO C/ COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD GENERAL BALCARCE LTDA. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Nestor Alejandro Barberon promueve acción preventiva del daño en los términos del art. 1711 y cctes. del Código Civil y Comercial contra la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. —prestadora del servicio público de energía eléctrica en el partido de Balcarce—, con el objeto de que se adopten las medidas necesarias para prevenir los daños que, según sostiene, podrían derivarse de la situación financiera que atraviesa la entidad demandada, particularmente a raíz de la deuda que ésta mantendría con la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica —en adelante, EDEA—, cuya existencia y magnitud habrían tomado estado público semanas atrás.
Refiere que acciona en su carácter de usuario del servicio público de energía eléctrica y asociado de la cooperativa demandada, y que la pretensión deducida persigue: a) impedir que la deuda mantenida por la cooperativa con EDEA sea trasladada, directa o indirectamente, a los usuarios del servicio; b) resguardar la continuidad, regularidad, seguridad y calidad del suministro eléctrico; c) obtener información adecuada y transparente acerca del origen, evolución, refinanciación y demás condiciones vinculadas con la referida deuda —incluyendo tasas de interés, plazos y garantías—; y d) tutelar los derechos que invoca como usuario del servicio público y asociado de la entidad accionada.
Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar tendiente a impedir que la cooperativa demandada traslade al actor —y, eventualmente, a los restantes usuarios del servicio— los costos derivados de la deuda que mantendría con la empresa proveedora de energía, cualquiera sea la denominación bajo la cual ello pudiera instrumentarse. Requiere, además, que se ordene la presentación del acuerdo celebrado con dicha empresa y de la documentación contable y financiera vinculada a esa obligación, así como la adopción de medidas destinadas a resguardar la continuidad, regularidad y seguridad del servicio eléctrico que recibe. Subsidiariamente, peticiona la designación de un veedor judicial (v. escrito de demanda de 26-III-2026).
II. Las actuaciones fueron radicadas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo titular consideró —en lo sustancial— que la pretensión deducida excedía el marco de un conflicto estrictamente individual entre un usuario y la prestataria del servicio eléctrico, en tanto involucraba aspectos vinculados con el régimen económico-financiero de un servicio público concesionado y con la eventual incidencia tarifaria de la deuda que la cooperativa demandada mantendría con la empresa proveedora de energía EDEA.
Ponderó, asimismo, que el propio actor había señalado la existencia de un vínculo concesional sujeto al control de organismos públicos —en particular, la Municipalidad de Balcarce y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA)— y ofrecido prueba dirigida a dilucidar eventuales actuaciones administrativas, regulatorias y de fiscalización vinculadas con la situación planteada.
En ese contexto, concluyó que la controversia se hallaba regida primordialmente por normas de derecho administrativo y, con sustento en los arts. 1, 2, 5 inc. 1 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, se declaró incompetente para continuar entendiendo en las actuaciones, disponiendo su remisión al fuero contencioso administrativo (v. resol. de 16-IV-2026).
Radicadas las actuaciones ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental, su titular consideró que la pretensión promovida no exhibía una conexión preponderante con el ejercicio de funciones administrativas ni con aspectos propios del régimen jurídico del servicio público de distribución eléctrica, sino que se vinculaba principalmente con la situación patrimonial y financiera interna de la entidad cooperativa demandada.
En tal sentido, ponderó que el actor había fundado su reclamo en su condición de asociado de la cooperativa y en la necesidad de verificar la evolución del pasivo y la corrección de las decisiones adoptadas por sus órganos de administración, cuestiones que estimó regidas primordialmente por normas de derecho privado. Añadió que la eventual incidencia futura de esa situación sobre la tarifa o la calidad del servicio aparecía formulada en términos contingentes, sin que se invocara la existencia de actos administrativos o decisiones regulatorias concretas que configuraran un caso de naturaleza administrativa.
Sobre tales bases, concluyó que la controversia quedaba excluida de la competencia material del fuero especializado en los términos del art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo y, frente al conflicto negativo suscitado, dispuso la remisión de las actuaciones a esta Suprema Corte para su resolución (v. resol. de 6-V-2026).
III. Preliminarmente, cabe recordar que esta Corte sostuvo, en conflictos de competencia suscitados en casos basados en las normas constitucionales que garantizan y en las leyes que regulan los derechos de usuarios y consumidores, que era competente para entender y resolver el fuero civil y comercial. Para ello se tuvo en cuenta que, más allá de las personas involucradas en la contienda, se trataba de supuestos regidos por el derecho privado (doctr. causas B. 69.961 "Apuzzo", resol. de 18-II-2009; B. 70.052, "Marrone", resol. de 6-V-2009; B. 70.959, "Paccor", resol. de 9-VI-2010; B. 71.621, "Semzar Emergencias Médicas S.R.L.", resol. de 19-X-2011; B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013; B. 73.522, "Moreno", resol. de 15-IV-2015; B. 75.144, "González", resol. de 4-IV-2018 y B. 78.102, "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores", resol. de 30-VI-2022, e.o.).
Sin embargo, se destacó en esos precedentes que el art. 30 de la ley 13.133 —Ley Provincial de Implementación de Derechos de Usuarios y Consumidores—, que consagraba la competencia de los juzgados en lo civil y comercial para resolver las controversias suscitadas en ese ámbito, había sido vetado sobre la base de que la ley 12.008 incluía entre los casos propios del fuero contencioso administrativo a las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo (art. 2 inc. 2).
Con posterioridad, el mencionado artículo fue reintroducido en el régimen de la ley 13.133 por la ley 14.514 (B.O. de 4-VII-2013), quedando redactado de la siguiente manera:
"Serán competentes para resolver las controversias derivadas por las relaciones de consumo los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo serán los competentes para resolver las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el Derecho Administrativo".
Como es fácil advertir, ahora las normas que se refieren a la competencia para resolver en esta clase de asuntos han sido armonizadas, de modo tal que en los casos ocurrentes corresponde indagar el derecho llamado a regir la controversia.
IV. En la especie, el actor promueve una acción preventiva del daño contra la Cooperativa de Electricidad General Balcarce Ltda. con el objeto de obtener tutela frente a las consecuencias que, según sostiene, podrían derivarse de la situación económico-financiera que atraviesa la entidad demandada en relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En tal sentido, procura impedir que los costos asociados a la deuda que la cooperativa mantendría con la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) sean trasladados a los usuarios del servicio; obtener información relativa al origen, evolución y condiciones de dicha obligación; resguardar la continuidad, regularidad y seguridad del suministro eléctrico; y, en definitiva, que se adopten las medidas necesarias para garantizar su adecuada prestación.
En tales condiciones, la controversia excede el marco de una relación de consumo regida exclusivamente por normas de derecho privado, pues involucra aspectos estrechamente vinculados con la prestación de un servicio público sujeto a regulación estatal y con las potestades de control y fiscalización atribuidas a los organismos competentes en la materia.
Por ello, el examen de la pretensión deducida requiere la aplicación e interpretación de normas y principios propios de derecho público, lo que determina la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer en las presentes actuaciones (arts. 2 inc. 2, ley 12.008 y 30, seg. párr., ley 13.133).
Finalmente, es útil adunar, en atención a la medida cautelar requerida, que es consolidada doctrina de este Tribunal que la competencia para impulsar la tramitación de diligencias preliminares o precautorias recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (doctr. arts. 6 inc. 4º, CPCC y 77 inc. 1º, CCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. del 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. del 22-VI-2016; B. 74.599, "Díaz Sierra", resol. de 10-V-2017, B. 78.495, "Municipalidad de Villa Gesell", resol. de 7-XII-2022 y B. 79.644, "Birge", resol. de 08-X-2024).
V. Sobre la base de lo expuesto, corresponde declarar competente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente para la prosecución de su trámite.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°4 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2026 16:01:13 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:15:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:27 hs. bajo el número RR-596-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia