Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79361
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
B.79.361 "SINIEGO BERRI CRISTIAN C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Cristian Siniego Berri promueve acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires, a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del art. 43 de la ley 15.479, agraviándose de lo que considera una modificación ilegítima de los parámetros establecidos para el cálculo del Impuesto a los Automotores.
También requiere el dictado de una medida cautelar innovativa por medio de la cual se lo habilite a pagar -por cada una de las cinco cuotas del impuesto- el valor equivalente a lo abonado en el año 2023, más un incremento del doscientos por ciento.
II. En lo relativo a los hechos, indica que es copropietario de un automóvil que se encuentra alcanzado por el mencionado tributo.
Alega que la nueva regulación fiscal resulta a todas luces violatoria del principio de reserva legal en materia tributaria, dado que dejaría en manos de la autoridad de aplicación -en este caso, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- la determinación del monto a pagar para el supuesto de los vehículos que -como el suyo- superan una valuación fiscal específica.
Por otro lado, plantea que la disposición atacada habilitaría al referido ente recaudador a cobrar sumas superiores al tope fijado por una ley -que no cita- precedente y actualmente vigente en la jurisdicción provincial.
Aduce, entre otras cosas, que las modificaciones introducidas respecto del ejercicio fiscal anterior atentan contra los principios de equidad y razonabilidad, ello en virtud de que no se estaría teniendo en consideración su real capacidad contributiva.
Puntualiza que su reclamo se halla fundado en los arts. 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional, como así también en los arts. 11, 15, 20 inc. 2, 31, 36, 45, 56 y concordantes de la Carta provincial (v. escrito electrónico de fecha 5-IV-2024).
III. La causa fue asignada, por sorteo, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Plata.
Su titular, tras estimar que podía verse comprometida la competencia originaria de este Tribunal, en virtud de lo previsto en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, se inhibió de entender en el caso y elevó los obrados para su consideración (v. resol. electrónica de fecha 12-IV-2024).
IV.1. Cabe recordar que, conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella, cuando se controviertan por parte interesada; de ello se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 79.175, "Vivas", resol. de 14-II-2024 y B. 79.303, "Plaza Industrial Pilar SA", resol. de 19-IV-2024).
Asimismo, en principio solo son susceptibles de impugnación por este carril aquellos ordenamientos que, con independencia de su denominación, constituyan mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad (doctr. causas I. 1612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019 e I. 76.269, "Empresa Micro Ómnibus Larroque Línea 148 SRL", resol. de 26-XI-2020; e.o.).
IV.2. Bajo tales premisas, de la lectura del escrito inicial se advierte que en el presente caso se cuestiona un acto concreto de aplicación, de alcance individual, dictado por la ARBA, a través del cual se determinó el monto a pagar por el aquí demandante en concepto de Impuesto a los Automotores por el período 2024.
Así pues, independientemente de lo que podría decirse acerca del contenido y los argumentos en los que se sostiene la impugnación, resulta claro que la pretensión principal se dirige a dejar sin efecto un acto singular dictado por la demandada y su embate constitucional es realizado únicamente a los fines de demostrar -de manera coadyuvante y no de modo autónomo- su repugnancia con ese orden.
En esas condiciones, que no comprometen la competencia originaria de esta Suprema Corte, cualquier juez puede -eventualmente- atender a un planteo de inconstitucionalidad deducido de esa forma (art. 20 inc. 2 in fine , Const. prov.; doctr. causas B. 65.124, "Glaria", sent. de 16-VI-2004; B. 68.048, "Asesor General de Gobierno", sent. de 20-X-2004; B. 65.096, "Sagrario", sent. de 23-II-2005; B. 65.948, "Gerez", sent. de 19-XII-2007; B. 65.072, "Rojas", sent. de 29-XII-2008; B. 77.654, "Vilches", resol. de 10-II-2022 y B. 79.140, "Medina", resol. de 29-XII-2023, e.o.).
V. Por lo expuesto, toda vez que el asunto resulta ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, corresponde que estas actuaciones sean giradas al Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Plata a los fines de que sea allí donde continúe su tramitación (conf. arts. 15, 20 inc. 2 y doctr. art. 161 inc. 1, Const. prov.; 1 y 3, ley 13.928).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra comprometida la jurisdicción originaria de este Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC).
Devuélvanse electrónicamente las actuaciones al Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 del Departamento Judicial de La Plata para la prosecución de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:13:44 hs. bajo el número RR-372-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia