Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78951
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de La Plata.
Mediante oficio al estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Familia N°2 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4, ambos del mismo departamento judicial.
B.78.951 "R. M. F. S/ MATERIA A CATEGORIZAR -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. Las presentes actuaciones tienen lugar como consecuencia de la denuncia efectuada por la señora M. F. R. contra el señor A. V., dada la violencia (insultos y amenaza de muerte) que, de manera telefónica, alega haber padecido por este último en su carácter de progenitor afín de un alumno del Jardín de Infantes municipal N°8 de la localidad de La Plata, donde ella se desempeña como Directora de dicho establecimiento educativo.
Cabe señalar que, a raíz de tal episodio, se dio curso a la IPP N° PP-06-00-030724-23/00, tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°15 y el Juzgado de Garantías N°6 de aquella jurisdicción territorial.
Por su parte, el magistrado a cargo de esta última dependencia judicial, al tiempo de otorgarle el rol de particular damnificada a la denunciante en los términos del art. 77 del Código Procesal Penal (texto según ley 13.572) y ante la urgencia que el caso ameritaba, estimó que resultaba necesario adoptar medidas de protección inmediata tendientes a hacer cesar el riesgo que pesaba sobre ella, por lo que decretó -provisoriamente, durante un lapso de sesenta días- una restricción perimetral en un radio de 300 metros del lugar de trabajo y domicilio de la señora M. F. R. Ello, con apercibimiento de que una actitud contraria por parte del denunciado constituiría el delito de "desobediencia a la autoridad" previsto en el art. 239 del Código Penal (v. primer documento adunado a la presentación electrónica de fecha 21-VI-2023).
II. En lo que aquí concierne, el mencionado organismo jurisdiccional, a la par de notificar su decisorio al Ministerio de Seguridad provincial y al Agente Fiscal, hizo lo propio con el Juzgado de Familia N°8 departamental, al cual le remitió -por razones de turno- los obrados para su consideración y tratamiento.
Su titular, ponderando que no se había efectuado el respectivo sorteo entre los juzgados de familia, pasó el expediente a la Receptoría General de Expedientes departamental a tales efectos (v. primer documento adjuntado al escrito electrónico de fecha 21-VI-2023).
De allí que los actuados fueron asignados al Juzgado de Familia N°2 del mismo departamento judicial, cuyo juez subrogante, invocando la amplia regla de competencia que surge del art. 22 de la ley 26.485 y, seguidamente, lo dispuesto por el art. 2 de la ley 13.168 -texto según ley 14.040-, consideró que la cuestión debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo en razón de que el hecho denunciado había tenido lugar en el ámbito laboral, motivo por el cual rehusó entender en el asunto (v. resol. electrónica de fecha 26-VI-2023).
Así es como tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 departamental.
Pero la titular del órgano tampoco aceptó la competencia que le fuera atribuida, aduciendo -contrariamente al criterio adoptado por su par preactuante- que el episodio denunciado en el sub examine no había tenido origen en el marco de una "relación de empleo público", en tanto se encontraba dirigido contra un particular que no pertenecía "...a la estructura administrativa de la institución educativa citada".
En ese marco procesal y tomando en cuenta, además, "...el carácter de las medidas protectoras requeridas y otorgadas" decretadas en autos, la funcionaria concluyó que los obrados debían ser remitidos a un juzgado civil y comercial por su competencia genérica y residual (v. resol. electrónica de fecha 4-VII-2023).
De tal forma, las actuaciones recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 departamental.
En lo medular, con base en lo resuelto en la instancia penal primigenia, donde "...lo solicitado por la denunciante se encontraría -hasta el momento- abastecido", y en la naturaleza de la cuestión (delito penal), su jueza subrogante también se negó a asumir la competencia que se le había asignado en el sub lite , reputando que, en todo caso, era el juez de garantías el competente para seguir conociendo en la controversia.
Por tanto, debido a la contienda negativa de competencia que previamente se había configurado entre los juzgados preactuantes -según afirmó la magistrada-, los actuados, luego de ser elevados a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, quedaron finalmente radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (cfr. art. 7 inc. 1, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 15-VIII-2023).
III.1. En primer lugar, cabe recordar que el art. 22 de la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales establece que "entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate".
Al respecto, haciendo efectiva tan flexible atribución jurisdiccional, este Tribunal ha dirimido ciertos conflictos a favor del fuero laboral cuando las medidas protectorias se ceñían exclusivamente a ese ámbito (doctr. causa L. 119.389, "López", resol. de 23-IX-2015), o de la justicia de paz letrada por razón del territorio y proximidad del órgano judicial (doctr. causas L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018; B. 77.546, "G., J. A.", resol. de 20-XII-2021; L. 128.846, "C., E. A." y L. 128.923, "Festa", ambas resols. de 5-V-2022 y B. 78.100, "R., A. B.", resol. de 30-VI-2022, e.o.); o bien, de la jurisdicción contencioso administrativa si la situación de violencia tenía lugar en el marco de una relación de empleo público y las autoridades administrativas correspondientes no garantizaban, por sí, la integridad psicofísica de quien demandaba protección (doctr. causas B. 76.872, “R., V. R”, resol. de 24-II-2021; B. 77.528, “E., V. M. A.” resol. de 2-XII-2021; B. 77.555, "G., F. A.", resol. de 20-XII-2021 y B. 78.047, "C., A. C.", resol. de 27-VI-2022).
Por otra parte, en los litigios en los que no se hallaba plenamente justificada la intervención de los fueros especializados, se ha resuelto la controversia a favor del fuero civil y comercial, dada su competencia genérica y residual (doctr. causas B. 75.586, "C. C., M.", resol. de 14-XI-2018; B. 76.114, "V. C., M. Y.", resol. de 23-X-2019; B. 77.103, “T., V. B.”, resol. de 19-V-2021; B. 78.467, "C." y B. 78.479, "B.", ambas resols. de 14-III-2023).
III.2. Sobre tales bases, cabe señalar que a la luz del relato efectuado por la señora M. F. R. y de las medidas preventivas que en consecuencia se adoptaran, resulta acertado lo resuelto por la jueza en lo contencioso administrativo.
Es que si bien los alegados hechos de violencia tuvieron lugar con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones encomendadas a la directora de un institución educativa, no puede escapar al análisis de la cuestión planteada que el acto denunciado habría sido cometido por un particular -esto es, el progenitor afín de un alumno que asiste al establecimiento educativo-, que no pertenece a la estructura administrativa de dicha institución (conf. primer documento adunado a la presentación electrónica de fecha 21-VI-2023, cit.).
Por este motivo, no puede sostenerse que se halle comprometida la competencia del fuero especializado en derecho público, en tanto la protección perseguida deberá expandirse a otros ámbitos que trascienden al laboral.
IV. Siendo así y no advirtiéndose, tampoco, de las constancias de la causa, la configuración de un vínculo familiar que pueda suscitar la intervención del fuero de familia (conf. arts. 2 y 6, ley 12.569 -texto según ley 14.509-), corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Lo expuesto, más allá del tratamiento que la magistrada a su cargo estime necesario en torno a las medidas oportunamente dictadas en el marco de la presente causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de La Plata.
Mediante oficio al estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Familia N°2 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4, ambos del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 14:11:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2023 18:32:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2023 11:18:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:28:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:42:36 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2023 09:06:15 hs. bajo el número RR-968-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia