Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77320
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.320, "Asociación Azul contra IOMA y otro. Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Otros juicios (Acollarado a la presente "Sarmiento, Daniel Ricardo s/ materia a categorizar. Otros juicios". Causa 6130. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se dispuso hacer lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, reconociendo el derecho de todo el colectivo por ella representado a acceder a la asistencia personal, condenando al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a la creación de la prestación de asistencia personal regulándola bajo los estándares internacionales y los parámetros allí brindados.
Disconforme con lo decidido, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, representada por su Directora Ejecutiva y con el patrocinio letrado de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, interpuso demanda colectiva contra la Provincia de Buenos Aires y el IOMA, solicitando la implementación de las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad afiliadas en toda la Provincia, el "derecho/prestación de asistencia personal de manera compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención) y los estándares que rigen la materia. A este fin, el I.O.M.A. deberá presentar en autos un diseño de asistencia personal compatible con la Convención...", teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos en su diseño, de acuerdo a los desarrollos que en su postulación realiza.
Explicó que el acceso al servicio de asistencia personal (AP) es un derecho humano esencial que posibilita la vida independiente y en comunidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, para el disfrute de sus derechos fundamentales. En tal sentido destacó que el colectivo aquí representado y sus familias encuentran enormes dificultades para acceder a ese derecho de manera equitativa y digna debido a la incertidumbre que opera sobre su cobertura, la falta de información, los pagos atrasados y la exigencia de requisitos incompatibles con el concepto de AP y con el bloque de constitucionalidad.
Aclaró que no está solicitando una orden para que el IOMA diseñe una política pública que garantice el derecho a la asistencia personal, sino que pretende se conmine al organismo a corregir la existente "a los efectos de convencionalizarla".
Precisó que el objeto de la demanda persigue revertir el incumplimiento, en torno a la figura de la AP, tanto de la Provincia en general como de su órgano específico asistencial. Entendió que ella puede constituir una herramienta eficaz para habilitar un espacio de diálogo ante la imposibilidad de generar canales de comunicación con las autoridades del IOMA a efectos de sanear la situación.
Realizó una descripción de la política de IOMA con relación a la cuestión, afirmando que, en general, en la Argentina, las políticas de apoyo carecen del enfoque de la Convención. Entre otros aspectos resaltó que: i) las medidas se encuentran inspiradas en el modelo médico, donde las obras sociales suelen proveer servicios de enfermería o asistencia domiciliaria, los cuales no están pensados para facilitar la autonomía; ii) existe un estado de incertidumbre sobre las prestaciones que cubre el IOMA pues, según relatan las familias de personas con discapacidad, cuando solicitan cobertura de AP, normalmente el trámite se formaliza con el otorgamiento de otras prestaciones no asimilables o destinadas a cumplir otras funciones (v.gr. acompañamiento terapéutico, enfermería, psicopedagogía) pero, en algunos casos, sí la reconoce, con requerimientos que varían, generando una situación violatoria del derecho a la información y desigualdad en el acceso. Agregó que: iii) los prestadores suelen recibir el pago por su servicio con mucha dilación (hasta un año) y, dado su perfil —jóvenes, estudiantes o recién recibidos—, no pueden esperar ese tiempo y terminan renunciando, lo que significa una pérdida para la persona con discapacidad pues la buena asistencia se edifica con la confianza, conocimiento común y empatía. De esa forma, planteó, se genera que sólo aquellas personas con discapacidad con margen económico para adelantar pagos accedan a este derecho. Señaló también que el IOMA suele requerir la presentación de una orden médica que señale la necesidad de una AP y un título habilitante.
Trajo, como ejemplo de estas prácticas, el caso de una de las familias a la que la Asociación representa.
Explicó que desde el año 2013 han realizado diferentes presentaciones tales como reclamos, pedidos de información y pedidos de audiencia, dirigidos a resolver el problema de manera dialogada. Hizo un resumen cronológico de ellas y aclaró que no obtuvieron respuesta.
Concluyó que esta imposibilidad de diálogo constituye una violación expresa a la letra y al espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente su art. 4 que transcribe en lo pertinente.
II. La señora jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Azul por la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, reconociendo el derecho de todo el colectivo por ella representado a acceder a la AP, condenando al IOMA a la creación de la prestación de asistencia personal regulándola bajo los estándares internacionales y los parámetros allí brindados (apdo. 7), con la participación de la Asociación Azul y de toda otra organización similar y/o persona con discapacidad que considere conveniente (aquella es mandatorio; arts. 12 inc. 2, CCA; 16 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11, 36 inc. 5 y concs., Const. prov.; 1, 3, 12, 19, 28 y concs., CDPD; I, III y concs., CIEFDPD y 1 y concs., ley 10.592).
Dispuso también exhortar al Poder Legislativo a que vuelva a otorgar estado parlamentario y tratamiento legislativo al proyecto que tramitara bajo expediente D-4618/18-19.
II.1. Para decidir de ese modo sostuvo que la cuestión a resolver aquí gira en torno a si corresponde condenar a la Provincia y, especialmente, al IOMA, a la implementación de la asistencia personal para las personas con discapacidad afiliadas al Instituto, en forma compatible con los estándares internacionales, principalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En ese marco analizó el concepto de discapacidad, entendida como las barreras que encuentra quien tiene algún tipo de impedimento para poder dirigir su vida en iguales condiciones con quienes no lo tienen.
A partir de allí sostuvo que, a diferencia de lo considerado por la Fiscalía de Estado, no se está pidiendo aquí la mera consagración de una prestación no contemplada y, por lo tanto, la implementación de una política pública en reemplazo de la vigente. Por el contrario, aclaró, lo que aquí se está reclamando es la efectividad del derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y a ser incluidos en la comunidad.
Luego señaló que de la interrelación que hay entre la AP y la vida independiente, se puede afirmar que el reclamo por la implementación de la primera es, en definitiva, una petición respecto de la segunda y, particularmente, una acción tendiente a asegurar la obligación estatal de dar efectividad al derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, en los términos expresados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Sostuvo que las personas con discapacidad tienen derecho a elegir los servicios y a sus proveedores en función de sus necesidades individuales y sus preferencias personales, y que el apoyo personalizado debe ser suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias de los "usuarios" y no a la inversa.
Destacó también que la ley provincial 10.592 (llamada "Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas"), a la par de adscribir a un modelo médico asistencial, utiliza un lenguaje inadecuado desde la perspectiva de derechos humanos, al establecer que el Estado "...brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral" (art. 1 segundo párr.). Obligación legal que, con la sola consagración de la figura de la AP, se vería cumplimentada en un amplio margen pues, al ser la herramienta que permite la vida independiente, la persona con discapacidad tendría una mayor autonomía, agregando que así la discapacidad disminuye e incluso puede llegar a ser inexistente.
Concluyó entonces que se demanda una obligación internacional y local directamente asumida.
Desde ese punto de vista, precisó que la AP no es una política pública que se pretende se implemente en sustitución de otra ingresando en razones de oportunidad y mérito reservadas a otros poderes, sino que es una medida que el Estado debe adoptar, y ante su mora, es la función de garantía inherente al Poder Judicial la que está llamada a activarse mediante el ejercicio de la acción.
Sostuvo, en cuanto a la forma en que fue planteada la demanda, que no está dirigida directamente a que se asigne y se cubra la AP a todo el colectivo afectado, sino que se condene a contemplar la figura de acuerdo a un perfil adecuado a la Convención y, en general, a los estándares internacionales, poniendo en evidencia que, en caso de verse afectada la competencia del IOMA, su grado es relativamente bajo en función del beneficio que se estaría logrando y los perjuicios que se estarían evitando.
Afirmó que una última razón en favor de la proponibilidad objetiva de la demanda radica en que se encuentra en juego el derecho a la igualdad, y que ella tiende a garantizarla. En tal sentido destacó que tanto de la documentación que se encuentra agregada en el proyecto de ley de AP como de los testimonios brindados en autos, surge que el IOMA ha reconocido la figura; luego, motivos de seguridad jurídica y de igualdad en el acceso a las prestaciones, imponen su regulación y reglamentación con el objeto de evitar un grado de discrecionalidad tal en su otorgamiento que genere inquietudes sobre el resultado del pedido o de su renovación, al punto de resultar aleatorio.
II.2. Continuó diciendo que tampoco resulta de recibo la defensa material de la Fiscalía de Estado según la cual la asistencia que la Asociación Azul peticiona se encuentra cubierta por las prestaciones actualmente previstas, particularmente enfermería domiciliaria, cuidador domiciliario y acompañante terapéutico, las que son explicadas con cierto grado de detalle en el responde inicial.
Sostuvo al respecto que basta confrontar la caracterización de la AP con la mera lectura de la descripción realizada en la defensa (o de las resoluciones del Instituto acompañadas), para verificar que ninguna de las tres puede asimilársele (aun cuando puedan superponerse algunas tareas), ya que parten de concepciones opuestas en torno a la discapacidad, lo que influye necesariamente en los apoyos que se brindan y en los presupuestos para obtener su cobertura.
Aclaró que las tres prestaciones mencionadas están insertas y pensadas desde el modelo médico, y describe cada una de ellas diferenciándolas de la AP.
Concluyó así que las coberturas actualmente existentes no se ajustan a los estándares internacionales en la materia.
De ese modo consideró imperativo que el organismo diseñe una política prestacional bajo los parámetros allí indicados, en el que deberán participar personas con discapacidad y/o asociaciones por y para las personas con discapacidad según la convocatoria que la Administración entienda oportuno hacer. No obstante, dado el carácter de demandante en este proceso con representación de todo el colectivo, determinó que la Asociación Azul debería ser partícipe necesario del grupo de trabajo.
En consecuencia, dejó sentados determinados lineamientos:
En general, deberán respetarse los parámetros allí dados pues, muchos de los señalados, particularmente el control y dirección de la AP por parte del usuario, son inherentes a la figura.
Sostuvo que exigir una capacitación, sin perjuicio de la excepción que pueda hacerse según el caso, aparecía como razonable en beneficio de la persona con discapacidad; sin embargo, ella no debía ser una titulación de carácter profesional, sino que resultarían suficientes aquellas capacitaciones específicas para AP, brindadas por distintas entidades que las ofrezcan, tal y como las que realiza la Asociación aquí actora con aprobación del Ministerio de Salud.
De acuerdo al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD): "Los Estados partes deben tener en cuenta los siguientes elementos en los criterios que establezcan para tener derecho a la asistencia: la evaluación debe basarse en un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos, hay que centrarse en las necesidades de la persona debidas a las barreras existentes en la sociedad y no en la deficiencia, tener en cuenta y acatar la voluntad y las preferencias de la persona y asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en el proceso de adopción de decisiones". Precisó que este parámetro general debía imperativamente ser cumplido al momento de la regulación.
En orden a los principios desarrollados, a la tutela preferente de este grupo vulnerable y a la urgencia comprometida en asegurar su vida independiente y su inclusión en comunidad, entendió imperativo que el acceso a la AP sea lo más simple posible desde el punto de vista burocrático, esto es, con los pasos mínimos indispensables para la labor de control y pago, limitando su trámite únicamente a lo estrictamente necesario.
En cuanto a la prescripción médica, consideró razonable exigir una especie de informe profesional sobre los impedimentos del aspirante a usuario, pero sostuvo que la AP no debería estar dirigida por el profesional (como un tratamiento o un medicamento).
Respecto a los pagos en término, afirmó que su tempestividad debería ser una condición de cualquier tipo de prestación y proveedor del Instituto; no obstante, ante ciertas demoras que se pueden dar en su circuito de control, siempre y cuando sean razonables, señaló que el Instituto debía dar trámite prioritario y preferencial a la AP en atención a los graves perjuicios que la demora causa en estos casos en particular y que han quedado demostrados en los testimonios de autos.
III. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata resolvió, por mayoría, rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.
Para decidir de ese modo analizó los agravios de la recurrente, reiterativos de las dos defensas principales que opusiera al progreso de la demanda.
III.1. En cuanto al pretendido exceso jurisdiccional, señaló que la demandada planteó la violación del principio de división de poderes, afirmando haberse sustituido o reemplazado un proyecto de ley que recientemente perdió estado parlamentario.
Al respecto recordó que la justicia —en el marco de la legalidad constitucional— puede y debe ayudar a la ciudadanía a reconocer los diversos puntos de vista en juego en situaciones de conflicto, verbigracia esclareciendo la información, instando a los poderes constituidos a obrar acciones positivas, o bien solicitando a los legisladores que justifiquen sus decisiones.
Sostuvo que ello requiere de un activismo judicial que, en el estado constitucional de derecho, cobra mayor relevancia cuando se trata de analizar cuestiones inherentes a la dignidad humana.
Señaló que en este contexto los sistemas judiciales se ven requeridos —de consuno— a dar respuestas a diversas demandas de hondo contenido social, en procura de la realización efectiva del sentido de justicia distributiva y la protección integral de los derechos involucrados.
Consideró que en ese contexto se revigoriza el mandato constitucional del art. 75 inc. 23 de la Constitución nacional —y el art. 36 incs. 5 y 6 de la Constitución provincial—, y el consecuente deber de promover "medidas de acción positivas" que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad y su salud —más aún ante la presencia de alguna discapacidad, como en autos—.
A ello agregó que el control judicial de la actividad administrativa también encuentra su quicio en el principio de legalidad, en sentido positivo, y su correspondencia con mandatos habilitantes de actuación, comprensivo de aquellos supuestos en que la Administración incurriere en "omisiones ilegítimas".
III.2. Sentado ello, analizó los fundamentos sustanciales del recurso referidos a la prestación requerida y los derechos en juego.
En primer lugar, realizó una serie de consideraciones respecto a las personas con discapacidad y la temática y derechos involucrados en la presente causa.
Indico que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional de derechos humanos específicamente dedicado a personas con discapacidad, y representa un invaluable compromiso de los estados americanos para garantizarles el goce de los mismos derechos que gozan los demás, que dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, incluyendo un catálogo de obligaciones que los Estados deben cumplir con el objetivo de alcanzar "la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad" (ley nacional 25.280).
En la misma línea, recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por nuestro país mediante la ley 26.378 (B.O. de 6-VI-2008), establece los siguientes principios rectores en la materia: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer y viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
El art. 19 de dicho plexo jurídico internacional —"Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad"—, expresa: "Los Estados Partes en la
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