Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la pretensión deducida por el doctor Nicolás Ciminelli Sasali contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, reguló los honorarios del citado profesional por sus trabajos efectuados en favor del trabajador Guillermo Ismael Fuentes, llevados a cabo en el marco del expediente 275.836/2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tramitado ante la Comisión Médica n° 12.6 de la ciudad de Tandil (v. pronunciamiento de fecha 9-III-2023).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 13-IV-2023).
En su presentación plantea arbitrariedad y cuestión federal, agraviándose de la decisión a la que arribó el juzgador de grado, en tanto reguló los estipendios profesionales de la actora, por sus trabajos realizados ante la Comisión Médica -en el marco del expediente SRT 275.836/2021-, en franca transgresión de lo prescripto en los arts. 1 -último párrafo- de la ley 27.348; 37 de la Resol. SRT 298/17; 44 y 55 de la ley 14.967 y de la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario señalar que esta Suprema Corte ha decidido -reiteradamente- que contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, aunque también ha precisado que tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto de su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación (causas L. 119.547, "Adriano", resol. de 6-IV-2016; C. 122.524, "Labernia", resol. de 11-VII-2018; L. 121.909, "Luna", resol. de 21-XI-2018; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 12-VI-2019 y L. 130.953, "Toncovich", resol. de 23-VIII-2023).
En el caso, atento que la impugnación gira en torno al quebrantamiento de disposiciones arancelarias, el análisis -por excepción- ha de quedar atrapado en el marco de la admisibilidad del recurso incoado (causas Ac. 86.346, "Calleri", resol. de 9-IV-2003; Ac. 94.153, "El Halcón SAT", resol. de 18-V-2005; C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7-VIII-2013; L. 101.196, "F., S.", sent. de 18-VI-2014; L. 122.752, "Bravo", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 10-V-2021 y L. 130.363, "Gómez", resol. de 14-XII-2023).
III.2. Aclarado ello, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por el capital de condena, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020; L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021 y L. 130.328, "Gómez", resol. de 7-IX-2023).
Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la interesada, es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021 y L. 130.328, cit.).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.3. En este contexto, no se encuentra configurado -en la especie- el citado supuesto excepcional, pues la recurrente omite citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de excepción por la que transita la impugnación (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012; L. 118.846, "Vaello", resol. de 21-X-2015; L. 120.807, "Linares", resol. de 17-V-2017; L. 124.137, "Lucas", resol. de 27-V-2020; L. 126.331, "Williams", resol. de 13-VII-2021 y L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021; L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021 y L. 130.345, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 14:40:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/02/2024 10:02:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:04:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:28:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:11:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:15:58 hs. bajo el número RR-45-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia