Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 departamental y al Juzgado de Paz Letrado de Escobar.
B.79.655 "SEGUE SANDRA AZUCENA C/ GUTIERREZ MIRTA ALEJANDRA S/ MATERIA A CATEGORIZAR. EMPL. PUBLICO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora Sandra Azucena Segue efectuó ante la Seccional 1ra de la Comisaría de Belén de Escobar una denuncia contra la señora Mirta Alejandra Gutiérrez, en virtud de los maltratos y la violencia psicológica que alega haber padecido por parte de esta última en el espacio de trabajo que ambas comparten.
Con respecto a los hechos, relata que se desempeña como auxiliar de cocina en la Escuela N°503 de Escobar. Aduce que a raíz del trato hostil que le dispensara regularmente la denunciada -su jefa-, el Consejo Escolar de dicha jurisdicción dispuso su traslado a la Escuela N°55 de esa misma localidad (v. tercer documento adunado al escrito electrónico de fecha 20-VIII-2024).
II. En lo que aquí interesa, la mencionada dependencia policial remitió las actuaciones al Juzgado de Paz Letrado de Escobar para su consideración y tratamiento.
No obstante, su titular se inhibió de conocer en el asunto por entender que los hechos que motivaban la denuncia se habían suscitado entre dos agentes públicos en el marco del ejercicio de sus funciones -en el caso bajo examen, tanto la denunciante como la denunciada dependen laboralmente del Consejo Escolar de Escobar-. Pese a ello, en esa misma providencia y ante la urgencia que el caso ameritaba, la magistrada actuante dispuso una serie de medidas de protección tendientes a que se haga cesar el riesgo que pesaba sobre la señora Segue (prohibición de acercamiento de la denunciada respecto de aquellos lugares a los que la denunciante concurriera con asiduidad, así como de todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad directa o indirecta en el espacio digital, e.o.).
Al resolver de esa manera -y en atención a razones de proximidad territorial-, ordenó la remisión de los actuados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de San Isidro para que fueran sorteados entre los juzgados en lo contencioso administrativo con competencia en esa jurisdicción (v. resol. electrónica de fecha 26-VIII-2024).
Radicada la causa ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial, su titular rechazó la competencia que se le endilgara en la inteligencia de que, si bien el pleito tuvo lugar en el contexto de una relación laboral que revestiría el carácter de empleo público, los sujetos involucrados dejaron de trabajar en el mismo establecimiento -ello, por decisión del Consejo Escolar local-.
Por otro lado, rechazó el pedido de que se decrete una medida de prohibición de acercamiento por hallarse aún vigentes aquellas que fueran ordenadas por la magistrada preactuante y por resultar incompetente para entender en estos actuados (conf. art. 196, CPCC).
En consecuencia, resolvió enviar nuevamente los autos a la Receptoría General de Expedientes departamental para que fueran asignados a alguno de los juzgados pertenecientes al fuero civil y comercial (v. resol. electrónica de 18-IX-2024).
De esa manera fue que el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°13 del Departamento Judicial de San Isidro, aunque el juez a su cargo rechazó la asignación de la causa.
Sopesó, a ese respecto y haciendo especial hincapié en el pronunciamiento de esta Corte recaído en la causa (B. 76.872, resol. de 24-II-2021), que en los presentes el pleito entre denunciante y denunciada -que, según alega, se circunscribe exclusivamente al espacio laboral- se hallaba enmarcado en una relación de empleo público.
Asimismo, sostuvo que el traslado preventivo de la denunciada no incidía en lo decidido, dado que para la determinación de la competencia los magistrados deben ceñirse a los hechos y circunstancias expuestos en la denuncia y no a situaciones sobrevinientes.
Por consiguiente, ordenó remitir las actuaciones al juez en lo contencioso administrativo interviniente a los fines de que revea su postura (v. resol. electrónica de fecha 19-IX-2024).
Este último, una vez recibidos, mantuvo su posición primigenia, dejando planteado así un conflicto de competencia que elevó a esta Suprema Corte con el objeto de que sea resuelto (art. 7 inc. 1, CCA; v. proveído electrónico de fecha 20-IX-2024).
III. Independientemente de si los hechos denunciados en la especie justificaban su conducción en los términos de la ley nacional 26.485 o si, en rigor, denotaban estrictamente un contexto de violencia laboral alcanzado por la ley 13.168 y sus modificatorias, es evidente que la situación conflictiva presentada se desenvolvió -enteramente- en el ámbito de una relación de empleo público (específicamente, en la Escuela N°503 de Escobar) y que la autoridad administrativa supervisora adoptó medidas en su seno tendientes a remediarla.
Siendo así, en función de su singular competencia material, corresponde que el presente asunto prosiga su trámite por ante el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo que intervino (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA y arg. doctr. causas 76.872, "R., V. R", resol. de 24-II-2021; B. 77.528, "E., V. M. A." resol. de 2-XII-2021 y B. 77.555, "G., F. A.", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro (art. 7 inc. 1, CCA).
Comunicar lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº13 departamental y al Juzgado de Paz Letrado de Escobar.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/12/2024 12:25:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2024 13:54:07 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2024 17:40:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 09:09:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2024 10:48:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2024 10:50:08 hs. bajo el número RR-999-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia