Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76968
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo N°2 departamental y al Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga.
B.76.968 "T. F. J. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - EMPL. PUBLICO - CUESTION DE COPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
I. La señora F. J. T. efectuó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer y de la Familia de la ciudad de General Madariaga, en virtud de la violencia laboral, simbólica, económica, institucional y psicológica que aduce haber padecido en su carácter de empleada municipal en el Jardín Maternal “La Casita de Chocolate”, en el Centro de Inclusión Social (CIS) de Belgrano y en la Salita “Barrio Norte” local.
Al respecto, relata que prestó servicios de limpieza en las referidas dependencias por el lapso de tres años y medio, sin que se haya registrado formalmente su situación laboral. Seguido a esto, explica que los episodios de hostigamiento y maltrato comenzaron en los últimos dos años y que fue desoída por distintas instituciones municipales a las que acudió en busca de ayuda. En particular, refiere que se presentó ante la Secretaría de Desarrollo Social, donde se sintió discriminada y desamparada. Arguye que su situación se vio agravada luego de haber sido diagnosticada con cáncer, por lo que su estado de salud y económico se han visto fuertemente deteriorados.
Manifiesta que su intención es desempeñarse en un ámbito libre de represalias dentro de la mencionada Secretaría y, específicamente, en el área de género, dado que se ha capacitado en la materia. En concordancia con ello, aduce que la denuncia se presenta a los meros fines conciliatorios, procurando arribar a un acuerdo entre las partes, por lo que no requiere el dictado de ninguna medida cautelar.
II. En lo que aquí concierne, la mencionada dependencia policial remitió las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga para su consideración y tratamiento.
Sin embargo, su titular rehusó la competencia que le fuera endilgada, en la inteligencia de que el asunto no era susceptible de ser encuadrado en los parámetros establecidos en la ley de violencia familiar, en tanto no existía ningún vínculo de parentesco entre la denunciante y el denunciado (arts. 827, CPCC; 1 y 2, ley 12.569). Por el contrario, estimó que el presunto hecho de violencia se habría producido en el marco de una relación de trabajo, por lo que correspondía dar intervención a los órganos del fuero laboral (v. resol. de 27-I-2021).
De este modo, las actuaciones –previo pase a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores- fueron asignadas al Tribunal de Trabajo N°2 departamental.
No obstante, sus miembros también se inhibieron de intervenir. En apoyo de su postura, sostuvieron que surgía de las alegaciones efectuadas por la peticionante que “la naturaleza de la relación invocada, se encuadraría en un vínculo de empleo público, bajo dependencia de la Municipalidad de General Madariaga, por prestar tareas no registradas la denunciante en la Casita de Chocolate, CIS de Belgrano y en la Salita Barrio Norte de la localidad de General Madariaga” y que “de tal relato no surge que a la relación laboral la rija ningún Convenio Colectivo del Trabajo, que la incluya en el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo”. Concluyeron, entonces, que la denuncia debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo, al cual remitieron los obrados (v. resol. de 12-II-2021).
Es así que resultó desinsaculado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del mismo departamento judicial, cuyo magistrado desestimó la declinatoria formulada tras considerar que, aunque la pretensión articulada se dirigía a obtener el cese de la actuación supuestamente irregular por parte de la Municipalidad de General Madariaga, la denunciante no había arrimado –por el momento- ningún elemento de convicción que acreditara un vínculo laboral preexistente con la comuna (v. resol. de 5-IV-2021).
En consecuencia, tuvo por configurada una contienda negativa, elevándola a este Tribunal para que la dirima de acuerdo a lo previsto por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que el art. 22 de la ley nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales establece que "entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate".
Al respecto, haciendo efectiva tan flexible atribución jurisdiccional, este Tribunal ha dirimido ciertos conflictos a favor del fuero laboral cuando las medidas protectorias se ceñían exclusivamente a ese ámbito (doctr. causa L. 119.389, "López", resol. de 23-IX-2015), o de la justicia de paz letrada por razón del territorio y proximidad del órgano judicial (doctr. causas L. 121.880, "Salinas", resol. de 19-IX-2018; B. 77.546, "G., J. A.", resol. de 20-XII-2021; L. 128.846, "C., E. A." y L. 128.923, "Festa", ambas resols. de 5-V-2022 y B. 78.100, "R., A. B.", resol. de 30-VI-2022, e.o.); o bien, de la jurisdicción contencioso administrativa si la situación de violencia tenía lugar en el marco de una relación de empleo público y las autoridades administrativas correspondientes no garantizaban, por sí, la integridad psicofísica de quien demandaba protección (doctr. causas B. 76.872, “R., V. R”, resol. de 24-II-2021; B. 77.528, “E., V. M. A.” resol. de 2-XII-2021; B. 77.555, "G., F. A.", resol. de 20-XII-2021; B. 78.047, "C., A. C.", resol. de 27-VI-2022 y B. 78.928, "G. M." resol. de 8-XI-2023).
Por otra parte, en los litigios en los que no se hallaba plenamente justificada la intervención de los fueros especializados, se ha resuelto la controversia a favor del fuero civil y comercial, dada su competencia genérica y residual (doctr. causas B. 75.586, "C. C., M.", resol. de 14-XI-2018; B. 76.114, "V. C., M. Y.", resol. de 23-X-2019; B. 77.103, “T., V. B.”, resol. de 19-V-2021; B. 78.065, "P., P. V.", resol. de 30-VI-2022; B. 78.467, "C., M. A." y B. 78.479, ambas resols. de 14-III-2023; B. 78.951, "R., M. F.", resol. de 8-XI-2023; B. 79.130, "S., M. A.", resol. de 14-II-2024 y B. 79.164, “D., M. F”, resol. de 7-III-2024).
III.2. Sobre tales bases, cabe señalar que a la luz del relato efectuado por la señora F. J. T., resulta acertado lo resuelto por el tribunal laboral.
Ello es así, en tanto si bien a primera vista no surge una relación de empleo público formalizada entre quien presenta la denuncia y la Municipalidad de General Madariaga, la situación que se ventila en el caso escapa a un mero vínculo privado o de connotaciones similares, para ubicarse en un ámbito de ejercicio funcional estatal que pertenece al derecho público y que, por tanto, de acuerdo a las pautas y lineamientos jurisprudenciales mencionados, corresponde que sea decidido por el fuero contencioso administrativo.
En efecto -y más allá de las imprecisiones incurridas en la postulación inicial-, los hechos de violencia alegados ocurrieron y se hallan circunscriptos al ámbito del municipio en el que la señora F. J. T. desempeña su labor y pretende afianzarse. Esta circunstancia resulta determinante a la hora de dilucidar la contienda, toda vez que denota claramente que el caso involucra el conocimiento y decisión de cuestiones relativas a acciones y/u omisiones atribuidas a sujetos que ejercen funciones estatales.
IV. Siendo todo eso así, es posible concluir que la denuncia debe tramitar ante el fuero en lo contencioso administrativo.
Esto mismo, ya que los acontecimientos denunciados habrían tenido lugar en ocasión y/o en ejercicio de lo que -en esta instancia y al solo fin de dirimir la presente incidencia- cabe presumir como una relación de empleo público, siendo exclusivamente en ese ámbito donde la denunciante pretende obtener protección (conf. arts. 166, último parr., Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores el que continúe conociendo en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores para continuar interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo aquí resuelto al Tribunal de Trabajo N°2 departamental y al Juzgado de Paz Letrado de General Madariaga.
Regístrese y comuníquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:50:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/06/2024 08:44:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2024 12:44:22 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 15:11:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/06/2024 19:00:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/06/2024 19:25:34 hs. bajo el número RR-442-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia