Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, al que, por Secretaría y de modo electrónico, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa (art. 7 inc. 1, CCA).
B.76.686 “V., M. I. Y OTRO/A C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PCIA. DE BS. AS.- S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS -CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La señora M.I.V. y el señor S.F.T. promueven, en su calidad de cónyuges, pretensión indemnizatoria contra el "Sistema Asistencial de la Caja de Previsión Social para Abogados" de la Provincia de Buenos Aires (CASA), con la finalidad de obtener de esta última un reintegro por los daños y perjuicios que alegan haber sufrido ante la falta de cobertura integral por parte de la entidad para llevar a cabo el tratamiento de fertilización asistida (TRA) al que debieron someterse por la imposibilidad de concebir, consecuencia del diagnóstico de infertilidad que se les pronosticara.
Teniendo en consideración la cobertura total que les brindara la entidad previsional en el año 2014 en un tratamiento de las mismas características y del cual fuera fruto su primera hija, aducen que resulta "ilegal y arbitraria" la decisión de la demandada ahora cuestionada, dado el tipo de servicio que la misma otorga y su ineludible deber asistencial para con sus afiliados. Aducen que lo resuelto resulta contrario, entre otras disposiciones, a aquéllas relativas a la Ley de Defensa del Consumidor, dando basamento -dentro de los distintos rubros indemnizatorios solicitados- a que se la condene a abonar el daño punitivo que su artículo 52 bis prevé (cfr. primer documento adjunto al escrito electrónico de fecha 16-VII-2019).
II. En lo que aquí interesa destacar, la causa fue iniciada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyo titular se declaró incompetente, puesto que no advirtió por parte de la demandada -pese a tratarse de una persona pública no estatal- "...la presencia de un comportamiento u omisión en el ejercicio de la función administrativa". De ello, y en atención al derecho invocado por los accionantes, dedujo que se seguía la activación del artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto determina que no conciernen al conocimiento del fuero contencioso administrativo aquellas controversias que se encuentran "...regidas por el derecho privado" (cfr. resol. electrónica de fecha 11-II-2019).
A raíz de tal decisorio y con el pase previo a la Receptoría General de Expedientes departamental, las actuaciones fueron asignadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de aquel departamento judicial. El juez a su cargo, tras la sustanciación de distintos actos procesales -de los cuales se destaca el cierre, sin acuerdo de partes, de la instancia de mediación- y acogiendo la excepción de incompetencia -no discutida por los accionantes- planteada por la demandada (cfr. escrito electrónico de fecha 22-VIII-2019), llegó a la determinación de rehusar entender en el asunto, con fundamento en la naturaleza pública de las potestades que ejerce la entidad previsional en el marco del "...sistema de asistencia médica" que la misma presta (cfr. resol. electrónica de fecha 13-IV-2020).
Consecuentemente, los autos le fueron devueltos al juez preactuante quien, remitiéndose a sus argumentos vertidos en primer término, no aceptó la competencia que se le atribuyó y, al fallar de tal modo, planteó la contienda negativa de competencia, elevando los actuados a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 del código ritual (véase proveído electrónico de fecha 9-IX-2020).
III. El artículo 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. El artículo 2 inciso 3 de la ley 12.008 menciona, entre las controversias incluidas dentro de la competencia contencioso administrativa, “Aquéllas en las que sea parte una persona pública no estatal, cuando actúe en el ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo”. La demandada, cuadra resaltar, ha sido establecida por el legislador como un sujeto dotado "…con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público" (art. 1, ley 6.716; doctr. causa B. 74.116, “Arosteguy”, resol. de 11-V-2016).
Si bien esa clase de entidades, dada su particular condición, despliegan la generalidad de su actividad bajo el derecho privado, por lo cual no se la presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas, ni regida por el derecho administrativo (art. 1 inc. 2, a contrario, de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 72.105, “Loustaunau”, resol. de 26-XII-2012; B. 72.063, “De Angeli”, resol. de 24-IV-2013; B. 72.541, "Juarez", resol. de 18-IX-2013 y B. 76.295, "Bacoñsky", resol. de 12-II-2020), tal inferencia naturalmente cede frente al supuesto bajo examen, atravesado por la función administrativa reconocida a la Caja para otorgar los beneficios de la seguridad social a los profesionales de la abogacía (cfr. arts. 39 inc. 3 y 40, Const. prov.; 2, ley 6.716; doctr. causa B. 75.988, "Scarimbolo", resol. de 25-IX-2019).
V. Siendo así, independientemente de las normas invocadas por los accionantes para fundar su pretensión, es posible concluir que el presente juicio de responsabilidad derivada del directo incumplimiento de las prestaciones inherentes a la función asistencial, habrá de dirimirse por aplicación primaria de normas y principios de derecho público, cuyo conocimiento –como regla- se encuentra atribuido a los jueces del fuero contencioso administrativo (cfr. doctr. causas B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009; B. 70.174, "Cavenaghi", resol. de 14-X-2009; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.483, “Proconsumer”, resol. de 22-II-2017 y B. 75.988, cit.).
VI. En razón de lo expuesto, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para intervenir en la presente causa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, al que, por Secretaría y de modo electrónico, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del departamento judicial homónimo.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 16:30:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:24:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/03/2021 18:25:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2021 13:47:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2021 17:56:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia