Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para conocer y decidir en el asunto el Tribunal de Trabajo Nº3 del Departamento Judicial de Quilmes, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.76.704 “BELLO DARIO ANDRES C/ SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE POLICIA DE LA PROVINCIA Y OTROS S/ MATERIA A CATEGORIZAR -EMPLEO PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7, LEY 12.008”
I. Darío Andrés Bello promovió, ante el fuero laboral, una demanda contra la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los señores Salvador Javier Muñoz, Daniel Horacio Figueras, Fabián Alfredo Cañete, Walter Ismael Nocetti, Enrique Alberto Torres, Gabriel Eduardo Armanino -todos ellos en su calidad de miembros del Consejo Directivo del organismo-, Cristian Ritondo -por ser, en aquel entonces, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- y Fabián Perroni -en su carácter, al tiempo de deducida la demanda, de Jefe de la Policía provincial- por los daños y perjuicios que se le ocasionaran, principalmente, frente a la falta de registro en su relación laboral con el organismo provincial y que, en ocasión de las intimaciones que cursara al efecto -con sustento en la afectación de su derecho a percibir "... un salario íntegro y digno"-, se le habría notificado el 24 de junio de 2019 el cese de sus actividades.
Afirma que a partir del 1 de diciembre de 2009 hasta la fecha de su despido prestaba tareas de índole administrativa en la delegación de Bernal, una de las dependencias de dicha entidad y que, a pesar de ello, recién tres años más tarde de su ingreso a la repartición (el 1 de marzo del año 2012) se formalizaría -registralmente- su vínculo con la codemandada, no siendo, por ende, abonadas -de manera efectiva- las labores que realizara hasta ese momento.
En esa dirección argumental es que reclama el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -por antigüedad, sustitutiva de preaviso, despido, vacaciones no gozadas- y aquéllas que contemplan los artículos 9 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 como, también, de la multa dispuesta por el artículo 80 de la LCT (cfr. resol. electrónica de fecha 20-XII-2019).
II. Las actuaciones fueron asignadas, mediante sorteo, al Tribunal de Trabajo Nº3 del Departamento Judicial de Quilmes. Este tribunal se declaró incompetente, al ponderar -básicamente- que la situación de la parte actora encuadraba en la exclusión del artículo 2 inciso a) de la Ley de Contrato de Trabajo. Tal determinación se sustentó, en la inteligencia -por unanimidad- de que uno de los codemandados -Superintendencia de Servicios Sociales-, debido a su estructura interna como a las funciones que el mismo despliega, es "...un organismo integrante del Estado provincial", tratándose, por tanto, de un caso del conocimiento y decisión del fuero contencioso administrativo (véase resol. electrónica de fecha 25-IX-2019).
Agraviado por el pronunciamiento, el accionante interpuso, en los términos del artículo 54 de la ley 11.653, un recurso de revocatoria, el cual fuera rechazado por el tribunal de origen, con base en el artículo 2 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo (cfr. sent. interlocutoria de fecha 13-XI-2019).
Finalmente, el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental. Su titular, luego de la intimación para que la actora procediera a digitalizar tanto la demanda como la documentación acompañada y de la petición formulada por esta última para que decline su competencia y manteniendo incólumne la demanda contra el organismo provincial y el presidente de su Consejo Directivo -más no ya contra los restantes codemandados-, se negó a asumir la competencia endilgada por sus pares del fuero laboral. Ello, al no observar, "...del relato de los hechos en el escrito postulatorio, el derecho invocado, el intercambio telegráfico y las tareas administrativas desarrolladas", una relación de empleo público como, tampoco, el ejercicio de función administrativa o algún otro supuesto que pueda ser incluido en la materia especializada, debiendo estarse, en consecuencia, a lo dispuesto en el artículo 4 inciso 1 del código adjetivo.
Fue así que quedó planteada la contienda negativa de competencia, procediéndose a someterla a esta Suprema Corte de Justicia con el objeto de que ejerza la atribución que le confiere el artículo 7 inciso 1 del código ritual (cfr. resol. electrónica de fecha 17-VI-2020).
III. Este Tribunal ha expresado que es competencia del nuevo fuero en lo contencioso administrativo entender y resolver en las controversias originadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial. En particular, les corresponde decidir los litigios suscitados en el marco de la relación de empleo que liga a la administración con sus agentes (cfr. arts. 166, in fine , de la Constitución provincial; 1 incs. 1 y 2, CCA; doctr. causas B. 64.686, "Bracone", resol. de 23-X-2002; B. 67.466, "Crowe de De Paez", resol. de 9-II-2005 y B. 69.469, "Pizarro", resol. de 2-VII-2008, entre otras).
En esa línea, y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión, ha de concluirse que no se configura un caso contencioso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 76.381 y CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
En efecto, no se infiere de la pretensión deducida ante el fuero laboral -por distintos rubros indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013 y 25.323 y multa de la LCT- ni de los hechos expuestos en el escrito postulatorio -el accionante habría prestado labores administrativas en una dependencia de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía provincial- que haya existido una relación de empleo público entre las partes como, tampoco, la configuración de algún otro supuesto que pueda ser incluido en la materia contencioso administrativa (art. 2, CCA; doctr. causas B. 74.996, "Loiterstein", resol. de 28-II-2018 y B. 76.355, "Soria", resol. de 15-IV-2020). En particular, debe destacarse el hecho de que el actor se hallaba sujeto al "Reglamento para el Personal Contratado no Policial", que determinaba los aspectos esenciales de su vínculo laboral con la entidad provincial conforme la Ley de Contrato de Trabajo (véanse documentos adjuntos al escrito electrónico de fecha 1-X-2019).
Siendo así, no puede afirmarse que la presente controversia haya tenido su origen en el marco de una relación de empleo público que ligara a las partes y, por tanto, la invocación de normas laborales no resulta, prima facie , inadecuada.
IV. Por lo expuesto, y más allá de la condición estatal que revista uno de los codemandados (cfr. art. 166, último párrafo, Const. prov.; doctr. causa B. 76.355, cit.), es dable concluir que se trata de un supuesto en el que opera la regla establecida en el artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, que ralea del conocimiento del fuero contencioso administrativo a las causas regidas -primariamente- por normas o convenios laborales (doctr. causas B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015 y B. 74.982, "Lungueira", resol. de 28-II-2018, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para conocer y decidir en el asunto el Tribunal de Trabajo Nº3 del Departamento Judicial de Quilmes, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo que aquí se resolvió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2021 16:50:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 22:19:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2021 22:17:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/02/2021 08:38:41 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2021 09:25:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia