Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77812
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.812, "Echaide, Francisco José Federico c/ Organismo de Control de Energía de la Provincia de Buenos Aires s/ Materia a categorizar - Empleo público. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria, Torres, Kohan, Maidana, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la acción promovida y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor una suma de dinero en concepto de indemnización que resulte de aplicar el régimen establecido en el art. 30 inc. 2 de la ley 10.430, con más intereses (sent. de 26-X-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido con fecha 28-XII-2021.
Dictada la providencia de autos para resolver, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del juzgado de primera instancia admitió la demanda promovida por Francisco José Federico Echaide y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor una indemnización por la suma que resulte de aplicar el régimen establecido en el art. 30 inc. 2 de la ley 10.430, por el período comprendido entre el 20-XII-2005 —fecha de designación— y el 14-III-2016 cuando se dispuso su desvinculación, tomando como base el sueldo actual de director (ley 10.430), con más el interés del 6% anual, desde la fecha del cese hasta el de la sentencia; y posteriormente, los intereses que resulten de aplicar la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, hasta la fecha del efectivo pago.
Para así decidir, el magistrado consideró que, según surgía de las constancias de las actuaciones, el actor ingresó a trabajar en OCEBA a través del decreto 3.135/05, bajo la modalidad de empleo público temporario regido por la ley 10.430, situación que se mantuvo hasta su cese; que en el decreto mencionado se contempló, como objetivo, dotar al directorio de ese organismo de asesoramiento específico en el seguimiento y la evaluación permanente que establece el decreto 1.868/04 y que, a esos fines, resultaba necesario contar con los servicios de un profesional idóneo y con experiencia en el sector eléctrico, para lo cual se le otorgó una remuneración mensual equiparada al cargo de director del régimen de la ley antes mencionada.
Señaló que la relación de empleo temporario se mantuvo por el término de diez años y tres meses, en los cuales el contador Echaide desempeñó labores de manera exclusiva en la órbita del OCEBA, realizando, según los testigos, excompañeros y jerárquicos, tareas idénticas a las del personal de planta permanente.
Agregó que el régimen jurídico aplicable no preveía una regla específica que estableciera un término de duración a los convenios que incorporan personal en planta temporaria, o un plazo máximo de prestación de servicios, con lo cual, la duración de cada vínculo constituía una decisión a adoptar en cada caso. Y con cita de fallos de la Corte nacional, refirió que las circunstancia de la litis pusieron de relieve que la accionada se valió impropiamente de una figura jurídica solamente autorizada por la ley para cubrir necesidades coyunturales, tergiversándola para generar un vínculo de empleo, bajo la apariencia de un nombramiento por tiempo determinado, que bien pudo generar en el actor una legítima expectativa de permanencia laboral que merecía la protección que el art. 14 bis de la Constitución nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario.
II. La Cámara de Apelación rechazó el recurso deducido por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de grado.
Luego de reseñar que la moderna jurisprudencia es proclive a reconocer derecho indemnizatorio a los agentes públicos que sufren un manejo irreflexivo de la figura del empleo temporario, los magistrados intervinientes entendieron que si bien la duración del vínculo constituye uno de los elementos importantes para juzgar la legitimidad del actuar del Estado, esa no era la única variable a tener en cuenta; además de considerar que en su valoración no se puede ser tan riguroso.
Manifestaron que no correspondía establecer un límite de tiempo traspuesto el cual quepa suponer que la relación se extendió más allá de lo razonable, en tanto se trata de situaciones de hecho y prueba que han de dilucidarse en función de las particularidades de cada caso. No obstante aclararon que existían indicios como para detectar posibles irregularidades.
Estimaron que con las constancias de la causa se desvanecía el argumento de la parte demandada que pretendía adjudicar a la designación naturaleza política y excepcional, en tanto los testimonios brindados eran demostrativos de que el actor realizó, en los hechos, tareas propias de las que llevaba a cabo personal de planta permanente, y su designación se enmarcó en las previsiones del art. 111 inc. "b" y siguientes de la ley 10.430, y estuvo sujeta a la prohibición contenida en el art. 114 del mismo cuerpo legal (v. pto. II.4.).
Consideraron que ello permitía descartar cualquier coyuntura administrativa justificativa de la prolongación del vínculo temporario por más de diez años y de la realización de tareas propias de las que desempeña el personal de planta permanente del organismo demandado, bajo la modalidad de servicios —excepcional conforme la letra de la ley— prestada por el accionante.
Entendieron que en tal contexto fáctico, las labores llevadas a cabo por el agente durante el lapso que duró la relación, superaron la nota de "excepcionalidad" que caracteriza a este tipo de designaciones transitorias, para mutar en una irregular modalidad de cobertura de funciones de aquellas que hacen al giro normal y habitual del organismo.
Afirmaron que el accionar de la demandada no aparecía siquiera abastecido por un mínimo de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), ni obraban pruebas concluyentes que apuntalaran una realidad excepcional que no hubiera podido mitigarse por el personal afectado a la planta con estabilidad (art. 14 bis, Const. nac.; arg. art. 39, Const. prov.).
Señalaron que dicho comportamiento generó en el actor una legítima expectativa de permanencia que merecía la protección que la Constitución otorga al trabajador contra el despido arbitrario; de todo lo cual se desprendía un actuar antijurídico por parte de la accionada, comprometiendo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires y justificando, así, la procedencia de la indemnización reconocida.
Por último, destacaron que la decisión de la instancia respetó los parámetros en materia de reparación indemnizatoria derivada del abuso jurídico de la figura del personal temporario.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a través del cual denuncia violación de la ley y doctrina legal aplicable al caso. Asimismo alega absurdo en la decisión cuestionada.
III.1. Con relación al primer planteo, refiere que la Cámara aplicó erróneamente los arts. 15, 111, 113, 114, 117 y 121 de la ley 10.430 por desconocimiento del carácter temporario de la relación contractual.
Argumenta que el personal de gabinete y los secretarios privados cesan en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñan (arts. 113 y 114, cit.), tal como aconteció en la especie.
Agrega que el personal que reviste dicha situación puede ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen (art. 121, mismo cuerpo legal).
Resalta el error incurrido por el tribunal dando primacía, primero, al lapso de tiempo que duró el vínculo contractual —no obstante haber manifestado que no era una variable decisiva para resolver el caso— , desoyendo el motivo que instó a la Administración su contratación, lo que fuera expuesto, claramente en el acto de designación, marco contractual que reguló el vínculo laboral, en el caso como asesor de gabinete.
Afirma que el Tribunal de Alzada se desentiende de la relación jurídica que unió al actor con OCEBA, y con ello de la ausencia de estabilidad de esa relación laboral y por tanto del marco legal que regula la figura, el cual fue explícitamente establecido en el decreto 3.135.
Se agravia de la decisión que impugna en tanto fue el propio demandante quien reconoció el motivo y la finalidad de su contratación, asesor político del director del OCEBA durante el tiempo que demandó la gestión de gobierno. Gestión, que según aduce, se prolongó por once años. Además destaca que, de los propios dichos del demandante, surge que realizaba tareas específicas y particulares que no responden a la tarea habitual del personal de planta permanente.
Entiende que resulta indudable que la relación del actor se disciplinó exclusivamente por las tareas de asesoramiento que en cada caso se le encomendaba, como personal de planta temporaria, afectado a un régimen diferente, el cual, si bien no es uniforme para todas las subclasificaciones comprendidas en el art. 111 de la ley 10.430, tienen en común la falta de estabilidad .
Reitera que el señor Echaide conocía, desde su nombramiento, que su situación era precaria y que podía cesar "automáticamente" por el solo hecho del cambio de gobierno, y/o por razones de servicio. Agrega que las tareas desempeñadas —sin horarios de trabajo, sin registro de entrada y salidas— no se encontraban determinadas entre las misiones y funciones de los agentes de la planta permanente, todo lo cual demuestra que el cese no es ilegítimo, y que no se ha configurado ningún motivo que legitime la indemnización que la Cámara reconoce en la sentencia.
III.2. Sostiene, asimismo, errónea aplicación del art. 30 inc. "b" de la ley 10.430 por el otorgamiento de una indemnización laboral en clara violación de la figura legal exigida al efecto, afirmando que en este caso particular, la violación de la ley encuentra motivo en la inexistencia de cese ilegítimo.
Refiere, en ese orden, que el reconocimiento indemnizatorio requería para su viabilidad, haber acreditado que la Administración utilizó un sistema provisorio con un fin diverso al contemplado por el ordenamiento, y además una expectativa de permanencia laboral del reclamante; mas en el caso, el régimen que vinculó al actor, desde el inicio, tuvo carácter transitorio, político, de gestión, de asesoramiento, circunscripto a tareas específicas con miras a prolongarse durante el tiempo que demandó la gestión de gobierno que lo convocó.
III.3. También invoca absurdo en el pronunciamiento al valorar la prueba testimonial producida, prescindiendo del valor probatorio de documentos públicos indebidamente desplazados por argumentos precarios brindados por compañeros de trabajo del actor, injustificadamente apreciados, imponiendo un mérito prevalente a la primera de las pruebas citadas por sobre los términos del acto de designación.
Subraya que del decreto 171/16 surge que el cese es consecuencia de una reestructuración orgánico-funcional del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que tuvo lugar a partir del 11-XII-2015, como así también por la renuncia presentada por la directora vicepresidenta del organismo de control. Dice que ambos datos evidenciarían las razones que instaron la finalización de sus tareas como asesor del directorio de OCEBA: el fin de la gestión para el cual fue convocado.
Refuerza la idea de que se acreditó que el actor era un funcionario de carácter político, sin horarios de trabajo, sin registro de entrada y salidas, ni sometido a requisitos exigidos al personal de planta permanente. Alega que las tareas que desempeñaba eran las que le asignaba el propio directorio del organismo, las cuales no se encontraban determinadas entre las misiones y funciones de los agentes de la planta permanente. No obstante ello, entiende que el Tribunal de Alzada —erróneamente— hace prevalecer los testimonios de excompañeros de trabajo en los que habrían mencionado como tareas cotidianas del actor aquellas identificables a las que ejecutaban los empleados de planta permanente.
Puntualiza que el valor probatorio de las declaraciones testimoniales no puede asimilarse a otro tipo de pruebas más objetivas, ya que el fundamento probatorio reposa en este caso en una doble circunstancia subjetiva: confianza en la corrección de la apreciación del testigo, y en la fidelidad de la expresión de sus apreciaciones, ambas variables bastante relativas.
Concluye que la circunstancia de ser la prueba testimonial de menor importancia que otras, por ejemplo, la instrumental o la de informes, no significa que pueda denegarse su producción si se la ofrece como prueba, sino que debe ponderarse la incidencia que tiene a la hora de su valoración.
III.4. Esgrime, también, violación de la doctrina legal aplicable al caso.
En tal sentido, cita jurisprudencia de esta Corte que resolvió que el punto de partida para determinar la naturaleza del vínculo entre la Administración y el agente, viene impuesto por la modalidad de designación de este último, en tanto que, para ingresar al régimen de planta permanente o planta temporaria, se exige el cumplimiento de ciertos requisitos que no pueden desconocerse (causas B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 65.699, "Pace", sent. de 11-III-2013; e.o.); como también la doctrina sentada en las causas B. 62.513, "Gundín", sentencia de 22-X-2008; B. 64.058, "Acerbo", sentencia de 26-XII-2012; B. 56.755, "Coronel", sentencia de 22-V-2013; entre muchas otras).
Menciona que dicha doctrina se ha mantenido inalterada en el tiempo, aún después de las sentencias de la Corte nacional dictadas en las causas "Madorrán" (Fallos: 330:1989), "Ramos" (Fallos: 333:311), "Sánchez" (Fallos: 333:335) y "Cerigliano" (Fallos: 334:398).
III.5. Por último, se agravia respecto de la condena a abonar la indemnización sobre la base del salario a valores actualizados.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento sigue rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda discutida en autos es de carácter dinerario y que, como tal, debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia que ha elaborado acerca de semejante distinción.
Remata diciendo que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria.
IV. El recurso prospera. Veamos:
IV.1. Tal como fuera relatado anteriormente, por decreto 3.135 del año 2005 el entonces Gobernador de la Provincia designó en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos —organismo de control de energía eléctrica— al contador público y licenciado en administración, señor Echaide. De los considerandos del acto mencionado se tuvo en cuenta los cambios que introdujo la ley 13.173 al marco regulatorio eléctrico de la Provincia, y el decreto 1.868/04. Se especificó que como las concesionarias estaban obligadas a llevar una contabilidad regulatoria, cuyo control estaba a cargo del OCEBA, resultaba necesario dotar al directorio de dicho organismo, con un asesoramiento específico para ello, para lo cual debían contar con los servicios de un profesional que conjugue la idoneidad profesional con experiencia en el sector eléctrico.
En ese marco fue designado el señor Echaide para desempeñarse como asesor del directorio, con una remuneración mensual equiparada al cargo de director del régimen de la ley 10.430, exceptuando la designación mencionada de lo dispuesto en el decreto, entonces vigente, 2.658/00, y sus prórrogas, a través del cual se suspendieron, en ese entonces, las designaciones de personal en las plantas permanentes y temporarias de todas las jurisdicciones y organismos (v. fs. 38/41, expte. adm.).
Posteriormente, en el año 2016, por decreto 171, se limitó la designación del actor a partir del 1 de febrero de dicho año. Allí se consideró, puntualmente, la modificación de la estructura orgánico funcional del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (del cual dependía OCEBA) la cual comenzaría a regir a partir del 11 de diciembre de 2015; como así también las renuncias presentadas por la directora vicepresidenta del organismo en cuestión. El mismo acto especificó que las gestiones promovidas se realizaban, entre otras normas, conforme lo establecido en los arts. 14 inc. "b", 111 inc. "a", 113 y 121 de la ley 10.430, y su decreto reglamentario 4.161/96.
Este régimen legal fue el que reguló la relación del demandante con la Provincia, lo cual evidencia que durante todo el tiempo que el señor Echaide se vinculó con OCEBA fue como asesor del directorio en temas específicos relacionados con el asesoramiento en el sector eléctrico, sin que se hubiera modificado, en ningún momento, la naturaleza de la función para la cual fuese designado.
El art. 111 de la ley 10.430 enumera, dentro del personal de planta temporaria, diferentes situaciones de revista que pueden tener los agentes de esa categoría, entre ellos, el personal de gabinete y los secretarios privados.
La misma ley expresa que el personal de gabinete será afectado a la realización de estudios, asesoramiento u otras tareas específicas (art. 113); con relación a los secretarios privados, establece que no podrá intervenir en la tramitación de actuaciones administrativas ni serle asignadas tareas propias del personal permanente con estabilidad (art. 114); y ambas normas prescriben que cesarán en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe. Por su parte, el art. 121 establece que todo el personal temporario puede ser dado de baja cuando las razones de servicio lo aconsejen o cuando incurran en abandono de cargo.
IV.2. Entiendo que el tribunal actuante aplicó erróneamente el plexo normativo que rige la cuestión —arts. 15, 111, 113, 114, 117 y 121 de la ley 10.430— por desconocimiento del carácter temporario de la relación impuesta por el decreto de designación.
La Cámara fundamenta que el argumento de la Fiscalía, de que el demandante tenía una designación de naturaleza política y excepcional, se desvanece con los testimonios de sus excompañeros —los cuales serían demostrativas de que efectuó tareas del personal de planta permanente—, como así también por el marco normativo que rigió su designación, citando el art. 111 inc. "b" y la prohibición contenida en el art. 114 de la ley 10.430, ambas normas relacionadas con el personal de planta temporaria, como secretarios privados.
En este sentido acierta el recurrente cuando expresa que utilizaron de manera inexacta el marco normativo aplicable al caso. En efecto, el decreto 3.135 especificó que el demandante fue designado como asesor del directorio de OCEBA conforme el régimen de la l
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