Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 27055 2020
Expte. Nº 27055.- Autos: MONTENEGRO MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - EMPL.PUBLICO.- Mercedes, de Agosto de 2020.-NG
Estos autos caratulados "MONTENEGRO MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 27055, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que, RESULTA: Que a fs. 94/98, se presenta el Sr. Miguel Ángel Montenegro, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Pedro Castello, interponiendo demanda contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener el reconocimiento de la Jerarquía de Suboficial Mayor -última jerarquía en el escalafón- correspondiente a su desempeño en la función pública (en el Servicio Penitenciario Bonaerense), como asimismo el cobro de las sumas en concepto de diferencias salariales debidas, con su retroactividad.
En su relato de los hechos comenta que con fecha 17 de febrero de 2009, solicitó al Sr. Director de la Unidad Nº 5 de Mercedes -Pcia. de Bs. As.- el retiro voluntario de la función pública, según surge del exp. Nº 21211-787290-09. Explica que la jerarquía que ostentaba al momento de solicitar el retiro era la de Sub Oficial Principal -Legajo Nº236562-, orden escalafonario Nº 156.- Refiere que su fecha real de ingreso a la función pública data del 28/07/1980, solicitando la baja el día 10/08/1984 y reincorporándose el 06/07/1988, continuando en actividad hasta la fecha rectificada de su retiro voluntario -29/01/2010.- Relata que tal cual se desprende del recibo de sueldo que acompaña -correspondiente al mes de febrero de 2001- a esa fecha registraba una antigüedad de 17 años y su jerarquía era la de Sargento, situación que desde ese momento genera su primer rechazo, ya que el único argumento expuesto por la administración consistía en la falta de vacantes y que por ende; no le otorgarían el ascenso correspondiente a Sargento Primero, el que debió haberse concedido a partir del 01/01/2001, situación que provocó la pérdida escalafonaria y jerárquica, sin motivo alguno.- Asegura que fueron reiterados los reclamos por su jerarquía, pero la Administración omitió resolver lo peticionado, tal se desprende de la nota que adjunta del 22 de junio de 2012, debido a que desde su reincorporación se debió haber respetado la letra del art. 124 del Dec.
Ley 9578, el que cita textualmente.- Menciona que el pedido de reincorporación fue realizado en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos exigidos. Advierte que deberían haberle mantenido la jerarquía que ostentaba al momento de la baja (Cabo) y comenta que al reingresar en la actividad lo hizo con el grado de Guardia y no de Cabo, lo que implicó un retroceso en su carrera profesional.- Relata que continuo ubicado como Guardia hasta alcanzar con el paso de los años la Jerarquía de Cabo y luego la de Sargento, ello por sus excelentes calificaciones y los numerosos cursos a los que asistió-. En atención a lo relatado es que asegura que en el año 2001 debió ser ascendido a la Jerarquía de Sargento Primero, ya que poseía 17 años en la institución, lo que nunca aconteció.- Expone que en aquel momento cumplía con todas las exigencias que determina la Ley de Personal en lo referente a cursos de capacitación, para asumir la jerarquía siguiente al orden de prelación y al respecto invoca el art. 7 del Dec. 342, el que reproduce en forma textual.- Continua exponiendo que al momento de su retiro, su última jerarquía fue la de Suboficial Principal, la que no resulta conforme a derecho por cuanto debió haber sido la de Suboficial Mayor.- Agrega que presentó ante la superioridad el correspondiente recurso de apelación.
En relación al mencionado recurso y en especial respecto del segundo agravio, expone que jamás el Ministerio se ha expedido sobre la cuestión de fondo peticionada "reubicación escalafonaria y jerárquica".- Achaca a la administración un notorio interés en relegar en el tiempo las jerarquías peticionadas, obstruyendo sin lugar a dudas su carrera profesional y creando un vacío jurídico en desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales.- Menciona que son varios los antecedentes en los que el Ministerio ha otorgado ascensos en la etapa administrativa, sin necesidad de llegar a la última instancia, y puntualiza un caso -el del Funcionario Oscar Rodolfo Julia (Legajo 286.280)- quien habiendo ingresado con fecha 02/01/1989, ha sido beneficiado con los ascensos correspondientes, teniendo en cuenta que aquella situación resulta de idénticas características a la cuestión planteada.- Explica que en el primer agravio del recurso de apelación planteado -el que acompaña- el Ministerio intenta inferir que no ha sido reincorporado sino que ha sido designado en el grado de guardia del escalafón administrativo y que por ende no resulta de aplicación el art. 124 del Dec.
Ley 9578. En ese orden, asegura que la solicitud de reincorporación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a la normativa legal vigente, siendo aplicable en su caso el texto del mencionado artículo y explica que el 10/08/1984, solicitó la baja voluntaria conforme lo dispuesto en el art. 122 inc. A) del Dec. Ley 9578/80; y posteriormente, con fecha 01/06/1987, peticiono su reincorporación al servicio, cumpliendo con lo dispuesto por la normativa vigente.- En lo que respecta al segundo agravio, menciona que la administración no se ha expedido conforme a lo solicitado (reclamo de jerarquía en el escalafón) asegurando que se encontraban cumplidas las exigencias de la Ley de Personal vigente y lo establecido en el art. 7 del Dec. 342/81.
Detalla, que en el escalafón de suboficiales las jerarquías resultan ser 7, ascendiendo por calificación o por antigüedad cada 3 años y agrega que ostentaba en la institución una antigüedad importante y calificaciones sobresalientes lo que lo habilitaba para la obtención de la última jerarquía de Suboficial Mayor. En atención a todo lo expuesto solicita el reconocimiento de la última jerarquía y escalafón de Suboficial Mayor, como asimismo las sumas correspondientes a las diferencias salariales que se deducen por la omisión del otorgamiento jerárquico.- En acápite separado impugna el Dictamen y Resolución Ministerial Nº 420 y 421/14, en razón de la inobservancia de los lineamientos jurídicos de la petición oportunamente deducida.
Posteriormente, practica liquidación de las diferencias salariales que considera le son debidas; ofrece la prueba que hace a su defensa y por ultimo peticiona.- II.- Que conferido el traslado de ley, con fecha 01/06/2018, se presenta el Dr. Pablo Guidi, apoderado de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda instaurada-. En primer lugar expone que el actor en su calidad de agente jubilado, ha iniciado el presente proceso contra el Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia), a los fines que se reconozca el derecho -que entiende le asiste- de reescalafonamiento y cobro de sumas de dinero, impugnando las Resoluciones Ministeriales Nº. 421 del 31/7/14 y 420 del 15/11/16, que rechazaron su reclamo en ese sentido.
Señala que a su entender, el reclamo del actor conlleva dos planteos; uno, el reconocimiento del reescalafonamiento laboral pretendido contra el Ministerio de Justicia a los fines previsionales; y otro, el reflejo previsional de ese reconocimiento, peticionando en estos autos el pago de las diferencias de haberes de pasividad que dice generadas desde su retiro definitivo (2010). Achaca que en el caso, no puede más que analizarse el primer aspecto de la pretensión, esto es el ascenso laboral a la mayor Jerarquía (de Suboficial Principal a la de Suboficial Mayor), ello en tanto la demanda ha sido intentada exclusivamente contra la entidad empleadora (Ministerio de Justicia), sin que se haya promovido en autos ninguna acción contra de la entidad previsional (IPS); mucho menos se ha promovido reclamo por diferencias de haberes.
Según entiende, la presente causa sólo puede quedar acotada al análisis de la pretensión laboral referida al reescalafonamiento, al solo efecto nominal, para un futuro reflejo previsional, sin que pueda añadirse en este proceso ninguna condena patrimonial por diferencias de haberes de pasividad (posteriores al retiro), cuyo eventual devengamiento estará condicionado a la obtención de una sentencia favorable, y a la realización de un eventual reclamo ante el IPS. En ese orden de razonamiento, plantea la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Seguridad para responder por una demanda patrimonial relativa a diferencias de haberes previsionales (supuestamente devengados con posterioridad al retiro y hasta la actualidad); por cuanto -según asegura- no corresponde asumir a la entidad empleadora tal planteo.- Achaca que lo expuesto conlleva al rechazo de cualquier pretensión por diferencias de haberes, tornando inoponible e improcedente la liquidación practicada por la contraria.
Prosigue con su relato y sostiene que la demanda entablada por la parte actora resulta infundada y solicita el rechazo de la pretensión en todas sus partes. En ese orden explica que el pedido de reescalafonamiento laboral retroactivo pretendido por la actora -luego de su cese- sobre la base de un supuesto derecho nacido del art. 124 del Dec. Ley 9578, resulta improcedente porque: i- la carrera administrativa quedó cerrada con el retiro jubilatorio; ii- no resulta de aplicación la norma invocada a esos efectos (porque no hubo reincorporación laboral histórica, sino un nuevo ingreso); iii- eventualmente quedó consumada -sin controversia- la situación histórica de referencia. En el apartado siguiente detalla en forma cronológica el desarrollo de la carrera profesional del accionante, hasta el dictado de la Resolución Ministerial 421 del 31/7/2014, mediante la cual el Sr.
Ministro de Justicia resolvió rechazar la solicitud de reubicación escalafonaria del actor y la Resolución Nº 420 del 15/11/16 por la cual se rechazó el recurso contra el acto anterior. Cita amplia jurisprudencia de la SCBA, en relación a la improcedencia del reconocimiento de un mayor cargo en pasividad. Agrega que con su pretensión el actor no sólo estaría pretendiendo alterar el cargo de base con el cual accediera al beneficio, a la vez que obtener un ascenso indebido con posterioridad a su retiro, sino que también estaría tratando de romper la relación de equilibrio y proporcionalidad que debe existir entre el haber de actividad y el de pasividad. Al respecto señala que la SCBA ha rechazado pretensiones de reescalafonamiento intentadas por agentes en pasividad, tendientes a mejorar su haber previsional, cuando estos últimos planteos se apartaban de la relación de correspondencia que debe existir entre la situación del personal en actividad y el personal pasivo.
Cita la jurisprudencia de la SCBA en relación a la temática que relata.- Por otra parte arguye la ausencia de fundamento normativo de la pretensión. En orden a ello, entiende que corresponde defender la legitimidad del obrar administrativo impugnado en autos, a través del cual el Ministerio de Justicia le denegó al actor el reclamo de reescalafonamiento solicitado con base en art. 124 DL. 9578/80, por resultar que no se configuraba en el caso el presupuesto fáctico de la norma invocada a tales efectos (cfr. Res. 421/14 y 420/16). Cita el texto de la norma -art. 124 DL. 9578/80)- y añade que surge de la norma que para mantener el cargo laboral de revista anterior a una baja con posterior retorno, la ley requiere: i- que el Poder Ejecutivo haya considerado (podrá) al retorno del ex agente como una reincorporación laboral y no como una nueva designación; ii- que no haya excedido, entre la fecha de la baja y el retorno laboral, el tiempo máximo que prevé la norma (2 o 3 años); iii- que se haya considerado conveniente -según informe de Jefatura- proceder a la reincorporación; iv- que se hayan llenado las demás condiciones reglamentarias.
Asegura que recién después de cumplir todas estas exigencias el agente podría haber tenido derecho a mantener el cargo de revista ostentado al momento de la baja y a partir de allí especular con la continuación de la carrera de ascensos (aspecto no automático). Según su parecer, ninguno de los requisitos referenciados en la norma se encuentra cumplimentado en tanto -según refiere- i- no hubo declaración de reincorporación sino expresa denominación del retorno como una nueva designación; ii- el plazo entre la baja y el retorno excedió de los límites máximos tiempo; iii- no existió informe de Jefatura sobre la conveniencia; iv- y tampoco se cumplieron las restantes condiciones reglamentarias. Indica que esto fue lo considerado por la autoridad demandada en el acto administrativo impugnado en autos.
Que al tratarse de una designación y no de una reincorporación, no resulta de aplicación el artículo 124 del DL. 9578/80, por lo que debe rechazarse la solicitud." (cfr. Res. 421/14). A esta conclusión arribaron tanto la Asesoría General de Gobierno, como la Dirección de Personal y Asuntos Penitenciarios, adoptándose finalmente como acto definitivo por el Ministerio de Justicia a través de las resoluciones mencionadas. En ese orden, asegura que ningún reproche cabe a la decisión atento que surge acreditado del expediente administrativo, que el actor no cumplió los presupuestos fácticos establecidos por la norma para reclamar un derecho a "reincorporación" laboral en el mismo cargo histórico en el que fuera dado de baja.
Más adelante hace hincapié en la existencia de consentimiento histórico del actor respecto de la designación en la categoría de Guardia del EA y explica que el actor está queriendo revisar retroactivamente a más de 30 años, las consecuencias derivadas de una designación laboral ocurrida en el año 1988. Así, expone que lo primero que genera este paso del tiempo, sin cuestionamiento oportuno alguno por parte de la contraria, es la firmeza de los actos consumados en su momento, no pudiendo revisarse a esta altura las vicisitudes de los hechos históricos a ese respecto. En ese sentido, señala que más allá de que el actor no lo pidió, no podría alterarse en autos el motivo de su ingreso laboral en el Servicio Penitenciario, hecho ocurrido mediante Decreto 3502/88 de fecha 24/6/88, tal como surge de las actuaciones administrativas.
Lógicamente dicho acto administrativo se encuentra firme y consentido, no pudiendo ser objeto de revisión alguna. Argumenta que como consecuencia de dicho consentimiento, la carrera del actor continuó su curso en ese sentido, habiendo sido ascendido a las jerarquías correspondientes a su escalafón, percibiendo sus haberes en función de las tareas desempeñadas. También trae a colación el dictamen de la Dirección Provincial de Personal de fecha 23/8/2013 de las actuaciones administrativas, del cual -según asegura- surge que este no ha sido el primer intento del actor de modificar el acto de ingreso a la Institución, sino que la modificación del grado que le fue asignado oportunamente fue desestimada mediante expediente nro. 2111-1908/90 alcance 2, reiterando dicha solicitud en el expediente nro. 2211-115.094/92, las que fueron rechazadas por la Institución.
Achaca que resulta improcedente el intento de reabrir -aún con otro alcance toda vez que en autos la pretensión se encuentra dirigida a obtener reflejo previsional- en base a una cuestión que ya ha sido resuelta en forma contraria a sus intereses y que devino firme y consentida al no haber sido impugnada judicialmente. En virtud de lo relatado, en acápite por separado, formula la prescripción de todo reclamo. Sobre este vértice, apunta que teniendo en cuenta el lapso treintañal ya aludido, deja planteado que todo reclamo de reescalafonamiento estaría prescripto, por intentar revisar situaciones laborales consumadas, mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos que le dieran origen. Por lo demás, ya lo dijimos desde el inicio, ante la eventualidad de un acogimiento de la pretensión, cualquier sentencia debería limitarse a un reconocimiento nominal, sin consecuencia patrimonial alguna.
Sin perjuicio de ello, y para ese improbable supuesto, toda vez que el actor se limita a reclamar diferencias de haberes, dejo planteada la prescripción por las diferencias anteriores a los dos años de efectuado el reclamo administrativo que culminara con las resoluciones impugnadas en autos (art. 62 DL 9650/80). En mérito de la carga que instituye el artículo 354, inciso 1°, del C.P.C.C., aplicable en virtud de lo que establece el artículo 77 del C.P.C.A., niega todas las circunstancias de hecho así como toda documentación que no resulte acreditada con las constancias obrantes en autos. Por ultimo ofrece prueba y peticiona III.- Que transitada la etapa probatoria, con fecha 03/12/2019, se ponen los autos en estado dictar sentencia; y
I. Que mediante la presente el accionante plantea nulidad de las Resoluciones N° 420/14 y 421/16, mediante las cuales el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, rechaza el planteo de reescalfonamiento y reconocimiento jerárquico invocado en sede administrativa. En apretada síntesis, el Sr. Miguel Ángel Montenegro -agente retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense-, aspira se declare la nulidad de los actos mencionados fin de obtener el reconocimiento escalafonario y jerárquico, en tanto entiende que el modo en que actuó la administración le impidió jubilarse con el mayor grado en la jerarquía escalafonaria -Sub-Oficial Mayor-. De los antecedentes fácticos relatados, los que lucen con una mediana claridad en cuanto a su orden y precisión, se desprende que la situación que agravia al aquí accionante, se inicia al tiempo de solicitar su reincorporación a la institución, la que se produjo en fecha 06/07/1988 asignándole el grado de guardia; en tanto a su entender, debió considerarse el grado que ostentaba al momento de la baja voluntaria (Cabo); circunstancia que no aconteció y entiende como violatorio del art. 124 del De.
Ley 9578/80. Asimismo, reclama que en el trascurso de su carrera profesional, mas precisamente con fecha 01/01/2001, debió ser ascendido a la categoría de Sargento Primero, hecho no sucedió en término, sino que se efectivizó con posterioridad, el 01/01/2002. Que basado en los acontecimientos precedentemente referidos, argumenta que no pudo acceder a la jerarquía máxima en su escalafón (Suboficial Mayor), ya que dichos eventos acarrearon que al momento de acceder al beneficio jubilatorio, lo hiciera en el grado de Suboficial Principal y no de Suboficial Mayor, como entiende que le corresponde. En merito a ello, solicita además del reconocimiento jerárquico, las diferencias salariales debidas desde la fecha del retiro hasta la actualidad.- II.- Que previo a ingresar en las consideraciones que hacen a la cuestión traída a análisis, creo necesario realizar un relevamiento de los antecedentes administrativos, allegados a esta causa: A) Exp.
Adm. Nº 2211-01908/90: Con fecha 25/01/90, el Sr. Miguel Angél Montenegro, formula solicitud ante el Sr. Jefe de la Unidad Penitenciaria N° 5 de Mercedes; a fin de que se le reconozca la jerarquía de Cabo (Escalafón administrativo); en dicha oportunidad manifestó que al solicitar su reincorporación se hallaba dentro de los términos previstos por la Ley de Personal. (v. fs. 1). Conforme se desprende de la resolución obrante fs. 3, la solicitud fue rechazada con fecha 16/02/1990, en tanto se consideró que el peticionante no registraba pedido de reincorporación y por tanto no le correspondería que se le reconozca la categoría de Cabo. Dicha resolución se encuentra suscripta por el Departamento de Asuntos Legales.
La misma fue notificada al reclamante con fecha 01/03/1990 (fs. 4). Exp. Adm. Nº 2211-01908/90 (Alc. 1) Con fecha 06/04/1990, se re
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